"CASO SCALA"; CARDONA DICE QUE PIDIÓ QUE ACABARAN CON LOS FAVORITISMOS

El ex conseller de Comercio ha declarado hoy como imputado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares

EFE. PALMA

El ex conseller de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona ha afirmado hoy ante el juez que llamó a la ex gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) Antònia Ordinas para advertirle que no se repitieran favoritismos hacia el diseñador Joan Rosselló, imputado en el caso.

Cardona ha declarado hoy como imputado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), encargada de la investigación del caso hasta que vuelva al juzgado de instrucción 4 de Palma, después de la dimisión como diputado autonómico y la consiguiente pérdida de aforamiento de Cardona.

En el "caso Scala" se investiga una trama de supuesta corrupción durante la pasada legislatura del PP, según la cual se habrían inyectado fondos en el CDEIB, que en realidad habrían sido empleados para beneficio de particulares.

El ex conseller dimitió el pasado 24 de junio de su escaño en el Parlament y abandonó la política, después dejar en mayo el grupo popular e integrarse en el grupo mixto para no dañar la imagen del partido dada su imputación en este caso.

Según han indicado a Efe fuentes jurídicas, Cardona, sobre quien recae una fianza civil de 2,9 millones por esta causa y que ha declarado hoy durante unos minutos, ha sido preguntado acerca de un supuesto trato de favor hacia Roselló por parte del CDEIB.

En su día, un empresario de publicidad denunció que Ordinas había dejado de contratar con él para darle los trabajos a Roselló, empresario de Binissalem que se benefició de multitud de contratos del CDEIB durante la pasada legislatura, pagando supuestamente comisiones a cambio.

Cardona ha contestado que cuando le llegaron estas críticas llamó a Ordinas y le dijo que este trato de favor no se debía volver a repetir.

A su salida del TSJIB, Cardona, defendido por Josep Zaforteza, no ha querido comentar su comparecencia, algo que, según ha recordado, no ha hecho nunca y no ha cambiado por el hecho de dejar de ser diputado.

Además de Cardona, también han declarado hoy varios testigos, entre ellos el portavoz del PP en el Parlament balear y alcalde de Manacor, Antoni Pastor.

El portavoz del PP ha sido citado por la Sala a raíz de unas declaraciones de Ordinas, quien aseguró que Pastor recomendó a un directivo de Orquídea de Manacor para elaborar un estudio sobre perlas para el Consorcio.

En declaraciones a los periodistas a su salida del TSJIB, Pastor, que ha comparecido unos minutos ante la Sala, ha afirmado que es "totalmente falso" que él recomendara a este empresario.

diariodemallorca.es

"CASO BRUGAL"; LA POLICÍA DEFIENDE QUE ACTUÓ "DENTRO DE LA LEGALIDAD" EN LA DETENCIÓN DE RIPOLL

Polémica por el arresto del líder del PP en Alicante

* El director: se declara en sede policial y luego se pone a disposición del juez
* El ministro de Justicia afirma que se ha contado con autorización judicial

Efe | Granada | Madrid

El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha defendido hoy que la actuación policial en el marco de la 'operación Brugal', en la que fue detenido el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, entre otros, está "dentro de la legalidad".

"En todas estas cuestiones es necesario aplicar el sentido común y las leyes", ha dicho Velázquez a preguntas de los periodistas, tras inaugurar el nuevo laboratorio de Biología y ADN en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, con sede en Granada.

"La Policía realiza investigaciones, tras las investigaciones descubre presuntos delincuentes, se efectúan declaraciones en sede policial y se ponen a disposición del juez", ha agregado Velázquez, quien ha precisado que en los casos en los que haya que efectuar registros se hace "siempre con autorización judicial".

Y eso, ha dicho, "es exactamente lo que ha hecho la policía, en consecuencia -la actuación policial- está dentro de la legalidad y por lo tanto es lo que corresponde a la Policía realizar".

El director general de la Policía y la Guardia Civil ha incidido en que la policía "siempre actúa en el marco de la legalidad establecida en el estado de Derecho de España".

Caamaño: El caso ha contado con autorización judicial

En Madrid, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado que todas las actuaciones practicadas en el 'caso Brugal' han contado con las autorizaciones judiciales pertinentes.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso antes de comparecer ante la Comisión Mixta, ha insistido en que "estamos ante un proceso judicializado", en el que se mantiene el secreto, pero que se inició mucho antes. Caamaño ha subrayado que existe un auto de entrada y registro, que todas las actuaciones han contado con las autorizaciones judiciales correspondientes para llevarlas a cabo y que la Fiscalía ha actuado dentro de lo que determina la ley en todas sus decisiones.

El ministro ha criticado también que el PP normalmente alabe las actuaciones de la Policía, los jueces y los fiscales en casos de corrupción, salvo cuando "afectan curiosamente al Partido Popular", ante lo que ha recordado que la ley "se aplica igual" para todos. "A toda clase de delincuentes y también al PP", ha dicho.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, instructor del 'caso Brugal', afirmara ayer en un comunicado que no tenía ninguna comunicación policial sobre el número de detenidos, su puesta en libertad ni fecha de comparecencia judicial.

Además
* Rajoy se 'solidariza' con Ripoll
* De la Vega lo llama 'imprudente'
* Rajoy se 'solidariza' | De la Vega: Es 'imprudente'

elmundo.es

"CASO BRUGAL"; LIBERTAD SIN FIANZA PARA RIPOLL, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN, COHECHO Y USO DE INFORMACIÓN

Presidente del PP de Alicante

* El juez declina la petición del fiscal de 500.000 euros de fianza
* Ripoll y varios empresarios alicantinos, en libertad provisional, según TSJ

Ana S. Molla | Alicante

José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, ha salido pasadas las 19.00 horas del juzgado de Orihuela, donde ha quedado imputado por delitos de cohecho, prevaricación y uso de información privilegiada. El juez Carlos Sanmartín ha decretado para él libertad sin fianza, declinando los 500.000 euros que solicitaba el fiscal.

Ripoll fue arrestado durante 12 horas el pasado martes en una operación policial vinculada al 'caso Brugal', una trama de supuestas extorsiones y sobornos en las contrataciones de los servicios de recogida de basuras en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante).

Los once detenidos han comenzado a declarar este jueves. El juez también ha decretado una fianza de 100.000 euros para el empresario y ex presidente de la fundación del Hércules CF, Rafael Gregori, quien ya fue imputado el pasado mes de mayo por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental por un asunto relacionado con la empresa de automoción que gestiona en Alicante, Autisa.

Por su parte, el empresario alicantino Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, quien declaró antes que el presidente del PP alicantino, ha sido puesto en libertad sin fianza, imputado por fraude y cohecho.

Un comunicado del TSJ de la Comunidad Valenciana detalla que "el instructor ha acordado mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que han comparecido este jueves a declarar de forma voluntaria, entre ellas el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll".

elmundo.es

GONZÁLEZ PONS (PP): "EL ARRESTO DE RIPOLL ECHA TUFO A OPERACIÓN PUBLICITARIA Y POLÍTICA

Denuncia que la orden de detenerlo se tomó en Interior y que la Policía "suplantó" al juez

"Con Rubalcaba al frente de este Ministerio están en riesgo las garantías de los derechos fundamentales"

Europa Press,

En el PP ha crecido la alarma ante la posibilidad de que Interior esté utilizando los recursos de la Policía nacional para que, a costa de los derechos fundamentales de algunas personas, hacer publicidad el Gobierno socialista

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Valencia, Esteban González Pons, ha denunciado que la orden de detención al presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, "se tomó" en el Ministerio del Interior y ha acusado a la Policía de haber "suplantado" al juez en al menos tres actuaciones. Por ello, ha exigido "una aclaración inmediata" al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP en Madrid, González Pons ha afirmado:
Los arrestos echan tufo a operación publicitaria y política para allanarle el camino al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, antes del complicado Debate sobre el estado de la Nación.

El diputado del PP ha hecho hincapié en las contradicciones que recogen los comunicados emitidos por la Policía, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) y cédula de citación que se ha enviado a Ripoll para que preste mañana declaración. En particular, ha destacado que la nota emitida hoy por el TSJCV dice que el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela no ordenó la detención ni tampoco la citación o imputación judicial.

No había orden de detención. Alguien está suplantando la función de alguien de una manera gravísima
Igualmente, González Pons ha señalado que la Policía "mintió" ayer en su nota de prensa por sostener que se había incautado dinero en efectivo en el domicilio de Ripoll cuando él mismo ha aclarado que no había, así como decir que había imputaciones cuando el TSJCV rechaza ese extremo en su comunicado. Igualmente ha recordado que la Policía habla de citaciones y el juzgado dice que "no hay ninguna persona citada". Sin embargo, en la nota de prensa de Interior se admitía el decomiso de dinero en metálico, pero no especificaba dónde.

La orden de detener a Ripoll se tomó en el Ministerio del Interior, así como la forma espectacular y cinematográfica de cómo iba a producirse.
Se enviaron 80 policías a Alicante como si en Alicante no hubiera un policía que le pudiera decir que fuera a declarar. Se cortaron calles y de colocaron furgonetas de la Policía como si pudiera haber algún tipo de riesgo para los miembros que participaban.
En el PP ha crecido la alarma ante la posibilidad de que Interior esté utilizando los recursos de la Policía nacional para que, a costa de los derechos fundamentales de algunas personas, hacer publicidad el Gobierno socialista.

LA REPUTACIÓN DEL DETENIDO
Ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que las detenciones se deben producir de la forma que "menos perjudique la reputación del detenido", algo que a su juicio, no se ha cumplido.

Se produjo en la forma en que más perjudicaba la reputación del detenido, se decidió en Madrid, fue espectacular y no tenía orden judicial

Además, ha subrayado el hecho de que las detenciones se produjeran ayer martes cuando la investigación lleva más de tres años abierta.

Llama la atención que los mandos políticos de la Policía haya fijado como fecha una semana antes del Debate de la Nación, el más complicado al que se enfrenta Zapatero

Por todo ello, ha demandado una "aclaración inmediata" a Interior porque, en su opinión, ayer se "se practicaron detenciones en Alicante con la clara intención de hacer publicidad política a favor del Gobierno y en contra de la oposición, a costa de derechos fundamentales que deberían ser sagrados para las personas".

Con Rubalcaba al frente de este Ministerio están en riesgo las garantías de los derechos fundamentales

NO VALORA EL MOTIVO DE LA DETENCIÓN
Al ser preguntado si el presidente del PP, Mariano Rajoy, apoya a Ripoll y si el partido va a tomar alguna medida contra él ante los presuntos delitos de los que se le acusa, el diputado del PP ha respondido que éste no era el asunto de su comparecencia, sino la "gravedad" de los derechos fundamentales que se están vulnerando y la necesidad de que se aclaren las circunstancias en que se han producido las detenciones.

Hoy no es éste el asunto, pero nosotros estamos preocupados por los hechos que sucedieron ayer
Todos los miembros del Partido Popular cuentan con el apoyo del partido
Hoy el señor Ripoll no está imputado y en la citación que ha recibido no se le ruega que lo haga acompañado de abogado

Con respecto a si Rubalcaba informó a Rajoy el pasado lunes de que iba a ser detenido el presidente de la Diputación, el responsable de Comunicación del PP ha indicado que él no tenía noticia de que esa llamada se produjera pero ha agregado que "en ese caso demostraría que la decisión la tomó Interior" y no el juzgado de Orihuela.

periodistadigital.com

LAS DETENCIONES POR EL "CASO BRUGAL" CAUSAN LA CONFUSIÓN JUDICIAL Y UN CONFLICTO POLÍTICO

NUEVO ESCÁNDALO POLÍTICO
El TSJ asegura que el juez del caso no se enteró hasta ayer, y de forma oficiosa, de que hoy declaran Ripoll y Ortiz

M. G. /P. C. Dos aclaraciones en menos de siete horas. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad emitió ayer dos comunicados, uno pasadas las 11 de la mañana y el segundo poco después de la seis de la tarde, en los que, sobre la detención el día anterior de 11 personas en el marco de una operación contra la corrupción en la provincia de Alicante, el juzgado de Orihuela que investiga el caso aseguraba que "no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, con la que se haya ordenado detención de persona alguna". Esta comunicación del máximo órgano judicial de la Comunidad se producía después de que todos los arrestados, entre ellos el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz, hubieran sido detenidos y puestos en libertad acusados de delitos que van desde la prevaricación al cohecho pasando por el tráfico de influencias y el fraude, cargos por los que han recibido una citación policial para comparecer en el juzgado entre hoy y mañana.

La primera de la notas, en la que también se indicaba que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación respecto de ninguna de las personas", vio la luz unas horas después de que todos los medios de comunicación dieran cuenta de la nota del Ministerio del Interior en la que se informaba de estas 11 detenciones y que fue remitida desde la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil a última hora del martes. Un comunicado en el que, además de las imputaciones, se hablaba de las detenciones, de los registros y de la incautación de "numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos".

Arrestados

Frente a la contundencia de la nota policial en la que se informaba, además de los arrestados, de los 19 registros que se llevaron a cabo, en las dos redactadas ayer por el TSJ se insistía en la inexistencia de órdenes judiciales de detención, aunque en la segunda sí se precisaba que la Policía puede "practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación". Matización que se produjo después de que el Ministerio del Interior, ante semejante galimatías, se viera forzado a aclarar que la Policía tiene autoridad para arrestar a un sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la necesidad de una autorización previa del juez que instruye el caso.

La confusión y contradicciones que provocó a lo largo de la jornada la emisión de los comunicados del TSJ alcanzó su cénit en el de por la tarde, en el que se aseguraba que el juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela (antiguo Mixto 3), que investiga el caso, no tenía a última hora de la mañana de ayer "ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el juzgado". En la misma nota se aseveraba que antes de la operación sólo se recibió en el juzgado una consulta sobre horarios y disponibilidad y se añadía que a media tarde de ayer el juez fue informado "verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto". Todos los detenidos el martes recibieron una citación policial para comparecer entre hoy y mañana viernes en este juzgado. Ripoll lo hará las 14 horas y el empresario Enrique Ortiz una hora antes.

"Una vez concluida la mañana -continúa la nota aumentando las dudas- el juzgado no tenía constancia alguna de comparecencia alguna prevista para mañana o los próximos días (...) excepto lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación. Sin embargo, a media tarde, el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto".

Por último, según la nota del TSJ, el titular del juzgado, Carlos San Martín, quiere precisar que "autorizó las entradas y registros practicadas ayer (por el martes) como consecuencias de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones -precisa- fueron notificadas a los interesados en tiempo y forma".

La Fiscalía sale al paso

En medio de este cruce de comunicados y de precisiones sobre lo ordenado y lo permitido, la Fiscalía General del Estado, que a través de Anticorrupción está llevando este asunto como acusación pública, salió al paso a primeras horas de la tarde con el objetivo, se supone, de aclarar, aunque lo que consiguió fue lo contrario. En la segunda entrega de la operación Brugal, dijeron desde el ministerio público, no hubo, como tales, órdenes de detención por parte del juzgado sino un mandamiento judicial que ampara tanto los registros domiciliarios como la toma de declaración de los afectados. Y agregaron que la operación policial, en la que participaron más de un centenar de agentes, está amparada en el mandamiento del juez de Orihuela (el quinto magistrado que se hace cargo del caso) que lleva en estos momentos la investigación y que se fundamenta en un documento de casi una veintena de folios que autorizó los registros y que se "acompañara" a las personas afectadas para tomarles declaración.

De hecho, y según ha podido saber este diario, el auto por el que se autorizan los 19 registros en Alicante, Orihuela y Valencia recoge que, para facilitar la operación y si fuera preciso, se permite a los agentes proceder a la detención policial de todos o de alguno de los implicados en esta operación y su traslado desde donde sean localizados hasta el local o vivienda donde se vayan a practicar los registros. De hacerse, se precisa, se pondrá en conocimiento del juez.

Aún con estas explicaciones, el PP cargó ayer contra el Gobierno, al que acusó de ordenar la detención de Ripoll sin autorización al tiempo que tanto la secretaria general PP, María Dolores de Cospedal, como el vicesecretario del Comunicación, Esteban González Pons, volvieron a pedir al ministro del Interior, Alfredo Pérez Pérez Rubalcaba, que aclare los "puntos oscuros" de la operación, que vinculó con una maniobra publicitaria a favor del Gobierno y en contra del PP. Pons insistió en que "la Policía suplantó gravísimamente al juez: acordó una detención sin autorización judicial, citó en nombre del juez a Ripoll para comparecer ante el juez y en la nota de prensa de la Policía se dice que a los detenidos se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento mientras que el TSJ asegura que no hay ninguna imputación".Frente a unas declaraciones tan duras y contundentes, fuentes conocedoras de la operación próximas al PP aseguraron que no veían incorrección alguna en el modo en que se llevó a cabo aunque admitieron que si se puede analizar si se actuó con proporcionalidad. "En cuanto al número de agentes, es la Policía la que tiene que determinar cuál es el operativo necesario.

El nombre

La operación Brugal, nombre con el que se bautizó la investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de basuras en la comarca de la Vega Baja, debe su nombre al acrónimo Basuras RUrales Gestión ALicante". Así lo han asegurado a Efe fuentes de la investigación que han recordado que las Fuerzas de Seguridad suelen bautizar todas las investigaciones abiertas con nombres relativos a algún detalle de la operación o que aluden, aunque sea de forma colateral, a algún aspecto concreto de las personas investigadas. Es el caso de la reciente "operación Gürtel", "correa" en alemán, apellido del presunto cerebro de la trama corrupta.

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