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miércoles, 2 de septiembre de 2009

EL BUFETE DE MICHAVILA LOGRÓ UN CONTRATO CON EL VOTO DE SU HERMANA

La familiar del ex ministro es teniente de alcalde de Villanueva del Pardillo

PABLO LINDE - Madrid

Villanueva del Pardillo sería uno más de los pueblos gobernados por el PP que han contratado al despacho de abogados Eius, donde colabora el ex ministro José María Michavila, si no fuese por quién es su teniente de alcalde. Se llama María del Carmen Michavila Núñez y es hermana del dirigente popular que renunció la semana pasada a su escaño en el Congreso de los Diputados.

Otros ayuntamientos del PP tenían acuerdos similares con el despacho

José María Michavila siempre ha sostenido que Eius no es su bufete, sino el despacho en el que colabora como abogado. Entre los contratos que ha conseguido, están los de los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y de Boadilla del Monte cuando estaban gobernados por los alcaldes ahora imputados por el caso Gürtel.

Villanueva del Pardillo contrató por 30.000 euros anuales desde 2006 a 2008 a dicho bufete en concepto de asesoría. Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, en las tres ocasiones la hermana del ex ministro votó favorablemente.

Este periódico trató ayer de contactar con la teniente de alcalde de Villanueva del Pardillo (14.763 habitantes) para preguntar si conocía que había votado a favor de contratos con el despacho donde colabora su hermano y si creía que podía haber alguna incompatibilidad en ello. Tras varios intentos, una portavoz del Ayuntamiento explicó que el equipo de Gobierno había estado toda la mañana reunido tras las vacaciones y que por la tarde "ya no había nadie". Esta fuente asegura que "todos los contratos que se firman son públicos y están conformes a derecho", pero prefirió no facilitar la forma de contactar con Michavila.La relación de Eius Abogados con el consistorio de Villanueva del Pardillo comenzó en 2006. Una Junta de Gobierno aprobó en el mes de abril de ese año la contratación del bufete para el servicio de consultoría y asistencia en materia laboral y contencioso-administrativa. En las actas, a las que ha tenido acceso este periódico, María del Carmen Michavila figura como una de las participantes que votó a favor de esta contratación por "el procedimiento negociado sin publicidad". El Ayuntamiento convenía pagar 30.000 euros a la empresa por la asesoría de todo el año. Esta contratación, que no requería concurso, se volvió a ratificar en 2007 y 2008 y ha estado en vigencia hasta este verano. También votó a favor Michavila en sucesivas Juntas de Gobierno que aprobaban las facturas del Consistorio, en la que cada mes aparecía una de 2.500 euros a favor del despacho de abogados, que hasta el momento ha percibido unos 90.000 euros del ayuntamiento madrileño.

María del Carmen Michavila comenzó su labor en el pueblo trabajando en proyectos de formación de desempleados. Llegó al Ayuntamiento tras las elecciones de 2003. Con la victoria del PP fue nombrada concejal delegada de Cultura, Desarrollo Local y Consumo y poco a poco fue ganando peso en el organigrama municipal. Tanto fue así, que en los siguientes comicios, los de 2007, fue una de las encargadas de redactar el programa electoral de los populares en la localidad y pasó del número cinco a ser la segunda en la lista. Con la reedición de la victoria, dio el salto a la Primera Tenencia de Alcaldía. También es concejal de Administración General, Hacienda y Coordinación de Áreas y presidenta del consejo de administración de la Sociedad Urbanística Municipal. Era, la mano derecha del alcalde, Juan González Miramón, cuando se ratificaron por dos veces los contratos a Eius.

El despacho tenía acuerdos similares con otras administraciones del PP. Saltaron a la luz por el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP por la trama de empresas de Francisco Correa. En Pozuelo, Eius recibió al menos 64.000 euros por contratos firmados entre marzo de 2007 y agosto de 2008, por el entonces alcalde, Jesús Sepúlveda, imputado por Garzón por cohecho. También había firmado convenios para trabajar con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, corazón de la presunta trama corrupta. Al alcalde con el que se suscribieron los contratos, Arturo González Panero, le impusieron la mayor fianza de todos los imputados, 1,8 millones. Eius también ha recibido adjudicaciones de la Comunidad Valenciana, donde trabaja otra hermana de Michavila, Ana, como jefa de gabinete de Francisco Camps.

EL PAÍS ya desveló estas relaciones en marzo. El Congreso comenzó a estudiar entonces las posibles incompatibilidades de las labores de otros dos abogados de Eius, que eran también letrados de las Cortes. No así las del ex ministro, a quien la ley permitía realizar a la vez estas actividades de dentro y fuera de la Cámara. Finalmente, el político, que también es representante de artistas como Alejandro Sanz o Shakira, decidió abandonar su escaño el viernes. Con él se marchó de las Cortes Alberto Borrego, uno de los letrados que trabaja también para Eius. Michavila envió una carta al presidente del Congreso, José Bono, en la que decía que su salida se debía a "razones familiares y personales que tú seguro entenderás". El ex ministro, que nunca ha querido explicar su labor en el despacho más allá de decir que es un colaborador, asegura que pretende continuar en la dirección del PP. Su hermana ayer tampoco dio una explicación a pesar de los sucesivos requerimientos de este periódico.

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ELPAÍS.COM

sábado, 29 de agosto de 2009

LOS NEGOCIOS PRIVADOS DE MICHAVILA ACABAN CON SU ESCAÑO DE DIPUTADO


@Alberto Mendoza.-

Al final, el popular José María Michavila tuvo que elegir. Y eligió los negocios. El ex ministro de Justicia dejará su escaño como diputado del Congreso después de haber conjugado, al límite de la legalidad, un cargo público con sus intereses privados. La polémica sobre si Michavila debería mantener su escaño ha estado presente en la Cámara desde que El Confidencial informara de su relación con el ex alcalde de Boadilla imputado en Gürtel, y de sus múltiples ocupaciones en el ámbito privado, que apenas le dejaban tiempo para dedicarse a la actividad parlamentaria.

Ahora, Michavila podrá volcarse en su grupo de asesoramiento financiero a grandes fortunas, MdF Achievers. Fuentes cercanas al ex ministro explicaron a este diario que el diputado barajaba desde hace unos meses la posibilidad de abandonar su escaño, y que deseaba hacerlo en un momento en que no se relacionara con una investigación sobre la compatibilidad de sus actividades, o con una pérdida de apoyos en la dirección del PP.

Además de por su labor en este family office, Michavila se ha dedicado a representar a estrellas del espectáculo como Alejandro Sanz o Shakira, a presidir una fundación a favor de la educación infantil o a ejercer de abogado de directores de cine como Menno Meyjes, director de la gafada Manolete, que protagonizan Penélope Cruz y Adrien Brody. Una serie de actividades que le han alejado del Congreso: en la pasada legislatura, Michavila fue el diputado más sancionado por el PP, dadas sus continuas ausencias. El pasado marzo, justificó sus variadas actividades extraparlamentarias con una rotunda afirmación: “Es bueno saber lo que pasa en la calle”.

El ex ministro también fue distinguido en los años 2004 y 2006 con el premio “Desconocido en el Parlamento” por la Asociación de Periodistas Parlamentarios. En la actual legislatura sólo ha intervenido una vez. Lo hizo para interpelar al ministro Celestino Corbacho. Eso sí, ha presentado 272 preguntas escritas al Gobierno, un número superior a la media, aunque en muchos casos se trata de cuestiones repetitivas, en las que apenas cambia la provincia sobre la que se reclama información.

Relación privilegiada en Boadilla

Pero la polémica más grave que ha salpicado a Michavila proviene de su relación con Boadilla del Monte, epicentro de la trama encabezada por Francisco Correa. Eius Abogados, el despacho para el que trabajaba Michavila, junto con los letrados del Congreso Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, defendió al Ayuntamiento de Boadilla cuando fue denunciado por regalar a la SGAE el Palacio del Infante Don Luis. Pero las relaciones con Arturo González Panero (El Albondiguilla), ex alcalde imputado en el caso Gürtel, resultaron ser mucho más profundas. De hecho, Eius fue contratado por Panero hasta en nueve ocasiones, y ha abastecido al consistorio de Boadilla de varios directores jurídicos.

Dorrego, director de Eius y ex director general de Michavila cuando éste ejercía como ministro de Justicia, también colaboró con los negocios de otro de los imputados en Gürtel, José Luis Ulibarri. Este empresario, beneficiario de la construcción de 139 viviendas en Boadilla, situó a Dorrego como secretario de su brazo mediático, Mediamed Comunicación Digital, con el que consiguió 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana, donde la hermana de Michavila ejerce de jefa de gabinete de Francisco Camps.

Por otra parte, según publicó El Mundo, Michavila habría intentado participar como mediador en una operación urbanística en Boadilla a cambio de 6 millones de euros. El ex ministro era el enlace entre Global Health, empresa que fue administrada por Dorrego, y el Ayuntamiento de Boadilla para construir la malograda ciudad sanitara de la Mutua Madrileña en el municipio.

Investigación del Congreso

El ex ministro consiguió que el Congreso aprobara su trabajo extraparlamentario en el family office el pasado marzo, pero ese mismo mes el secretario general de la Cámara anunció que investigaría a sus colegas de despacho, los letrados Dorrego y Jiménez, por sus actividades privadas. El País informó ayer que el Congreso ha obligado a Dorrego a abandonar la Cámara acogiéndose a una excedencia.

La última etapa como diputado de Michavila ha logrado eclipsar la tarea que llevó a cabo como el ministro de Justicia más joven del periodo democrático. Licenciado en Derecho, Historia y en Filosofía y Letras, el ex ministro de Aznar puso en marcha los llamados juicios rápidos, e impulsó la Ley de Partidos Políticos que permitió la ilegalización de Batasuna.

ELCONFIDENCIAL.COM

MICHAVILA Y EL DIRECTOR DE SU BUFETE DE ABOGADOS DEJAN EL CONGRESO

Los escándalos que afectan al PP

El ex ministro, uno de los diputados con más negocios, aduce "razones personales"

FERNANDO GAREA - Madrid

Michavila y Camps durante un mitin del pp en valencia en marzo de 2004-Tania Castro

El polémico despacho de abogados en el que trabaja el ex ministro de Justicia José María Michavila abandonará el Congreso. El hasta ahora diputado del PP anunció ayer su intención de abandonar su escaño por Valencia, y el director del bufete, Alberto Dorrego, ha solicitado una excedencia indefinida de su puesto de letrado de las Cortes.

José María Michavila Núñez
A FONDO

Nacimiento:
28-03-1960

Lugar:
Madrid

El jefe del despacho, forzado a pedir una excedencia como letrado de las Cortes

La actividad del despacho Eius salió a relucir de forma colateral como consecuencia del caso Correa. Este periódico reveló que el bufete fue contratado reiteradamente por ayuntamientos y comunidades del PP que se han visto salpicados por este caso. Especialmente, el bufete fue contratado en multitud de ocasiones por los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, dirigidos entonces por los populares Arturo Panero y Jesús Sepúlveda, hoy imputados en el caso Gürtel.

Además, EL PAÍS publicó contratos de Eius con la Comunidad Valenciana para la elaboración de normativas. El despacho asesoraba luego a empresas que concurrían a concursos regulados en esas leyes autonómicas. Por ejemplo, uno sobre televisión digital. La ley impide que los letrados de las Cortes y los diputados contraten con las administraciones públicas y, por eso, el secretario general del Congreso, Manuel Alba, abrió una investigación contra Dorrego. También fue investigado otro letrado de las Cortes que trabaja en ese despacho, Andrés Jiménez, pero su caso era menos claro porque no firmaba los contratos.

Contra Michavila -cuya hermana Ana es jefa de Gabinete de Francisco Camps- no hubo ninguna actuación porque él tampoco firmaba. La posible sanción a Dorrego no superaría los cuatro meses de empleo y sueldo y el Congreso tendría que recabar oficialmente documentación de esas administraciones. Finalmente, se optó por forzar la petición de excedencia voluntaria e indefinida del letrado, tras archivar la investigación.

La petición tiene efectos desde el 31 de julio y sólo falta el trámite de formalización en la Mesa del Congreso la próxima semana. Coincidiendo con el inicio de esa excedencia del jefe del bufete, Michavila ha anunciado que abandona también el Congreso, aunque seguirá formando parte del Comité Ejecutivo del PP. Michavila es uno de los diputados con mayor actividad privada al margen de la Cámara. Obtuvo autorización para ejercer como abogado, actuar como representante de artistas, dirigir una empresa de gestión de grandes patrimonios y presidir una fundación solidaria y sin ánimo de lucro.

Recientemente comunicó a Mariano Rajoy y la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría su intención de dejar el escaño, y ha remitido una carta a José Bono, presidente del Congreso, en la que da los motivos: "Razones personales y familiares que a buen seguro tú entenderás bien". La portavoz del PP expresó a este periódico su reconocimiento al trabajo de Michavila en la Cámara.

ELPAÍS.COM

martes, 28 de abril de 2009

EL EX VICECONSEJERO DE AGUIRRE IMPUTADO EN LA GÜRTEL NIEGA HABER RECIBIDO "JAMÁS" UN EURO FUERA DE SU SUELDO


En las grabaciones de la investigación se dice que se llevaba un 10% de comisión

"Jamás, jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo". Lo ha dicho el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado, tras declarar ante el juez como imputado en la trama Gürtel. Los presuntos delitos que se le imputan son los de cohecho y tráfico de influencias.

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El nombre de Clemente Aguado se citaba en una de las conversaciones que obran en poder de la Justicia sobre la trama y a la que ha tenido acceso El Plural. En ella, otra de las imputadas, Isabel Jordán, aseguraba que se llevaba un 10% de todos los actos que adjudicaba a las empresas de la trama. Por otra parte, según el juez Baltasar Garzón, este ex alto cargo de Aguirre, podría haber recibido varios regalos de una de las emrpesas de la trama y al menos 16.000 de la caja “B” de Francisco Correa.

Cercano a Michavila
El ex viceconsejero está vinculado, además, con el ex ministro de Justicia, José María Michavila, que fue su mentor político. Tras su marcha del Gobierno regional, se trasladó a Colombia, su país natal donde dirige la Fundación Alas, organización sin ánimo de lucro que, según su ideario, intenta reducir la pobreza, la desigualdad y la marginación que sufren millones de niños en Latinoamérica. Michavila -cuyo despacho, Eius Abogados, se ha visto vinculado con varios de los imputados en la operación Gurtel y que se hizo cargo de la defensa jurídica del Ayuntamiento de Boadilla, epicentro de la trama corrupta-, es secretario general de la organización benéfica.

Niega las imputaciones
Sin embargo, a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde ha comparecido durante cerca de cuarenta minutos ante el magistrado Antonio Pedreira, ha reivindicado su inocencia. Su abogado, Alfonso Trallero, ha comentado a los periodistas que la fiscal no ha pedido que se le imponga ninguna medida cautelar, ni siquiera la retirada del pasaporte, ya que su representado reside actualmente en Colombia. Ha insistido en que su cliente ha negado categóricamente haber recibido "ni una sola cantidad distinta de su salario" y ha añadido que durante el interrogatorio Clemente ha sido preguntado por las cantidades que le atribuía el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y ha asegurado que "bajo ningún concepto ha recibido ni esas ni ninguna otras cantidades"

Petición de archivo
"En el caso del señor Clemente ya existen elementos más que suficientes para entender que esto no tiene nada que ver con la realidad", ha señalado el letrado, que ha anunciado que "a la mayor brevedad" solicitarán al magistrado que se archive la causa contra su cliente. Trallero ha eludido pronunciarse sobre la relación de Clemente con el líder de la trama de corrupción, Francisco Correa -que comparecerá ante el juez instructor el próximo jueves-, y lo ha hecho, según ha manifestado, por respeto al secreto de sumario.

Bosch elude la prensa
Después de Clemente, ha sido el turno del diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor, el primer aforado formalmente imputado en este caso, que ha permanecido en el despacho de Pedreira algo más de media hora y a la salida del tribunal no ha querido hacer declaraciones a los medios. "Lo que tenía que decir ya lo he dicho ante el juez", ha manifestado Bosch, que, según Garzón habría recibido 250.000 euros de la trama de corrupción.

El último en declarar hoy ante el instructor es el abogado Santiago Lago Borstein, cuyo nombre aparece en la contabilidad "B" de la trama de Correa junto al del ex concejal del PP en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, hermano del eurodiputado Gerardo Galeote.

ELPLURAL.COM

sábado, 25 de abril de 2009

ISABEL JORDÁN; "CARLOS CLEMENTE SE LLEVA UN 10 % DE TODO LO QUE ÉL ADJUDICA"


El Plural desvela por qué el ex viceconsejero de Aguirre ha sido imputado en el caso Gürtel

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración del Gobierno de Esperanza Aguirre desde el año 2005 hasta el 2008 y nuevo imputado en el caso Gürtel, se llevaba presuntamente un 10% de todos los actos que adjudicaba. Al menos es lo que se desprende de una de las grabaciones del sumario de la trama de corrupción vinculada al Partido Popular a la que ha tenido acceso El Plural.

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El ex viceconsejero de Aguirre sacaba partido de todos los eventos que organizaba para el Partido Popular o la Comunidad de Madrid. Así lo asegura en una conversación intervenida por la Policía Isabel Jordán (administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept, una de las tres principales empresas del entramado corrupto que lideraba Francisco Correa).

Acusaciones
Asimismo, según el juez Baltasar Garzón, Aguado podría haber recibido varios regalos de Easy Concept y al menos 16.000 de la caja “B” de Francisco Correa. Además, podría haber incurrido en delitos de blanqueo y asociación ilícita.

De la mano de Michavila
Antes de ser nombrado viceconsejero de Inmigración por Esperanza Aguirre, Carlos Clemente trabajó como asesor del ex ministro de Justicia José María Michavila, su principal mentor político. Fue Michavila quien le recomendó que, una vez terminados sus estudios de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, aumentara sus conocimientos. Al final, se convirtió en Técnico Superior de Administradores de la Universidad Rey Juan Carlos y cursó un máster en Estudios Políticos Aplicados.

Condecorado por Aguirre
Esperanza Aguirre también impulsó su carrera política. Tanta era su afinidad con Carlos Clemente que la lideresa del PP madrileño no dudó en concederle la medalla del Dos de Mayo como reconocimiento a su buen trabajo en el Ejecutivo regional, informa el periódico colombino El Tiempo.

Colombiano
Sin embargo, una vez terminado su paso por el Ejecutivo regional, Carlos Clemente retornó al país donde nació, Colombia. Allí, se convirtió en director general de la Fundación Alas, organización sin ánimo de lucro que, según su ideario, intenta reducir la pobreza, la desigualdad y la marginación que sufren millones de niños en Latinoamérica.

De nuevo con Michavila
En la actualidad, Clemente Aguado todavía dirige esta fundación en la que participan artistas tan relevantes como Shakira, Alejandro Sanz, Paulina Rubio, Calle 13, o Maná. El secretario General de esta fundación no es otro que José María Michavila, que ejerce como letrado en Eius Abogados, despacho que se ha visto vinculado con varios de los imputados en la operación Gurtel y que defendió en varios contenciosos al Ayuntamiento de Boadilla (epicentro de la trama corrupta).

jmgarrido@elplural.com

lunes, 13 de abril de 2009

EL EX ALCALDE DE BOADILLA CONTRATÓ HASTA EN NUEVE OCASIONES AL DESPACHO DE JOSÉ MARÍA MICHAVILA















Arturo González Panero, José María Michavila, Boadilla del Monte, Eius Abogados

El despacho jurídico del ex ministro José María Michavila defendió en nueve ocasiones al Ayuntamiento de Boadilla durante los años en que Arturo González Panero (en la foto), imputado en el caso Gürtel, fue alcalde de este municipio madrileño. Eius Abogados mantuvo una relación privilegiada con el equipo de gobierno de Panero -conocido por los miembros de la trama de Francisco Correa como El Albondiguilla-, y situó a dos de sus letrados como directores jurídicos del Ayuntamiento.

Según ha podido saber El Confidencial, cada uno de los nueve contratos del Ayuntamiento de Boadilla con el despacho de Michavila podría rondar los 18.000 euros, y se adjudicaban de forma directa, por decreto de El Albondiguilla. El primer procedimiento data de 2002, y el último de 2008, siendo 2007 el año en que más adjudicaciones recibió Eius: un total de cinco.

El socio director de Eius, Alberto Dorrego, y su colega de despacho Andrés Jiménez, ambos letrados de las Cortes, están siendo objeto de investigación por el Congreso de los Diputados para esclarecer si su trabajo como funcionarios es compatible con sus servicios al consistorio de Boadilla. Diversos grupos parlamentarios han recibido recientemente la lista de procedimientos en que Eius trabajó en la defensa de los intereses de Panero y su equipo.

Una información que podría ser determinante para esclarecer si Dorrego y Jiménez vulneraron el Estatuto por el que se rigen los letrados de las Cortes, que refleja claramente la incompatibilidad de "percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellos dependientes". Esto incluye cualquier "derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional".

Michavila obtuvo el pasado 17 de marzo la autorización del Congreso para compaginar su sueldo como diputado con los ingresos que percibe en el sector privado. El ex ministro popular gestiona patrimonios de familias adineradas a través de la firma Michavila y De Fernando Family Office; trabaja en Eius y, entre otras actividades extraparlamentarias, representa a estrellas del espectáculo como Alejandro Sanz o Shakira.

Dos hombres de Eius en Boadilla

Uno de los casos más sonados en que el despacho de Michavila defendió al consistorio de Boadilla fue la polémica cesión del Palacio del Infante don Luis a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). En esa ocasión, Dorrego y su socio Alfredo Dagnino se encargaron de la defensa del Ayuntamiento y de la SGAE frente a la demanda interpuesta por el partido Alternativa por Boadilla.

Eius Abogados también ha conseguido colocar a dos de sus abogados en el cargo de director técnico jurídico del Ayuntamiento de Bodilla. El primero fue Francisco Javier González Sánchez, alias Farruquito, quien fue sustituido en 2006 por Carlos Ruiz Cabrera, también colega de Michavila.

Tras la dimisión como alcalde de Panero, que continúa como concejal, Eius ha mantenido su influencia en el cosistorio a través del actual alcalde, Juan Siguero, también del PP. De hecho, una de las primeras decisiones de Siguero, ex concejal de Hacienda de Panero, fue confirmar en su cargo a Ruiz Cabrera.

ELCONFIDENCIAL

sábado, 7 de marzo de 2009

UNO DE LOS IMPUTADOS FUE ASESOR DE MICHAVILA



El ex viceconsejero Carlos Clemente sigue ligado al ex ministro

Carlos Clemente, de pie, en un viaje a Latinoamérica junto al consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.- EFE

ALICIA GUTIÉRREZ - Madrid



Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta octubre de 2008 y uno de los imputados por el juez Garzón el pasado jueves, fue asesor de José María Michavila durante su etapa como ministro de Justicia entre 2002 y 2003.

La relación con Michavila, cuyo bufete -Eius- trabajó para los ayuntamientos de Boadilla y el de Pozuelo, ambos presuntamente implicados en la trama de corrupción, no se ha interrumpido: Clemente Aguado cesó a petición propia como viceconsejero precisamente para asumir la dirección general de una fundación benéfica latinoamericana donde Michavila ocupa el cargo de secretario. Como informó Público, dos de los directores de Eius son letrados del Congreso, que esta semana ha abierto una investigación para dirimir si los abogados han incurrido en incompatiblidad.

Ex diputado autonómico por el PP, Clemente fue director de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado entre 2003 y 2005. Según el auto de Garzón donde le imputa junto con otros cargos del PP madrileño, Clemente cobró de la trama 16.000 euros mediante dos pagos. Uno de ellos, de 10.000 euros, aparece registrado en la llamada “Caja B actual”, uno de los compartimentos contables con los que que el grupo capitaneado por Francisco Correa consignaba la sucesión de cobro y pago de comisiones.

Este periódico no logró ayer contactar con Carlos Clemente ni con ningún directivo de la fundación a la que se ha vinculado. Un cargo medio de esa institución aseguró por la tarde desde Panamá que hasta ese momento ignoraba por completo que Clemente estuviera involucrado en un caso de corrupción.

Santo / Albondiguilla / América
Tanto el auto de Garzón donde se notifica la imputación de Clemente como aquel donde se inhibe respecto a los aforados de Madrid incluyen la referencia a un asiento contables cuyo significado se está investigando. La resolución del juez se refiere a él en estos términos: “Archivo box V51. Clave “bruja”, en Caja de seguridad en Velásquez, 96 con número de 51".

En ella consta una entrada de 900.000 euros y constan tres retiradas el 25 de mayo de 2007 con el concepto entrega Tomás Martín en oficina le conoce porque le ha visto con Pablo Crespo desconociendo a qué se dedica, y en el campo observaciones Santo Albondiguilla América por importes de 150.000, 210.000 y 300.000 euros”.

De los tres términos de esa ecuación cifrada, dos resultan fáciles de descifrar: Albondiguilla es el apodo con que la trama designaba al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. La alusión a América apunta, sin duda, a los negocios de Correa en el continente. El misterio reside en la mención a Santo, nombre o apellido que no se corresponde con el de ninguno de los imputados ni con el de los empresarios que, según Garzón, pagaron comisiones a la red corrupta de Correa.

Con domicilio en Colombia

El jefe de la trama, cuyo apellido dio nombre a la operación lanzada por Garzón -Gürtel, correa en alemán- tenía negocios en Miami y pretendía abrirse camino empresarial en Panamá, país al que pretendía huir y cuya laxitud en materia de sociedades lo convierte en uno de los paraísos fiscales usualmente transitados por la delincuencia internacional. El presunto capo de la red también había adquirido propiedades inmobiliarias en Cartagena de Indias (Colombia). En Bogotá, la capital de ese país, reside actualmente Carlos Clemente con su familia.


ERROR JUDICIAL
El alcalde Ginés López cobró, pero menos

El juez Baltasar Garzón ha rebajado de 1,3 millones de euros a 523.439 la cantidad percibida por el ex alcalde de la localidad madrileña de Arganda del Rey, Ginés López, en operaciones realizadas con Francisco Correa.

El magistrado de la Audiencia Nacional realizó esta modificación en un auto de aclaración al que dictó el jueves. Según Garzón, un oficio de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF), recibido ayer en su juzgado, puso de manifiesto que “se han detectado unos errores y omisiones en el informe” en el que se basa el juez para detallar las cantidades percibidas por López.

Dicho error consiste en “una duplicidad a la hora de incorporar las distintas partidas de cantidades percibidas” por el ex alcalde de Arganda, que aparecen detalladas en las distintas cuentas y documentos intervenidos en el domicilio del imputado José Luis Izquierdo.

PÚBLICO.ES

miércoles, 4 de marzo de 2009

SE ESTRECHA EL CERCO SOBRE MICHAVILA

José María Michavila,
Eius Abogados,
Boadilla del Monte

@F. Martín/ A. Mendoza.-

El cerco en torno al diputado del PP José María Michavila se estrecha. Las sospechas sobre si compatibiliza de forma legal sus actividades privadas con su escaño de diputado aumentaron ayer, después de que el Congreso anunciara que investigará a dos letrados de las Cortes con quienes comparte el bufete Eius Abogados. Precisamente, este despacho puede convertirse en otro foco de problemas para Michavila, ya que posee una notable presencia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, municipio madrileño epicentro del ‘caso Gürtel’.

La dimisión como alcalde del imputado Arturo González Panero, el Albondiguilla, con quien Eius mantenía una relación privilegiada, no ha enfriado el vínculo de este despacho con Boadilla. De hecho, la primera decisión que tomó el sucesor de Panero, el alcalde accidental Juan Siguero, fue confirmar en su cargo de director jurídico a Carlos Ruiz Cabrera, ex abogado de Eius, donde prestaba asesoramiento en materias de protección de datos y propiedad intelectual, según documentos municipales a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Se da la circunstancia de que Ruiz Cabrera había sido precedido en su puesto por otro hombre de Michavila, Francisco Javier González Sánchez, alias Farruquito. González Sánchez había sido nombrado en junio de 2007 por Panero, el mismo día que el ex alcalde designó a César Tomás Martín Morales, amigo de Francisco Correa, director general del Ayuntamiento.

Así, pese al cambio de alcalde, el poder dentro del Ayuntamiento de Boadilla apenas se ha movido de manos, y el despacho de Michavila ha logrado conservar su influencia. Buena prueba de este inmovilismo es que el nuevo alcalde también volvió a nombrar a otros cargos de confianza de Panero, como Laura Samaniego -prima de la mujer de el Albondiguilla-, y a Elena Cerezo -esposa de David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid-.

"Esto es una agencia de colocación de militantes y familiares de cargos del PP con unos sueldos escandalosos. Esperanza Aguirre no es tan liberal como dice porque tiene a familiares de medio partido cobrando de las instituciones públicas, una auténtica vergüenza" declaró Ángel Galindo, Portavoz de Alternativa por Boadilla. Según fuentes municipales, Panero sigue muy de cerca todo lo que acontece en el consistorio, hasta el punto de que “se ha montado un despacho frente a la puerta de la Alcaldía, desde donde vigila como el ‘ojo de Sauron’ lo que entra y lo que sale”.

Los negocios de Eius en Boadilla

Pese contar con abogados en nómina, el Ayuntamiento de Boadilla no dudó en contratar en distintas ocasiones los servicios de Eius Abogados. En el contencioso por el polémico ‘regalo’ a la SGAE del Palacio del Infante don Luis, fueron dos abogados de este despacho, Alberto Dorrego -director del bufete- y Alfredo Dagnino, quienes defendieron a la sociedad de autores y al Ayuntamiento en la demanda interpuesta por Alternativa por Boadilla.

Por otra parte, Dorrego también colabora con otro imputado en ‘Gürtel’, el tycoon mesetario de los ladrillos y los medios, José Luis Ulibarri, a su vez beneficiado por Panero con la adjudicación de la construcción de 139 viviendas en Boadilla. Dorrego es secretario de Mediamed Comunicación Digital, brazo mediático de Ulibarri, adjudicatario de 13 licencias de TDT por la Generalitat valenciana, donde la hermana de Michavila ejerce como jefa de gabinete del presidente Francisco Camps. Según el diario Levante, el despacho de Michavila cobró al menos 150.000 euros a Mediamed antes de la adjudicación de TDT. Asimismo, el bufete Eius asesoró en el PAI del golf de Xilxes en el que participa Ulibarri.

Michavila habría participado también como mediador en una operación urbanística en Boadilla. De acuerdo con El Mundo, el ex ministro pidió seis millones para ejercer como intermediario entre el Ayuntamiento y Global Health –su empresa cliente, que fue administrada por Dorrego- en la malograda ciudad sanitaria que la Mutua Madrileña pretendía levantar en esta localidad. Este diario trató de ponerse en contacto ayer sin éxito con Michavila y con la sede de Eius Abogados, cuya página web ha sido bloqueada en las últimas horas.

Investigación del Congreso de los Diputados

Ahora, Dorrego y su colega de despacho Andrés Jiménez deberán justificar en el Congreso de los Diputados, donde trabajan como letrados, que sus actividades privadas no violan el Estatuto del Personal de la Cortes. El secretario general del Congreso anunció ayer a la Mesa de la Cámara que investigará si los trabajos en Eius de Dorrego y Jiménez son compatibles con su función en el Parlamento.

El propio Michavila podría ser el próximo en tener que dar explicaciones sobre sus actividades, ya que, como diputado, está sujeto al Régimen Electoral General (LOREG), cuyo Capítulo II incluye como incompatibilidades el desempeño de cualquier otro puesto público o privado retribuidos. En particular, es en todo caso incompatible la actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local.

Fuentes del entorno de Michavila expusieron la dificultad que supone para el ex ministro separar sus contactos personales, labrados durante años de servicio en la Administración, y los clientes que se acercan a su despacho por el prestigio profesional de sus abogados. El diputado del PP conjuga su escaño con el trabajo en Eius, y con labores más conocidas como la representación de artistas como Shakira y Alejandro Sanz. Esta variedad de actividades le ha valido en dos ocasiones (2004 y 2006) el ‘premio’ anual “desconocido del Parlamento” que otorga la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

ELCONFIDENCIAL.COM

viernes, 27 de febrero de 2009

EL YA EX ALCALDE PANERO NOMBRÓ DIRECTOR JURÍDICO DE BOADILLA A UN SOCIO DEL BUFETE

Connivencias, incompatibilidades y sospechas en el despacho de Michavila

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Según ha podido saber El Plural, Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte forzado a dimitir por su presunta vinculación con la trama corrupta investigada por el juez Baltasar Garzón, ha contratado hasta en 10 ocasiones al despacho EIUS Abogados, en el que trabaja el ex ministro de Justicia y diputado del Partido Popular, José María Michavila.

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El despacho EIUS Abogados (fundado por Alberto Borrego, antiguo subordinado de Michavila cuando era ministro en el Ejecutivo de Aznar), habría recibido 120.000 euros del Ayuntamiento de Boadilla. (12.000 euros por pleito).

Socio y empleado
Además, uno de los socios de este bufete de abogados, Francisco Javier González Sánchez, fue contratado como “personal eventual” del consistorio de Boadilla. Su nombramiento como “director técnico jurídico” se recogió en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M) el 25 de julio de 2007. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Boadilla fijó en 45.053 euros la retribución anual que percibiría González Sánchez como director técnico jurídico.

Posibles incompatibilidades
Desde que se destapó la supuesta trama de corrupción vinculada al Partido Popular, EIUS Abogados y el diputado popular José María Michavila están bajo sospecha. Incluso, el Partido Popular podría estar trabajando en un informe jurídico sobre las posibles incompatibilidades del trabajo como abogado de Michavila al ser este diputado y mantener contratos con diferentes administraciones públicas.

José María Michavila, Alberto Dorrego, Alfredo Dagnino y Andrés Jiménez Días, miembros de EIUS, en las fotos de la web del bufete

Más sospechas
El hecho de que Michavila se reuniera con Francisco Camps el 21 de febrero, justo el mismo día que el presidente valenciano (uno de los posibles imputados en la Operación Gürtel) se vio también con el número dos del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, no ha hecho sino aumentar las sospechas. Tal y como ya informó este periódico, además de para defender al Ayuntamiento de Boadilla, su bufete se encargó del asesoramiento jurídico de la empresa de Ulibarri para conseguir las licencias de televisión en Valencia.

Vinculaciones
Lo cierto y verdad es que en los últimos días, no han cesado las noticias que vinculan a este despacho de abogados con varios imputados en la Operación Gürtel que investiga el juez Baltasar Garzón. Poco a poco, se ha desvelado que dos abogados del despacho en el que trabaja Michavila son también letrados de las cortes: Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz.

Un hombre de Michavila
Alberto Dorrego es el socio director de EIUS, despacho que fundó en 2004, cuando el PP perdió las elecciones. Hasta ese momento, Dorrego había sido director general para la Modernización de la Administración de Justicia a las órdenes de Michavila, que llegó a concederle la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. En la actualidad, Dorrego asesora a la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.

Abogado y congresista
Por su parte, Andrés Jiménez Díaz compagina su trabajo en EIUS Abogados con su puesto en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja y en la Comisión Mixta de Control de la Corporación de Radio Televisión Española (RTVE). En el pasado, Jiménez Díaz incluso llegó a ser interventor del Congreso de los Diputados.

¿Incompatibilidad de los letrados de Cortes?
En este punto, cabe precisar que, según el Estatuto de las Cortes, a los letrados de las cámaras les está prohibido terminantemente desempeñar cualquier actividad pública o privada que pueda “comprometer su imparcialidad o independencia”.

Católico y consejero de la COPE
Otro de los nombres que han aparecidos vinculados al despacho de EIUS Abogados es Alfredo Dagnino, consejero de la cadena COPE, y presidente de la Asociación Católica de Propaganda y por ende, de la Fundación San Pabla CEU. Al igual que Michavila, Dagnino, que hace unos meses comparó al Gobierno socialista con los nazis, también ha trabajado con este bufete.

jmgarrido@elplural.com

martes, 24 de febrero de 2009

MICHAVILA ASESORÓ A LA SGAE PARA CONSEGUIR "GRATIS" UN PALACETE EN BOADILLA

Michavila, SGAE, Teddy Bautista, Dorrego, Dagnino, Boadilla, Gürtel, Ulibarri



Teddy Bautista y el ex alcalde de Boadilla. (Foto: Ayto. de Boadilla)

@Fátima Martín.

Alejandro Sanz y Shakira no son los únicos contactos del ex ministro de Justicia, José María Michavila, con la farándula. Ni su intermediación en la Ciudad Sanitaria de la Mutua Madrileña, su único vínculo con la alcaldía de Boadilla del Monte, en el epicentro de la investigación del ‘caso Gürtel’ contra la corrupción ligada al PP. Sucede que Eius Abogados, despacho del que forma parte el ex ministro, defendió al Ayuntamiento de Boadilla en el contencioso sobre el polémico ‘regalo’ a la Sociedad General de Autores (SGAE) del Palacio del Infante Don Luis. Alternativa por Boadilla (APB), que denunció la cesión, ha asegurado a El Confidencial que “Eius defendió la operación por partida doble: a través de Alberto Dorrego y de Alfredo Dagnino”. Ambos son socios de Michavila en Eius, donde ayer nadie contestaba al teléfono. Un portavoz de la SGAE consultado no ha negado estos extremos y ha comentado que "gestionar el palacio es más loable que censurable".

Ángel Galindo, portavoz de APB, ha mostrado su extrañeza por la presencia del bufete en esta defensa, teniendo en cuenta que “el Ayuntamiento de Boadilla dispone de varios abogados en nómina”. Galindo asegura que “Eius ha representado al Ayuntamiento en unos cuantos pleitos”. El propio Dorrego reconoció que “ciertos pleitos de singular complejidad se encomiendan a abogados en ejercicio. Es una práctica frecuentísima”.

De Bien de Interés Cultural a bien de interés de la SGAE

Arturo González Panero, el ex alcalde de Boadilla imputado en el Caso Gürtel, concedió a la asociación de autores que preside Teddy Bautista la explotación de dicho palacio durante un plazo de 75 años. Se trata de una joya del siglo XVIII, obra del arquitecto Ventura Rodríguez, que era de titularidad municipal por expropiación y que la SGAE quiere convertir en la sede de la Fundación Autor. El monumento pasa así de ser Bien de Interés Cultural (BIC) a bien de interés de la SGAE.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Madrid investiga esta concesión como una de tantas operaciones "sospechosas" que llevó a cabo Panero. El Ayuntamiento explicó que convocó un concurso público, pero reconoce también que sólo hubo una sociedad que optó por su gestión: la SGAE. La transmisión se hizo a coste cero, aunque la entidad de los autores se comprometió a invertir un mínimo de 30 millones de euros en su rehabilitación. El Ayuntamiento adquirió el edificio en 1998 por tan sólo 12 millones de euros. De los 30 millones que la SGAE pensaba gastar en rehabilitación, sólo nueve se dedicarán a ese fin, mientras que el resto, 21 millones, "es dinero o inversión para su exclusivo proyecto de obra nueva y en su exclusivo beneficio" según Galindo.

Dorrego, ex administrador de Global Health y secretario de Ulibarri en Mediamed

La pretendida futura sede de la Fundación Autor de la SGAE no es la única operación sospechosa en Boadilla en la que aparece vinculado el despacho del ex ministro de Justicia y aún hoy diputado del PP en el Congreso. Este lunes trascendió que Michavila pidió seis millones de euros a la Mutua Madrileña como mediador entre la aseguradora y la consultora Global Health (su cliente) para construir una megaciudad sanitaria en la localidad, según El Mundo, que cita fuentes de la Mutua. Da la casualidad de que Dorrego fue administrador de Global Health Proyects & Investments.

Pero los nexos de los socios de Eius Abogados con la trama Gürtel no acaban ahí. El director del bufete y antiguo subordinado de Michavila en Justicia, Alberto Dorrego –fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia-, también colabora en los negocios de otro de los imputados, el tycoon castellano de los medios y los ladrillos José Luis Ulibarri, a su vez beneficiado por Panero con la adjudicación de la construcción de 139 viviendas en Boadilla. Dorrego es también secretario de Mediamed Comunicación Digital, brazo mediático de Ulibarri, adjudicatario de 13 licencias de TDT por la Generalitat valenciana. Para más inri, el bufete Eius también asesoró en el PAI del golf de Xilxes en el que participa Ulibarri. Dagnino, aparte de abogado, es presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y Gran Canciller de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

De Alejandro Sanz a Shakira

El sindicato Manos Limpias entregó recientemente a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de Panero "implicados" en sus negocios que incluía a Michavila. Este negó entonces tener negocios con el entonces alcalde de Boadilla.

Michavila, cuya hermana Ana es jefa de gabinete del presidente Francisco Camps, mantiene una estrecha relación con el artisteo. Como abogado, representa a Shakira y Alejandro Sanz. El ex ministro de Justicia compagina esta actividad con la de diputado en el Congreso. Además, es secretario general de la Fundación Alas (América Latina en Acción Solidaria), presuntamente destinada a luchar contra la pobreza en Latinoamérica.

Michavila fundó ALAS en Diciembre de 2006 junto con Shakira, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Juanes y un largo número de artistas latinos. Alejandro Sanz, por su parte, fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción por haber blanqueado presuntamente dinero en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Honor que comparte con el ex CEO de Repsol y también imputado en Gürtel, Ramón Blanco Balín.

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