Carmen EcharriAlí y Aróstegui como Caballas comparecieron en la mañana de ayer para denunciar lo que ellos consideran que hay detrás de esta destitución.
Caballas se encargó ayer de poner la nota polémica en torno a todo lo relacionado con la destitución del ya ex consejero de Gobernación, José Antonio Rodríguez Gómez.
Y lo hizo vertiendo duras acusaciones que no se sustentan “en pruebas”, ya que la formación liderada por Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui asegura disponer sólo “de indicios” que apuntan a posibles irregularidades en la contratación de obras en las instalaciones de la Policía Local. Lo que sí tienen claro es que la versión dada por la Ciudad para cerrar esta ‘crisis’ no es “en nada” equiparable “a la realidad”.
“Están ocultando la verdadera razón” a la ciudadanía, espetó Mohamed Alí que ayer mismo se apresuraba a solicitar, de acuerdo al reglamento de la Asamblea, la constitución de una comisión de investigación “para que se determine los verdaderos motivos del cese del ya ex consejero de Gobernación y se aclare el estado de las obras acometidas en el cuartel de la Policía Local y su pertinente fiscalización”.
Alí fue más allá en la exposición de los hechos y llegó a encuadrar el cese de Rodríguez Gómez en un “posible” caso de “malversación” de fondos, al existir sospechas de la realización de obras con cargo a dinero público en “lugares relacionados con la esfera privada” del ya ex consejero. “El problema de fondo es que parece, y tendrá que aclarar el Gobierno si esto no es así, parece que se contratan unas obras para realizarlas en unas dependencias municipales y no se llevan a cabo, y nadie sabe donde se llevan a cabo.
Todo el mundo sospecha, todo el mundo rumorea que se ejecutan las obras en lugares distintos con la esfera privada del consejero”. Alí recordó que primero se llevó a cabo el traslado de Ángel Gómez de la Policía Local a Protección Civil, por lo que cuestionó si dicho movimiento estratégico pudiera tener relación con lo ahora denunciado; algo que, sentenció, debería aclararse. “Este Gobierno no ha depurado responsabilidades, corren una cortina de humo y engañan a la ciudadanía. No es un gobierno pulcro porque oculta la verdad”, criticó Alí, que instó al presidente de la Ciudad a explicar por la vía de urgencia si el dinero público se ha empleado en cuestiones ajenas a las reformas en la Policía Local por lo que debería devolverse a las arcas y a denunciar posibles malversaciones porque, de no hacerlo, “él es cómplice”. “Estamos hartos de triquiñuelas para confundir a la ciudadanía”, lo de Rodríguez Gómez ha sido “un cese forzado” ya que desde la Ciudad se le estuvo implorando durante toda la jornada para que dimitiera, sin éxito. Caballas pretende que solicitando una comisión de investigación vía pleno a través de la UDCE se pueda, al menos, aclarar lo sucedido ya que, entre otros trámites, cabría solicitar la aclaración de todas las obras realizadas en la Policía Local y Bomberos e incluso se exigiría la comparecencia del único contratista que figura como autor de todos los trabajos para que explique la labor que llevó a cabo. No tienen muchas esperanzas en la obtención de resultados, tras el nefasto precedente de la investigación solicitada por el llamado ‘caso Gordillo’.
El origen de la polémica: una carta
Caballas hizo público ayer el contenido íntegro de la carta firmada por UGT, CCOO y CSIF que ha dado lugar al cese de Rodríguez Gómez y que ayer, en parte, avanzaba este medio. En la misma los sindicatos hacen saber al consejero su “indignación” por la no realización de obras comprometidas que “al día de hoy deberían estar finalizadas y ni siquiera se han iniciado”. En la misiva exigen una auditoría y aluden a la sorpresa que les ha producido el saber que el ex consejero había asignado “directamente” a un contratista “obras en el cuartel de la Policía” por un valor “aproximado de 180.000 euros”. Los sindicatos piden copia de las facturas abonadas al contratista para comprobar si ese importe se corresponde con obras hechas. Los sindicatos le daban un plazo de diez días al consejero para atender sus peticiones de fiscalización reclamadas.
“Estas son guerras de poder en el Partido Popular”
Aróstegui acusó directamente al presidente de la Ciudad de “bendecir” los comportamientos ilícitos y “alentar la corrupción” al “no esclarecer” sino más bien “ocultar” las razones de la destitución de Rodríguez y recordó la manera en que se fundamentó la dimisión de Gordillo “porque estaba viejo y fatigado”. Dijo tener certeza de que desde el pasado mayo ya el presidente tenía constancia de informaciones que apuntaban a posibles irregularidades “en pagos y adjudicaciones” pero optó por hacer uso de “estrategias para que pasen desapercibidas”.
El origen de la polémica: una carta
Caballas hizo público ayer el contenido íntegro de la carta firmada por UGT, CCOO y CSIF que ha dado lugar al cese de Rodríguez Gómez y que ayer, en parte, avanzaba este medio. En la misma los sindicatos hacen saber al consejero su “indignación” por la no realización de obras comprometidas que “al día de hoy deberían estar finalizadas y ni siquiera se han iniciado”. En la misiva exigen una auditoría y aluden a la sorpresa que les ha producido el saber que el ex consejero había asignado “directamente” a un contratista “obras en el cuartel de la Policía” por un valor “aproximado de 180.000 euros”. Los sindicatos piden copia de las facturas abonadas al contratista para comprobar si ese importe se corresponde con obras hechas. Los sindicatos le daban un plazo de diez días al consejero para atender sus peticiones de fiscalización reclamadas.
“Estas son guerras de poder en el Partido Popular”
Aróstegui acusó directamente al presidente de la Ciudad de “bendecir” los comportamientos ilícitos y “alentar la corrupción” al “no esclarecer” sino más bien “ocultar” las razones de la destitución de Rodríguez y recordó la manera en que se fundamentó la dimisión de Gordillo “porque estaba viejo y fatigado”. Dijo tener certeza de que desde el pasado mayo ya el presidente tenía constancia de informaciones que apuntaban a posibles irregularidades “en pagos y adjudicaciones” pero optó por hacer uso de “estrategias para que pasen desapercibidas”.
Aróstegui indicó a los periodistas que el Ayuntamiento se ha convertido en una “olla podrida” en la que “se mete la cuchara y según quien la mete el resultado es uno u otro”. Acusó además a Vivas de ser el “perfecto líder” de la trilogía del “paro, el despilfarro y la corrupción” por lo que le exigió un cambio en su política.
“Estamos hartos de tanta sonrisa amable y palmadita en la espalda” mientras se permite que haya “sinvergüenzas que se forran a costa del ciudadano”. Aquí “se mete el dinero en la caja de distintas maneras” porque existen distintas “modalidades de corrupción”. Aróstegui lamento la inexistencia de pruebas para denunciar ante el juzgado y aludió incluso a la existencia de un trabajador a quien se le había dado “el finiquito” tras echarlo de una empresa “colocándolo en el Ayuntamiento”.
Caballas denunció que mediante procedimientos indecentes se han adjudicado obras sin pasar por mesa de contratación al ser no superiores a los 3.000 euros.
“Existen indicios razonables de muchos casos concretos. Basándonos en ese documento, el contratista recibe una sucesión de adjudicaciones, en torno a 2.900 euros, casualmente, que es el límite máximo que se puede hacer sin necesidad de concurso y de manera directa, y son una, y otra, y otra, y otra. Uno se pregunta ¿cómo es posible que se tengan que hacer tantas cosas de 2.900 euros y siempre se adjudique a la misma persona y en las mismas circunstancias? ¿Eso son pruebas?”, lamentó.
Tras esta historia de críticas, ni Aróstegui ni Alí quisieron pasar por alto la guerra que, a sus ojos, subyace detrás de esta destitución. Alí lo bautizó como el “naufragio de los gordillistas y el desembarco de los carreiristas” siendo un reflejo de las “guerras de poder del PP”. Mientras Aróstegui hablaba de los “diez negritos” ironizando sobre futuras caídas. Ambos, eso sí, se unieron en la crítica al nuevo viceconsejero de Gobernación, Manuel Coronado, del que cuestionaron su capacidad al frente de la subdirección de empleo con la cantidad de parados existente.
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