TRIBUNALES | Anulada una grabación como prueba
José Luis Vega (IU-CA) se ha desligado de cualquier irregularidad
El ex alcalde se apoya en el informe favorable del arquitecto municipal
Europa Press | Sevilla
La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado este martes visto para sentencia el juicio por las licencias de primera ocupación otorgadas en 2008 por el Ayuntamiento de La Algaba, entonces gobernado por José Luis Vega (IU-CA), a la sociedad limitada 'Agroporc', pese al informe desfavorable de la oficial mayor del Consistorio.
Al finalizar la vista oral, el Ayuntamiento de La Algaba ha solicitado para Vega seis años de cárcel, nueve de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 90.000 euros, mientras la Fiscalía ha pedido tres años y medio de prisión, nueve de inhabilitación y multas por valor de 50.000 euros y la defensa del exalcalde ha reclamado su libre absolución. Durante la vista oral, según han informado fuentes del caso, han sido juzgados tanto el exalcalde José Luis Vega, como quien fuera su coordinador de Alcaldía, Antonio M.M.
La causa en cuestión parte de una grabación sonora en la que el PSOE, que gobierna actualmente el Ayuntamiento de La Algaba, identifica "claramente" la voz del por entonces alcalde reclamando supuestamente 30.000 euros a unos directivos de 'Arcopro S.L.', por la entrega de las citadas licencias de primera ocupación, que contaban con el informe desfavorable de la oficial mayor del Consistorio.
La grabación, no obstante, no ha sido utilizada como prueba en el juicio, porque un informe de la Unidad Central Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía concluía ya en 2011 que "no es posible realizar informe técnico pericial de identificación de voz" del citado material al estar "muy degradada" su señal acústica.
De la documentación incluida en la fase de instrucción se desprende que el 15 de julio de 2008, un informe de la oficial mayor del Ayuntamiento informaba desfavorablemente sobre estas licencias de primera ocupación solicitadas el 26 de junio de aquel año por la promotora 'Arcopro S.L.'. Ese día 15 de julio, cuando Vega aún ostentaba la alcaldía de La Algaba, él mismo libraba una licencia urbanística para una primera ocupación en favor de esta empresa merced al "informe favorable" de los servicios técnicos municipales y "visto" el mencionado informe del oficial mayor del Consistorio.
Informes a favor y en contra
En ese sentido, durante la vista oral han comparecido como testigos la propia oficial mayor, quien ha dado cuenta de su informe, y la ex secretaria general del Ayuntamiento de La Algaba Encarnación C.P., quien ya en diciembre de 2010 testificaba en la causa manifestando que la licencia en cuestión gozaba de "un informe técnico favorable", aunque "no era frecuente que se firmara un decreto con el informe desfavorable de la oficial mayor". Para ella, "no había ninguna duda en cuanto a que no se podía conceder las licencias", toda vez que esta alta funcionaria ha testificado en el juicio ratificando su tesis inicial.
También han testificado en el juicio los empresarios de 'Arcopro S.L.', quienes habrían defendido la tesis de que el entonces alcalde, primero a través de los comentarios de un ingeniero técnico y después en la supuesta reunión asociada a la grabación, les habría reclamado dinero por la concesión de las licencias, extremo que habría corroborado el citado ingeniero en su propio testimonio.
Finalmente, el Ayuntamiento de La Algaba, en su papel de acusación, ha solicitado para José Luis Vega cuatro años y medio de cárcel y una multa de 90.000 euros por un presunto delito de cohecho y un año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público por un posible delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía, de su lado, ha solicitado tres años y medio de cárcel y una multa de 30.000 euros por un presunto delito de cohecho y una multa de 20.000 euros y nueve años de inhabilitación por presunta prevaricación, toda vez que la defensa de Vega ha solicitado su libre absolución.
Y es que Vega, de su lado, se ha desligado siempre de cualquier irregularidad y, recientemente, avisaba de que "la principal acusación que esgrimía el PSOE como prueba de cargo", en este caso la grabación, "ha quedado totalmente invalidada". Según señalaba, el mencionado CD "pudo sufrir numerosas manipulaciones antes de que los socialistas lo pusieran en mano de la justicia". Igualmente, el exalcalde señala el informe y el testimonio del arquitecto municipal que avaló su decisión de conceder las licencias de forma parcial, por unidades de ejecución de urbanización. Según el primer edil, este informe "fue elaborado por el arquitecto municipal y acredita por tanto la legalidad de la actuación desde el punto de vista técnico y urbanístico".
Por su parte, el propio exalcalde ha manifestado que no ha habido "pruebas en la mesa" sobre los delitos de cohecho o prevaricación que le atribuyen el Ayuntamiento y la Fiscalía. Vega, en ese sentido, ha señalado que la inadmisión de la grabación que dio pie al caso reduce el asunto a "un testimonio contra otro" y que incluso dos de los cuatro empresarios de 'Agroporc' que han testificado niegan que él les reclamase dinero a cambio de las licencias.
