EL APAREJADOR IMPUTADO ES SOCIO DE UN PROMOTOR DETENIDO EN "ASTAPA"

TRIBUNALES | Imputaciones en Estepona

Juan Sánchez | Málaga

El aparejador municipal del Ayuntamiento de Estepona, José Antonio Molina, imputado esta semana por su implicación en la construcción irregular de una casa por parte del jefe de gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez, es socio en varias empresas del promotor Félix Delgado, detenido en junio de 2008, junto a su hermano Vicente, en el marco de la 'operación Astapa', que investiga la corrupción urbanística.

Como certifica el Registro Mercantil, José Antonio Molina figura como consejero delegado en las sociedades Inmobiliaria Corales SL, Alameda del Mediterráneo SA, Pricodelsa SA, Inmobiliaria Corales de Estepona SL, Inmobiliaria Corales Dos de Estepona SL y Hispocol SL en las que Félix Delgado es también consejero delegado, salvo en Pricodelsa SA, donde figura como presidente. Los dos son consejeros en Inmobiliaria Mar Azul de Estepona SL y administradores en Tamavi Gaspara SL y Las Colinas de Benahavis SL. Además, Molina es consejero en Proyectos Kroll SL donde Delgado fue administrador y en su día participaron en las ahora extintas Valle Enmedio SA y Estepona Puerto Sol SA.

Tanto Félix Delgado como su hermano Vicente fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional en junio de 2008 cuando arrancó la operación Astapa, que investiga la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona. Tras declarar ante la juez que instruía el caso, quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Se da la circunstancia de que Félix Delgado es también cuñado del ex edil de Hacienda Francisco Zamorano, que también fue detenido.

El pasado jueves la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona imputó al alcalde, el socialista David Valadez, por prevaricación urbanística y por omisión de su deber de perseguir delitos. Junto al regidor figuran también imputados el aparejador municipal José Antonio Molina y el jefe de gabinete del primer edil, Luciano Sánchez. Los hechos se remontan a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Marbella por el ahora ex edil del PES Juan Manuel Rodríguez contra Luciano Sánchez por haber construido una vivienda en suelo rústico con el visto bueno del técnico municipal.

Además
* Fuerzan la oficina del juez del 'caso Astapa'
* El PSOE apoya a David Valadez

elmundo.es

IMPUTAN POR PREVARICACIÓN URBANÍSTICA AL ALCALDE DE ESTEPONA, DAVID VALADEZ

ESTEPONA
La juez investiga a su jefe de gabinete y al aparejador

[foto de la noticia]

* Un ex edil denunció la construcción ilegal de una casa en suelo rústico

Juan Sánchez | Málaga

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona ha imputado al alcade, el socialista David Valadez, por prevaricación urbanística y por omisión de su deber de perseguir delitos, según han informado fuentes judiciales a ELMUNDO.es.

Junto al regidor figuran también imputados el aparejador municipal José Antonio Molina y el jefe de gabinete del primer edil, Luciano Sánchez. Los hechos se remontan a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Marbella por el ahora ex edil del PES Juan Manuel Rodríguez contra Luciano Sánchez por haber construido una vivienda en suelo rústico con el visto bueno del técnico municipal.

La casa se encuentra situada una parcela de la Loma de la Pontezuela. La finca consta de 5.000 metros cuadrados de extensión con catalogación de suelo rústico. Sobre ella, como certifica el Registro de la Propiedad, se levanta una vivienda compuesta de una sola planta, distribuida en salón, cocina, baño, distribuidor, dos dormitorios y porche, que ocupa una extensión de algo más de 115 metros cuadrados, y un cobertizo, anexo a ésta, de casi 14 metros cuadrados.

Sus propietarios el jefe de gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez, y su esposa, Pilar Flores, quienes adquirieron la finca en gananciales el 21 de julio de 2004. Posteriormente, el 6 de marzo de 2007 Sánchez elevó a público ante notario la declaración de obra nueva ejecutada sobre dicho terreno.

En la inscripción el jefe de gabinete atestigua que sobre la parcela se halla levantada la citada casa y el cobertizo. Al objeto de poder otorgar escritura pública de obra nueva, Sánchez hace constar que ambas edificaciones tienen más de cinco años de antigüedad. Para que quede legalmente registrado aporta una certificación expedida por el arquitecto técnico José Antonio Molina, "por la que se declara que la construcción, cuya descripción es coincidente con la indicada en el título que se despacha, tiene una antigüedad superior a cinco años", según recoge la inscripción registral.

La certificación del aparejador fue visada el 1 de marzo de 2007 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Sin embargo, una ortofoto realizada el 29 de septiembre de 2004 por los técnicos del Instituto de Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, revela que sobre la parcela no hay vivienda alguna, lo que pone de manifiesto que el jefe de gabiente y el aparejador no dijeron la verdad al advertir de que la construcción tenía una antigüedad superior a los cinco años.

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elmundo.es

EL JUEZ VE INDICIO DE DELITO EN DOS DIPUTADOS MURCIANOS DEL PSOE E IU

El 'caso Limusa' investiga una trama corrupta a través de la sociedad municipal de limpieza

TONO CALLEJA - Murcia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Lorca se ha inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) en el caso Limusa, en el que han sido detenidas doce personas, entre ellas el ex alcalde de Lorca y ex presidente de la Asamblea Regional murciana, Miguel Navarro (primera foto), debido a la presencia de dos imputados que tienen el estatus de aforado. Según fuentes del caso, se trataría del diputado regional socialista Bartolomé Soler (segunda foto) y del único parlamentario de IU, que es coordinador general de esta coalición, José Antonio Pujante (tercera foto).

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En el caso Limusa u Operación Reciclaje se investiga la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública por parte de varias personas que habrían utilizado la sociedad municipal de limpieza de Lorca (Limusa) en beneficio propio. En este sentido, más de un centenar de empresas podrían estar siendo investigadas.

En concreto, el principal detenido de la Operación Reciclaje, Francisco Gil Eguino, que fue director de esta sociedad municipal, llegó a contar con autorización para trabajar en las dependencias públicas para sus sociedades, según publicó el diario La Verdad de Murcia.

Al menos, eso es lo que podría desprenderse de un documento que firmaron los ex concejales socialistas Jesús Molina, detenido en la operación, y Bartolomé Soler Sánchez, mientras que estuvieron al frente de la empresa municipal.

El documento fue firmado por el primero en el año 2001, cuando era concejal de limpieza. Dos años después, Jesús Molina, no continuó en su cargo. Fue entonces cuando Bartolomé Soler, ahora diputado regional, fue puesto al frente de la concejalía de Empresas Municipales. Curiosamente, Francisco Gil Eguino le dio a firmar el mismo documento que su compañero de filas rubricara dos años antes. "Firmé el documento porque me parecía algo muy liviano. Además, ya tenía otra firma, la del anterior concejal", argumentó en declaraciones a La Verdad el que fuera concejal de Empresas Municipales, Bartolomé Soler, que hoy ocupa un escaño en la Asamblea Regional.

«Vagos recuerdos», afirmó Soler Sánchez tener sobre el documento. "No le puedo precisar a qué se le autorizaba en concreto, aunque me parece recordar que era a utilizar algún ordenador. No lo recuerdo con precisión porque hace mucho tiempo», añadía el diputado en el diario murciano.

A la pregunta de si no le pareció extraño firmar un documento donde ya aparecía otra rúbrica dijo: "He sido un puñetero pardillo. Nunca se me pasó por la cabeza que podía haber estado haciendo lo que parece que ha hecho en las dependencias municipales. Desde luego, nunca le autoricé a cometer presuntos actos delictivos de los que parece que se le acusa. Le autorizaba a utilizar el ordenador en alguna ocasión".

Por su parte, el dirigente de IU José Antonio Pujante negó "rotundamente" su implicación en el caso Limusa. El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, defendió su "honradez" y negó "cualquier tipo de vinculación o responsabilidad" en el marco de la también llamada Operación Reciclaje, que investiga una supuesta trama de corrupción en el seno de la empresa municipal de limpieza de Lorca.

Pujante hacía estas declaraciones en conferencia de prensa en la tarde del jueves junto a los responsables de Organización y Política Institucional de IU en Murcia, Lola Sánchez y Cayetano Jaime Moltó, respectivamente, a raíz de una información publicada en el periódico regional El Faro.

Pujante reconoció haber realizado en 2004 un viaje a Sevilla, "aprobado por mandato del Pleno de Lorca, acompañado por los ex concejales de PSOE y PP Bartolomé Soler y Jesús López, y el gerente de Limusa, Francisco Gil, con el fin de conocer el sistema de soterramiento de contenedores empleado en esa localidad!

Negó, asimismo, su relación con los presuntos gastos que Limusa facturó en clubes de alterne en 2004. El coordinador regional de IU ha asegurado que los únicos gastos que él originó fueron de manutención, gasolina y alojamiento.

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LA POLICÍA DETIENE POR MALVERSACIÓN AL EX ALCALDE SOCIALISTA DE LORCA

El juez que investiga el desvío de fondos deja a Navarro en libertad con cargos

TONO CALLEJA - Murcia

El que fuera alcalde socialista de Lorca (Murcia) durante 14 años, hasta 2006, Miguel Navarro (en la foto), fue detenido ayer por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la policía como presunto autor de un delito de malversación de fondos públicos en el seno de la empresa municipal de la limpieza (Limusa), según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El juez lo puso en libertad provisional pasadas las 11 de la noche, aunque permanece imputado.

El PSOE de Lorca tramita la expulsión del partido de Miguel Navarro

Junto a Navarro también fue arrestado el que fuera entre 1999 y 2003 el concejal delegado de la empresa investigada, Jesús Molina, por un posible delito contra la Hacienda Pública. La policía investiga la desviación millonaria de fondos que invertían en negocios inmobiliarios. El PSOE de Lorca anunció ayer que la Comisión Ejecutiva Regional ya tramita un expediente de expulsión del partido.

La acción policial se enmarca en la llamada Operación Reciclaje, que se inició en marzo con el arresto del anterior director de Limusa, Francisco Gil, que permanece en prisión por orden del titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Lorca, Sergio Romero. Con estas dos detenciones, ya son ocho las personas implicadas en la presunta trama de corrupción que, según la investigación, se adueñó de la empresa municipal de limpieza.

Además de Navarro, Molina y Gil también ha sido detenido el notario Sebastián Fernández Rabal, quien ya había sido arrestado el pasado día 5 como presunto autor de un delito de cohecho en relación al caso La Zerrichera, en el que estaría implicado el ex consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Francisco Marqués. También están implicados en este asunto el dentista Urbano Alejo, el agente de seguros Ángel Trinidad Martínez, el ex concejal socialista Miguel Miras y el que fuera hasta hace dos años interventor del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyatos.

Según las primeras pesquisas, iniciadas tras la denuncia de un trabajador de Limusa (quien llegó a aportar información de la trama en soporte informático), varios de los arrestados serían socios en la sociedad Cabo Cope Naturaleza, mediante la cual estarían desarrollando delitos relacionados con el fraude al IVA y el Impuesto de Sociedades.

La investigación apunta a que los detenidos operaban con el permiso de sus superiores en las dependencias de Limusa, en las que se llevaba la contabilidad A y B de las sociedades privadas. "Incluso el dinero de las sociedades compartía espacio en la caja fuerte con el dinero de la empresa municipal de limpieza. Para diferenciarlo se utilizaban sobres de distinto tamaño y con otro membrete", según un informe de la investigación que cita el diario de La Verdad de Murcia. Dicho informe, hecho por la Agencia Tributaria, incluye datos sobre más de 60 sociedades relacionadas con la trama.

Miguel Navarro Molina, de 57 años, está casado y tiene cinco hijos. Es profesor de Educación Primaria, profesión que abandonó en el año 1976 por la política. En ese año ingresó en el PSOE. Desde 1983 fue concejal de Lorca y entre 1983 y 1999 ocupó escaño como diputado regional. Fue presidente de la Asamblea Regional entre 1987 y 1993, y alcalde de Lorca desde este último año hasta 2006, durante 14 años.

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EL PSOE ABRE UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN AL EX ALCALDE DE LORCA DETENIDO POR CORRUPCIÓN

La policía arresta también a un ex concejal socialista por una supuesta trama ligada a la empresa de limpieza de la localidad murciana

EFE - Madrid

La Ejecutiva del PSOE de Murcia ha decidido tramitar un expediente de expulsión contra el ex alcalde de Lorca Miguel Navarro (en la foto), detenido esta mañana por un presunto delito de malversación de fondos públicos, en el marco de las investigaciones de una presunta trama de corrupción en la empresa municipal de limpieza Limusa.

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El ex regidor, de 57 años y que dimitió de la alcaldía en julio de 2006, se encuentra desde su arresto en dependencias policiales junto al que fue, entre 1999 y 2003, concejal delegado de la empresa investigada, Jesús Molina, que también ha sido detenido antes de las ocho de la mañana en su domicilio. Con las detenciones de hoy ascienden a ocho los arrestos practicados en relación a esta empresa municipal de Limpieza tras la detención a principios de marzo de su ex director, Francisco Gil, que se encuentra en prisión provisional.

Los socialistas de Murcia expresan en un comunicado su "máximo respeto a las actuaciones judiciales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como el reconocimiento de la presunción de inocencia que goza cualquier persona" en un Estado de Derecho y su deseo de un rápido "esclarecimiento de los hechos". El PSOE defiende que "las personas implicadas en este tipo de asuntos se defiendan en la esfera privada, al margen de cualquier cargo público que pudieran ocupar y de su pertenencia" a esta formación política, y recuerda además que en la actualidad Miguel Navarro no ocupa ningún cargo público.

Respecto al ex concejal Molina, la dirección de los socialistas murcianos señalan que dejó su puesto en 2003 e informa de que causó baja en el PSRM-PSOE el 24 de julio de 2007. La Ejecutiva del PSOE destaca que, frente a su postura, el PP "sigue manteniendo en sus puestos a numerosos cargos públicos que están acusados e imputados por corrupción", e insta a este partido a que tome "ejemplo y aplique medidas como estas".

Valcárcel pide respeto a la justicia

El presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha dicho que si él fuera del PSOE "estaría pidiendo explicaciones" acerca de lo sucedido, al tiempo que ha pedido respeto al trabajo de la Justicia y a la presunción de inocencia de los implicados. "Nunca es agradable hablar de estas cosas, más aún cuando el caso está bajo secreto de sumario. Da igual que el detenido pertenezca a una formación política u otra, hay que respetar a la Justicia, dejar que haga su trabajo y opinar lo mínimo", ha asegurado Valcárcel.

En la segunda fase de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario e instruye el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Lorca, fueron también detenidos ayer el notario Sebastián Fernández, el dentista Urbano Alejo, el agente de seguros Angel Trinidad Martínez, el ex concejal socialista Miguel Miras, y el que fue hasta hace dos años interventor del ayuntamiento de Lorca Francisco Poyatos, que ahora ejerce esa misma labor en el consistorio cartagenero. Salvo el interventor Francisco Poyatos, que lo hará hoy, los detenidos pasaron ayer a disposición del juez Sergio Romero y quedaron en libertad con cargos.

El juez instructor que ha ordenado estas detenciones tiene previsto tomar declaración esta tarde al interventor Poyatos, al ex alcalde Miguel Navarro y al ex concejal socialista Jesús Molina, quienes se encuentran en la Comisaría de Policía de Lorca, según fuentes policiales.

ELPAÍS.COM

DETENIDO EL EX ALCALDE DE LORCA MIGUEL NAVARRO POR CORRUPCIÓN

MURCIA | Arrestado también un ex concejal


* La Policía investiga una trama en torno a la empresa municipal de limpieza
* Ya son ocho las personas arrestadas en el marco de esta operación

Efe | Murcia

El ex alcalde de Lorca Miguel Navarro Molina, del PSOE, ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional como presunto implicado en la trama de corrupción destapada en marzo en el seno de la empresa municipal de limpieza de esta localidad murciana, Limusa, por la que también ha sido detenido el ex edil socialista Jesús Molina, según han confirmado fuentes policiales.

Navarro, de 57, ha sido detenido en su casa por los agentes poco antes de las 07.45 horas, de forma paralela a la detención de Molina, que fue concejal delegado de la empresa municipal de limpieza entre 1999 y 2003.

Con las detenciones de Navarro y Molina ya son ocho las que se producen en el marco de la trama Limusa: la primera fue la del ex director de la empresa, Francisco Gil, que permanece en prisión provisional desde marzo acusado de malversación y delitos contra la hacienda Pública y ayer otras cinco personas fueron detenidas por su presunta relación con delitos fiscales.

De los cinco detenidos el lunes, un notario, un ex concejal del PSOE, un dentista, un corredor de seguros, y el ex interventor del ayuntamiento de Lorca, todos han quedado en libertad con cargos pero sin fianza, con excepción del último, que aún no ha prestado declaración ante el juez.

El ex alcalde de Lorca permanece en las dependencias de la Comisaría de Policía de Lorca junto al ex edil a la espera de que sean puestos a disposición del magistrado Sergio Romero, juez instructor del caso, en el que tiene competencias el Juzgado Número Cuatro de Lorca y sobre el que está decretado el secreto de sumario.

Miguel Navarro dimitió de su cargo el 25 de julio de 2006 tras 14 años dirigiendo el gobierno de la ciudad. Su periodo al frente de la alcaldía le convirtió en el primer edil lorquino con mayor permanencia en el cargo durante el período democrático y en el que más veces ha gobernado con mayoría absoluta en este municipio de 90.000 habitantes, el tercero mayor de la Región, tras Murcia capital y Cartagena.

Su política de convenios urbanísticos para propiciar desarrollos turísticos y residenciales y su apoyo a la política de trasvases como solución al déficit hídrico de Lorca le fue apartando de la disciplina de su partido en los últimos años, y en 2003 dimitió de su puesto en el comité federal del PSOE tras 20 años de pertenencia al mismo.

ELMUNDO.ES

LA CORRUPCIÓN EN MURCIA SUBE UN PELDAÑO MÁS CON LA DETENCIÓN DE UN EX DIRIGENTE NACIONAL DEL PSOE

Francisco Marqués (Efe)

corrupción urbanística, Lorca

@Vidal Coy

La detención esta mañana del ex alcalde socialista de Lorca, Miguel Navarro, es una bomba política que ha sacudido hoy a la comunidad de Murcia. No sólo porque el detenido, sospechoso de cohecho, fuera en su día miembro de la dirección federal del PSOE, partido del que ha sido expulsado hoy mismo, presidente de la Asamblea Regional y diputado nacional hasta que dejó la alcaldía hace tres años, sino también porque va a acompañada de otras cinco detenciones realizadas ayer: un ex concejal socialista, un interventor municipal, un agente de seguros, un médico y un notario. Y otra hoy: la de un ex edil socialista que ha acompañado a Navarro en la comisaría de Policía de Lorca.

Todos ellos han sido o son socios del ex gerente de la empresa municipal de basuras de Lorca (Limusa), Francisco Gil Eguino, en prisión provisional desde el 3 de marzo, y son sospechosos de presunta corrupción que se concretaría en los delitos de cohecho, negociaciones prohibidas etcétera.

Los detenidos ayer, el dentista (Urbano Alejo Vicente), el notario (Sebastián Fernández Rabal), el agente de seguros (Ángel Trinidad Martínez Tudela), el ex concejal socialista (Miguel Miras García) y el que fue interventor del Ayuntamiento de Lorca y que ahora lo es del de Cartagena (Francisco Poyatos) fueron puestos en libertad tras prestar declaración. Pero lo escandaloso del caso no viene dado solamente por la detención esta mañana de Miguel Navarro y el ex concejal del PSOE Jesús Molina, sino porque todos juntos forman un granado conjunto de lo mejor de la sociedad lorquina, de izquierdas y de derechas.

Sorprendentemente, el fedatario público Sebastián Fernández Rabal, ya fue detenido hace menos de un mes, cuando la Guardia Civil inició la segunda parte de la investigación del ex consejero de Medio Ambiente y actual director general de Hefame, Francisco Marqués, por una presunta trama de corrupción en Águilas en la que apareció relacionado el nombre de la actual consejera murciana de Hacienda, Inmaculada García, muy amiga de Marqués y del notario.

Miguel Navarro fue alcalde de Lorca durante 14 años, hasta julio de 2006, cuando dejó la alcaldía presionado por la dirección regional del PSOE con cuyo secretario general, Pedro Saura, estaba enfrentado políticamente. Navarro, socialista de la dirección nacional en Madrid, aplicaba en Lorca políticas urbanísticas más propias del PP, decían sus críticos. Navarro fue también miembro del Comité Federal del PSOE hasta 2003. Desde las elecciones de 2007, el municipio está gobernado por los ‘populares’. Testigos presenciales aseguraron en su momento que Navarro celebró la derrota de su partido.

No obstante, el delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, se ha apresurado a declarar esta mañana, tras la consabida referencia a la presunción de inocencia, que la Justicia "debe actuar y llegar al fondo del asunto".

Corrupción generalizada

Ese fondo no es ni más ni menos, a tenor de las detenciones realizadas y las conexiones con otros casos de corrupción a través de personas implicadas en ambos, que la existencia de una corrupción generalizada no sólo en el municipio de Lorca, sino también en el vecino de Águilas, y en toda la Comunidad Autónoma como muestra el hecho de que hay al menos una quincena de los 45 alcaldes (la gran mayoría del PP) bajo el escrutinio de la Justicia, algunos de estos con paso incluido por prisión; dos diputados regionales (uno ex del PP y otro del PSOE) con acusaciones firmes; un alcalde del PP con petición formal de pena de cárcel; un senador del PSOE que está siendo investigado judicialmente. Y todo ello sin contar el cúmulo de casos de funcionarios, altos cargos regionales y municipales, dirigentes empresariales y concejales de todo pelaje escrutados por la Fiscalía.

El caso de Miguel Navarro viene a ser el paradigma de lo que desde hace años viene trascendiendo de la clase política murciana y de la "buena sociedad" civil que la acoge y convive con ella.

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