La recalificación de la finca La Zerrichera, en el término municipal de Águilas (Murcia), sigue generando un goteo de detenciones, pese a que las actuaciones comenzaron en 2007. La última ha tenido lugar este martes, cuando la Policía Nacional ha registrado el domicilio y el despacho profesional del ex arquitecto municipal de la localidad, José Sotelino. El arquitecto ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial.
La última detención en el marco de la operación de la finca murciana La Zerrichera se ha producido este martes, cuando la Policía Nacional ha registrado la vivienda y el despacho profesional del ex arquitecto municipal de Águilas Jorge Sotelino, en una operación que se alarga ya desde 2007.
Desde abril de 2007
En abril de ese año, el TSJ de Murcia imputó a cinco altos cargos del Ejecutivo murciano además de al entonces alcalde de Águilas, Juan Ramírez, a un ex edil del consistorio y a un ex funcionario, todos ellos del PP. La Fiscalía había abierto diligencias contra ellos a raíz de varias denuncias de Natruralistas del Sureste, Ecologistas en Acción y el PSOE por presuntos delitos contra el medio ambiente y de prevaricación relacionados con la construcción de viviendas en la finca La Zerrichera.
4.000 viviendas en terreno protegido
Esta finca se ubica en la Sierra de Almenara, en un terreno protegido medioambientalmente por la UE, que desde el año 2000 dio a la zona las categorías de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y de Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), por lo que no era un terreno urbanizable. Un edil del PP adquirió en 2003 a bajo precio la finca y la vendió pocos meses después al Grupo Hispania por 215 millones de euros. La constructora consiguió en la recalificación del suelo como urbanizable en 2004 y proyectó la edificación de un complejo de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf.
Más detenciones
En 2006, el entonces consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, ordenó la paralización del proyecto, así como la elaboración de un informe que explicitara si las obras cumplían con todas las garantías de legalidad. Su antecesor en el cargo, Francisco Marqués, que fue delegado del Gobierno en Murcia en 2004 y consejero de Sanidad de la Región, también fue detenido en el marco de esta operación el pasado mes de marzo, acusado de delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.
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elplural.com
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Desde abril de 2007
En abril de ese año, el TSJ de Murcia imputó a cinco altos cargos del Ejecutivo murciano además de al entonces alcalde de Águilas, Juan Ramírez, a un ex edil del consistorio y a un ex funcionario, todos ellos del PP. La Fiscalía había abierto diligencias contra ellos a raíz de varias denuncias de Natruralistas del Sureste, Ecologistas en Acción y el PSOE por presuntos delitos contra el medio ambiente y de prevaricación relacionados con la construcción de viviendas en la finca La Zerrichera.
4.000 viviendas en terreno protegido
Esta finca se ubica en la Sierra de Almenara, en un terreno protegido medioambientalmente por la UE, que desde el año 2000 dio a la zona las categorías de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y de Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), por lo que no era un terreno urbanizable. Un edil del PP adquirió en 2003 a bajo precio la finca y la vendió pocos meses después al Grupo Hispania por 215 millones de euros. La constructora consiguió en la recalificación del suelo como urbanizable en 2004 y proyectó la edificación de un complejo de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf.
Más detenciones
En 2006, el entonces consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, ordenó la paralización del proyecto, así como la elaboración de un informe que explicitara si las obras cumplían con todas las garantías de legalidad. Su antecesor en el cargo, Francisco Marqués, que fue delegado del Gobierno en Murcia en 2004 y consejero de Sanidad de la Región, también fue detenido en el marco de esta operación el pasado mes de marzo, acusado de delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.
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