JUZGAN AL EX ALCALDE Y A TRES CONCEJALES DE CANTILLANA POR SU "DEJADEZ" URBANÍSTICA

TRIBUNALES | Siete años de inhabilitación para desempeñar cargo público

El fiscal dice que ninguno actuó contra más de un centenar de infracciones

Hicieron oídos sordos al aviso de la arquitecta municipal y la Guardia Civil

Los imputados son José Eduardo Reina (PSOE) y tres delegados de Urbanismo

Efe | Sevilla

La Fiscalía ha pedido condenas de hasta siete años de inhabilitación para José Eduardo Reina Hidalgo (PSOE), ex alcalde de Cantillana (Sevilla), y tres ex concejales de Urbanismo, a los que imputa presuntos delitos de prevaricación y de omisión del deber de perseguir delitos por su "dejadez" ante viviendas ilegales.

El escrito de acusación les imputa por su "dejadez de funciones" ante las numerosas construcciones ilegales en distintos parajes del pueblo, pese a que les habían advertido tanto la arquitecta técnica municipal como la Guarda Civil en una reunión.

La Fiscalía dirige la acusación contra el alcalde entre 1995 y 2011, José Eduardo Reina, y los ex concejales de Urbanismo Enrique Barrera Jiménez (1995-2007), Manuel Naranjo Barrera (2007-2008) y Antonio Maqueda Ruiz (2008-2011).

Según la acusación, ninguno de ellos denunció ante las autoridades competentes, "como estaban obligados a hacerlo por sus cargos", las presuntas infracciones penales por las construcciones ilegales realizadas en los años 2007 y 2008 "en un número superior a cien".

Se trata de viviendas contrarias al ordenamiento levantadas en los parajes conocidos como Urbanización Huerta Alta, finca Recache, camino de El Palmitero, finca La Cirujana, aldea de Pajares, margen izquierdo y derecho de la carretera Cantillana-Villaverde, carretera de Cantillana a El Pedroso y zona denominada El Basurero del Chorrito.

Dichas zonas están calificadas como suelo no urbanizable de especial protección, zona de la Vega del Guadalquivir y de protección de complejos ribereño de interés ambiental de El Viar, según las Normas Subsidiarias Municipales de Cantillana.

Los acusados "no comunicaron la existencia de presuntas infracciones penales a las autoridades judiciales o fiscales y Guardia Civil", dice el fiscal, "lo que dio lugar a una investigación policial a partir de febrero de 2011 en la que se procedió a la imputación de 71 personas por construcciones ilegales en cuarenta parcelas".

Además, el exalcalde y el exconcejal Maqueda están acusados de otra licencia otorgada en junio de 2009 para la realización de unos boxes en una parcela, pese a que existía un informe desfavorable de la arquitecta municipal.

Por este segundo delitos de prevaricación urbanística, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo reclama para cada uno de ellos 7 años de inhabilitación y una multa de doce meses con cuota diaria de 12 euros, lo que equivale a 3.600 euros.

A todos los imputados les acusa además de otro presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que solicita un año de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

elmundo.es

IMPUTAN A 21 PERSONAS MÁS EN EL "CASO ASTAPA" CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ESTEPONA

La causa suma ahora 94 imputados

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha acordado este miércoles la imputación de 21 personas más en el marco de la investigación del denominado caso 'Astapa', contra la presunta corrupción en el Ayuntamiento de la localidad esteponera, según han informado fuentes judiciales.

Los delitos que se investigan son malversación, prevaricación, cohecho y falsedad. Según han precisado las mismas fuentes, durante los próximos meses los nuevos imputados irán al juzgado para prestar declaración en esta causa, que suma ahora 94 personas imputadas, entre políticos, empresarios y técnicos municipales.

La operación se inició el 17 de junio de 2008 tras la denuncia presentada por los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez. Se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" y "enriquecerse personalmente".

Las personas detenidas que ingresaron en prisión fueron el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete José Flores, los ediles del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur. Salvo este último, el resto permaneció en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre seis meses.

Barrientos negó en su primera declaración ante la instructora de esta causa que existiera en el Ayuntamiento un sistema de doble o triple contabilidad y afirmó que no recibió dinero en metálico en sus dependencias particulares y que una empresa no le pagó estancias en el extranjero.

En meses pasados, el instructor informó a las partes personadas de la imposibilidad de levantar el secreto que pesa sobre parte de las actuaciones, ya que se estaban gestando nuevos informes y "pesquisas de variada índole", quedando pendientes al menos tres diligencias de investigación añadidas.

Este levantamiento se ha ido denegando al incidir el magistrado en que la actividad policial e instructora "es incesante" en una causa "muy compleja" por la naturaleza jurídica de los hechos, por "innumerables flecos de la investigación conexos unos con otros" y por el amplio número de imputados.

El primer levantamiento parcial del secreto sumarial se produjo en junio de 2009, tras lo que se prorrogó esta medida hasta septiembre del mismo año. En febrero y en mayo de 2010 se produjeron nuevos levantamientos parciales de las actuaciones, para continuar con el secreto hasta octubre de 2010, cuando se acordó el levantamiento de 10 tomos de la parte principal y 12 de las piezas documentales.

elmundo.es

"CASO ASTAPA"; EL JUEZ ASEGURA QUE ESTÁN PENDIENTES NUEVAS DILIGENCIAS

Corrupción en Estepona

Europa Press | Málaga

El titular de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Jesús Torres, encargado del caso 'Astapa', contra la corrupción en dicho municipio, ha asegurado que en esta causa se están gestando nuevos informes y "pesquisas de variada índole" de cara a que se pueda acordar "al menos tres diligencias de investigación añadidas" en relación con esas investigaciones.

A través de un auto, dictado el 23 de febrero, se justifica "la imposibilidad" de levantar el secreto de las actuaciones en que la actividad policial e instructora "es incesante" en una causa "muy compleja" por la naturaleza jurídica de los hechos, por "innumerables flecos de la investigación conexos unos con otros" y por el amplio número de imputados, unas 70 personas.

Por esto y con el fin de "no frustrar el éxito de la investigación que sigue adelante y en una buena dirección", el instructor acuerda a través de dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, prorrogar el secreto respecto de determinados tomos, tanto de los autos principales como de las piezas documentales, hasta que se hayan completado las diligencias.

Recuerda que se están haciendo diligencias "que afectan a la práctica totalidad de los imputados", las cuales tienen "dificultades añadidas tan o igual que la propia causa", lo que, explica en el auto, "implica un tiempo" para llevarlas a cabo, precisando que el juzgado "está haciendo y poniendo todos los medios a su alcance para que una vez realizadas, levantar íntegramente el secreto".

En esta causa, que tiene casi 70 imputados, entre empresarios y políticos, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" con el fin de "financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición", así como para "enriquecerse personalmente".

La operación policial se llevó a cabo en junio de 2008 e ingresaron en prisión el ex alcalde Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete José Flores, los ediles del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur. Salvo este último, el resto permanecieron en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre durante seis meses.

Levantamientos
El primer levantamiento del secreto sumarial se produjo en junio de 2009, tras lo que se prorrogó esta medida hasta septiembre del mismo año. En febrero y en mayo de 2010 se produjeron nuevos levantamientos parciales de las actuaciones, para continuar con el secreto hasta octubre de 2010, cuando se acordó el levantamiento de 10 tomos de la parte principal y 12 de las piezas documentales.

Posteriormente, en autos sucesivos, se acordó mantener el secreto que persiste sobre los tomos 22, 24, 27, 31 y del 38 y siguientes de la causa principal; y de los tomos 17 en adelante de las piezas documentales.

elmundo.es

"CASO ASTAPA"; FUERZAN LA OFICINA DEL JUEZ Y FISGONEAN EN EL SUMARIO

TRIBUNALES | Corrupción urbanística en Estepona

Europa Press | Málaga

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Jesús Torres, ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la puerta del despacho fue forzada en varias ocasiones, así como las sospechas de que desconocidos han tenido acceso al procedimiento del 'caso Astapa', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, sin que se produjera pérdida ni deterioro de documentación.

El juez informó al TSJA de que en el periodo en el que este órgano judicial estuvo sin titular, después de que lo dejara la anterior jueza, Isabel Conejo, la puerta del despacho de uso exclusivo para el magistrado fue violentada varias veces, según publica el diario 'Málaga Hoy'. Desde el alto Tribunal andaluz confirmaron que se les informó y tomaron conocimiento de estos hechos.

Fuentes del TSJA explicaron a Europa Press que este Tribunal actúa cuando hay que reconstruir un sumario y dijeron desconocer si el juez ha abierto diligencias. Otras fuentes consultadas por el rotativo han precisado que se ha abierto una investigación para tratar de determinar quién o quiénes pudieron forzar la puerta del despacho y qué fines les movían para revolver en el caso 'Astapa'.

Este caso se ha saldado, hasta el momento, con 63 imputados entre empresarios y políticos. Actualmente, en la corporación municipal, hay ocho imputados en este caso, cinco de los cuales pertenecían al PSOE y están en el grupo de no adscritos tras negarse a entregar sus actas tal y como les exigió su partido tras su imputación.

A raíz de este caso ingresaron en prisión el ex alcalde Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete, José Flores, los ediles del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur. Salvo este último, el resto permanecieron en prisión seis meses y se encuentran desde diciembre de 2008 en libertad bajo fianza.

Además
* En Estepona había que pagar "por todo"

elmundo.es

EL SUMARIO DE "ASTAPA" REVELA QUE EN ESTEPONA HABÍA QUE "PAGAR POR TODO"

Juan Carlos Sánchez Málaga

El pago de comisiones para obtener licencias, tratos de favor o agilizar trámites burocráticos en el Ayuntamiento de Estepona era habitual, según se desprende del sumario del 'caso Astapa' contra la corrupción municipal en este municipio.

De hecho, el ex edil de Urbanismo Rafael Duarte habría llegado a admitir que en su departamento se cobraba «por todo», según consta en el informe policial, que apela a diversas informaciones aportadas por los denunciantes –el actual alcalde, David Valadez, y la concejal Cristina Rodríguez–.

La Policía apunta que el cohecho se materializaba de varias maneras, de modo que habitualmente se realizaban aportaciones en metálico, pero que en otras ocasiones se efectuaban pagos en especie y en otras camuflados bajo patrocinios puntuales.

La Policía señala entre los que más se beneficiaron de estas actuaciones al ex regidor Antonio Barrientos y a diferentes concejales o miembros del gabinete, como Francisco Zamorano, Manuel Reina o el primo del alcalde Carlos Barrientos, quien «ha ocasionado quejas por las abultadas comisiones que solicita».

El sumario destaca que no sólo se exigen comisiones a las empresas, sobre todo a las relacionadas con el sector de la construcción, sino también a particulares. De estas operaciones se encargaban, según los denunciantes, Carlos Barrientos y Manuel Reina.

En una de las operaciones que se investigan, un concejal se habría apoderado de 150 millones de pesetas al cobrar un 10% de comisión por una operación urbanística.

Además

Una empresa vinculada a 'Malaya' pagó 72.000 euros

Adjudicaciones sin concursos

Convenios a bajo precio

Barrientos tenía una gran cantidad de efectivo

elmundo.es

ESTEPONA PERDIÓ 49,4 MILLONES DE EUROS CON CONVENIOS FRAUDULENTOS

El sumario del 'caso Astapa' desvela decenas de comportamientos corruptos

F. J. PÉREZ / D. NARVÁEZ - Málaga

El Ayuntamiento de Estepona dejó de ingresar al menos 49,4 millones de euros de convenios con promotores debido a las tasaciones a la baja de los aprovechamientos urbanísticos que presuntamente realizaban los responsables municipales imputados en el caso Astapa. Las valoraciones de los terrenos por debajo del precio de mercado despatrimonializaban al municipio pero beneficiaban a los promotores cuyos terrenos eran recalificados. A cambio de la ventajosa tasación, los empresarios pagaban una cantidad económica a los políticos. "De esta forma, los responsables del Consistorio tendrían un colchón de dinero, no controlado por nadie, con el que poder efectuar pagos de las concejalías, financiar a los partidos políticos gobernantes (...) o manejar grandes cantidades de efectivo".

Los agentes señalan que una promotora pagó 1,2 millones a un edil del PA

La frase fue escrita el 3 de junio de 2008 por el inspector del Cuerpo Nacional de Policía al frente del caso en un informe de 570 páginas y seis anexos de más de 1.500 folios, que desde ayer quedó fuera del secreto del sumario. En el dosier, que sirvió de base para la detención dos semanas después del ex alcalde socialista Antonio Barrientos y otras 19 personas, entre concejales y técnicos municipales, el inspector pone decenas de ejemplos de comportamientos corruptos. Adjudicaciones a dedo de obras y servicios -ciudad deportiva, aparcamientos, depósito de vehículos y grúa-, contrataciones en el Ayuntamiento sin ningún tipo de concurso (muchas veces de familiares y amigos de ediles) o financiación irregular de los partidos en el poder eran el día a día del consistorio.

En el caso de los convenios urbanísticos, los investigadores analizaron un total de 32 acuerdos entre promotores y el ayuntamiento para la recalificación de los terrenos. En algunos de ellos existen diferencias de hasta nueve millones de euros entre la tasación efectuada por el Ayuntamiento y el precio de mercado de los suelos. La mayoría de estas tasaciones fueron realizadas por el técnico Xavier Witmeur, perteneciente a la formación posgilistas Partido Estepona (PES) y que ocupaba el cargo sin haber participado en ningún proceso selectivo de personal.

Los agentes prestaron especial atención -un anexo completo- al Grupo Valle Romano, el principal financiador de eventos locales durante el mandato de Barrientos y que pagó numerosos actos de la lujosa campaña electoral del PSOE local en 2007. El "colosal fenómeno urbanizatorio" de Valle Romano, según la Policía, no sólo financiaba actividades a cambio de un trato preferente, sino que participaba activamente en la vida municipal. En una conversación intervenida por la Policía, el concejal del PES Manuel Reina habla sobre un posible pago de 1,2 millones de euros al concejal andalucista Rafael Montesinos a cambio de pactar tras las elecciones de 2007 con el socialisa Barrientos y dejar en la estacada a los posgilistas.

El sumario levantado ayer recoge desde el inicio de la investigación hasta algunas de las primeras detenciones del caso Astapa, el 17 de junio de 2008. En su declaración ante la entonces instructora, Isabel Conejo, el presidente de la constructora Prasa, José Romero, reconoció el pago de hasta dos millones de euros en patrocinios en el Ayuntamiento de Estepona. Romero, supuestamente se benefició de una tasación a la baja. "Esta infravaloración ha permitido que el imputado haya podido financiar diversas actividades del consistorio, generando una dinámica de mutuos beneficios, como se desprende de las actuaciones de demolición del hotel La Rada", escribió la juez. El derribo del hotel ilegal, valorado en 1,2 millones de euros, acabó pagándolo el Estado.

ELPAÍS.COM

LEVANTAN EL SECRETO DE SUMARIO SOBRE SIETE TOMOS MÁS DEL "CASO ASTAPA"

TRIBUNALES | Corrupción en Estepona

Marga García | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona ha levantado el secreto de sumario sobre siete nuevos tomos del 'caso Astapa' que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de esta localidad costasoleña, según han informado fuentes próximas al caso a elmundo.es.

En concreto, se ha levantado el secreto de los sumarios que van del siete al 13, aunque esta documentación no estará en poder de las partes hasta mañana martes. Este levantamiento se produce tres meses después de que se pusieran a disposición de las partes los seis primeros tomos relativos al proceso, que se ha saldado hasta el momento con 63 imputados.

Todo se inició el 17 de junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos y los concejales de su partido Asunción López, Francisco Zamorano, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino, además de los ediles del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina

También se arrestó a empresarios, funcionarios y técnicos municipales y el que ejercía como jefe de Gabinete de Alcaldía José Flores.

Tras las detenciones, se produjeron un alud de imputaciones hasta llegar a 63 imputados y entre sus delitos están el blanqueo de capitales, malversación de fondos, cohecho, fraude, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

Cinco de los arrestados por este caso fueron enviados directamente a prisión provisional sin fianza, entre ellos el entonces alcalde, los concejales Crespo y Reina y Flores, que dejaron la cárcel el pasado 10 de diciembre tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y permanecer casi seis meses en prisión.

También fue encarcelado el técnico municipal Javier Wittmeur, que abandonó el centro penitenciario antes que los otros, el 31 de julio, tras abonar la fianza impuesta de 60.000 euros.

De los 63 imputados, 23 están en libertad con diversas fianzas y 40 en libertad sin fianza.

Además
* Valadez sigue adelante con convenios urbanísticos de la época de Barrientos
* Piden la nulidad por falta de instrucción policial

elmundo.es

EX CONCEJALES GILISTAS INVESTIGADOS POR EL PRESUNTO DESVÍO DE UN MILLÓN DE EUROS

Presuntamente emplearon el dinero en empresas del GIL

La juez titular del Juzgado número 5 de Estepona investiga una causa contra ex concejales del antiguo GIL, como presuntos autores de delitos de malversación de caudales públicos, relacionados con el desvío de unos 900.000 euros de sociedades municipales del Ayuntamiento de Estepona

Las diligencias se abrieron desde principio del verano y en unos días se producirán las citaciones de los primeros imputados. Entre ellos están el edil del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, Víctor Manuel Sánchez Pinacho -concejal de Urbanismo cuando Jesús Gil Marín era alcalde de Estepona-; y Antolín González, que fue edil de Turismo en el anterior mandato con el PES.

900.000 euros sin justificar
Según publica hoy el diario El País esta causa se inició por una denuncia de la Fiscalía basada en el contenido de un informe del Tribunal de Cuentas, sobre el que ya se habían producido varias sentencias del órgano fiscalizador. Los tres ex ediles fueron condenados en abril del pasado año por el Tribunal de Cuentas junto al gerente de las sociedades Antonio Fernández Quero, ya fallecido, a abonar 900.000 euros que supuestamente gastaron sin que hubiera justificación en cinco sociedades municipales creadas por el GIL entre 1995 y 1999.

La misma juez del caso “Astapa”
La jueza encargada de esta investigación fue la primera instructora del caso 'Astapa', sobre la corrupción en el Ayuntamiento esteponero. De hecho, por esta causa envió a prisión al ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos y a dos de sus antiguos socios de Gobierno: José Ignacio Crespo y Manuel Reina. Los tres están ya en libertad bajo fianza.

ELPLURAL.COM

GUÍA DE LAS CORRUPTELAS DE ESTEPONA

REPORTAJE

El amiguismo y las vías rápidas vivían instalados en el Ayuntamiento

JUANA VIÚDEZ - Málaga

El sumario del caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) describe toda una serie de prácticas que demuestran hasta qué punto se había instalado el amiguismo y la vía rápida en el funcionamiento del Consistorio esteponero. Desde las contrataciones a dedo al mal uso de los servicios públicos, como la grúa municipal, pasando por insistentes peticiones de dinero a diferentes empresarios con intereses urbanísticos para que subvencionaran actos.

El jefe de gabinete propuso ponerse un complemento de 1.800 euros "50.000 euros de patrocinio se pueden sacar a cualquiera", comentó Flores

El ritmo de gasto del equipo del ex alcalde Antonio Barrientos, muy por encima de las posibilidades de ingreso, terminó por "agotar todas las fuentes" y dejar al Consistorio en una situación calamitosa. Un año después tienen una deuda de 164 millones y pasan apuros para pagar las nóminas de sus 1.300 empleados. En algunas de las prácticas recogidas en el sumario.

- Contrataciones. En sus conversaciones telefónicas el ex alcalde Barrientos, que pasó seis meses en prisión preventiva, da instrucciones para que contraten a diversas personas que mandaba de forma personal y a los que ha marcado el currículo con un asterisco.

Antes de las últimas elecciones municipales, el 6 de abril de 2007, el regidor habló con Juan Carlos Gurrea, consejero delegado de una sociedad municipal, sobre otros 30 contratos para un asunto relacionado con las playas. Siempre con las elecciones en mente, ediles como Marisa Rodríguez Pino, encargada del área de Playas y bajo fianza de 50.000 euros, presiona para lograr su plaza. "Pide a Antonio que firme lo antes posible las bases para que se publiquen mediante urgencia", explican los investigadores. La edil dice que todo "debe estar solucionado antes de las elecciones, porque si ella sale de concejal, luego a ver cómo se presenta a su plaza", algo en lo que los agentes ven "claros signos de que la adjudicación no sigue los cauces reglamentarios".

Los enchufes también se utilizan para controlar la asamblea local del Partido Socialista. El jefe de gabinete de alcaldía José Flores, otro de los máximos imputados, habla de impulsar contrataciones, en las que también colaboró el edil socialista Francisco Zamorano, encargado por entonces del área de Hacienda. "Si Paco resuelve la plaza al hijo de Farruco y metemos a la hija, lo tenemos seguro. Con eso tenemos la asamblea controlada", calcula Flores. El jefe de gabinete también pidió a otro imputado que se asegurara de que cinco o seis personas a las que ha tomado el nombre para contratarlas "vayan a las asambleas, por lo menos a las gordas".

El Partido de Estepona (antiguos gilistas) también utiliza estas fórmulas para que sus afiliados no pierdan capacidad adquisitiva. Manuel Reina, edil del PES también imputado y antiguo socio de gobierno de Barrientos, intercede en la contratación de la mujer de Alfonso Servia, antiguo gerente de Servicios. "Acostumbrado al nivel de vida que llevaba, si deja de ser concejal necesitará que trabaje su mujer", dicen los investigadores.

Las conversaciones también sacan a la luz toda una serie de triquiñuelas para que las contrataciones pasen desapercibidas. Flores habla de colocar a un pintor, al que llaman El Coleta, "de jardinero, en playas" para que no lo detecten, o recurrir a un periódico local para que meta a una relaciones públicas seis meses a cambio de "buscarle un dinerillo en publicidad".

- Ingeniería presupuestaria. Flores se vanagloriaba de llevar medio Ayuntamiento para adelante él solo (sobre todo Hacienda y Urbanismo) y se autodenominaba "el señor de los hilillos". La policía considera "reveladoras" las conversaciones en las que el jefe de gabinete comenta que no hay dinero para pagar las nóminas ni los proveedores. Curiosamente es el mismo Flores quien propone ponerse un complemento en el sueldo de 1.800 euros de forma que "se pondría ganando en bruto más que el alcalde".

Tras las elecciones y antes de ocuparse de Hacienda, Zamorano aconsejó a su antecesor Manuel Reina, del PES, que "se equivocara" en 150.000 euros en las nóminas para satisfacer ciertos pagos. "Así la cantidad que tendrían que solicitar al Patronato para las nóminas sería de un valor más elevado del real", explican los agentes.

- Exprimir empresarios. La delegación de Urbanismo aparece reflejada como una máquina de generar dinero que no siempre se controla por los cauces habituales. El jefe de gabinete pide a sus responsables que "generen dinero" y precisa que el dinero de las licencias de obras es para gastos corrientes, para que se hagan eventos o conciertos". "50.000 euros de patrocinador se le pueden sacar a cualquiera", comenta Flores en relación con una petición de ese dinero para eventos deportivos. Las llamadas a Urbanismo o empresarios para preguntar si pueden "colaborar con algo" también se suceden.

- Taller y grúa gratis. En una conversación en la que Flores habla de rescindir el servicio de grúa, conoce que el empresario que lo gestiona tiene un listado de nombres de personas privadas, concejales y funcionarios que no pagan nada si la grúa les retira el coche y que otros empleados, entre los que nombra al secretario y a la coordinadora de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, llevan su coche al taller o a lavarlo sin pagar.

La vida del Consistorio esteponero a través del teléfono

MARISA RODRÍGUEZ-PINO.- Ex concejal de Playas

- La edil, en libertad con 50.000 euros de fianza, urge al alcalde a que publique las bases de su plaza en el Consistorio antes de las elecciones.

JOSÉ FLORES.- Ex jefe de gabinete

- Se autodenomina "el señor de los hilillos". Presume de haber llevado "medio Ayuntamiento" y aportar de Urbanismo dinero para las nóminas y gastos corrientes.

FRANCISCO ZAMORANO.- Ex edil de Hacienda

- Aconseja a su antecesor, el edil posgilista Manuel Reina, también implicado, "que se equivoque" en 150.000 euros en las nóminas para dejar las cuentas cerradas.

ANTONIO BARRIENTOS.- Ex alcalde de Estepona

- En varias conversaciones telefónicas, el 18 de abril de 2007, el ex alcalde socialista, que pasó seis meses en prisión preventiva por el caso Astapa, pide a sus interlocutores que "contraten a diversas personas que él envía de forma personal" marcando los currículos de algunos de ellos con un asterisco para que los reconozcan.

ELPAÍS.COM

SE ALZA EL SECRETO DE SUMARIO DEL CASO ASTAPA DE ESTEPONA

¿UNA CORRUPCIÓN COMO LA DE MARBELLA?

Un año después de las primeras detenciones en Estepona, gobernada entonces por el socialista Antonio Barrientos y ahora por el socialista David Valádez, que intervino en la denuncia del caso, se ha levantado el secreto del sumario dejando entrever un supercaso socialista de corrupción.

*Chaves fracasa en Estepona: no impone a "su alcalde" y Patricia Rojo es imputada en firme

Pedro de Tena
Según las declaraciones de algunos empresarios, la corrupción podría ser incluso superior al caso Marbella: "Las comisiones que hemos tenido que pagar en Estepona son mucho mayores que las que tuvimos que pagar en Marbella en tiempos de Roca".Así se expresaba un empresario de la constructora Proincosta, según uno de los primeros informes policiales conocidos del caso Astapa, tal y como cuenta este viernes El País.

Hay que recordar que Patricia Rojo, hija del presidente socialista del Senado, Javier Rojo, está implicada en los hechos.

En aquella operación policial-judicial, fue detenido el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, otros seis ediles del PSOE y del partido posgilista PES, así como numerosos cargos y técnicos municipales relacionados generalmente con el urbanismo. La apertura del sigilo judicial ha permitido, en primer lugar, confirmar lo que era un secreto a voces en la ciudad: que la causa arrancó gracias a dos concejales, el actual alcalde, David Valadez (PSOE) y su compañera de corporación Cristina Rodríguez, que en noviembre de 2006 denunciaron en Madrid ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal las irregularidades de las que eran testigos. La instrucción, que sigue abierta, acumula 63 imputados.

Igual de evidente es que la dirección del Partido Socialista Andaluz, liderado por Manuel Chaves no hizo caso alguno a dichas denuncias por lo que el alcalde Barrientos siguió en el cargo. Cuenta ABC que una grabación de la Policía revela que la dirección del PSOE de Málaga recibió "un montón" de quejas de los casos de corrupción en Estepona y que la denuncia partió de dos concejales socialistas. Los investigadores grabaron una conversación el 28 de noviembre de 2007 entre el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el abogado Juan Simón, ambos imputados en el caso «Astapa», donde el edil socialista le dice al letrado que la Ejecutiva Provincial está recibiendo «un montón de quejas». También le dice que ha pedido una cita con la entonces secretaria provincial, Marisa Bustinduy, actualmente diputada socialista en el Parlamento andaluz, para «poner verde» al concejal de Urbanismo, Rafael Duarte. En la cinta, algunos imputados critican a Duarte por no aprobar convenios irregulares y no inflar el presupuesto municipal.

La Policía tuvo conocimiento de que la dirección provincial fue informada antes de las pasadas elecciones de las irregularidades destapadas hace un año por el Juzgado. La jueza destaca en el sumario que «la Policía Judicial sigue investigando sobre los hechos denunciados, que, dada la complejidad de la causa, su gran volumen y el número de imputados, requieren de varias líneas que actualmente están en su fase álgida». Bustinduy intentó, sin éxito, tapar la crisis de Estepona, junto a miembros de su Ejecutiva y otros cargos orgánicos e institucionales del partido. Además, según militantes del PSOE, la dirección malagueña no es la primera vez que mira hacia otro lado y hace oídos sordos a denuncias sobre irregularidades urbanísticas en otros municipios de la provincia.

El actual alcalde de Estepona, David Valadez, y la concejala socialista Cristina Rodríguez denunciaron la presunta trama de corrupción del Ayuntamiento, según figura en la parte del sumario levantado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, encargado del caso. El Juzgado levanta ahora el secreto de los seis primeros tomos, que suponen desde el folio uno al 2.857, "donde constan todas las actuaciones practicadas hasta principios de junio de 2008", mes en el que se desarrolló la operación policial. La denuncia de ambos ediles fue formulada el día 16 de noviembre de 2006 y en ella se establece que los dos «llevan ejerciendo el cargo desde el mes de junio de 2003 y en el tiempo transcurrido han venido observando distintas irregularidades, las cuales llevan a pensar que pudieran estar cometiéndose presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el entorno del Ayuntamiento de Estepona».

El contenido de las irregularidades

La policía concluye que "los partidos políticos de Estepona, más concretamente el PES y el PSOE, tendrían al menos ciertas irregularidades en su financiación que podrían derivarse en actividades ilícitas". Se cita el caso de un convenio, tasado en 1,2 millones de euros que supuestamente sirvió para pagar la lujosa campaña electoral del PSOE esteponero en mayo de 2007. Para disimular esta financiación irregular, Barrientos supuestamente pidió a sus compañeros de lista que suscribieran un préstamo de 6.000 euros cada uno.

También se detectaron contrataciones y procesos de selección de personal "amañados" y aumentos injustificados de sueldo. El ex jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, uno de los cerebros de la trama, propuso para él un complemento de 1.800 euros mensuales para que el entonces edil de Hacienda, Francisco Zamorano, lo presupueste, según la policía.

Valadez y Rodríguez entregaron a la policía una declaración de 18 folios acompañada de una carpeta amarilla con información sobre 15 convenios urbanísticos en la localidad, en la mayor parte de los casos con tasaciones de terrenos a la baja, lo que suponía tanta ventaja para los promotores como quebranto económico para el municipio.

Los principales implicados en el caso Astapa eran conscientes de la posibilidad de que la policía hubiera pinchado sus teléfonos y tomaron sus precauciones. El 24 de abril de 2007, el entonces alcalde Antonio Barrientos telefoneó a la que entonces era secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy. En un momento de la conversación, ésta le pregunta al alcalde si tiene teléfono fijo en su casa para "comentarle un temilla". Barrientos responde: "Yo tengo un teléfono blindado y controlado aquí en el Ayuntamiento ¿sabes? con todo tipo de medidas de seguridad, un teléfono rojo".

La discreción telefónica se extendía a los regalos que los concejales y altos cargos municipales percibían de empresarios. El abogado de la promotora Valle Romano, Daniel Delgado, estaba preparando una partida de "regalos navideños" para personas del entorno político, periodístico y empresarial de Estepona. Delgado llamó a la secretaria del responsable de la empresa y le conminó a que las dádivas fueran "una cosa discretita": "Es necesario que la entrega de regalos se haga de forma individualizada y muy discreta, de manera que nadie sepa qué regalos han recibido los otros".

Según el sumario, los imputados políticos no hacían ascos a la procedencia del dinero, siempre que éste llegara puntualmente y en metálico. El concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina, pidió supuestamente 42.000 euros a repartir con otros dos imputados a cambio de otorgar licencia para el Club Oasis, un local de alterne. Los imputados exigieron el dinero en dos plazos mientras los vecinos de la zona protestaban por la implantación del prostíbulo en su vecindario.

Tres cajas municipales, dos de dinero negro

En la Estepona de Barrientos el Ayuntamiento tenía tres cajas, una legal y dos para comisiones particulares. La corrupción estaba “asumida e interiorizada”. La caja A era donde estaba el dinero fiscalizado y destinado a los fines previstos por la ley. La caja B se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la C se ingresaba presuntamente el dinero destinado a cuentas particulares, según el relato de los concejales.

Valadez y Rodríguez presentaron a la juez un dossier de 18 folios en los que realizaban una exposición de los hechos irregulares que habían detectado en el Ayuntamiento, que podían ser constitutivos de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, entre otros, y que ellos contemplaron en el equipo municipal desde junio de 2003, durante tres años. Entonces se decidieron a denunciar.

Patricia Rojo, hija del presidente del Senado

Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, el socialista Javier Rojo, fue asimismo imputada nuevamente a pesar de haber negado su participación en el caso. Patricia Rojo, salió del despacho de la jueza imputada y acusada de prevaricación y cohecho. La que era coordinadora de Urbanismo interrumpió sus vacaciones para declarar ante la juez Isabel Conejo imputada de presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Sobre las 9.15 del 17 de julio de 2008 llegó a los juzgados acompañada de su abogado y salió unas tres horas después, confirmándose su imputación.

Según contó en su día El Confidencial, "el destino de Patricia Rojo está ligado al del alcalde de Estepona,el socialista detenido en el marco de la Operación Astapa, Antonio Barrientos. Ella es una persona de su confianza. Cuando cese él, cesará ella”. De las distintas tramas existentes en el Ayuntamiento esteponero, Rojo era ‘miembra’ de la del alcalde “la que se encargaba de las grandes operaciones”, explicaban fuentes conocedoras de la actividad del Consistorio. “Imposible que no estuviera al corriente de sus manejos”, añaden.

Patricia Rojo fue citada a declarar ante la Policía porque se encargaba de la coordinación del área de Urbanismo en la localidad vecina a Marbella. ¿Pero qué hacía una chica como Patricia Rojo en un nido de corrupción como el Ayuntamiento de Estepona? De formación abogada, fue fichada en prácticas por Antonio Caba, ex alcalde socialista de Estepona, cuando gobernaba junto a PP, PA e IU entre 1999 y 2001. Caba es el antecesor, mentor y abogado de “El pollo”, que es como llaman a Barrientos en su pueblo. Su relación era tan intensa que Caba es su abogado. En el momento de su detención, Caba le acompañaba como letrado.

Las actividades del alcalde hoy detenido no podían serle ajenas a Rojo. El 23 de marzo del año 2007, la comunidad de propietarios del complejo Playa Dor denunció ante la Fiscalía al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos; a la coordinadora del área municipal de Urbanismo, Patricia Rojo; a un técnico municipal de esta área; al imputado en el Caso Malaya Giovanni Piero Montaldo –empresario italiano vinculado a la mafia calabresa-; y a las empresas Promociones Los Ansares, S.A., vinculada a José María del Nido, y Moansa, S.A. por la comisión de un presunto delito urbanístico.

Casualmente, Barrientos departía –y hay suficiente material fotográfico que lo demuestra- tanto con el presidente del Senado, Javier Rojo, como con el presidente del Congreso, el también socialista, José Bono.

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LEVANTAN PARCIALMENTE EL SECRETO DEL CASO ASTAPA

Se ponen a disposición de las partes 6 de los 150 tomos del sumario

El Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona ha levantado parcialmente el secreto de sumario del 'caso Astapa' sólo unos días después de que se cumpliera el primer aniversario de su desarrollo. Esta operación, que investiga la presunta trama de corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona, se ha saldado, hasta el momento, con 63 imputados

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La resolución judicial sólo afecta a una pequeña parte de los 150 tomos que componen la instrucción del sumario. El 17 de junio de 2008 comenzó la instrucción del sumario con la detención de 25 personas, entre ellas, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos.

Seis tomos
Sólo se han puesto a disposición de las partes seis tomos relativos al proceso. La resolución judicial se ha tomado después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la jueza accidental del número uno de Estepona, Virtudes Molina, el levantamiento parcial de las actuaciones.

Detenciones en el Ayuntamiento
Además del alcalde fueron detenidos los concejales socialistas Asunción López, Francisco Zamorano, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino, además de los ediles del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina También fueron arrestados empresarios, funcionarios y técnicos municipales y el que ejercía como jefe de Gabinete de Alcaldía José Flores. En total se llegaron a los 63 imputados en delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos, cohecho, fraude, tráfico de influencias, entre otros delitos.

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