CORRUPCIÓN | Desvío de fondos en la recogida selectiva
Pone fin a la instrucción de una de las numerosas causas que afectan a UM
Europa Press | Palma
El juez instructor del caso Cloaca, centrado en un presunto desvío de fondos del Consell de Mallorca por servicios de recogida selectiva de residuos, ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a la ex portavoz de Unió Mallorquina (UM) y ex consellera insular de Medio Ambiente Catalina Julve, tras dos años de instrucción de una de las numerosas causas que afectan a la extinta formación regionalista.
Mediante el auto de pase a procedimiento abreviado que ha dictado este miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, pone fin a la instrucción de este caso y da pie a la Fiscalía Anticorrupción para que pueda presentar su escrito de acusación sobre estos hechos, paso previo a la apertura de juicio oral, o por el contrario solicite el sobreseimiento de este procedimiento judicial.
El magistrado ha decretado que, junto a Julve, representada en esta causa por Gabriel Garcías, el proceso penal continúe asimismo contra el empresario Simón Galmés y la exsecretaria técnica de Cooperación Local Coloma Castañer, así como para los también imputados César García y Miguel Rullán.
Por el contrario, el juez ha acordado el archivo para, entre otros, el empresario de FCC Enrique Francia, defendido por el letrado Luis Jordana de Poza; la técnica del Consell María Morey, asistida por el letrado Josep de Luis; el exjefe de servicios del Departamento de Residuos Fernando Ruano, y el exdirector insular Guillem Riera, al no apreciar indicios delictivos contra ellos.
En su extensa resolución, el juez apunta a la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la Administración, entre otros hechos por el presunto desvío de unos dos millones de euros por trabajos no prestados por parte de las UTE Resenetma -en la que estaba integrada Melchor Mascaró- y FCC-Lumsa, mercantiles a las que la Institución insular les adjudicó en 2002, mediante un negociado sin publicidad, el servicio de recogida selectiva.
El instructor señala que, años después, un cambio en el sistema de facturación provocó que las adjudicatarias cobrasen del Consell por servicios que en realidad estaban prestando otras empresas, que a su vez percibían fondos de diversos ayuntamientos por estos mismos servicios. En este sentido, el magistrado asevera que tanto Julve como Riera fueron los responsables de la modificación, si bien precisa que no se aprecia que existiera "ánimo de lucro" por parte de los exaltos cargos públicos.
De forma paralela, el auto hace alusión a las actuaciones de control que, de forma paralela, debían llevar a cabo las concesionarias del Consell sobre la prestación de sus servicios de recogida selectiva, bien directamente o a través de otra empresa contratada al efecto. No obstante, destaca que la empresa a la que le encargaron este seguimiento, Ses Nostres Eines, cobró por ello 9.000 euros mensuales -con cargo a las arcas públicas- sin que conste que realizase control alguno.
De hecho, el magistrado recalca al respecto que en los archivos de la Administración supramunicipal no constan "más que unos pocos informes" de Ses Nostres Eines cuyo contenido es "una mera copia de información facilitada por las empresas adjudicatarias", derivándose de ello que "la contraprestación a tan elevada cantidad no existió". El instructor indica además que el objeto social de Ses Nostres Eines nada tenía que ver con la recogida de residuos.
Suministro de sillas por 30.000 euros públicos
Finalmente, otro de los hechos que han sido objeto de investigación fue la aprobación, por parte del Consell, de un expediente de contratación para el suministro de 2.150 sillas de resina blanca con brazos, para lo cual las empresas que fueron invitadas pertenecían al mismo grupo empresarial, "conculcando los principios de la Ley de Contratación Pública". Según el auto, Coloma Castañer firmó el informe justificativo de este suministro mientras que Julve fue la encargada de resolver el inicio de la licitación.
Es más, el juez señala cómo las sillas fueron pagadas, por un total de 29.928 euros públicos, el 13 de diciembre de 2006 en virtud de una factura falsa emitida contra la Institución por Ses Nostres Eines el 2 de octubre, a pesar de que esta empresa las adquirió para suministrarlas al Consell dos meses después.
Cabe recordar que la Fiscalía elevó a más de tres millones de euros la cantidad supuestamente desviada en el marco de este procedimiento, mientras que un informe pericial del Consell la cifró en más de cinco millones (pese a que su autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado). Por su parte, las concesionarias alegaron por el contrario que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas en este proceso. Más en concreto, el informe aportado por una de las defensas cifraba en 203.711 euros la cantidad supuestamente sobrefacturada.
