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miércoles, 24 de octubre de 2012

"CASO BRUGAL"; SONIA CASTEDO ADMITE QUE DIO PLANOS EN UN SOBRE AL CONSTRUCTOR ENRIQUE ORTIZ

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, en la entrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. / carles francesc
La alcaldesa de Alicante seguirá declarando hoy ante el TSJ como imputada en el 'caso Brugal'

Federico Simón / Santiago Navarro Valencia / Alicante

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Caso Brugal
Sonia Castedo
Corrupción política



La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pugna estos días en la sede en Valencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por darle la vuelta al sentido literal de contundentes frases telefónicas intervenidas por orden judicial en las que se evidencia un presunto trato de favor al mayor constructor de la ciudad, Enrique Ortiz, que a su vez es el mayor propietario de suelo del municipio. Después de declarar toda la jornada del viernes negando todas las acusaciones, en la sesión de ayer, la regidora reconoció que proporcionó al constructor un sobre con planos sobre un plan logístico auspiciado por la Generalitat, aunque negó que se tratara de datos referidos al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

“Es que nadie ha podido demostrar que el señor Ortiz esté barajando planos del Plan General”, aseguró ayer, a la salida del Palacio de Justicia, la regidora imputada en el caso Brugal por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho por proporcionar presuntamente información del PGOU al empresario. Ortiz presumía ante un colaborador en otras grabaciones, también escuchadas ayer, de su influencia en el Ayuntamiento: “Mírate ahora con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran, todos, incluso los de Cerámica, La Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten de verde, de azul... de lo que tú me digas para que nos den aprovechamiento en otro lado”.

No obstante, a esa justificación, a que proporcionó planos pero de ninguna manera información del PGOU, se agarra ahora la regidora. Pero Castedo insiste en negar que Ortiz tuviera acceso a los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.

En la sesión de ayer ante el magistrado Juan Climent, que instruye la causa después de que el TSJ asumiera el caso por la condición de aforados de Castedo y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos diputados de las Cortes Valencianas, la regidora declaró durante toda la mañana. Cuatro horas y media que se suman a las casi nueve que duró el interrogatorio el pasado viernes en la primera comparecencia de la imputada. Y eso que hasta ahora solo ha respondido a preguntas de la fiscalía.

Cabe recordar que Castedo se mostró en septiembre pasado impaciente por comparecer ante el TSJ: “Espero y deseo que llegue la imputación, porque eso significa que me puedo sentar delante de un juez acompañada de un abogado para poder defenderme”, y aseguró que tardaba apenas “10 minutos” en demostrar su inocencia. Pero parece claro que la regidora necesitará mucho más que 10 minutos para convencer a los tribunales de sus argumentos.

Según la letrada de la acusación popular que ejerce EU, las declaraciones de ayer de la regidora se produjeron a raíz de una pregunta del fiscal Anticorrupción sobre una de las escuchas del sumario, que recoge una conversación entre Castedo y Ortiz. La grabación fue realizada el día 3 del julio de 2008 (dos meses antes de asumir la alcaldía) en la que la entonces concejal de Urbanismo mantiene una conversación con Ortiz. La conversación interceptada por la policía transcurrió así:

Ortiz: Eres la tía más lista que he conocido en la vida.

Castedo. ¿Por qué?

O: Me has dado un tebeo del Coyote.

C: No sé lo que va dentro. ¿Qué va dentro?

O: Eres la hostia, eres la tía más grande que he conocido en la vida

C: ¿Por qué, qué va dentro?

O: Es el mismo que antes de la modificación

C: No puede ser, si es el último

O: Eres un crack.

C: Es el mismo que tengo yo.

O: Pues si es el mismo es porque no ha variado. Ha tenido que variar porque había un montón de suelo de la Generalitat…

Castedo, según las mencionadas fuentes jurídicas, reconoció que dio planos a Ortiz en un sobre cerrado y aclaró al juez que el promotor había ido días antes a la Gerencia de Urbanismo a interesarse por proyecto del Plan Logístico de la Generalitat porque le afectaba a sus terrenos en el Plan Rabassa, pero que le dijeron que no los tenían aún disponibles y que pasara más tarde. La alcaldesa admitió que Ortiz le pidió que le recogiera el sobre y se lo entregara y que así lo hizo, “pero no eran planos del PGOU”, recalcó Castedo, aunque al mismo tiempo aseguró que desconocía lo que había dentro del sobre. Pese a que no fuera información del PGOU sorprende el trato de favor y la familiaridad que otorgaba la concejal de Urbanismo al constructor.

El grueso del interrogatorio del fiscal a la alcaldesa pivotó ayer en torno a la supuesta recalificación del estadio de fútbol Rico Pérez, propiedad del promotor. La alcaldesa aclaró que ninguna de las operaciones planteadas cuajó posteriormente y que el terreno sigue teniendo la misma calificación que en el PGOU vigente, que data de 1987, es decir suelo dotacional.

No obstante, según la letrada de EU, Castedo no aclaró dos cuestiones. La primera es por qué el Ayuntamiento no ha devuelto a Ortiz el aval de 4,2 millones para la reforma del estadio si las obras ya están realizadas como mantiene Ortiz y la propia alcaldesa. Castedo respondió que lo ignoraba y que era una cuestión del departamento de Patrimonio o Hacienda. En el convenio de recompra del estadio por Ortiz al Ayuntamiento por 7,2 millones el empresario se comprometió a invertir 4,2 en un arreglo previo del campo antes de la llegada del nuevo estadio.

El proyecto para construir un nuevo Rico Pérez, a la postre frustrado, también centró parte del interrogatorio. Una de las alternativas que planteó Castedo era financiar la instalación con las plusvalías del suelo urbano de Torres de la Huertas, donde Ortiz es el propietario hegemónico. El juez Climent le advirtió de que esas plusvalías eran en todo caso privadas y preguntó a la regidora cómo iba a controlarlas desde el Ayuntamiento. Castedo respondió que presumiblemente mediante un convenio.

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lunes, 8 de octubre de 2012

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; ALPERI RECURRE SU IMPUTACIÓN EN EL "CASO BRUGAL" POR INDEFENSIÓN

Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante, en su escaño de las Cortes Valencianas. / CARLES FRANCESC

El exalcalde de Alicante y diputado autonómico asegura desconocer los delitos que le atribuyen

EFE Valencia


Luis Díaz Alperi, diputado autonómico del PP y exalcalde de Alicante, ha recurrido su citación para declarar como imputado en el caso Brugal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), con el argumento de que sufre indefensión al desconocer los supuestos delitos que se le atribuyen.

El pasado día 1 se supo que tanto Díaz Alperi como su sucesora en la alcaldía y también diputada popular en las Cortes Valencianas, Sonia Castedo, han sido citados ante el TSJCV para el próximo 19.

Con dos horas de intervalo, han sido convocados para declarar como imputados por tres delitos, respectivamente, en torno a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz.

Según el TSJCV, el pasado día 3 la representación legal de Díaz Alperi formalizó un recurso de reforma para anular la providencia por la que se le citaba, y que había sido dictada por el magistrado instructor del caso, Juan Climent, quien ahora deberá contestar por escrito antes del 19.

La citación de Díaz Alperi y Castedo por parte del TSJCV se produce después de más de un año de instrucción de esta pieza separada del caso Brugal por parte del juzgado de instrucción número 5 de Alicante.

El titular de éste último, Manrique Tejada, elevó el caso al alto tribunal debido a la condición de aforados tanto del exalcalde como de su sucesora, y en su escrito pedía la imputación de ambos, lo que ha atendido el magistrado Climent al apreciar posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada facilitada por autoridad.

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lunes, 1 de octubre de 2012

"CASO BRUGAL": EL TSJ IMPUTA A LOS DOS ALCALDES DEL PP DE ALICANTE POR COHECHO

Sonia Castedo recibe la felicitación de su predecesor, Luis Díaz Alperi, tras tomar posesión como alcaldesa de Alicante. / pepe olivares


Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi están acusados de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información

Santiago Navarro / Rosa Biot Alicante

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados de un amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. El magistrado Juan Climent, que instruye esta causa (una de las tres piezas claves del sumario de caso Brugal) ha citado a ambos altos cargos del PP para interrogarles el próximo día 19.

El instructor inicial de esta causa, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, observó indicios de delito en la conducta de Castedo y Alperi en el trámite de PGOU y remitió el pasado mes de julio el sumario al TSJ dada al condición aforados de Castedo y Alperi. Ambos son diputados autonómicos.

Climent, en una providencia firmada hoy,  ha asumido los argumentos del juez instructor de esta causa, ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante y lo ha citado a declarar.

La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor, mantiene que Castedo y Alperi redactaron el planeamiento siguiendo los "deseos" de Ortiz y a cambio de dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche Mini.

En este sumario, además de Castedo y Alperi, hay un total de 16 imputados. Los más destacados son el promotor Ortiz, el redactor del PGOU, el arqutictecto Jesús Quesada, y el abogado José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa.

Castedo ha optado de momento por no hacer declaraciones tras conocer la citación

El TSJCV investiga la rama del "caso Brugal" sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, después de que la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal se declarara competente el pasado mes de septiembre para asumir esta causa, pues Castedo y Díaz Alperi tiene la condición de aforados por su condición de diputados autonómicos.

En esta pieza separada del caso Brugal, el juzgado de instrucción alicantino observó, antes de remitir la causa al TSJCV, supuestos amaños en el citado PGOU a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, uno de los imputados.

Según refleja la providencia del magistrado instructor, Juan Climent, se atiende el escrito elevado por la representación de Castedo en el que se solicitaba que ésta fuera llamada a declarar con carácter de urgenca.

Contra la presente resolución de citación cabe interponer recurso de reforma, según recuerda el magistrado, que ha citado a la alcaldesa de Alicante a las 10,00 horas del próximo 19 de octubre, y a Díaz Alperi, dos horas más tarde.

El instructor observó indicios de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

En función de los indicios, Tejada entendía que el supuesto cohecho podría haberse producido como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Díaz Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".

"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añadió en su razonamiento el juez alicantino.

Castedo aseguró el pasado 5 de julio que demostrará que "las imputaciones son falsas" y lamentó su condena mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un juez y "dar la cara".

"Ya he sido condenada -en referencia a su continua presencia en los medios de comunicación por estos hechos- y no hay mayor condena que la indefensión", afirmó Castedo.

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miércoles, 12 de septiembre de 2012

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; EL TSJ ASUME LA RAMA DEL PGOU DE BRUGAL E INVESTIGARÁ A CASTEDO, ALPERI Y ORTIZ

TRIBUNALES | Irregularidades en el PGOU de Alicante

Efe | Valencia
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) investigará la rama del 'caso Brugal' sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en las que podrían haber participado la alcaldesa de esta ciudad, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi.

Así lo indica un auto hecho público este martes por la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal, que se declara competente para asumir la causa remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular solicitó la imputación de ambos dirigentes políticos, aforados por su condición de diputados autonómicos.

El instructor de la causa será el magistrado Juan Climent, que ya se encargó de presidir el juicio de la denominada 'causa de los trajes' del caso Gürtel y que ahora continuará la investigación de un sumario que incluye posibles delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

En esta pieza separada del 'caso Brugal', el Juzgado de Instrucción alicantino observó supuestos amaños en el citado PGOU a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, uno de los imputados.

Su titular, el juez Manrique Tejada, abrió diligencias previas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del plan, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo; varios empresarios y dos ex directores generales adjuntos de Bancaja.

El instructor observó indicios de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

Aunque Tejada entiende que la fase de la instrucción no permite concretar el tipo de cohecho, apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Díaz Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".

"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor.

El Ministerio Fiscal, Esquerra Unida y el PSPV-PSOE, partidos personados en la causa, han solicitaron al TSJ valenciano que asuma esta pieza separada del Brugal, algo que rechazaron los letrados de Castedo, Díaz Alperi y Enrique Ortiz, a quien el instructor imputa los citados delitos.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez apuntaba "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi.

El Estatuto de Autonomía valenciano establece que los diputados de las Cortes Valencianes, así como el presidente de la Generalitat y los miembros del Consell, solo pueden ser enjuiciados por la Sala de lo Civil y Penal.

Además

miércoles, 30 de noviembre de 2011

EL TSJM DEVUELVE EL "CASO GÜRTEL" A LA AUDIENCIA NACIONAL

Correa, a su llegada acompañado por la Guardia Civil al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para declarar. EFE
Correa y Crespo se niegan a declarar ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

EFE Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha notificado este miércoles un decreto por el que devuelve formalmente el caso Gürtel a la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso del exsenador del PP Luis Bárcenas contra la inhibición en favor de ese órgano judicial.

En el decreto, que lleva la firma de la secretaria judicial de la sala civil y penal del TSJM y al que ha tenido acceso Efe, se declara firme el auto dictado por este tribunal el pasado 8 de junio por el que se acordaba la inhibición al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Pablo Ruz, "por pérdida sobrevenida de competencia".

Además, se acuerda "suspender la causa en el estado en que se encuentra y remitir la misma" al Juzgado de Ruz "previa elaboración de los listados oportunos de tomos, escritos y demás carpetas, folios, etc., de los que consta la misma".

La pérdida de competencia del TSJM, donde el magistrado Antonio Pedreira ha instruido el caso desde finales de marzo de 2009, se debe a que, tras las elecciones autonómicas y locales celebradas el pasado 22 de mayo, los exdiputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en la causa, perdieron su condición de aforados.

Pedreira acordó entonces devolver el caso a la Audiencia Nacional, donde el juez Baltasar Garzón había comenzado a instruirlo, y su decisión fue confirmada por la sala civil y penal del TSJM, pero Bárcenas se opuso a la misma y recurrió al Tribunal Supremo. El pasado lunes, el alto tribunal rechazó el recurso del exsenador del PP.

Correa y Crespo se niegan a declarar
Por otro lado, Francisco Correa y Pablo Crespo se han negado a declarar ante el magistrado que instruye la Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el posible cobro de comisiones ilegales por una obra en León.

Ambos se han limitado a explicar a puerta cerrada ante el magistrado, una representante de la Fiscalía Anticorrupción y varios letrados de los imputados la razón de su negativa, amparada por el derecho a no declarar, al estar citados en calidad de imputados.


público.es

martes, 29 de noviembre de 2011

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO A CASTEDO Y ALPERI POR EL AMAÑO DEL PGOU

La alcaldesa y el exalcalde de Alicante habrían favorecido a Ortiz

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

La presión política sobre la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, ambos del PP, crece en paralelo al avance de la instrucción de la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a favor del promotor Enrique Ortiz.

Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5, acaba de finalizar los interrogatorios, en calidad de imputados, a los 21 acusados por el fiscal Anticorrupción. Dos de los imputados que ya han declarado, un empresario y un alto cargo de Bancaja, han confirmado ante el magistrado que Ortiz les aseguró que tenía datos secretos sobre el curso de la redacción del PGOU.

En la lista del fiscal estaban incluidos Castedo y Alperi por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Ambos son aforados por su condición de diputados autonómicos y su imputación es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Fuentes del caso señalan que, de hallar indicios de delito en la regidora y el exalcalde, el magistrado enviará el sumario al alto tribunal la próxima primavera.

Tejada, en un auto firmado el pasado mes de octubre, ya advirtió de que observaba indicios de delito en los hechos investigados y resaltó la "ingerencia" de cargos públicos en la elaboración del planeamiento en favor del interés privado. En esa resolución, el juez validó las escuchas telefónicas que dieron pie a la investigación. Las defensas han apelado el auto a la Audiencia de Alicante.La policía y el fiscal Anticorrupción mantienen, sobre la base de las escuchas telefónicas, que Ortiz tuvo información privilegiada del PGOU de Alicante mediante datos secretos facilitados por Castedo y Alperi. Y además apuntan al exregidor como el cabecilla que tejió la trama. En este segundo apartado, la investigación cree que el exregidor se valió del despacho Salvetti Abogados como puente para facilitar los datos secretos del Plan General al promotor. Ese despacho se constituyó a finales de 2008, en la recta final del trámite del PGOU, y es propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Ambos están imputados en el sumario.

La instrucción de este sumario continuará las próximas semanas con la toma de declaración a los testigos y otras pruebas periciales.

En el apartado testifical, las acusaciones pedirán, entre otros, el interrogatorio a Otto Luis

Díaz González, hijo del exalcalde. De la lista de supuestas dádivas de Ortiz a Alperi a cambio del trato de favor en el PGOU, el fiscal destaca la aportación del promotor en nombre del hijo de Alperi de la cuota (30.000 euros) para la constitución de la empresa de publicidad Verass Operadores Publicitarios, S. L.

En una conversación, incluida en las escuchas, entre el hijo del excalde y Ortiz, el primero le pregunta al segundo si le va a poner el dinero como le había asegurado su padre.

El diálogo entre Otto Luis Díaz González y Enrique Ortiz transcurre así.

Otto Díaz. ¿Y decírtelo por teléfono?

Enrique Ortiz. Sí. Dímelo venga.

O. D. Vamos a ver, el tema, que, a ver, que esta semana se va a firmar el ese, se va a firmar la constitución de la sociedad, vale.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, vamos a ver, hay que poner 30.000 euros por socio.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, esos 30.000 euros que yo en teoría tengo que poner, ¿esos lo pones tú?

E. O. (Se ríe), hombre.

O. D. No, vamos a ver, eso me dijo mi padre, yo no sé.

E. O. Sí, sí. No te preocupes.

O. D. No coño, joder, yo esto papá, ¿esto cómo va?, y me dice, eso, de eso se encarga Enrique. Pues vale, ya se lo diré, yo qué sé.

E. O. Venga vale. No te preocupes.

O. D. Vale.

Junto al hijo de Alperi, las acusaciones también estudian interrogar como testigos a los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo degradados al inicio de los trabajos de la redacción de PGOU. Estas partes no descartan incluso llamar al arquitecto Lluís Cantallops, que inicialmente asumió la redacción del PGOU, hasta que lo despidió Alperi, en favor de Jesús Quesada, también imputado en la causa.

De la prueba pericial destaca un informe de la Agencia Tributaria sobre Salvetti Abogados y otras tres firmas vinculadas al bufete según el cual esas empresas podrían haber generado un negocio de al menos 2,5 millones entre 2007 y 2010. Salvetti Abogado mantiene que el negocio que le reportó el trámite de 19 alegaciones al PGOU rondó los 20.000 euros.
 
El sumario del PGOU en datos
- Imputados. El juez ya ha imputado formalmente a los acusados por el fiscal, salvo a la alcaldesa y el exalcalde de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, del PP. Los imputados más destacados son Enrique Ortiz y los abogados José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista.

- Acusados. La regidora Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi están acusados por el fiscal y sólo pueden ser imputados por el Tribunal Superior de Justicia.

- Testigos. Las acusaciones estudian llamar como testigo al hijo del exalcalde por un supuesto regalo que recibió de Ortiz.

- Agencia Tributaria. Un informe de Hacienda recoge que el despacho del hermano de la alcaldesa y tres firmas vinculadas facturaron entre 2007 y 2010 al menos 2,5 millones de euros.

elpaís.com

martes, 1 de noviembre de 2011

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADAS A OTRAS SIETE PERSONAS

La fiscalía considera que se aprovecharon supuestamente de información privilegiada del plan general urbano de Alicante durante su tramitación

EFE / EL PAÍS - Alicante

El juez instructor de la pieza del caso Brugal que se centra en las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha citado a declarar como imputadas a otras siete personas que, a juicio del fiscal, son supuestamente responsables de delitos de aprovechamiento de información privilegiada y/o de participación en cohecho.

A través de un auto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, recuerda un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se hace constar una serie de delitos investigados en relación al PGOU y personas "supuestamente responsables" de los mismos. Entre estas, al margen de otras que ya han declarado, figuran siete personas, dos de ellas por supuestos delitos de participación en cohecho y aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y las restantes solo por este último delito.

Las dos primeras son el empresario Aurelio González (administrador mancomunado de Enrique Ortiz en algunas empresas) y el consejero de una mercantil de este último, Vicente Pérez, de quien el sumario Brugal recoge varias conversaciones telefónicas con Ortiz. Las otras cinco son José Gregorio Bernabé, relacionado con la empresa Aligestión y empleado de Ortiz; el promotor Ramón Salvador, los empresarios Juan José Climent y José Francisco Javier León, y el exdirector general adjunto de Bancaja Juan Zurita. Los citados aparecen en las conversaciones recogidas por la Policía e incorporadas al caso.

El juez ha acordado la citación de José Gregorio Bernabé, Aurelio González y Ramón Salvador para el próximo 14 de noviembre, y el resto declarará siete días después.

La del planeamiento urbanístico de Alicante es una de la veintena de piezas separadas surgidas a raíz de la investigación inicial, que se centró en las supuestas irregularidades en la concesión del servicio de basuras de Orihuela y a partir de la que también después se descubrieron supuestas ilegalidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.

El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación Brugal del PGOU por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque esta siempre ha negado las acusaciones de trato de favor. El escrito de la acusación pública apunta a que Castedo facilitó "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo PGOU, producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes". Se refiere a "apaños" en las zonas urbanísticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y el estadio "Rico Pérez", y también a que la alcaldesa recibió "dádivas" del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra, un viaje en yate a Ibiza, la compra de un coche Mini Cooper y la aceptación de empleo a personas de confianza de Castedo.

En esta causa, el fiscal también considera implicado a su antecesor en el cargo al frente del consistorio alicantino, Luis Díaz Alperi, por supuestamente haber dado trato de favor a Ortiz. No obstante por su condición de diputados autonómicos en las Cortes Valencianas, Castedo y Díaz Alperi, ambos del PP, están aforados y, en principio, sólo podrían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia.

Ya han declarado en este juzgado como imputados Ortiz -a quien los investigadores consideran el principal beneficiado-; su esposa, María Manuela Carratalá; el arquitecto Jesús Quesada, el empresario Bernardo Campos, los exdirectivos de Caja Mediterráneo y Bancaixa Daniel Gil y José Cortina, respectivamente, y los abogados José Luis Castedo -hermano de la alcaldesa-, Jorge Yacobi y Javier Gutiérrez.
  

lunes, 31 de octubre de 2011

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL TSXG SE INHIBE POR "FALTA DE COMPETENCIA"

Fernado Blanco (izq.) y Pablo Cobián (dcha.), ex parlamentarios dimitidos. | EL MUNDO
Por la pérdida de la condición de aforados de Cobián y Blanco

* La causa de los dos ex parlamentarios regresará al Juzgado nº3 de Lugo
* El levantamiento del secreto de sumario está previsto para el 12 de noviembre

Europa Press | Santiago de Compostela

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado inhibirse en la 'Operación Campeón' y devolver al Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo la causa relativa a los ex parlamentarios Fernando Blanco, del BNG, y Pablo Cobián, del PP.

Según han informado fuentes judiciales, la Sala de lo Civil y Penal "ha declarado falta de competencia" por la "pérdida de condición de aforados" de Fernando Blanco y Pablo Cobián, quienes renunciaron a sus actas en el parlamento tras conocerse su imputación en esta causa.

Las mismas fuentes judiciales han precisado que, en concreto, la decisión de inhibirse en la causa vinculada con Fernando Blanco fue adoptada el pasado 24 de octubre y notificada a las partes.

Por su parte, este lunes se ha adoptado la decisión relativa al auto del ex parlamentario Pablo Cobián, que será notificada a las partes en próximos días.

De este modo, la causa relativa a los dos ex parlamentarios regresará al Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, que dirige Estela San José, quien coordina la 'Operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones.

En el marco de esta operación habían sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario lucense Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.

La juez instructora ha ampliado el secreto de sumario de la 'Operación Campeón' hasta mediados de noviembre, cuando la magistrada decidirá si se levanta esta medida o la prorroga nuevamente en vista de la evolución de las investigaciones.


elmundo.es

martes, 20 de septiembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; PEDREIRA PIDE AL SUPREMO QUE DICTE QUIÉN DEBE INVESTIGAR LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

Supuesto delito electoral

* El TSJCV rechazó ser competente para investigar las supuestas irregularidades
* Rechazó investigar al ex director de RTVV por presunta prevaricación y cohecho

Efe | Madrid

El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha elevado al Tribunal Supremo una cuestión de competencia negativa para que decida quién debe asumir la investigación de un supuesto delito electoral en Valencia en 2008 y la visita del Papa en 2006.

El juez ha adoptado esta decisión en un auto fechado este martes, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana rechazara ser competente para investigar las supuestas irregularidades cometidas en la contratación de la empresa Orange Market por parte del PP valenciano durante la campaña electoral para los comicios generales de 2008.

Asimismo, el TSJCV rechazó investigar al exdirector de Radiotelevisión Valenciana Pedro García por prevaricación y cohecho en los contratos relacionados con la visita del papa a Valencia en 2006, argumentando que al no tratarse de un aforado, no tenía competencia para investigarle.

Pedreira, por su parte, entiende que la investigación de estos hechos sí corresponde al tribunal valenciano y que así debe estimarlo el Tribunal Supremo.

Por ello, el juez del TSJM, a instancias de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ha elevado al TS la cuestión de competencia para que sea el alto tribunal el que decida quién debe investigar estos hechos, que a su juicio guardan una íntima conexión con otros supuestos delitos que sí ha asumido investigar el TSJ valenciano.

Pedreira argumenta que los hechos señalados, supuestamente ocurridos en la Comunitat Valenciana y cuya investigación "jamás podría atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid" por razón de "fuero territorial", aparecen parcialmente atribuidos a personas que a fecha de hoy son aforados ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.

El magistrado instructor del TSJM "jamás podría tomar declaración como imputados a aforados de otra Comunidad Autónoma, ni practicar actuaciones a sus espaldas", subraya Pedreira, que concluye en su auto que la inhibición ante el tribunal de Valencia "aparece necesaria y consecuente".

domingo, 3 de julio de 2011

·CASO BRUGAL"; ENRIQUE ORTIZ DECLARA ESTE LUNES COMO IMPUTADO EN LA RAMA DEL URBANISMO ALICANTINO

* Al constructor se le considera receptor de información privilegiada del PGOU
* El juez ha tenido en cuenta su relación con la alcaldesa Castedo y Alperi
* El martes declarará la mujer de Ortiz, 'intermediaria' en las dádivas a cargos


Efe | Alicante

El constructor Enrique Ortiz declarará este lunes como imputado ante el juez de Alicante que investiga las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, una de las piezas separadas del caso 'Brugal'.

Para la fiscalía Anticorrupción, Ortiz es el epicentro de esta causa ya que se le considera el receptor de información privilegiada del PGOU alicantino por su relación con la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, quienes habrían actuado "a la medida" de sus necesidades.

Ortiz será el segundo imputado en declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 5, Manrique Tejada, después de que el pasado viernes abriera la ronda de comparecencias el arquitecto redactor del PGOU, Jesús Quesada.

Un día después, el martes, también será interrogada la esposa del constructor, María Manuela Carratalá 'Maleles', a quien Anticorrupción atribuye funciones de "intermediaria" en las dádivas que su marido habría dado a numerosos cargos públicos de la ciudad.

Además de estos tres, el juez también ha citado para declarar el 20 de julio al director general adjunto y director de sociedades participadas de Bancaja en 2008, José Cortina; al director general de Inversiones Inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM) en ese año, Daniel Gil (día 21); al empresario y amigo del exalcalde Díaz Alperi Bernardo Campos (27) y al abogado Jorge Yacobi (28).

A partir de las conclusiones de Anticorrupción, la alcaldesa Castedo y Díaz Alperi han podido cometer varios delitos por facilitar información privilegiada a Ortiz, aunque sólo podrían declarar en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por su condición de aforados al haber sido elegidos diputados autonómicos en las Cortes Valencianas.

miércoles, 8 de junio de 2011

"CASO BRUGAL"; SONIA CASTEDO Y EL "MINI" QUE LE REGALÓ ORTIZ

Imagen de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en una restaurante. | Efe
Según el sumario desvelado en el caso Brugal

Alicante

Sonia Castedo está siendo la protagonista de la vida política valenciana y no precisamente porque el próximo sábado tenga que tomar posesión como nueva alcaldesa de Alicante, en su segundo mandato.

El nombre de Castedo ha aparecido en las últimas conversaciones desveladas por el 'caso Brugal' unido a viajes en jets privados concertados por el empresario Ortíz, favores urbanísticos al empresario Enrique Ortiz, a través del bufete de su hermano que asesoró directamente en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cuando era concejala de Urbanismo, o de regalos y fiestas vinculadas a Ortiz.

Pero sobre todo, aparece unido siempre a valedor y antecesor en el cargo, el ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, que parece llevar la voz cantante en muchas de las conversaciones sobre estos acuerdos, incluso cuando ya ha abandonado el cargo en el Consistorio.

    Urbanismo
    Según el contenido del sumario del caso Brugal, Anticorrupción considera que Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron "a la medida" del constructor Ortiz (máximo accionista del Hércules CF) "aspectos relevantes" de la redacción del PGOU y, además, que recibieron "dádivas" o "pagos".

    La fiscalía apunta que la alcaldesa recibió varios viajes y un turismo de la marca Mini Cooper, así como la contratación de personal en sociedades de la órbita de Ortiz.

    La generosa regidora acabó regalándole después ese coche a su niñera, aunque 'no cedió' las vacaciones familiares que pasó en Andorra o de los viajes en el lujoso yate del empresario a Ibiza.

    La alcaldesa ha aportado una factura en la que se dice que su niñera acabó pagándole el coche a Ortiz, pero las conversaciones grabadas muestran a la mujer del empresario advirtiéndole de los peligros de este regalo.

    En cuanto a Díaz Alperi (en la etapa de la investigación alcalde de Alicante), el fiscal se refiere a numerosos encuentros con Ortiz sobre el PGOU, como uno el 10 de julio de 2008 en el que, al parecer, el ex alcalde proporciona el plano del Plan al promotor.

    Se apunta a que, coincidiendo en el tiempo con el traspaso de información, Díaz Alperi pudo recibir de la esposa de Ortiz una "cantidad grande de dinero no determinada", mientras que le abonaron un viaje a Creta en jet privado y le pagaron las viviendas de sus hijos.

    Según el sumario, Enrique Ortiz compró terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización en base a la información privilegiada recibida.

    El despacho de abogados de su hermano
    El sumario refleja que un despacho de abogados, en el que figura el hermano de la alcaldesa, es de "importancia capital" en la investigación pues existe una relación entre el bufete y el ex alcalde Luis Díaz Alperi.

    En el marco de las presuntas irregularidades producidas en la redacción del PGOU alicantino, se hace mención de "manera pormenorizada" del despacho "Salvetti Abogados y Consultores".

    Este bufete es, en opinión de los investigadores, "de importancia capital" para la investigación en cuanto que es "comandado por dos personas muy influyentes" en la redacción:los letrados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.

    "Influencia que en el caso de José Luis Castedo nace de su hermana [la alcaldesa Sonia Castedo] y de su conocimiento sobre Urbanismo, puesto a disposición de los intereses de Enrique Ortiz".

    La influencia de su socio, Javier Gutiérrez, "nace de su participación en la redacción del plan como colaborador externo". Se menciona a este despacho "por la relación del mismo con la figura de Luis Díaz Alperi".

    Viajes privados
    De una conversación grabada el 18 de diciembre de 2008, Ortiz le dice a su mujer, después de que ésta le reprochara que era excesivo hacer un regalo por Navidad a todas las ediles del PP de Alicante, que por "regalarles un detalle posteriormente las tiene a su disposición". "A los del Ayuntamiento de Alicante tenemos que tenerlos contentos porque hay un huevo de cosas y de intereses".

    Según el sumario, el 'modus compensatorio' de Ortiz es "heterogéneo", desde "favorecer pecuniariamente los proyectos empresariales de familiares de los cargos políticos a la contratación de terceras personas".

    También el sumario asegura que diseñaba las vacaciones a medida creando así Ortiz, según se dice textualmente, "un vínculo más cercano que le permita conseguir sus objetivos futuros".

Se da la circunstancia de que Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi han sido elegidos en las elecciones del 22 de mayo como diputados en Las Cortes Valencianas, por lo que en unos días serán aforados y, en su caso, sólo podrían ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

sábado, 4 de junio de 2011

"CASO BRUGAL"; ORTIZ "A LOS DEL AYUNTAMIENTO HAY QUE TENERLOS CONTENTOS PORQUE HAY UN HUEVO DE INTERÉS"

El sumario recoge múltiples regalos a políticos de Alicante

El constructor hacía regalos por Navidad a todas las ediles del PP de Alicante
Favorecía económicamente a las empresas de cargos políticos, según la Policía
El sumario recoge una fiesta 'con marisquito' con Castedo en el barco de Ortiz
Al parecer, pudo financiar unas vacaciones del ex alcalde Alperi a Creta

Efe | Alicante

La pieza del sumario del caso Brugal referida al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante incluye un capítulo titulado "Contraprestaciones" en que se detallan numerosos "regalos", "dádivas" y "servicios prestados" por parte del empresario Enrique Ortiz a alrededor de 20 cargos políticos.

El contenido del sumario, del que ya se ha levantado el secreto de las actuaciones, incluye grabaciones telefónicas y fotografías que sostienen la investigación de supuestas irregularidades en el PGOU, que fue aprobado inicialmente por el ayuntamiento y que entrará en vigor cuando la Generalitat Valenciana dé el visto bueno.

Según las investigaciones, Ortiz habría tenido acceso a información privilegiada durante la redacción del Plan General, logrando, además, tratos de favor del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y de la entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo (en la actualidad, alcaldesa).

Esta es una de las cerca de veinte ramificaciones de la operación Brugal, y que es instruida por el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, cuyo titular es el magistrado Manrique Tejada.

Regalos de todo tipo
De una conversación grabada el 18 de diciembre de 2008, Ortiz le dice a su mujer, después de que ésta le reprochara que era excesivo hacer un regalo por Navidad a todas las ediles del PP de Alicante, que por "regalarles un detalle posteriormente las tiene a su disposición" y añade que "a los del Ayuntamiento de Alicante tenemos que tenerlos contentos porque hay un huevo de cosas y de intereses".

Según el sumario, el 'modus compensatorio' de Ortiz es "heterogéneo", desde "favorecer pecuniariamente los proyectos empresariales de familiares de los cargos políticos a la contratación de terceras personas".

También recoge la financiación de regalos a distintos cargos políticos y el diseño de vacaciones a medida creando así Ortiz, según se señala textualmente, "un vínculo más cercano que le permita conseguir sus objetivos futuros".

Se trata, y así lo reflejan los informes policiales incluidos en el sumario, de "contraprestaciones" detectadas en 2008 a favor de los cargos públicos citados en el informe, como el entonces alcalde Luis Díaz Alperi, la edil de Urbanismo -ahora alcaldesa- Sonia Castedo y otros cargos públicos.

Se da la circunstancia de que Castedo y Díaz Alperi han sido elegidos en las elecciones del 22 de mayo como diputados en Las Cortes Valencianas, por lo que en unos días serán aforados y, en su caso, sólo podrían ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Viajes en jet privado y fiestas en su yate
El sumario recoge una fiesta "con marisquito" en el barco del empresario en junio de 2008 a la que asistió Díaz Alperi, Sonia Castedo y otros ediles de la corporación municipal.

En este mismo apartado se incluye la organización por parte de Ortiz de un viaje a Creta en un avión privado para Luis Díaz Alperi y una segunda persona o la petición de este último al empresario -en diciembre de 2008- para que ayude a su hijo a terminar unas obras, en las que Ortiz supuestamente utilizaría sus recursos empresariales.

Asimismo, refleja conversaciones y mensajes telefónicos en los que Díaz Alperi, Sonia Castedo y otra edil solicitan a Ortiz una intermediación para que determinadas personas, algunas "son del partido -en alusión al PP-", entren a formar parte o no sean despedidas de la plantilla de Inusa, empresa participada por Ortiz responsable de la limpieza urbana de Alicante.

La actual alcaldesa, según se precisa en los informes policiales, pudo beneficiarse de viajes a Ibiza o Andorra, o un Mini Cooper, además de prendas de ropa. Según el sumario, recibió una cazadora de la firma Carolina Herrera, que posteriormente cambió por un jersey, una camisa y una gabardina.

Obsequios a políticos de PP y PSOE
Entre los dirigentes que recibieron obsequios figuran dos consellers del Gobierno de Camps, el titular de Infraestructuras, Mario Flores (un reloj de 2.000 euros que el propio Flores dice haber devuelto); la de Turismo, Belén Juste (un bolso de 150 euros); el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll; varios alcaldes de la provincia (entre ellos Pérez Fenoll, al que le atribuyen un reloj de 24.000 euros) y casi todos los ediles del PP en Alicante.

Además, la investigación también incluye regalos a ex concejales del PSOE en este municipio, como el caso de Roque Moreno, Ángel Franco (al que supuestamente agasajó con plazas de aparcamiento) y Blas Bernal. Este último no sólo logró un puesto de trabajo en el Hércules (donde Ortiz era hasta hace poco el máximo accionista), sino que se beneficio de unas vacaciones en un velero, al parecer costeado por Ortiz.

El sumario también destapa supuestas conexiones de 'Gürtel' en Alicante. De hecho, la Policía investigó la relación entre el constructor alicantino y el que fuera secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, al que se refieren como 'Mimosín'. Además, el fiscal considera que Ortiz pudo hacer un pago a favor del 'número 2' del PP valenciano, aunque Costa ha negado en un comunicado 'cualquier relación directa o indirecta' con la trama Brugal.

La omnipresencia de Enrique Ortiz y sus empresas en los negocios inmobiliarios (suyo es el 70% del suelo urbanizable de la ciudad) y de obra pública en la Comunidad Valenciana no recibieron el visto bueno de todos los dirigentes 'populares'.

Por ejemplo, el que fuera conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, le recomendó que hiciera negocios fuera de esta autonomía porque "no le gustaba que tuviera tanto poder". Ortiz fue contundente en su respuesta: "Prefiero quedarme en casa y quedarme con todo".

Además
El juez levanta el secreto de sumario 

jueves, 19 de mayo de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL TSJ ESTUDIA HOY SI INVESTIGA AL PP VALENCIANO POR FINANCIACIÓN IRREGULAR

Comienzan las deliberaciones

* La Sala ha de decidir es competente para asumir la inhibición del TSJM

Europa Press | Valencia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha comenzado este jueves a deliberar sobre si acepta la inhibición parcial de las actuaciones acordada por el juez instructor del caso 'Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, en relación a los presuntos delitos electorales y de financiación irregular, entre otros. Los magistrados se volverán a reunir mañana.

Según fuentes judiciales, la Sala ha empezado a deliberar sobre si es competente o no para asumir la inhibición acordada en mayo de 2010 y confirmada por la Sala del TSJM el pasado mes de marzo, pero esto no quiere decir que vaya a adoptar una decisión en el mismo día.

De hecho, el TSJ valenciano ha informado a través de Twitter de la conclusión de la primera sesión de deliberación. Según se precisa en este mismo comunicado, la Sala de los Civil y Penal se volverán a reunir mañana viernes.

Pedreira esgrimía en su auto de inhibición parcial que esta decisión estaba encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración pública valenciana.

Además, añadía que la inhibición se realizaba ante la posibilidad de que hubiese una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid iniciara proceso alguno contra aforados que no sean de la comunidad autónoma madrileña.


elmundo.es

martes, 10 de mayo de 2011

LA FISCALÍA PIDE QUE EL "CASO GÜRTEL" VUELVA A LA AUDIENCIA NACIONAL

Se haría cargo Pablo Ruz, el juez del chivatazo

* El TSJM ya no es competente porque los diputados acusados ya no son aforados

Efe | Madrid

La Fiscalía ha instado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a devolver el 'caso Gürtel' a la Audiencia Nacional, una vez que el TSJ madrileño ha perdido su competencia en esta investigación por la renuncia a su escaño de los tres diputados de la Asamblea regional que están imputados.

Así lo ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción en un escrito remitido a la sala de lo civil y penal del TSJM, que solicitó al Ministerio Público que informara sobre a quién correspondía la competencia de la causa una vez que los ex diputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco perdieron su condición de aforados.

La Fiscalía considera en ese informe que el caso debe ser devuelto a la Audiencia Nacional al estar siendo investigados delitos de blanqueo de capitales cometidos "al menos en parte" en el extranjero, cuya investigación es una de las competencias que la ley atribuye a este tribunal.

En este sentido, recuerda que en el 'caso Gürtel' el delito de blanqueo investigado consistiría en la ocultación del origen y verdadero propietario de los bienes del supuesto cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, entre otros imputados, a través de sociedades ubicadas en paraísos fiscales. En esa estrategia de blanqueo -recuerda el fiscal- también se habrían utilizado cuentas bancarias en el extranjero para repatriar los fondos obtenidos ilícitamente.

Anticorrupción cree además que en la Audiencia Nacional debe ser el Juzgado Central de Instrucción número 5 el que vuelva a asumir la causa, ya que fue el que abrió e instruyó en un primer momento el 'caso Gürtel', hasta que el juez Baltasar Garzón se inhibió en favor del TSJM en marzo de 2009 por la existencia de aforados entre los imputados.

De adoptarse esa decisión, ahora sería el juez Pablo Ruz el que asumiría la instrucción, al ser titular de este juzgado en ausencia de Garzón, que está suspendido de sus funciones desde que el Tribunal Supremo le abrió juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo y por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre los imputados del "caso Gürtel" y sus abogados.

La Fiscalía cree que la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha de extenderse además a la totalidad de los delitos que se investigan en este caso y no solo el blanqueo de capitales. También se muestra partidaria de que el TSJM siga tramitando la causa en tanto se resuelva a quién corresponde la competencia para evitar que se paralicen las actuaciones.

Sin embargo, las defensas de algunos imputados han solicitado al juez instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, que suspenda las declaraciones que tenía señaladas para los próximos días mientras no exista una decisión firme sobre la inhibición.

Esa petición ha sido formulada, entre otros, por el abogado de la imputada Felisa Isabel Jordán, y a ella se han adherido Alberto López Viejo y Alfonso Bosch.


elmundo.es

miércoles, 2 de marzo de 2011

EL EX TESORERO DEL PP LUIS BÁRCENAS DECLARARÁ EL 29 DE MARZO POR LA "GÜRTEL"

El juez Pedreira, del TSJM, cita también al ex diputado Jesús Merino, imputado por presunto cohecho
e. m. / madrid

El magistrado instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado al ex senador del PP por Cantabria y ex tesorero nacional del partido Luis Bárcenas Gutiérrez a declarar el próximo día 29 de marzo mientras que el próximo viernes 11 de marzo lo hará Jesús Merino Delgado, ambos en condición de imputados. Ambos están citados a las 10.00 horas, según ha informado el tribunal.

Los dos ex parlamentarios del PP habían solicitado a Pedreira que les citara a declarar una vez que ya se levantó el secreto del sumario que investiga la supuesta trama de corrupción.

El pasado 28 de mayo y tras tomarles declaración por su entonces calidad de aforados, el Tribunal Supremo (TS) devolvió al TSJM la causa contra el ex senador Luis Bárcenas, al que se le imputa un delito fiscal y otro de cohecho, y el ex parlamentario por Segovia Jesús Merino, acusado de cohecho. Uno y otro habían renunciado en abril a sus respectivos escaños.

Las peticiones de nuevas declaraciones se realizaron después de que la Fiscalía Anticorrupción se hubiera negado en sendos escritos a las solicitudes de sobreseimiento formuladas por sus abogados defensores, al entender que concurren numerosos indicios de la recepción de dádivas y de haber cometido un presunto delito de cohecho.

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