"CASO TURISME JOVE"; ABREN JUICIO ORAL CONTRA LOS TRECE ACUSADOS DE DESVIAR MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS

CORRUPCIÓN

Europa Press | Palma

Tras más de tres años en fase de instrucción, el juez ha abierto juicio oral contra el exgerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, el exdirector general de Juventud en la última legislatura de Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, y el exjefe de Servicios y Mantenimiento de la empresa pública, Juan Francisco Gosálbez, a quienes acusa de haber planificado y desarrollado entre 2003 y 2007 una trama por la que habrían desviado más de un millón de euros a través del consorcio y que provocó su quiebra técnica.

Sin embargo, no son los únicos que se sentarán en el banquillo puesto que junto a ellos también serán juzgados otros diez inculpados, tal y como consta en el auto de apertura de juicio oral dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit. En total, el Ministerio Público solicita 48 años y medio de prisión para los trece acusados, sobre quienes pesan presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.

Las penas más elevadas que reclama la Fiscalía, a cuyo escrito de acusación se ha adherido la Abogacía de la Comunidad Autónoma, son los 12 años de cárcel que reclama para Gálvez, 10 años y medio para Amengual y los cuatro y medio que pide para Gosálbez, quienes presuntamente llevaron a cabo las actuaciones necesarias para conseguir que parte de los fondos del consorcio fuese utilizada en beneficio privado.

"Un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos que se desarrolló utilizando distintas operativas" aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión, tal y como postulan los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau. Para ello, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública- con quienes presuntamente se concertaron a fin de admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.

Además, la acusación pública sostiene que los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.

Otros de los imputados a quienes acusa la Fiscalía son el empresario de Injerjes de Paguera y ex regidor de Calvià, Jesús García Oeo; el empresario Miguel Rigo; la compañera sentimental de éste último, María Auxiliadora Pérez; el constructor Marcos Pérez; los socios de Náutica Aventura, Antonio Dols y Bartolomé Gayà; el constructor Antonio Tugores; el publicista Manuel Carmelo; el rotulista Pau Pujante y el hotelero francés André José Villena, quien según las pesquisas facturó 120.000 euros al consorcio varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal) que nunca llegaron a realizarse.

También están personados en el caso, como acusación popular, el PP, que únicamente acusa a Gosálbez -para quien solicita cuatro años y medio de cárcel- y el Consorcio para la Presencia y Promoción del Alberguismo (REAJ), que pide cuatro años de prisión para Gosálbez, Amengual, Gálvez y María Auxiliadora Pérez. Las acusaciones reclaman además cuantiosas indemnizaciones para los inculpados en favor de Turisme Jove y el REAJ.

Cabe recordar que el caso se inició en agosto de 2008, después de que la Conselleria de Juventud y Deportes, que en la segunda legislatura de Matas estaba dirigida por la consellera Rosa Puig, detectase irregularidades en la gestión del Consorcio y pidiese a los Servicios Jurídicos del Govern que investigaran estas anomalías. Tras confirmarlas, el Ejecutivo autonómico puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

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DOS RECURSOS PARALIZAN LA FASE ACUSATORIA DEL "CASO TURISME JOVE"

Interpuestos por dos empresarios

Europa Press | Palma

Dos recursos de reforma interpuestos contra el auto que ponía fin a la instrucción del caso Turisme Jove han mantenido paralizada durante varios meses la fase acusatoria de la causa. Una vez resueltos, el expediente del caso le será entregado en breve al PP, personado como acusación popular', para que pueda formular su escrito de calificación sobre los hechos investigados en esta causa de presunta corrupción centrada en el presunto desvío de un millón de euros públicos, según han señalado fuentes jurídicas.

A pesar de que ambos recursos, presentados por los empresarios Pau Pujante y Matías Vidal contra el auto que decretaba el pase a procedimiento abreviado del procedimiento, no tenían efecto suspensivo y el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, podía dar traslado al PP para que formulase su escrito de acusación sin necesidad de resolver antes los recursos, el magistrado optó por decidir previamente sobre ellos, lo que ha ralentizado el proceso.

Ambas impugnaciones han sido desestimadas y en próximos días, una vez los 'populares' tengan en sus manos el expediente, presentarán su escrito de acusación tal y como ya hicieron la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

Más de un millón desviado y quiebra técnica
Cabe señalar que el Ministerio Público solicita un total de 48 años y medio de prisión para 13 de los imputados del caso Turisme Jove, a quienes acusa de haber planificado y desarrollado entre los años 2003 y 2007 una trama por la que habría desviado más de un millón de euros a través de esta empresa pública y que provocó que la entidad quedase en quiebra técnica.

En concreto, la acusación pública reclama 10 años y medio de cárcel para el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, 12 para el ex director general de Juventud en la última legislatura de Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, y cuatro y medio para el ex jefe de Servicios y Mantenimiento de la empresa, Juan Francisco Gosálbez, principales encausados de este procedimiento. La acusación ha decidido finalmente dirigirse contra 13 de los 21 encausados de este proceso judicial.

Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau les atribuyen delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude, y consideran que los tres anteriores acusados llevaron a cabo diversas actuaciones dirigidas a conseguir que parte de los fondos del consorcio fuese utilizada en beneficio privado. "Un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos que se desarrolló utilizando distintas operativas" aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión, tal y como postulan los fiscales.

Para ello, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública- con quienes presuntamente se concertaron a fin de admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.

Además, la acusación pública sostiene que los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.

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LA FISCALÍA DEL "CASO PALLEROLS" VE INDICIOS DE FINANCIACIÓN IRREGULAR EN UNIÓ DEMOCRÁTICA

TRIBUNALES | Penas que suman 55 años para seis imputados

* Reclama responsabilidad civil subsidiaria a UDC y le pide 197.000 euros
* Les acusa de otorgar subvenciones para cursos falsos a un empresario
* Éste habría desviado el 10% de ese dinero parara sufragar gastos del partido
* Acusa a Lluis Gavaldà, director de Ocupación, de participación 'determinante'

Germán González | Barcelona

La petición fiscal del 'caso Pallerols' considera que existen indicios de financiación irregular en Unió Democràtica de Catalunya (UDC) entre los años 1994 y 1999. El fiscal, además, pide penas de prisión de entre 7 y 12 años para los seis imputados en el caso, cinco de ellos militantes de UDC, y reclama la responsabilidad civil subsidiaria del partido, al que le reclama 197.000 euros por compra de material de oficina y pago de nóminas.

La trama, que se desarrolló en los años 90, consistiría en que la Conselleria de Treball, dirigida entonces por el miembro de UDC Ignasi Farreras, había otorgado subvenciones por un valor aproximado de 8.856.510 euros a tres empresas de Fidel Pallerols y su esposa, María de la Cruz Guerrero, para la realización de cursos ocupacionales y de reciclaje cofinanciados por el Fondo Social Europeo que, en muchos casos, nunca se llegaban a realizar. El empresario, según la petición del fiscal, otorgaba el 10% de esas subvenciones "para sufragar gastos del propio partido". En concreto, en forma de salarios y para la compra de material de oficina.

Así, además del empresario y su esposa, están imputados Vicenç Gavaldà, entonces secretario general de UDC; Santiago Vallvé, militante del partido; Luís Gavaldà, quien era entonces director general de Ocupación; y Dolors Llorens, subdirectora de dicho departamento. Según la fiscal, la participación de estos dos últimos era "determinante" a la hora de establecer las subvenciones. Además, acusa a Santiago Vallve, condenado por el caso Turisme.

Establece una relación "personal de estrecha confianza" -compartían vacaciones, veladas familiares...- entre el empresario que recibía las subvenciones, Fidel Pallerols, y el director del servicio de Ocupación, Lluís Gavaldà.

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EN LIBERTAD CON CARGOS EL EMPRESARIO QUE COBRÓ SIN PRESTAR SERVICIO ALGUNO

TURISME JOVE | 120.000 euros

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, ha decretado libertad con cargos para el empresario hotelero francés André Villena, imputado dentro del caso Turisme Jove y quien presuntamente cobró 120.000 euros del consorcio público por varias estancias de jóvenes baleares en establecimientos franceses y portugueses que nunca llegaron a realizarse.

Villena ha prestado declaración ante el magistrado que instruye la causa, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y los abogados personados en el procedimiento, y durante la comparecencia, el representante del Ministerio público solicitó prisión sin fianza para el imputado así como el embargo de sus bienes para cubrir una responsabilidad pecuniaria de 120.000 euros.

No obstante, el juez finalmente ha decretado libertad para el inculpado, defendido por el abogado Fernando Mateas, quien a la salida de los juzgados de Vía Alemania ha explicado que Florit ha justificado que "no procedía" imponer la privación de libertad. Sí que ha fijado una fianza de responsabilidad civil para Villena.

En esta pieza separada del caso Turisme Jove, declarada bajo secreto de sumario, la Fiscalía investiga así cuál ha sido el destino de los 120.000 euros que presuntamente cobró Villena y qué alto cargo del Govern dio la orden para transferir esta cantidad a la empresa del hotelero, dedicada a actividades de tiempo libre, por estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal) que no se efectuaron y que fueron justificados con facturas falsas.

Cabe señalar que antes de Villena también declararon esta mañana el ex jefe de Servicios y Mantenimiento de Turisme Jove, Juan Francisco Gosálbez, asistido por el letrado Octavio Couto y uno de los principales encausados del caso, y Manuel Carmelo Sáez, proveedor de trabajos de publicidad del consorcio y quien presuntamente abonó comisiones del 20 por ciento del importe de las facturas que emitió a la empresa pública, a fin de que Gosálbez no prescindiera de sus servicios

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IMPLICAN A LA EX VICEPRESIDENTA DE BALEARES EN UN CASO DE CORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN | Declaración ante el juez de un imputado

El principal acusado dice que transfirió dinero por 'orden de la Vice'
El juez investiga una presunta trama de malversación de fondos
La entonces vicepresidenta, Rosa Estaràs, es ahora eurodiputada en Bruselas

Efe | Palma

El ex jefe del servicio de mantenimiento del Consorcio Turismo Joven, Juan Francisco Gosálbez, ha declarado este jueves que su superior, el ex director general de Juventud Juan Francisco Gálvez, le ordenó que transfiriera 120.000 € a un banco francés por indicación de la entonces vicepresidenta del Govern y ahora presidenta del PP balear, Rosa Estaràs.

Gosálbez ha declarado ante el juez como principal imputado en la presunta trama de malversación de fondos públicos en dicho organismo durante la pasada legislatura, y ha explicado que dicha cuantía era para satisfacer el importe de una reclamación judicial que había realizado un ex concejal del PP, Jesús García, contra el Govern, han informado fuentes próximas al caso. Según el relato de Gosálvez ante el juez, García, que dirigía el albergue y campamento de La Victoria, había interpuesto una demanda contra el Govern en la legislatura que presidía Jaume Matas y en la que reclamaba dicha cantidad.

Gosálbez ha detallado que recibió la orden de Gálvez de transferir 120.000 euros a un hotelero francés, André Villena, por "petición de la Vice", en relación a la entonces vicepresidenta del Govern y hoy eurodiputada y presidenta del PP balear Rosa Estaràs. La cuantía habría sido transferida por importe de más de 60 estancias hoteleras en Francia y Portugal, que nadie realizó, según Gosálbez. La Fiscalía Anticorrupción investiga si dicho pago se realizó a través de Villena como testaferro. El propio Villena ha declarado hoy también ante el juez y ha negado la versión dada por Gosálbez.

El hotelero ha asegurado que recibió el pago y que se quedó el dinero, y también ha manifestado que le "extrañó" que nadie ocupara las plazas de hotel. Ha dicho no guardar factura del pago ni recordar quien realizó las reservas, y ha justificado el olvido en el hecho de que han transcurrido tres años desde que se produjeron los hechos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez el ingreso en prisión de Villena. El juez ha denegado la petición pero ha fijado una fianza de 130.000 euros para el hotelero francés, y le ha dado 24 horas para hacerla efectiva.

Además

* Estaràs niega las acusaciones y anuncia que se querellará
* En libertad el empresario que cobró sin prestar servicio

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