Europa Press | Málaga
La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el alcalde de Sierra de Yeguas, Salvador Ortiz, sobre presuntas "irregularidades" en casi una treintena de contrataciones de personal laboral supuestamente realizadas por el ex regidor Rafael Sánchez Lavado desde 2007.
Así, desde la Fiscalía explicaron a Europa Press que se han incoado dichas diligencias para averiguar si los hechos denunciados son tales y si son constitutivos de delito o, por el contrario, se enmarcarían en el ámbito administrativo, para lo que se estudiará la documentación presentada por el denunciante.
En la denuncia, presentada a principios de noviembre, se explicaba que el actual equipo de gobierno pudo observar "que existieron numerosas irregularidades e ilegalidades en los procedimientos de selección de personal laboral realizados por el Gobierno anterior", aportando documentación que, a su entender, lo prueba.
En este punto, se indicaba que en la documentación aportada se observaba que "repetidamente" la Secretaría del Ayuntamiento se manifestó "negativamente" respecto a "los procedimientos seguidos por el alcalde para la contratación de personal laboral", considerando en la denuncia se vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público.
Así, el documento, al que tuvo acceso Europa Press, señalaba que el "evidente responsable" de los hechos denunciados es Sánchez Lavado "debido a que es él quien haciendo caso omiso a los informes dictados por el técnico del Ayuntamiento realiza a través de decreto de Alcaldía la contratación irregular del personal laboral".
El escrito precisaba que el procedimiento para la contratación del personal laboral "vulnera" lo estipulado en las normativas y apuntaba que "el conocimiento de realizar una acción en contra de la legalidad se desprende con toda claridad en la vulneración continuada de lo informado por el secretario en cada informe previo a los decretos".
"El alcalde, a sabiendas de su injusticia, dictó los decretos de contratación de forma arbitraria, interviniendo, debido a su cargo, en el proceso de contratación pública", apuntaba el escrito, en el que se pedía a la Fiscalía a que interesara la incoación de un procedimiento penal en el que "se depuren los comportamientos denunciados".
elmundo.es
Así, desde la Fiscalía explicaron a Europa Press que se han incoado dichas diligencias para averiguar si los hechos denunciados son tales y si son constitutivos de delito o, por el contrario, se enmarcarían en el ámbito administrativo, para lo que se estudiará la documentación presentada por el denunciante.
En la denuncia, presentada a principios de noviembre, se explicaba que el actual equipo de gobierno pudo observar "que existieron numerosas irregularidades e ilegalidades en los procedimientos de selección de personal laboral realizados por el Gobierno anterior", aportando documentación que, a su entender, lo prueba.
En este punto, se indicaba que en la documentación aportada se observaba que "repetidamente" la Secretaría del Ayuntamiento se manifestó "negativamente" respecto a "los procedimientos seguidos por el alcalde para la contratación de personal laboral", considerando en la denuncia se vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público.
Así, el documento, al que tuvo acceso Europa Press, señalaba que el "evidente responsable" de los hechos denunciados es Sánchez Lavado "debido a que es él quien haciendo caso omiso a los informes dictados por el técnico del Ayuntamiento realiza a través de decreto de Alcaldía la contratación irregular del personal laboral".
El escrito precisaba que el procedimiento para la contratación del personal laboral "vulnera" lo estipulado en las normativas y apuntaba que "el conocimiento de realizar una acción en contra de la legalidad se desprende con toda claridad en la vulneración continuada de lo informado por el secretario en cada informe previo a los decretos".
"El alcalde, a sabiendas de su injusticia, dictó los decretos de contratación de forma arbitraria, interviniendo, debido a su cargo, en el proceso de contratación pública", apuntaba el escrito, en el que se pedía a la Fiscalía a que interesara la incoación de un procedimiento penal en el que "se depuren los comportamientos denunciados".
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