EL EX CONSELLER DE SANIDAD NIEGA HABER FRACCIONADO CONTRATOS PARA FAVORECER A "GÜRTEL"

CORRUPCIÓN | Luis Rosado declara en el TSJ de Valencia

Ha respondido por un contrato de 11.900 euros con Orange Market

Se hizo un vídeo promocional por una visita de Camps al Hospital Clínico

Mantiene que era una de las muchas empresas con las que se trabajaba

Europa Press | Valencia

El ex conseller de Sanidad Luis Rosado ha negado ante el juez del 'caso Gürtel' del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que desde su entonces departamento se fraccionaran contratos para favorecer a presuntas empresas de la trama, como Orange Market S.L., Easy Concept o Diseño Asimétrico, según ha podido saber Europa Press.

Luis Rosado estaba citado este lunes en el tribunal valenciano para declarar, en calidad de testigo, en la pieza 5 del 'caso Gürtel', que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones entre la Generalitat y empresas de la trama.

En concreto, Rosado tenía que acudir al TSJCV a las 10.45 horas, aunque se ha presentado unos 10 minutos antes, y ha salido del interrogatorio sobre las 13.15 horas. Junto a él, estaban citados otros testigos relacionados con la Conselleria de Sanidad, como el ex director general de Farmacia José Clérigues o la ex directora general de Asistencia Sanitaria Marisa Carrera.

Rosado, quien ya tuvo que declarar como testigo en enero del pasado año, en la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel', ha tenido que responder este lunes por un contrato menor que firmó en un cargo anterior a conseller con Orange Market por importe de 11.900 euros. Ha indicado que esta mercantil era de una de tantas con las que se trabajaba anteriormente.

Este contrato se firmó para la realización de un vídeo promocional por una visita del ex presidente de la Generalitat Francisco Camps al Hospital Clínico de Valencia con motivo de una cesión de terrenos por parte de la universidad. Sobre el mismo, el ex conseller ha mantenido la misma versión que ofreció hace un año, es decir, que en ese momento desconocía la empresa que era.

Cuatro contratos

Asimismo, Rosado, quien estuvo como conseller de Sanidad durante un año y medio, desde junio de 2011 hasta diciembre de 2012, ha reiterado que desconocía que para el mismo acto se hubiera contratado también con Easy Concept y con Diseño Asimétrico -presuntas empresas de la trama-. En total hubo cuatro contratos relacionados con este acto por parte de distintas direcciones generales, cuyo importe ascendió a 47.000 euros.

Sobre este extremo, este lunes ha defendido lo mismo que expuso hace un año, que desconocía esta afirmación ya que él solo controlaba el contrato que firmó, por 11.900 euros, y ya fue luego cuando se enteró de que la postproducción fue para otra empresa. Así, ha negado que esto supusiera una fragmentación de contratos.

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; LA AUDIENCIA IMPULSA LA CAUSA POR CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE AGUIRRE

Acto del día de la Constitución de 2004, organizado por la trama Gürtel para la Comunidad de Madrid. / CRISTÓBAL MANUEL

El juez Ruz reclama 362 contratos con la red Gürtel tras nuevos hallazgos

El juez sospecha que el exconsejero López Viejo recibía pagos de la red

Manuel Altozano Madrid

“Vídeo de la presidenta”, inauguraciones de colegios y centros de salud, “visita de los príncipes al ISES”, “aniversario 11-M”, “homenaje a Miguel Ángel Blanco”, “viaje Presidenta a Rumanía”… Así hasta 317 actos programados por la Comunidad de Madrid y supuestamente organizados por empresas de la trama Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el mayor caso de corrupción ligado al PP, Pablo Ruz, ha pedido al Gobierno de Esperanza Aguirre que le envíe “en el plazo improrrogable de un mes” toda la documentación sobre su adjudicación y la facturación de esos eventos. El volumen de contratos indica que la contratación con la trama corrupta fue sistemática entre 2004 y 2006.

Las sospechas del juez se basan en la documentación hallada en el registro judicial del domicilio de Isabel Jordán, responsable de Easy Concept, una de las empresas de la trama e imputada en el caso. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía la ha analizado y cree que gracias al supuesto amaño de las adjudicaciones de esos actos pudieron enriquecerse el exconsejero madrileño Alberto López Viejo y el exdiputado regional Alfonso Bosch que, entre otros cargos públicos, habrían recibido sobornos de la trama liderada por Francisco Correa.

El sistema de soborno, según la investigación, era la caja B de Easy Concept que, según Ruz, estaba controlada por Isabel Jordán pero siempre a las órdenes de Correa y de su lugarteniente, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. El juez quiere conocer “los ingresos y salidas efectuados de dicha caja B, especialmente lo relativo a los pagos que se hubiera podido efectuar a altos cargos públicos” así como los movimientos de dinero entre empresas vinculadas a la trama corrupta.

Ruz también reclama al Ejecutivo madrileño todas las facturas que se pagaron entre 2007 y 2008 además de a Easy Concept, a Good & Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, todas ellas empresas también controladas por la red. En total son 45 eventos entre los que destaca un acto con la FAES, la fundación de ideas vinculada al PP, la entrega de distinciones al equipo olímpico español, los actos del 2 de mayo, día de la Comunidad, o el sorteo de las semifinales de la Copa Davis de tenis.

Además del nuevo impulso al caso, el juez ha rebajado la fianza a Correa de 600.000 a 200.000 euros. El cabecilla de la trama es el único imputado que permanece en prisión después de que el supuesto número dos, Pablo Crespo, fuera liberado el pasado febrero tras abonar los 100.000 euros que le requería Ruz.

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EN OTROS MEDIOS

rtve.es El juez Ruz rebaja la fianza del presunto cabecilla del caso Gürtel de 600.000 a 200.000 euros

elperiodico.com El juez pide 317 contratos de la Comunidad de Madrid con Gürtel

lavanguardia.es El juez imputa a los dos técnicos de RTVV que contrataron el viaje del Papa y al dueño de una adjudicataria

20minutos.es El juez Ruz rebaja la fianza a Francisco Correa de 600.000 a 200.000 euros

elpaís.com

LA AUDIENCIA INVESTIGA 317 ACTOS DE LA ÉPOCA DE AGUIRRE CON EL "GÜRTEL"

Aguirre entre el consejero de Servicios Sociales, Salvador Victoria, y Laura Valenzuela.| Efe

TRIBUNALES | El juez Ruz pide la documentación a la Comunidad

Alberto López Viejo fue consejero regional y Alfonso Bosch diputado

Efe | Madrid

El juez Pablo Ruz, que instruye el "caso Gürtel", ha reclamado hoy viernes a la Comunidad de Madrid la documentación sobre la adjudicación a empresas de la trama de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si los exdiputados regionales del PP Alberto López Viejo y Alfonso Bosch recibieron pagos.

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional da al Gobierno autonómico el plazo "improrrogable" de un mes para que le remita "toda la documentación que obre en su poder sobre la adjudicación y facturación" de los esos actos, que van desde la conmemoración del 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos el 21 de junio de 2004 a uno celebrado en una residencia de mayores a finales de 2006.

Los actos cuya adjudicación se investiga son de todo tipo y van del primer aniversario de los atentados del 11-M (11/03/2005) al homenaje al concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco (11/07/2005), pasando por la visita de Bill Gates (19/11/2004), la firma de un convenio con el Real Madrid (24/06/2005) o uno al que el auto se refiere como "cuadro Gallardón".

El magistrado acuerda estas diligencias a raíz de la documentación intervenida en la "caja B" encontrada en una de las oficinas de la empresa Easy Concept y, sobre todo, de las facturas incluidas en un archivo informático hallado en el domicilio de su responsable e imputada en la causa, Isabel Jordán.

Ese archivo lleva el nombre "Pagos anuales ALV.xls", siglas que coinciden con las del exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

La Fiscalía, en vista de esa documentación, solicitó al juez que, como ha hecho ahora, reclamara la referida "a actos y contratos adjudicados por distintas entidades públicas por los que habrían podido recibir pagos alguno de los imputados en esta causa -Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, entre otros-".

Ruz considera "pertinentes, necesarias y útiles" las diligencias solicitadas por el fiscal para indagar "los ingresos y salidas efectuados en dicha 'caja B', especialmente en lo relativo a los pagos que se hubieran podido efectuar a altos cargos públicos, así como en los movimientos de dinero efectuados entre mercantiles vinculadas a los imputados en la causa".

Además de los 317 contratos ya citados, el juez requiere a la Comunidad de Madrid para que, en el plazo de quince días, le remita toda la documentación que posea sobre 45 facturas giradas por las sociedades de la trama Easy Concept, Good&Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico por conceptos como "Belén 2007", "Euroliga 2008" o "Acto 2 de mayo".

También pide a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) la documentación sobre la adjudicación, facturación y pago de dieciséis eventos, entre ellos la inauguración de la sede del PP en esa localidad en julio de 2006.

La empresa municipal también deberá aportar información sobre las adjudicaciones hechas en los años 2005 y 2006 a Tecnimagen Rafael, Fotomecánica Rafael, Kilda Producciones Fotográficas y Fotomecánica Doble, así como la referida a la inauguración del Auditorio Escuela de Música.

Ruz requiere asimismo a la Intervención General de la Administración del Estado que emita informes "sobre la regularidad y cumplimiento de los principios y preceptos de la contratación pública" en cinco expedientes de adjudicación de obras del Ayuntamiento de Boadilla.

Por último, el juez ordena a Banesto para que, en un plazo de cinco días, identifique a la persona que retiró de una cuenta de esta entidad un total de 290.000 en diversas cantidades entre el 5 de diciembre de 2006 y el 11 de octubre de 2007.

En relación con las diligencias acordadas hoy, el magistrado ha citado como testigos para el próximo día 31 a los empleados de Easy Concept Pedro Fuste y Alejandra Lascary y a la trabajadora de Servimadrid Integral Rocío Perea.

Además

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Las personas implicadas

Las claves

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"CASO GÜRTEL"; EL FISCAL ACUSA A CAMPS DE UN DELITO CONTINUADO DE COHECHO POR ACEPTAR REGALOS POR VALOR DE 14.021 EUROS

Los escándalos que afectan al PP

El ministerio público pide para él una multa de 5 meses y 15 días a razón de 250 euros diarios por los presentes que recibió de la trama Gürtel

IGNACIO ZAFRA - Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes ante el magistrado instructor de la causa de los trajes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Flors, su escrito de conclusiones provisionales, en el que acusa al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de un delito continuado de cohecho. Por este delito solicita una multa de cinco meses y 15 días, a razón de 250 euros diarios, es decir, un total de 41.250 euros. El fiscal considera que Camps, en atención a su cargo de presidente de la Generalitat Valenciana, recibió regalos de la trama Gürtel por valor de 14.021,5 euros.

El fiscal subraya que los regalos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión, SA y Forever Young abiertos al público en Madrid, y se facturaban, según los casos, a las sociedades Easy Concept Comunicación, SL; Diseño Asimétrico, SL; Good & Better, SL; Servimadrid Integral, SL y Orange Market, SL, todas ellas vinculadas a Francisco Correa Sánchez y gestionadas por Pablo Crespo Sabaris, las cuales pagaban las correspondientes facturas y tickets de caja, "bien en efectivo, o mediante transferencia o entrega de cheques".

Tanto Camps, como los otros tres imputados en el caso,"aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa Sánchez, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris", cabecillas de la red corrupta,"mantenían importantes intereses económicos".

Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, logró contratos por más de 16 millones de euros del Gobierno valenciano y del partido entre 2004 y 2009, cuando estalló el escándalo.

La fiscalía pide la apertura del juicio oral contra Camps y contra el ex vicepresidente del Consell Víctor Camps; el jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, y el ex secretario general del PP valenciano y diputado Ricardo Costa.

Estos son, según la fiscalía, los regalos recibidos por Camps: entre finales de 2005 y septiembre de 2006, cinco trajes y tres americanas por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano Difusión, SA; entre finales de 2006 y julio de 2007, cinco trajes y tres pares de zapatos por importe de 5.393,5 euros adquiridos en Forever Young. Además, a finales de 2007 recibió cuatro corbatas por importe de 348 euros adquiridas también en esa tienda, y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y dos pares de zapatos por importe de 2.680 euros.

Para Ricardo Costa y Rafael Betoret,la fiscalía pide la misma pena de multa que para Camps. En cambio, en el caso de Víctor Campos solicita cuatro meses y 20 días.Según la fiscalía, el ex secretario general del PP valenciano recibió regalos por valor de 7.325 euros; Víctor Campos, por valor de 5.529 euros, y Rafael Betoret, por un importe de 13.499.

La fiscalía vuelve a solicitar igualmente la suspensión del procedimiento en tanto no se resuelva por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano las inhibiciones acordadas por el juez Antonio Pedreira del TSJ de Madrid, para remitir a Valencia la instrucción de nuevos delitos (cohecho propio, financiación ilegal, delitos electorales y contra la Hacienda Pública)

contra las cúpulas del gobierno y el PP Valencianos, en los que también estaría implicado Camps.

El juez Flors ya concluyó hace más de un año que había indicios suficientes para juzgar a Camps y al resto de imputados. Sin embargo, el TSJCV archivó la causa en una polémica resolución que fue anulada por el Tribunal Supremo en mayo del año pasado. A finales de enero pasado, Flors dio de nuevo por concluida la instrucción del proceso y abrió el plazo para que las partes presentasen sus conclusiones antes de decidir si cierra el caso de los trajes o abre el juicio oral. Tras la Fiscalía Anticorrupción, le corresponde ahora el turno a la acusación del PSPV-PSOE y después entregarán sus escritos las defensas.

Recursos rechazados
El proceso contra Camps se acelera a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales y con su confirmación formal como candidato aún pendiente. Hoy mismo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha desestimado el recurso planteado por la defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para intentar dilatar la marcha de la causa que se sigue contra él por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido en función de su cargo trajes y diversos regalos valorados en miles de euros durante varios años de parte de la trama corrupta Gürtel. En la causa están imputados también Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, que ocupan u ocuparon puestos de alta responsabilidad en el Gobierno valenciano y el PP regional.

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) instructor del caso, José Flors, ha desestimado igualmente dos recursos presentados ante él por las defensas con el objetivo evidente de retrasar la marcha del procedimiento, que ha entrado en su recta final. Flors decidirá, una vez concluya el término dado a las partes para que fijen su posición (entre principios y mediados de marzo) si abre juicio oral. Es decir, si sienta en el banquillo a Camps para que sea juzgado por un jurado popular. Hasta llegar a ese punto es probable, sin embargo, que la sala del TSJ valenciano tenga que volver a pronunciarse, dado el intenso ritmo de petición de diligencias y presentación de recursos que están manteniendo las defensas en esta última fase.

La Sala Civil y Penal del TSJ desestima, en su auto emitido hoy, la petición de Camps (del día 8 de febrero) de que se incorpore al procedimiento unas grabaciones realizadas en prisión a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel. La defensa del presidente valenciano consideraba que dichas cintas serían beneficiosas para su representado. Las grabaciones fueron, sin embargo, declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel.

"No se debe olvidar que la petición de la parte recurrente se centra en una determinada conversación y en un detalle específico de la misma, por entender que una y otro favorecen al imputado Sr. Camps Ortiz, pero que si llegara a admitir que ese extremo concreto sí tiene valor probatorio en este procedimiento tendría que llegarse a la conclusión de que ese valor debería atribuirse, sin duda, a la conversación íntegra, y, luego, la coherencia tendría que llegar a atribuir valor probatorio a todas las conversaciones intervenidas", argumenta la Sala Civil y Penal del TSJ de Valencia.

El juez instructor ha desestimado, por otra parte, otros dos recursos interpuestos por Camps. Uno, contra la decisión del magistrado de dar por concluida la instrucción. Y el segundo, contra la solicitud de la defensa de que declarase Cándido Herrero. El juez Flors recuerda al respecto que dicha declaración testifical puede realizarse directamente en el acto de audiencia preliminar. En ese mismo acto o dentro de los tres días posteriores, Flors deberá decidir sobre la apertura de juicio oral.

Más información:
    * Personaje: Francisco Camps Ortiz
    * Tema: Caso Gürtel
    * El Bigotes empezó a regalar trajes cuando multiplicó por 10 sus contratos en Valencia
    * El TSJ sigue el caso de los trajes contra Camps sin acumular otros delitos
    * El juez Flors corta el intento de Camps de ganar tiempo
    * Gürtel pone a prueba el nuevo TSJ
    * La escalera de Camps tiene más peldaños
    * Anticorrupción pide juzgar a Camps por los trajes y la financiación del PP
    * El Supremo reabre el caso de los trajes de Camps
    * El PP regional da por hecho que Camps será proclamado en marzo
    * Rajoy elude confirmar a Camps como candidato hasta saber si irá a juicio
    * Gráfico: La facturación de Orange Market y los regalos a altos cargos valencianos - 12-05-2010
    * Fotografía: El fiscal pide que se juzgue a Camps por cohecho continuado por los regalos de la trama Gürtel
    * Documento: Texto íntegro del escrito de la fiscalía (PDF - 23,92Kb) - 11-02-2011

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; LA FISCALÍA PIDE 41.250 EUROS DE MULTA PARA CAMPS POR "UN DELITO CONTINUADO DE COHECHO"

Camps prueba una paella en la feria Fruit Logística de Berlín. | Efe

Por la causa de los trajes

    * Reclaman la misma sanción para Ricardo Costa y Rafael Betoret
    * La petición del fiscal es de 35.000 euros en el caso de Víctor Campos

F. Álvarez | R. Terrasa | Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 41.250 euros de multa para el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, al que acusa formalmente de un "delito continuado de cochecho", por la causa abierta en su contra por los supuestos trajes recibidos de la trama Gürtel.

El Ministerio Público ha presentado este viernes su escrito de acusación ante el juez José Flors, que instruye este caso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En dicho documento, también se solicita una sanción idéntica a la de Camps (41.250 euros) al que fuera secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

No obstante, la multa demandada para el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, es de 35.000 euros. A todos ellos se les acusa de un "delito continuado de cohecho" por recibir, supuestamente, trajes de la trama corrupta.

Según la Fiscalía, "aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia" sobre firmas e intereses vinculados a los cabecillas de la red, Francisco Correo, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

En concreto, y según el fiscal, Camps recibió entre 2005 y octubre de 2008 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por un valor total de 14.021,5 euros.

Asimismo, Anticorrupción considera que la trama obsequió a Rafael Betoret, en atención a su cargo, con al menos 11 trajes, cuatro americanas, dos abrigos y un pantalón, valorados en su conjunto en 13.499 euros.

Esta cuantía sería inferior en el caso de Ricardo Costa, 7.325 euros, que corresponderían, supuestamente, a cuatro trajes y seis pantalones procedentes de Gürtel. A lo largo de 2006, el acusado Víctor Campos, vicepresidente del Consell obtuvo al menos dos trajes, dos pantalones y un chaqué por un importe de 5.529 euros.

Según el escrito, todas las prendas eran adquiridas en establecimientos de las firmas Milano y Forever Young, de Madrid, y se facturaban a las sociedades Easy Concept, Diseño Asimétrico, Good & Better, Sevimadrid Integral y Orange Market, "todas ellas vinculadas a Francisco Correa Sánchez t gestionadas por Pablo Crespo Sabaris".

La Fiscalía mantiene que las empresas de Gürtel pagaban las correspondientes facturas "bien en efectivo o mediante transferencia o entrega de cheques" tras contactar con los "interesados" para "calcular sus tallas". "Finalmente las prendas y demás objetos se entregaban a sus destinatarios en Valencia, bien en sus propios domicilios, bien en la sede de la sociedad Orange Market o en el domicilio de Álvaro Pérez".

Además
    * Documento: Lea el resumen del escrito del fiscal
    * El TSJ rechaza incluir las escuchas de Crespo en el sumario
    * Luna: 'Camps no se va a poder escapar de dar explicaciones'

elmundo.es

FACTORIA GÜRTEL,"TODO A 11.900 EUROS"

Sumario al descubierto

El Consell contrató a empresas de la trama en decenas de ocasiones para servicios dispares

La Generalitat contrató a empresas de la trama en decenas de ocasiones como intermediarias para servicios tan dispares como localizar traductores o conseguir una escultura gigante para decorar la entrada de una entrega de premios. Las consellerias, en todo caso, recurrieron a contratos menores para eludir la publicidad.

J. L. G. «Todo a menos de 12.000 euros» Suena a reclamo comercial, a tienda de oportunidades para multimillonarios. Pero, en el universo Gürtel, el «todo a 11.900» podría considerarse como la premisa que marcaba la relación entre el entramado de empresas de Francisco Correa y la Generalitat Valenciana a la hora de contratar.

Y es que, tal como ha ido contando este diario desde que estalló el escándalo, hace más de un año, el fraccionamiento de contratos y la utilización de contratos menores ha sido una constante. Cabe recordar que los contratos menores son aquellos que, por su cuantía –hasta 12.020 euros–, están exentos de fiscalización previa y pueden adjudicarse sin concurso.

Este proceder era habitual tanto en la pata valenciana como en la madrileña de Gürtel. Uno de los informes judiciales incluidos en la parte del sumario revelada esta semana cifra en 367 las operaciones que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre realizó con las empresas de Correa y concluye que todas ellas menos tres se tramitaron con contratos menores. En el caso valenciano, la información que la Generalitat ha enviado al TSJ de Madrid evidencia que ocho de las empresas de la trama –al margen de Orange Market– recibieron 41 contratos de diversos departamentos de la administración valenciana. Todos ellos sin publicidad.

Pero, más allá del tipo de contrato, un recorrido por estos expedientes –el objeto, el importe y su justificación– recogidos en el sumario permite comprobar que Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, y las otras empresas funcionaban como el «chico para todo». Los contratos de la Generalitat con la empresa de cabecera del PPCV, Orange Market, y otras firmas de la red de Correa como Easy Concept, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico, llegaban de casi todas las consellerias y con los encargos más dispares: moquetas, traductores, uniformes, esculturas, azafatas... Encargos realizados, según solía justificarse en los expedientes, por la falta de medios propios.

En 2006, Diseño Asimétrico se encargó de conseguir para la Conselleria de Cultura un servicio de traductores para un congreso a cambio de 8.940 euros. Proveedores de personal cualificado y también de técnica. Porque un año después era el departamento de Bienestar Social el que contrataba a la misma empresa por 11.985 euros –en el límite para evitar la publicidad– para conseguir equipos de realización y pantallas de plasma para la presentación del «Balance General de Conselleria». Lo cierto es que para Diseño Asimétrico, cuyo objeto social es un amplio «realización de ferias y eventos de todo tipo», no había imposibles a la hora de satisfacer las necesidades de cualquier conselleria.

Sanidad tramitó en 2006 un procedimiento negociado sin publicidad para contratar el suministro de una escultura de tres metros de alta, su montaje y transporte para la gala de los premios Salud y Sociedad. Como la conselleria no tenía medios, hubo de acudir a «una empresa especializada». La orden se dio el 2 de mayo y la escultura, una réplica gigante del galardón, debía estar para la gala, el 12 de junio de 2006.

El procedimiento, como en otras ocasiones, fue un paripé. Dos de las tres firmas a las que consultó la conselleria pertenecían al entramado: Orange Market y la propia Diseño Asimétrico. La tercera firma a la que se solicitó oferta era un proveedor habitual en que se apoyaba Orange Market para organizar sus mítines y congresos. La oferta de Diseño Asimétrico fue la vencedora.

Curiosamente, la gala «Salud y Sociedad 2006» también supuso un buen pellizco para otra firma de la trama, Easy Concept. Un contrato menor de 11.948 euros por llevar y colocar una moqueta en la entrada del Hemisfèric y contratar a cuatro azafatas para recibir a los invitados de la entrega de premios «Salud y Sociedad 2006».

diariodemallorca.es

EL PP RECHAZA QUE SE FISCALICEN LOS CONTRATOS CON EMPRESAS DE LA "TRAMA GÜRTEL"

CORRUPCIÓN | A petición del PSOE

Efe | Madrid

Los diputados del PP en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea han votado en contra de pedir a la Cámara de Cuentas que fiscalice con urgencia los contratos suscritos por la Comunidad de Madrid con seis empresas de la trama Gürtel desde el año 2003 hasta 2009.

La petición, que ha sido rechazada por diez votos en contra y siete a favor, la ha planteado el portavoz del PSOE en la Comisión, Adolfo Piñedo, y la han apoyado los representantes de IU.

Piñedo ha justificado su propuesta en la "obligación" que tienen los representantes políticos de "averiguar si se ha producido un saqueo al erario público de Madrid", ante las sospechas que existen -ha dicho- de que "una parte de los jugosos beneficios de la trama de Correa tiene su origen en un perjuicio para la Hacienda de los madrileños".

Además, ha criticado que la Cámara de Cuentas "no haya tomado la iniciativa de fiscalizar los contratos que sustentan uno de los mayores escandalosos que ha conocido la Comunidad de Madrid" y se ha preguntado "qué tiene que pasar" para que ese órgano "incluya a iniciativa propia un asunto de tanto calado y tanta actualidad en su programa anual de fiscalización".

El portavoz del PP en la Comisión, Pedro Muñoz, ha recordado que todos los contratos de la Comunidad con las empresas Special Events, Good and Better, Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Marketing Quality Management "han sido remitidos al órgano jurisdiccional correspondiente" y ha sostenido que "no es conveniente que dos órganos estén al mismo tiempo investigando cosas idénticas".

Según Muñoz, "difícilmente se puede hablar de saqueo", puesto que todos esos contratos menores "se correspondieron con servicios prestados", y ha calificado de "falaz" que el PSOE ponga "en relación la fortuna de algunas personas con esos contratos de la Comunidad de Madrid".

El portavoz 'popular' se ha mostrado convencido de que los socialistas han presentado esta iniciativa sólo para "mantener vivo un debate que lleva meses aplacado", en virtud de una "concesión del secretario general del PSM (Partido Socialista de Madrid), Tomás Gómez, a su sector crítico, que le ha reprochado cierta indolencia con el tema Gürtel y le ha reclamado más dureza con este asunto".

La diputada de IU Reyes Montiel ha apoyado la petición del PSOE por razones "políticas", de "procedimiento" y "judiciales", y ha opinado que es "absolutamente ineludible que la Cámara de Cuentas se ponga a trabajar en este asunto".

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; PEDREIRA PONE ORANGE MARKET BAJO CONTROL DE ADMINISTRADORES JUDICIALES

A. BELTRAN / L. GARRIDO - Valencia

El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el denominado caso Gürtel, ha puesto la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. De esta manera, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de Orange Market.

El pasado día 7 de octubre se inscribió en el registro el cambio en Orange Market, empresa en la que, sin embargo, continúa como apoderado Cándido Herrero, también imputado en la investigación que inició el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha llegado a poner en serios apuros al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, salpicado por sus estrechas relaciones con Álvaro Pérez y por los regalos de trajes que habría aceptado. Los administradores judiciales designados por Pedreira también se han hecho cargo de otras empresas de la trama, como Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico.

Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, están implicados en el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales por el montaje de pantallas y altavoces para la visita del Papa a Valencia en 2006, en el que aprovecharon un contrato sin publicidad firmado por Ràdio Televisió Valenciana, según un informe policial que investiga también el juez Pedreira. Los socialistas calificaron ayer a Canal 9 de "tentáculo importante de la trama de corrupción" a través de su portavoz adjunta en las Cortes, Carmen Ninet.La diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas se hizo eco de la revelación que realizó el martes el nuevo director general de RTVV, José López Jaraba, en una comisión parlamentaria. López Jaraba explicó que había remitido al TSJ de Madrid el contrato de los actos para la sonorización e instalación de pantallas en los actos de la visita del Papa, por 6,4 millones de euros. Carmen Ninet añadió: "Se han visto obligados a entregar esos contratos importantísimos porque han tenido que acatar la petición del juez".

Por otra parte, el empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado en la trama de corrupción, ha abandonado la presidencia y el cargo de consejero de Mediamed Comunicación Digital, empresa que gestiona 13 de las concesiones de emisoras de televisión digital terrestre otorgadas por el Consell que preside Francisco Camps. El pasado día 30 de septiembre, la sociedad Mogar Media asumió la presidencia y el cargo de consejero que ocupaba Ulibarri junto a la Fundación Cardenal Herrera y Antonio Beaumont. Mogar Media pertenece a Andrés Selma Magdalena. Ulibarri habría vendido a Selma su participación en Mediamed, sociedad en la que poseía el 50% de las acciones.

Ayer mismo, Ulibarri consiguió la autorización del consejo de administración de la televisión digital municipal de Valencia para desprenderse de una parte de su patrimonio: el 85% de las acciones de la empresa. Las acciones se valoran en 1.125.000 euros. La venta de las acciones de la televisión digital municipal de Valencia fue aprobada ayer por la mayoría del PP en el órgano y contó con la oposición de los miembros propuestos por el PSPV-PSOE.

La sociedad de Ulibarri, Plataforma Audiovisuales Digitales Alicante, es la que se desprende de su mayoritaria participación en la televisión digital municipal de Valencia. La compradora es 123 Comunicaciones. Esta mercantil se constituyó el pasado día 6 de noviembre, por lo que no está aún en el Registro Mercantil. Juan Soto, representante socialista en el consejo de administración del organismo autónomo, explicó ayer que "no se ha podido verificar no sólo quién o quiénes forman esa mercantil sino su trayectoria profesional, su solvencia económica y su capacidad para hacer frente a la responsabilidad que se deriva de esa compra".

Sobre Ulibarri, el juez que instruye en Madrid el procedimiento por la trama Gürtel no ha dictado medidas cautelares. Sin embargo, fuentes de la oposición socialista en el Ayuntamiento que preside Rita Barberá se preguntaban ayer si la actuación municipal no habría contribuido a una programada liquidación del patrimonio por parte de Ulibarri, a quien, en el caso de que se pruebe su implicación en la trama Gürtel, se le podrían exigir responsabilidades económicas importantes.

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CUATRO CONSEJEROS DE AGUIRRE AVALARON PERSONALMENTE 51 CONTRATOS CON LAS EMPRESAS GÜRTEL

Figar, Lasquetty, Fisas y López Viejo autorizaron pagos por 719.000 euros

No sólo el vicepresidente y apuesta de Esperanza Aguirre para Caja Madrid, Ignacio González, rubricó contratos para la trama Gürtel desde el Ejecutivo regional: otros cuatro consejeros de su Gobierno hicieron lo propio. Tal como cuenta hoy el diario Público, Lucía Figar y Javier Fernández-Lasquetty desde la cartera de Inmigración y Santiago Fisas y Alberto López Viejo desde Cultura y Deportes firmaron 51 pagos por un total de 719.143 euros a la red supuestamente corrupta. Claro que esta cantidad supone apenas el 25% de los más de tres millones que la Comunidad repartió en 342 contratos a las terminales de Francisco Correa. Así las cosas, no es de extrañar que Figar reconociera el derroche en contratos con la red…

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o El segundo de Aguirre autorizó pagos a la Gürtel por valor de 42.519 euros

El jueves pasado, Lucía Figar, actualmente consejera de Educación, reconocía en el Pleno de la Asamblea que “algunas” de las facturas que el Gobierno regional adjudicó a la trama Gürtel “no cumplían con el principio de la austeridad”.

Figar
Cuatro días después de estas declaraciones, hemos conocido los detalles de los derroches de la Comunidad con los presuntos corruptos en los que, precisamente, la misma Fígar se reserva un lugar destacado. Según recoge Publico, precisamente la Consejería de Inmigración que ocupó la política fue la dependencia que más avaló contratos con los Correa. Figar, que estuvo frente a esta cartera desde septiembre de 2005 hasta las elecciones de 2007, rubricó –con su puño y letra- 17 contratos a entidades supuestamente corruptas, todos a dedo y por un total de 97.979 euros.

Lasquetty
Pero no es cierto que, como dijo la misma ex titular de Inmigración, los tratos con la red cesaran en junio de 2007: su sucesor en el cargo, Lasquetty, no sólo siguió sus pasos sino que los revisó al alza. Lasquetty pagó por otras 17 facturas un total de 117.776 euros. Entre estos contratos hubo uno por 69.020 euros que rebasó ampliamente el tope para no salir a concurso (12.000 euros) y que, a pesar de la norma, se otorgó a dedo. El costoso trabajo no era otro que montar el stand de la Consejería en la Feria Integra celebrada los días 5 y 8 de diciembre pasado.

Obviando las leyes
Inmigración también pagó 11.200 euros a Diseño Asimétrico por “diseño y presentación en 3D de la carroza” para el Día de la Hispanidad de 2008. Tal carruaje reportó a la red un total de 46.847 euros dividido en cuatro facturas, todas ellas firmadas por Lasquetty. La interventora avisó por escrito de que “se ha podido incurrir en un fraccionamiento”, pero no hubo consecuencias conocidas a pesar de que la Ley de Contratos Públicos es clara en este sentido: está prohibido fraccionar los costes para aminorar las cuantías o evitar los concursos. Un último apunte respecto a esta Consejería: en todo el tiempo en que la trama recibió sus beneficios el viceconsejero fue el imputado Carlos Clemente Aguado, a quien se acusa de cobro de sobornos.

Fisas
Respecto a Cultura y Deportes, esta cartera empezó a tratar con los Correa en 2004, cuando el entonces consejero Santiago Fisas pagaba 11.925 euros a Down Town Consulting por la “asesoría de imagen en el acto Getafe C.F.”, es decir, en un acto celebrado en la Presidencia con motivo del ascenso de este equipo a primera división. ¿Qué brillante asesoría prestaron los presuntos corruptos? No se sabe porque no consta en ninguna parte. De lo que sí hay constancia es de que la misma empresa siguió haciendo caja por averiguar la “repercusión mediática” del ascenso futbolístico. Contando este estudio (4.098) y el montaje de unas lonas por el mismo motivo (10.743), la red se embolsó unos 26.766 a cuenta del Getafe.

López Viejo, moderado
Fisas se apresuró a abandonar el Ejecutivo regional y pidió ir en las listas de las europeas del pasado mes de junio, según las fuentes del rotativo citado para alejarse del terremoto Gürtel. Eso sí, antes de irse firmó 12 pagos y dos contratos a la trama. En total e incluyendo dos concursos ganados por Servimadrid, una de las centrales de la red preferidas de la Comunidad. Fisas avaló pagos por 422.215 euros a la red. Curiosamente, Alberto López Viejo, dimitido consejero de Deportes a quien Aguirre ha querido usar de chivo expiatorio, fue bastante moderado desde su Consejería de Deportes. López Viejo sólo autorizó dos pagos a la red: uno por 5.708 euros por la inauguración de un polideportivo y otro de 6.645 por la de una piscina.

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EL "CASO GÜRTEL" REVELA INDICIOS DE COMISIONES ILEGALES, FINANCIACIÓN IRREGULAR, SOBORNO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

REPORTAJE
Corrupción: la parte valenciana del iceberg

ADOLF BELTRAN - Valencia

La revelación, en un informe policial, de que la denominada trama Gürtel, la red de corrupción que afecta al PP y a varias administraciones gobernadas por ese partido, cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales por los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, confirma la presencia de maniobras corruptas en los "grandes eventos" que han caracterizado la política del Consell presidido por Francisco Camps. Es la punta de un iceberg, del que se ha visto hasta ahora sólo una parte, ya que en el Tribunal Superior de Madrid aún hay miles de folios del sumario sobre los que el juez no ha levantado el secreto. La punta de la parte valenciana del iceberg, a su vez, sólo es un fragmento de un conjunto con ramificaciones geográficas y delictivas cada vez más amplias relacionadas con el tráfico de influencias, el soborno, la financiación irregular y el cobro de comisiones.

Canal 9 logró la señal del Papa, de donde sacó provecho la trama corrupta

Las cuentas de la trama registran pagos A y B de un congreso del PP

El Consell auspició la entrada de Ulibarri en el negocio de la TDT

Lo del Papa es muy sintomático porque había muchas sospechas de irregularidades. De una parte, por la cerrada negativa de la Generalitat a hacer públicas las cuentas de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que este periódico publicó finalmente hace unos días para desvelar que esconden la mayoría del coste de la visita papal, más de 12 millones de euros, bajo el epígrafe genérico de "otros gastos". De otra parte, por la desmesura de todo cuanto rodeó el acontecimiento.

En los tiempos de la visita del Papa, precisamente, el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la causa por sus relaciones con la trama, se jactó ante numerosos testigos de haber instalado la mitad de los miles de urinarios que llenaron las calles de Valencia y que quedaron sin usar, en su mayoría, dado que las expectativas de asistencia que tenía la organización no se confirmaron.

Representantes de la Moncloa en los contactos con la Generalitat y con la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia todavía recuerdan la sensación de que había dinero de sobra y una resistencia numantina de la parte valenciana a colaborar con el Gobierno. "Aseguraban que no se trataba de la visita de un jefe de Estado sino de una visita pastoral", recuerda una de las personas de la delegación de Presidencia del Gobierno que, encabezada por el secretario general Nicolás Martínez Fresno, acudió en abril a Valencia a coordinar el protocolo y la seguridad de los actos y que todavía evoca con asombro cómo el entonces consejero de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, levantó la reunión bilateral porque el Gobierno pretendía "capitalizar la visita". Cuestiones de seguridad y protocolo aparte, el Consell se negó a que Televisión Española tuviera nada que ver con la retransmisión de los actos y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia otorgó la señal en exclusiva a Canal 9, de donde acabó sacando provecho la trama corrupta.

Lo hizo mediante un procedimiento que aún no se había acreditado, por lo que se refiere a Valencia, en el modus operandi de la red que dirigía Francisco Correa, en prisión por el caso. Hasta ese momento se conocían adjudicaciones a Orange Market, la terminal valenciana dirigida por Álvaro Pérez, íntimo amigo de Camps, o a otras empresas de la trama, pero todavía no había surgido un ejemplo de la utilización de empresas tapadera para hacerse con adjudicaciones. Teconsa, una constructora que aparece varias veces en las pesquisas sobre la red de corrupción, recibió de RTVV el encargo de sonorizar los actos del Papa en Valencia por 6,4 millones de euros, casi el doble de lo que realmente la trama pagó a las empresas que efectivamente ejecutaron ese trabajo. Por el camino, Teconsa se quedó 200.000 euros y la red Gürtel, más de un millón. Otros 900.000 euros no se sabe todavía a manos de quién fueron a parar.

Por lo que se refiere a adjudicaciones y contratos, por tanto, lo que se conoce hasta ahora de la parte valenciana de la trama es lo siguiente:

Orange Market ha obtenido al menos 45 adjudicaciones de la Generalitat por las que ha facturado 7,1 millones de euros. Se incluyen los contratos del pabellón valenciano en la feria turística Fitur, correspondientes a cinco ejercicios, y contratos relacionados con grandes eventos como la Volvo Ocean Race o la Copa del America. En muchas de las adjudicaciones se habían troceado los contratos para evitar el concurso.

Otras cinco empresas de la trama han contratado con el Gobierno de Camps, dado que ellas mismas declararon a Hacienda 300.000 euros de facturación. Se trata de Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM. El juez ya ha reclamado al Consell "los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato" con empresas de la red.

De lo vinculada que estaba Orange Market a la red corrupta da idea el hecho de que la contabilidad guardada en una unidad de memoria requisada al contable de la trama, José Luis Izquierdo, el "puto pen-drive" al que aludía Correa en una conversación, figuran abundantes entradas de dinero efectuadas desde Valencia y también pagos de asignaciones mensuales a Álvaro Pérez (su "sueldo", que incluía pagas extraordinarias, era de 6.000 euros), así como de otras cantidades a su madre y su hermana. En esa misma contabilidad hay un apartado dedicado al "Congreso Regional de la Comunidad Valenciana" celebrado por el PP en 2002, cuando Francisco Camps era secretario general.

Cobros A y cobros B del PP valenciano se reseñan en la contabilidad sobre ese congreso de 2002. De un coste del congreso de 240.582 euros, se facturaron 90.151 euros en A y 150.421 euros en "cobros B". En la documentación figuran diversos pagos del PP a Orange Market en dinero negro.

Dado que Orange Market obtenía contratos de las administraciones públicas y trabajaba en la organización de actos para el PP, la sombra de la financiación irregular planeaba desde el principio sobre el asunto. Una sospecha de la que la policía halló pruebas.

Cinco constructoras financiaron al PP valenciano a través de la trama de corrupción, según un informe de la Brigada Policial de Blanqueo. Las empresas se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos de los populares valencianos. Se trata de empresas tan conocidas como las castellonenses Lubasa y Facsa, la alicantina Ortiz e Hijos y la valenciana Sedesa, de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino, así como de la concesionaria castellonense Piaf. Entre 2005 y 2008, esas empresas lograron contratos de la Generalitat por más de 800 millones de euros.

La querella contra Camps por financiación irregular anunciada por el líder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, se basa, precisamente, en estas evidencias recogidas en el sumario del caso Gürtel.

Unas evidencias que podrían arrojar luz sobre el episodio más conocido de todo el escándalo de corrupción, el de los regalos a altos cargos, pero que no se incorporaron a la actuación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque, cuando llegaron al Palacio de Justicia de la Glorieta de Valencia, el último día del pasado julio, la Sala de lo Civil y Penal estaba dando carpetazo a la instrucción por cohecho pasivo impropio abierta a Camps y otros tres cargos del PP.

Los trajes regalados a Francisco Camps, al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que el TSJ no consideró suficientes para juzgarlos por cohecho, como había propuesto el juez instructor, José Flors, costaron, según las cuentas de Orange Market, casi 12.000 euros en el caso de Camps, 7.325 en el de Costa, 4.850 en el de Víctor Campos, 9.950 en el de Betoret, y 6.835 en el de Pedro García, director general de RTVV cuando se otorgó el contrato que la red corrupta usó para obtener sustanciosas ganancias.

Hubo otros regalos, de acuerdo con la documentación recogida en el sumario. Unos figuran en la contabilidad, como prendas de ropa regaladas a consejeros y un bolso de Louis Vuitton a Rita Barberá. De las conversaciones grabadas se deduce que la trama hizo gestiones para que Ricardo Costa, que recibió un caro reloj del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se comprara un coche.

La conexión de Rita Barberá con el escándalo tiene otros dos frentes: la Federación Española de Muncipios y Provincias (FEMP) y las concensiones a Ulibarri.

La trama obtuvo contratos de la FEMP, cuando Barberá era presidenta. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, investiga, concretamente, un millón de euros contratados con empresas de la trama. Una parte importante se refiere a la celebración de la asamblea general del organismo en 2003.

Los contratos de Ulibarri con administraciones valencianas del PP son numerosos. Uno de ellos afecta a Barberá porque se trata de la gestión de la televisión municipal de Valencia.

En relación con el negocio televisivo, una de las ramas de las que se sabe poco, de momento, es la concesión de frecuencias de televisión digital terrestre (TDT).

Ulibarri consiguió 13 emisoras de TDT al hacerse con el control accionarial de Mediamed, la compañía que promovieron varios empresarios valencianos cuando se planteó el concurso en 2005. La entrada de Ulibarri en Mediamed, auspiciada por la Generalitat junto a la del empresario Andrés Selma, vino acompañada por la presencia en el proceso de Alberto Dorrego, letrado del Congreso que ha tenido que dejar su puesto, dueño del bufete Eius, para el que trabaja el ex ministro y ex diputado José María Michavila, y asesor del Consell precisamente en la redacción del concurso que adjudicó 42 emisoras de TDT.

El nombre de Ulibarri remite también a negocios urbanísticos, ampliamente citados en el sumario en relación con el municipio de La Nucia.

El urbanismo en La Nucia, cuyo alcalde es Bernabé Cano, del PP, fue objeto de deseo por parte de Correa. Las declaraciones del también imputado Jacobo Gordon, ex socio y vecino de pupitre de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, revelan que Correa intentó con Ulibarri un negocio en un plan urbanístico que acabó cerrando con constructores próximos al alcalde. La Nucia, que en el sumario es epicentro de unas grabaciones sobre orgías sexuales apartadas de la documentación por el juez, puede ser sólo la punta de la vertiente especulativa de la trama. Jacobo Gordon confesó al juez Garzón, que abrió el caso desde la Audiencia Nacional: "Estudiábamos casi 400 terrenos al año para elegir en cuáles invertir".

RAMIFICACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'

- Contratos con Orange Market. La Generalitat hizo 45 adjudicaciones con la empresa valenciana de la trama corrupta por un total de 7,1 millones de euros. Entre los contratos están los cinco pabellones para la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por 5,5 millones de euros, y la fiesta inaugural de la Volvo Ocean Race en Alicante por 445.000 euros. La empresa de Álvaro Pérez, que organizó actos y campañas del PP valenciano, con irregularidades en la facturación denunciadas por la Sindicatura de Comptes, contrató al menos con cinco consejerías del gobierno de Camps y con fundaciones como La Luz de las Imágenes, Agua y Progreso o Castelló Cultural. También lo hizo con la Feria de Valencia, que se ha negado a ofrecer datos de esa relación mercantil.

- Contratos con otras empresas de la trama. El juez investiga contratos de la Generalitat con, al menos, otras cinco empresas de la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa: Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM. Ha pedido información sobre esas contrataciones al Consell.

- Comisiones ilegales por la visita del Papa. A través de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, en la que participaban la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación, así como el arzobispado de Valencia, y de Ràdio Televisió Valenciana, la trama obtuvo sustanciosas comisiones ilegales. La fundación concedió a Canal 9 los derechos exclusivos de retransmisión de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. La cadena pública contrató por 6,4 millones con la constructora Teconsa la sonorización de los actos. En realidad, Teconsa, que recibió por ello 200.000 euros, hizo de pantalla para que la trama se embolsara más de un millón de euros. El coste del servicio que pagó RTVV fue casi el doble de lo que cobraron realmente las empresas que ejecutaron la sonorización.

- Financiación irregular del PP. La policía ha detectado que cinco constructoras valencianas han financiado supuestamente al PP a través de Orange Market. Son Lubasa, Facsa, Sedesa, Ortiz e Hijos y Piaf. En la contabilidad de la red figuran cobros en A y en B del congreso regional del PP de 2002. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha anunciado una querella contra Camps por financiación ilegal del PP.

- Regalos a altos cargos. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PP valenciano, ahora cesado, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y el ex director general de RTVV Pedro García recibieron trajes que pagó la trama corrupta. La imputación de los cuatro primeros fue archivada por el TSJ y está recurrida ante el Supremo. La trama hizo regalos a decenas de altos cargos.

- Maniobras urbanísticas. La Nucia aparece en la investigación como centro de una serie de maniobras urbanísticas de la trama. También se ha revelado la relación del alcalde, Bernabé Cano, del PP, con Álvaro Pérez y otros miembros de la red.

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LA "GÜRTEL" TRITURA EL DISCURSO DE AUSTERIDAD DE AGUIRRE

Los más de 300 contratos que Madrid dio a la trama dibujan una política de despilfarro y culto a la personalidad avalada por la misma dirigente que propugna "adelgazar la Administración"

ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID

Cuando en junio de 2008 Esperanza Aguirre se enfundó en el discurso de la austeridad y redujo su Gobierno para "adelgazar la Administración", nada se sabía aún de los manejos de la trama Gürtel. Ni que las empresas de la enmarañada red habían logrado entre 2004 y 2008 más de tres millones de euros en contratos del Ejecutivo madrileño, todos ellos, menos dos, otorgados a dedo. Desde luego, tampoco se sabía que la mayor parte de esos 342 contratos tenían por objeto glorificar la figura de Aguirre. No a cualquier precio, pero sí a cualquiera que fuese inferior a 12.000 euros. O que aparentase serlo.

El repaso de las facturas madrileñas incluidas en el sumario del caso Gürtel dibuja una política de despilfarro y culto a la personalidad practicada, justamente, por el Gobierno de una de las dirigentes que con mayor ahínco defiende la reducción del gasto público y el "intervencionismo" estatal.

Esas mismas facturas constatan que las empresas de la trama servían para todo: para instalar una y otra vez una pantalla de plasma, para decorar con flores falsas el patio de la sede presidencial e, incluso, para tareas que muchos ciudadanos presumen gratuitas, como inaugurar un colegio, visitar un centro de salud o presentar un libro de cartas de amor. Pero nada de ello salía gratis. Mientras el Gobierno de Madrid adelgazaba, engordaban sus cuentas las cuatro empresas de la trama que operaban con la Comunidad.

Doce mil euros eran, hasta octubre de 2007, el importe máximo permitido para los llamados contratos menores, aquellos que se adjudican sin concurso. En múltiples ocasiones, los contratos se fraccionaron para que la cantidad nunca excediera del límite antes señalado. A veces, las partes se dividían entre distintas empresas del grupo, lo que dificultaba que la oposición detectase el ardid. Por ejemplo, que Aguirre presidiera la entrega de 250 viviendas de protección oficial a sus propietarios en mayo de 2005 costó 23.803 euros: Good and Better justificó trabajos por 11.992, mientras que Easy Concept facturó los 11.811 euros restantes.

En medio del erial
El caso más asombroso lleva la etiqueta de 34.748,55 euros. Casi seis millones de las antiguas pesetas es lo que cobró Diseño Asimétrico por organizar el 19 de julio de 2006 una visita de Aguirre al Parque Empresarial de La Carpetania, en Getafe. La visita empezó y terminó por la mañana. Si hubo aperitivo o copa de vino español, se pagó en otra factura.

El caso más asombroso lleva la etiqueta de 34.748,55 euros

La empresa pública Arpegio, dedicada a la gestión de suelos, liquidó sin problemas la factura, cuyo desglose parece sugerir que, en lugar de en una carpa montada sobre un erial, Aguirre atendió a sus invitados en un salón parisino. El recibo consigna la famosa "trasera" generalmente, un cartelón cuya instalación era, según Rajoy, lo que básicamente hacían las empresas de Correa en los actos del PP. Y quedan anotados también conceptos que luego se repiten en muchas otras facturas: las "dos jaimas de 5x5", la "tarima de prensa de 6x1 metros" y la "moqueta rojo institucional" suenan a letanía en los cargos endosados a la Comunidad por Diseño Asimétrico y sus tres compañías hermanas: Good and Better, Easy Concept y Servimadrid Integral.

Aunque los precios oscilan, fuentes del sector aseguran que alquilar una carpa en Madrid cuesta a un particular alrededor de 20 euros el metro cuadrado. O sea, que una de 10x15 como la usada en Getafe saldría por 3.000 euros. Y cada jaima, por unos 300 euros.

Teóricamente, ese contrato nada tiene que ver con el defenestrado Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia, luego consejero de Deportes, imputado en el caso Gürtel y a quien Aguirre señala ahora como el gran engañador y culpable de que el gang de Correa siguiera trabajando para la Comunidad. Si Arpegio pagó porque el entonces viceconsejero de Presidencia y hoy imputado Alberto López Viejo lo "recomendó", que es lo que María Dolores de Cospedal ha dicho para exculparse por los dos contratos que Metro de Madrid SA pagó a la trama cuando ella dirigía Transportes, eso es una incógnita. Pero, en todo caso, una incógnita baladí a efectos administrativos.

Por la apertura del curso escolar en varios centros, la Comunidad pagó a las sociedades de Francisco Correa 54.141 euros

Lo único cierto es que tanto esa empresa pública, entonces dependiente de Ordenación del Territorio, como todas las demás consejerías abonaron las facturas presentadas por alguna o varias de las empresas del conglomerado Gürtel.

Las dos jaimas antes citadas aparecían ya en una factura correspondiente al evento "Invertimos en Alcorcón", celebrado el 22 de febrero de 2006 y facturado a la Consejería de Sanidad. Visitar el ambulatorio La Ribota de ese municipio e inaugurar una residencia de mayores costó al erario público madrileño 7.096 euros. Sólo entre enero de 2005 y mayo de 2007, la Consejería de Sanidad abonó al menos a las empresas de la trama 53.053 euros por las visitas o inauguraciones de Aguirre a seis centros de salud y a otras tantas instalaciones hospitalarias. En una de esas facturas, se contabilizó incluso, aunque sin desglosar el coste, el "transporte de banderas de la Comunidad".

La escuela era una maqueta
Como se ve, las inauguraciones del Gobierno de Aguirre no son gratis. Por la apertura del curso escolar en ocho colegios y una guardería, la Comunidad pagó entre 2004 y 2007 a las sociedades de Francisco Correa 54.141 euros. En el listado de facturas de Educación, se observa no ya la confusión general que la trama introducía al facturar varias veces el mismo acto con ligeros cambios en el enunciado. Se revela algo más extraño aún: el 16 de febrero de 2006, Servimadrid facturó 10.183,25 euros por la "inauguración de la Escuela Infantil" de Valdemorillo. En realidad, y así figura en la página oficial de Aguirre, la presidenta de Madrid visitó ese día Valdemorillo... pero lo que presentó fue "la maqueta" de la futura escuela infantil. Puede tratarse de un error y no de una factura falsa, pero nadie lo detectó.

La confusión, en efecto, es continua. Otro ejemplo: Educación pagó en octubre de 2007 a Good and Better 11.990 euros por un acto cuya fecha ni siquiera se aporta. La justificación del contrato firmada por el subsecretario de la consejería, tampoco. Y tampoco se señala en el reconocimiento de pago signado por la interventora. La única información ofrecida es que el evento se llamó "Acuerdo para la mejora de la calidad educativa" y que se celebró en el Patio de Postas de la sede presidencial.

La Consejería de Familia pagaba a la trama por las inauguraciones de centros de mayores

Siguiendo idéntica pauta, la Consejería de Familia pagaba a la trama por las inauguraciones de centros de mayores protagonizados por Aguirre. La del centro del barrio de Los Cármenes, celebrada el 21 de marzo de 2007, reportó a Diseño Asimétrico 7.041,27 euros. Las fotos muestran a Aguirre tras un atril cuya leyenda dice esto: "Invertimos en Madrid". La trama cobró también el atril.

Dos meses más tarde, el 27 de mayo, se celebraron las elecciones autonómicas en las que Aguirre revalidó la mayoría absoluta alcanzada el 27 de octubre de 2003 en los segundos comicios de aquel año, forzados por el tamayazo.

La frenética actividad de la presidenta, que en un mismo día protagonizaba dos y hasta tres actos públicos, la llevó a comandarlos de toda índole, siempre que le garantizase un baño de multitudes. Por ejemplo, la clausura del I Concurso de Karaoke. Ocurrió el 17 de enero de 2006. En las fotos de su web, Aguirre posa sonriente junto al presentador de la final, Manolo Escobar. Ante ellos, se yergue un ramo de flores de aspecto auténtico y que, curiosamente, no facturó esta vez Servimadrid. Esta singular promoción pública del karaoke supuso a la Consejería de Familia un desembolso de 6.978,72 euros.

12.000 euros para flores
La lectura de la documentación remitida al juez por la Comunidad de Madrid alimenta una pregunta: la de por qué un Gobierno presidido por una de las principales defensoras del liberalismo económico se permitió, y es otro ejemplo, pagar con cargo al erario público 12.000 euros a Easy Concept por la "decoración floral" de los patios centrales de la sede de la Presidencia durante el acto del Día de la Constitución de 2004. A tenor de la factura, no hubo orquídeas salvajes sino kentyas de tela, 38 jardineras de ponsetias la flor navideña por antonomasia y "44 metros de guirnaldas" de esa misma variedad. Easy Concept instaló, según la factura, "60 sillas doradas para orquesta".

El bastidor oscilante
La pregunta sobre por qué un gobierno supuestamente austero destinó a gastos superfluos cantidades como las expuestas se complica con la constatación de que el fraccionamiento de contratos no fue una artimaña excepcional. Como el propio Francisco Correa confesó en una charla intervenida por la Policía, aquello de trocear los encargos era la tónica habitual. Así que, por ese mismo acto del Día de la Constitución de 2004, la misma Easy Concept facturó otros 12.000 euros en concepto de "iluminación y sonorización".

La trama disparaba con pólvora del rey. O, más exactamente, de los ciudadanos. Hay una factura de Diseño Asimétrico relativa a la entrega de medallas al Mérito Ciudadano en 2007 y en la que se anotan 2.191 euros por un "bastidor de madera tapizada en tela para trasera de 9x4 m." Debajo, se apuntan otros 1.211,72 euros por "40 metros cuadrados de tela azul ducados para tapizado de trasera, escenario y barras de reposteros". El vocabulario evoca el empleado por Orange Market cuando pedía a Forever Young que facturase los trajes de Camps como "tela para tapizar".

1.211,72 euros por "40 metros cuadrados de tela azul ducados para tapizado de trasera, escenario y barras de reposteros"

Meses más tarde, Servimadrid envió a la Consejería de Empleo y Mujer otra factura ajustada a los peculiares estándares de la Comunidad: 11.800,54 euros con IVA. La empresa pretendía cobrar y lo logró un acto celebrado el 5 de octubre de 2005. Se trataba de la presentación del Plan Emprendedores 2005/2007, donde Aguirre describió las acciones previstas. Y el bastidor, ahora con 40 centímetros más de ancho y dispuesto para "grapado de lona", ya aparecía anotado al precio de 1.732,98 euros. "Si tienes un sueño, empréndelo", era el bucólico lema del plan.

En mayo de 2007, Empleo también abonó 11.995,83 euros por otro acto celebrado el 2 de noviembre de 2005. Aquí, de nuevo con la presidenta en el centro del protagonismo, Servimadrid cifró en 2.505 euros un bastidor que supuestamente medía 10x4 metros. Como apuntan los datos, el precio del metro de bastidor oscilaba. Y se cotizaba según el estado de ánimo o las necesidades de la empresa. Sin reparos oficiales.

Desfile de pantallas
Ninguna de las facturas aportadas al sumario permite dilucidar si las empresas de Correa amortizaron la moqueta roja institucional, la tarima de prensa y el bastidor a base de usarlos en sucesivos eventos. Tampoco es posible concluir si la Comunidad habría ahorrado más comprando cuatro pantallas de plasma de 50 pulgadas que alquilándolas una y otra vez a la resuelta trama empresarial: por las cuatro utilizadas en el acto de los emprendedores del 5 de octubre de 2005, Servimadrid cobró 2.600 euros.

Las cuatro pantallas de plasma, que desfilan como un ejército por el listado de facturas, aparecen por primera vez en uno de los eventos sobre los que más tinta ha corrido en los últimos meses: por sus características, el homenaje a quienes participaron socorriendo a las víctimas del 11-M y porque Vicepresidencia permitió que Easy Concept fraccionara el importe total en 15 facturas.

De nuevo, nadie se molestó tampoco en preguntar cuánto personal había aportado la empresa, que por ese concepto emitió otra factura de 9.834 euros, más otros 10.525 euros por el alquiler, montaje y desmontaje de 3.500 sillas. Y así 15 veces hasta sumar 141.000 euros.

Objetivo, situar a la presidenta en el centro del escenario

Situar en el centro del escenario a la presidenta, tanto en sentido literal como figurado, era el objetivo de la mayoría de los 342 contratos que lograron del Gobierno de Madrid las cuatro empresas de la ‘trama Gürtel’ que operaban en esa comunidad autónoma. Hacerlo costó más de tres millones de euros.

07/09/2005
El acto en Metro del que nada sabía Cospedal: 21.480 euros
Metro de Madrid SA pagó a Servimadrid 21.480 euros por la presentación de la Cumbre Flamenca en el Metro. Cospedal, entonces consejera de Transportes, aseguró no tener “ni idea” de ese contrato y negó que Metro hubiera efectuado el encargo.

11/04/06
Inaugurar las obras de un hospital: 5.649 euros
En abril de 2006, Aguirre inauguró la primera fase de la ampliación de urgencias del hospital de Getafe. Como se lee en la factura, el “montaje” reportó a Servimadrid 5.649 euros.

19/07/2006
Visitar un parque empresarial, 34.748 euros
La que Esperanza Aguirre realizó hace tres años al parque empresarial La Carpetania, en Getafe, fue una visita habitual, salvo por su coste: Diseño Asimétrico cobró 34.748,55 euros, precio que no incluía catering y sí la famosa carpa que aparece en múltiples facturas.

14/02/2007
Presentar cartas de amor: 32.296 euros
El 14 de febrero de 2007, con el reloj ya avanzando hacia las autonómicas, Aguirre presentó el libro ‘Toda una vida’, recopilación de las cartas de amor escritas por “usuarios de centros de mayores”. La presentación, celebrada en la sede de Presidencia, en la Puerta del Sol, costó 32.296 euros.

02/04/2007
Ir a un colegio y hacer una promesa electoral: 8.888 euros
El 2 de abril de 2007, Aguirre visitó el colegio San Eugenio y San Isidro, que permaneció abierto en Semana Santa. La presidenta aprovechó para anunciar que reforzaría su plan de colegios bilingües si en mayo resultaba reelegida. Costó 8.888 euros.

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