"CASO MERCASEVILLA"; LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN EX ASESOR DEL ALCALDE MONTESEIRÍN POR PRESUNTO COHECHO

Castaño, oculto bajo una chaqueta, en el coche junto a un agente. | Carlos Márquez

También han sido detenidos su esposa y dos empresarios

Los agentes registran el chalé del ex asesor de Monteseirín en Las Pajanosas

La operación continúa abierta y se podrían producir nuevas detenciones

Castaño pudo haber recibido sobornos por parte de la empresa Fitonovo

También pudo cobrar 300.000 euros en comisiones ilegales en Mercasevilla

El PP dice que la detención es una prueba del 'pasado negro del PSOE'

María Rionegro / Sebastián Torres | Sevilla

La Guardia Civil ha detenido este martes al ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y a su esposa, la abogada Maria V.S., dentro de una investigación iniciada a raíz de las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla que investiga la juez Mercedes Alaya. La detención se ha producido en el marco de la llamada 'operación Madeja'.

Castaño habría recibido presuntamente sobornos por parte de la empresa Fitonovo, un importante contratista del Ayuntamiento de Sevilla en la etapa del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, según han confiramado a ELMUNDO.es fuentes de solvencia.

La Guardia Civil ha registrado un chalé que la pareja tiene en Las Pajanosas, en la localidad sevillana de Guillena. Además de Domingo Enrique Castaño y su esposa, también han sido detenidos al menos dos empresarios, el directivo de Fitonovo Rafael González Paloma y el administrador de Fiverde, Ángel Manuel Macedo. Además de estos detenidos, hay dos imputados.

La Guardia Civil tambien está registrando la sede de Fitonovo y tiene previsto inspeccionar a lo largo del día el domicilio de Castaño en la calle González Cuadrado de Sevilla, un local de su propiedad y la sede de la sociedad Fiverde, en la calle José Laguillo, además del despacho en el que trabaja la esposa de Castaño.

Una agente conduce a la esposa de Castaño. | Carlos Márquez

'Operación Madeja'

La operacion desplegada hoy deriva de una de las ramas del caso Mercasevilla, en concreto de la investigación por la subasta de un derecho de opción de compra sobre los suelos del mercado adjudicada a Sando. La titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, ya había imputado a Castaño en esa investigación, ya que era miembro de la comision ejecutiva y del consejo de administración de Mercasevilla cuando se celebró la subasta y posteriormente fue contratado por la empresa Sanma, participada por Sando, como directivo.

Ahora hay nuevos indicios contra él. Según ha podido conocer este periódico, la investigación del patrimonio de Castaño y su familia por el caso Mercasevilla destapó la existencia de un vehiculo de la marca Audi que habría sido pagado en el concesionario por Fitonovo.

Fuentes consultadas por este periódico han apuntado que las consecuencias de la investigación del patrimonio de algunos de los implicados en la venta de suelo de Mercasevulla y en esta nueva rama del caso Fitonovo pueden ser imprevisibles.

Quinta rama del 'caso Mercasevilla'

Tras esta operación, la juez podría abrir una nueva rama en el caso Mercasevilla, que sería la quinta instrucción después de las comisiones ilegales, la venta "ilegal" de los suelos de la lonja, el delito societario y la gestión irregular de la guardería del mercado central de mayoristas.

La 'operación Madeja' tiene su origen en un atestado elaborado por la Guardia Civil sobre el posible "enriquecimiento sospechoso" de Castaño debido "al elevado gasto realizado en un periodo reducido de tiempo". Hace algunos meses, la magistrada ordenó "profundizar sobre la investigación patrimonial" de Castaño "y de su entorno", todo ello "por si pudiera haberse debido dicho enriquecimiento al pago de algún tipo de comisión ilegal, ya sea dineraria o en especie", y a fin de "confirmar o descartar la comisión de otros delitos distintos de los hasta ahora investigados".

Los investigadores creen que el ex asesor de Monteseirín pudo haber cobrado, supuestamente, unos 300.000 euros en comisiones ilegales por su participación en la venta "ilegal" de los terrenos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando Sanma Desarrollos Urbanísticos, que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga.

Socios en la caseta de Feria

Fitonovo es una empresa que ha estado muy vinculada al gobierno de Monteseirín. De hecho, durante el último mandato PSOE-IU, esta sociedad recibió al menos 21,7 millones de euros en adjudicaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Un dato curioso, es que el dueño de esta empresa era socio de la caseta de feria que se apropió el concejal socialista Alfonso Mir y a la que pertenecía también Domingo Enrique Castaño.

La empresa Fitonovo fue la segunda que más adjudicaciones recibió dentro del Plan 8.000, el fondo anticrisis del Gobierno central de Zapatero para inversiones extraordinarias en los ayuntamientos. Entre marzo y abril de 2009, la empresa resultó adjudicataria de la construcción de once de los doce campos de césped artificial programados en la ciudad dentro de este plan de inversiones y de cuatro contratos para podas de arbolado en los distritos Cerro-Amate, Macarena, Nervión y San Pablo-Santa Justa. Esas 15 adjudicaciones suman 8.172.788,62 euros, pero hay que añadirles otros dos contratos obtenidos por Fitonovo formando UTE con otras empresas. En total, fueron casi once millones.

El delegado de Turismo y responsable de Mercasevilla, Gregorio Serrano, que se encuentra en Bruselas en un viaje de promoción turística, ha asegurado que estas nuevas irregularidades ponen de manifiesto el "pasado negro del PSOE y el cúmulo de corrupciones e irregularidades" que se cometieron en la lonja sevillana. Por ello, confió en que nueva investigación "se haga lo más rápido posible y los sevillanos sepan que pasó en el periodo negro en el que PSOE e IU gobernaron la ciudad".

Además

Vea las imágenes de la 'operación Madeja'

elmundo.es

"OPERACIÓN POKÉMON"; LA JUEZ INVESTIGA AL EX ALCALDE DE OURENSE POR BLANQUEO Y MANTIENE SU IMPUTACIÓN

El ex alcalde de Ourense, tras su declaración. | Eliseo Trigo / Efe

Declaración de Francisco Rodríguez

La novia de Francisco Rodríguez comparece por primera vez ante la juez

Marcos Sueiro | Santiago

La 'operación Pokémon' vuelve al origen. El ex alcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez ha vuelto a comparecer este lunes ante la juez, Pilar de Lara, tras su detención el pasado mes de septiembre al estar presuntamente implicado en una trama de concesiones municipales a empresas a cambio de determinados favores.

El ex regidor ourensano ha llegado a los juzgados a las 10.00 horas "muy tranquilo" y los abandonó tres horas más tarde con la misma condición procesal de imputado por los delitos de prevaricación y cohecho a los que hay que sumar el de blanqueo de capitales.

La nueva comparecencia se produce una vez que la juez ha prorrogado en dos ocasiones el secreto del sumario para seguir practicando diligencias como las que agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera realizaron el pasado 15 de mayo en propiedades de su pareja, Mercedes Astorga, localizadas en Verín y Castrelo do Val (Ourense) y requisaran nueva documentación, lo que propició la segunda comparecencia del ex alcalde ourensano.

Tras Rodríguez la juez toma declaración a Mercedes Astorga. Es la primera vez que la 'primera dama' comparece en sede judicial. Su testimonio ha despertado mucha expectación ya que fuentes de la investigación tratan de averiguar el presunto trato de favor a la empresa Aquagest debido a la relación laboral de Astorga con la compañía.

Francisco Rodríguez, que no fue demasiado explícito ante los medios de comunicación, manifestó que comparecía como era su obligación pero convencido de su inocencia. Con respecto a la imputación por blanqueo de capitales afirmó que "no me veo y creo que no tengo el perfil". Eso sí dijo que "tengo las propiedades que conoce todo el mundo, por cierto más bien escasas". En cuanto a los motivos por los que fue citada su pareja a declarar por parte de la jueza de Lara indicó "a lo mejor fue porque cometió el error de compartir conmigo el lecho".

Sin embargo, su sombra es alargada y a pesar de que está suspendido de militancia en el PSdeG-PSOE, debido a que estuvo detenido y recuperó su libertad tras depositar una fianza de 6.000 euros, mantiene una influencia decisiva en el ayuntamiento ourensano.

De hecho, las consecuencias derivadas de la detención preocupan a la dirección socialista que no consigue controlar los excesos de los concejales leales a Rodríguez y protagonizan sucesivas noticias que ponen en duda la gestión realizada en el consistorio.

elmundo.es

LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA LA EX ALCALDESA DE VILLAVERDE DEL RÍO POR 82 VIVIENDAS ILEGALES

TRIBUNALES | Licencia de obras

Evangelina Maestra (PSOE) autorizó 50 viviendas más de las autorizadas

La regidora villaverdera desoyó al secretario y al arquitecto municipal

La Fiscalía pide al juzgado de Lora que le tome declaración como imputada

Efe | Sevilla

La Fiscalía de Urbanismo ha presentado una querella criminal contra Evangelina Maestra Cabrera (PSOE), ex alcaldesa de Villaverde del Río (Sevilla), por conceder licencia para 82 viviendas "claramente contrarias a la normativa" y en contra del criterio de los técnicos municipales.

La querella del fiscal explica que Maestra primero concedió licencia para 30 viviendas en octubre del 2007 en la que no se aprecia ninguna irregularidad penal.

No obstante, sin ejecutar aquellas viviendas, la promotora Selosa Estructuras y Medio Ambiente solicitó el 15 de enero del 2009 licencia de obras para construir en el mismo lugar no las 30 casas autorizadas, sino 77 viviendas en edificación plurifamiliar y otras 5 unifamiliares.

Se trataba de "un proyecto totalmente diferente a lo autorizado hasta esa fecha" y, por tanto, contó con el informe desfavorable del secretario y arquitecto municipales, quienes advertían a la alcaldesa de que el aumento de edificabilidad solicitado requería de la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento y la adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

"No obstante la claridad del informe técnico y jurídico advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia de edificación", el 25 de febrero de 2009 la entonces alcaldesa otorgó licencia, añade la querella.

Lo hizo "consciente de la manifiesta injusticia" que suponía y justificando "formalmente la decisión por la urgente necesidad de viviendas de VPO, la situación económica de la localidad y el sector de la construcción y el compromiso asumido por el promotor", según el fiscal.

Se trata, además, de una justificación "carente de respaldo legal o reglamentario", por lo que la Fiscalía imputa a la exalcaldesa un delito contra la ordenación del territorio por prevaricación.

Añade que, conforme a la pericial encargada a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la licencia de obras de las 82 viviendas y garajes "es claramente contraria a la normativa de planeamiento".

La Fiscalía pide al juzgado de Lora del Río (Sevilla), a quien corresponde instruir la causa, que tome declaración a Maestra como imputada y solicite su hoja de antecedentes penales.

elmundo.es

EL ALCALDE DE BENADALID ACEPTA DOS AÑOS DE CÁRCEL POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Tribunales | Se declaró culpable

Acepta que malversó caudales públicos para la construcción de un hotel, se le inhabilitará por dos años.

Europa Press | Málaga

El exalcalde de la localidad malagueña de Benadalid Juan Manuel Gutiérrez ha aceptado una pena de dos años de prisión y mismo tiempo de inhabilitación para cargo público por un delito de malversación en concurso con otro de falsedad y por un delito de fraude de subvenciones en relación con el proyecto de un hotel y el uso de fondos públicos para llevarlo cabo.

El juicio se iba a celebrar durante cuatro días en la Sección Novena de la Audiencia, aunque las partes han llegado a un acuerdo. El fiscal ha explicado que ha modificado el escrito de acusación, en el sentido de rebajar la pena solicitada inicialmente, de nueve años, y aplicarse la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que los hechos tuvieron lugar en 1995.

Además de inhabilitación y prisión, se incluye una multa de unos 13.000 euros e indemnización de 73.323 euros que el fiscal y la Abogacía del Estado creen que corresponde recibir al Ministerio de Trabajo; mientras el exalcalde ha dicho que no eran del Estado. El presidente de la Sala ha informado de que se dictará sentencia conforme al acuerdo y se determinará a quién indemnizar.

El fiscal señalaba que el entonces alcalde, que, según el PSOE, no milita en el partido desde 2006, adquirió en 1995 las participaciones de una empresa "manifestando que se hallaba expresamente facultado por el pleno, aportando a sabiendas de su falsedad y de que carecía de autorización, fotocopia del acta de dicho pleno, con conocimiento de que éste nunca se había llegado a celebrar".

Así, según el ministerio público, procedió "al abono de la cantidad con cargo a fondos públicos" e inscribió la propiedad de la finca perteneciente a dicha sociedad a nombre de la misma, de la que era administrador general, de forma que el bien inmueble "nunca fue inscrito en el registro de bienes del Ayuntamiento", se apunta en el documento de conclusiones al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, solicitó varias subvenciones "simulando" que era un bien patrimonial del Ayuntamiento, "cuando realmente se trataba de un bien incorporado al patrimonio del acusado", quien, dice esta acusación, "nunca acordó la apertura de expediente administrativo al efecto". El proyecto nunca se llegó a concluir y se encuentra en una situación de abandono.

La coalición de IU ha estado personada como acusación en esta causa. Su coordinador comarcal, Álvaro Carreño, se ha referido en rueda de prensa al acuerdo entre la defensa del exalcalde y la Fiscalía sobre la denuncia presentada por la coalición de izquierdas y ha indicado que "nos alegramos que los hechos delictivos no se hayan quedado impunes".

"Mis compañeros de Benadalid tiene la satisfacción de haber podido escuchar al exalcalde declararse culpable, y esa satisfacción no se la va a quitar nadie", ha añadido. Ha recordado los "años de lucha" desde la coalición para tratar de esclarecer estos hechos y los "malos momentos" pasado con el fin de "buscar la verdad", tras la denuncia presentada.

No obstante, el representante de la coalición de izquierdas ha lamentado que la pena de inhabilitación sea "tan corta", al considerar que una persona "que reconoce delitos tan graves no debería estar habilitada para volver a la vida pública en tan poco tiempo", aunque ha considerado que "éticamente queda inhabilitado de por vida".

En cuanto a la duración del proceso hasta llegar a juicio, Carreño, ha mostrado su disconformidad con el tiempo que tardó la instrucción hasta quedar finalizado y la pérdida en dos ocasiones del expediente en el juzgado, afirmando que "creemos que si esto no hubiese ocurrido así y se hubiese actuado con más celeridad, aquí se podrían haber demostrado algunos delitos más".

elmundo.es

EXGERENTE DE LA FUNDACIÓN DESEVILLA DECLARA COMO IMPUTADO ANTE EL JUEZ

SEVILLA | Por desvío de fondos

Un informe de la Guardia Civil cuestiona el destino de un millón de euros

Efe | Sevilla

El juez de instrucción 16 de Sevilla toma declaración mañana, como imputado, a Miguel López Adán, exgerente de la Fundación DeSevilla del Ayuntamiento de Sevilla, por el presunto desvío de 935.890 euros de subvenciones para ayuda al desarrollo.

La declaración como imputado se produce después de que un informe de la Guardia Civil haya señalado que 935.890,15 euros procedentes de diferentes subvenciones del Ayuntamiento se destinaron a otros fines, no se justificaron ni se reintegraron en las arcas municipales.

Los entonces responsables de la fundación, nombrados por el Gobierno de coalición PSOE-IU, fueron denunciados en noviembre de 2012 por el actual equipo municipal del PP, que apreció posibles delitos de malversación, falsedad y delito societario presuntamente cometidos por el anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

Se trata de ayudas que otorgó la delegación de Relaciones Institucionales, que dirigía Antonio Rodrigo Torrijos, entonces primer teniente de alcalde y ahora portavoz municipal de IU, para proyectos de cooperación en Colombia, Cuba, Nicaragua o Palestina.

En su denuncia, el actual equipo aseguraba que la supuesta ayuda humanitaria se destinó a apoyar al "régimen castrista y a plataformas comunistas" y las subvenciones se justificaron con facturas presuntamente falsas.

Entre las presuntas irregularidades, la denuncia recogió que 64.881 euros entregados para un incinerador en el Cementerio Colón de La Habana se justificaron con una factura de la empresa vasca Mercurio Trading por importe de 59.624 euros fechada el 22 de febrero de 2008, "diez meses antes de que el señor Torrijos concediera la subvención".

Además, el subdirector de Servicios Necrológicos de La Habana declaró en una entrevista que el incinerador era "un donativo recibido desde Valencia", añade el texto.

Proyectos fantasma

Otro caso llamativo de "proyecto fantasma" -según la denuncia- es la llamada "Casa de La Habana", a quien Torrijos concedió 120.196 euros para rehabilitar el inmueble para viviendas sociales pero siguió siendo el domicilio de un coronel del ejército castrista.

Recogió además el caso de los ordenadores para la Central de Trabajadores cubana, proyecto al que se concedieron 36.000 euros para el supuesto envío de 60 ordenadores nuevos pero la factura es de 13 y en el expediente se incluyó como gastos el viaje de varios miembros de CCOO a La Habana para el Primero de Mayo, entre ellos la esposa del entonces gerente de la Fundación, Miguel López Adán.

El proyecto "Redvivir en Colombia" recibió 81.378 euros para una ONG y la denuncia cita también "un proyecto tan difuso" como el "fortalecimiento organizativo de la Vereda de Puerto Brasil en Viotá, Colombia" cuyo responsable "casualmente vive en el mismo domicilio que López Adán".

Además

El juez investiga la gestión de la Fundación DeSevilla

ELMUNDO.ES

"TRAMA DE LOS ERE"; LA GUARDIA CIVIL DETIENE EN SIETE PROVINCIAS A 20 PERSONAS POR LOS ERE Y REALIZA 13 REGISTROS

La Guardia Civil en la puerta de uno de los despachos que están siendo registrados. | J. Morón

La juez Alaya cita a 9 imputados en la causa

Esta fase de la investigación se ha centrado en las empresas 'mediadoras'

La Guardia Civil registra los despachos de las empresas y de algunos abogados

La mayoría de los detenidos son mujeres; algunas, esposas de los implicados

En Barcelona se han producido nueve detenciones

Javier Guerrero es uno de los imputados que la juez Alaya ha citado a declarar

S. Torres / A. Salvador | Sevilla

La Guardia Civil ha detenido por el momento a 20 personas en relación con los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía y ha realizado 13 registros. La operación se está desarrollando desde primera hora de esta mañana en siete provincias de cuatro comunidades autónomas y está relacionada con el desvío de las comisiones pagadas con el fondo de reptiles.

Nueve personas han sido detenidas en la provincia de Barcelona, cinco en la de Sevilla, tres en Cádiz, dos en Madrid y una en Las Palmas. Fuentes de la UCO han señalado a este periódico que, además, están pendientes de practicar dos detenciones. La mayoría de los detenidos son mujeres y, algunas de ellas, esposas de algunos de los implicados en la trama de los ERE. Entre ellos está al menos Eduardo Leal del Real, otro de los supuestos testaferros para el desvío de fondos, según informa Efe.

De los registros, tres se han realizado en Sevilla, donde se está a la espera de un cuarto en un edificio de la Plaza Nueva que permanece custodiado por la Guardia Civil, tres en el municipio jienense de Albanchez de Mágina, otro en Jaén capital, dos en Jerez de la Frontera y dos en Granada.

La operación está siendo coordinada desde el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que dirige la juez Mercedes Alaya, y que ha citado además como imputadas a otras nueve personas, además de los detenidos. Entre estos imputados están el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, que está a la espera de declarar desde las diez de la mañana; su antiguo chófer Juan Francisco Trujillo, que declarará este jueves; el supuesto conseguidor y ex sindicalista jenense Juan Lanzas; la esposa de éste; el abogado sevillano Carlos Leal, y los responsables de las empresas mediadoras Vitalia, Antonio Albarracín, y Uniter, José González Mata.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid se han desplazado a Andalucía y a otras comunidades autónomas por esta operación, que se está desarrollando en estos momentos por el orden de "primero registros y después detenciones".

En Sevilla, la UCO ha registrado oficinas del edificio Viapol, en la calle Balbino Marrón, el mismo edificio donde se encuentran los Juzgados de Primera Instancia, y otras del edificio Generali, en la Plaza Nueva, donde tiene su sede en Sevilla, entre otras empresas, Uniter.

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla mantiene el secreto del sumario sobre los ERE, en concreto, sobre las investigaciones de la UCO que está siguiéndole el rastro al dinero pagado en comisiones a mediadores. Actualmente está en prisión Juan Francisco Algarín Lamela, considerado por los investigadores testaferro u hombre de paja que habría colaborado para desviar dinero público.

Los implicados

En Jerez de la Frontera, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado la sede de la empresa Seguros Uniter, en el número 58 de la calle Larga de esta localidad gaditana. El propietario de la compañía ha sido imputado en el caso de los ERE, puesto que la empresa, presuntamente, habría planteado expedientes de regulación de empleo para sus empleados, a los que supuestamente pagaba subvenciones para después recibir el propietario comisiones por ello.

Guerrero espera en las puertas del juzgado para declarar. | C. Márquez

Precisamente, el administrador de esta firma, José González Mata, está citado a declarar ante la juez Alaya el próximo sábado a las 17 horas. Aunque no está formalmente detenido, según ha sabido ELMUNDO.es, los agentes le han requisado su teléfono móvil.

Por su parte, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa y que se encontraba en libertad bajo fianza, ha recibido esta mañana a las 8.30 horas en su domicilio una citación, de manos de la Guardia Civil, para declarar esta misma mañana ante la juez Mercedes Alaya. Estaba citado a las 10 horas, pero ha entrado pasada las 14.20 horas.

Por otro lado, también ha sido citado a declarar el abogado Carlos Leal, socio director del bufete Estudios Jurídicos Villasís, que ya estaba imputado, igual que González Mata y Guerrero.

Entre los detenidos, se encuentra la esposa de Antonio Albarracín, comercial de la aseguradora Vitalia imputado por los ERE falsos, tras el registro de su domicilio en Madrid, según informa la agencia Efe. La mujer será llevada ante la juez Mercedes Alaya esta misma tarde, donde está citada a las 18 horas.

El propio Albarracín, que ya estaba imputado en las actuaciones, también ha pedido comparecer voluntariamente y ha emprendido viaje a Sevilla, donde espera declarar a las 19 horas, han añadido las fuentes.

También ha sido citado para declarar ante la juez este jueves Daniel Ponce, ex subdirector de Mercasevilla, que ya estaba imputado en la causa.

Los ideólogos

La citación de Guerrero se produce tras la aparición de nuevos indicios aportados por la Guardia Civil de su supuesta implicación en este asunto. Así lo han asegurado a Efe fuentes de la investigación, que han señalado que la magistrada también ha citado al ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, imputado como "conseguidor" en los ERE. Ninguno de los dos está detenido.

Según las investigaciones, Lanzas ideó un sistema para usar empresas pantalla con las que "introducir en el sistema financiero, dotando de apariencia de legalidad", el dinero de las comisiones que aplicaba a las pólizas de seguros financiadas por la Junta.

Relacionado con Guerrero, principal imputado en el caso, y con Lanzas, se están llevando a cabo registros domiciliarios en Jaén y en la localidad jienense de Albánchez de Mágina.

Entre los detenidos sí se encuentra, sin embargo, Eduardo Leal del Real, un presunto testaferro en la trama, socio de Juan Francisco Algarín Lamela, en libertad bajo fianza, en las tres empresas que los investigadores consideran 'pantallas', a través de las cuales Juan Lanzas cobraba, presuntamente, sus comisiones.

Otro de los citados por la juez Mercedes Alaya ha sido Juan Francisco Trujillo, que fue chófer del director general de Trabajo Javier Guerrero, y que ya estaba imputado, informa la agencia Efe. Trujillo, residente en Jaén, está citado este jueves a las 19 horas en el jugado de instrucción 6 de Sevilla.

Durante su declaración como imputado en marzo de 2012, Trujillo dijo a la juez que viajó al menos en dos ocasiones a Madrid para recoger sobres con dinero para su jefe, el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que también está citado en esta nueva ronda.

Se trataba presuntamente de comisiones que la mediadora Vitalia le abonaría a Guerrero por sus gestiones para la contratación de las pólizas de los ERE.

Según su declaración, en una ocasión se encontró en la estación de Atocha con el director general de Vitalia, el imputado Antonio Albarracín, que le entregó un sobre de tamaño folio doblado por la mitad, conteniendo "billetes grandes" y un grosor de dos dedos.

Mediadores

Según ha sabido ELMUNDO.es, entre los detenidos en la operación se contarían también varios ex directivos y ex trabajadores del Grupo Vitalia, unas de las dos compañías que participaban en la mediación ante la Junta de Andalucía y que, según los investigadores, percibían por su trabajo comisiones desorbitadas, muy por encima de los precios de mercado.

Además

De Mercasevilla a los ERE: el escándalo del saqueo institucionalizado

La Junta 'no se siente sorprendida'

Nueve detenidos en la ramificación catalana de los ERE

El escándalo del saqueo institucionalizado

elmundo.es

"OPERACIÓN POKEMON"; EL ALCALDE DE O CARBALLIÑO SE SUMA A LA LISTA DE REGIDORES IMPUTADOS

El alcalde de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes. | Foto: Efe / Eliseo Trigo.

GALICIA | Presunto tráfico de influencias en Ourense

Marcos Sueiro | Santiago

Los interrogatorios de la juez instructora del caso Pokémon, Pilar de Lara, continúan. El último de los políticos en pasar por su despacho ha sido el alcalde de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes del PP y tras el primer interrogatorio mantiene la imputación por la posible comisión de un delito de tráfico de influencias y revelación de secretos.

La comparecencia del regidor, en último de los alcaldes en pasar por el despacho de la juez, se ha prolongado por espacio de dos horas y como ha ocurrido con el ex regidor popular de Santiago tampoco le ha impuesto medidas cautelares.

El alcalde imputado manifestó antes de entrar en el juzgado de Lugo a declarar como imputado, que acudía con "total tranquilidad" y esperaba que "todo quede aclarado" con su comparecencia. No obstante, y pese a sus aclaraciones, la juez de Lara mantiene la imputación.

La curiosa defensa de su inocencia pasó por un reconocimiento ante los medios de comunicación de su relación con Véndex, la empresa implicada en la trama y es que el alcalde manifestó que fue él mismo, en su calidad de aparejador, quien había hecho el proyecto de obra de las oficinas y la nave del depósito de la ORA que Vendex tiene en Ourense y para justificarlo agregó: "Cuando uno hace un trabajo le gusta dárselo después también a quien te lo dio" y de ahí el encargo que recibió Vendex de encargarse del jardín de su casa.

Con esta imputación ya son una treintena las personas imputadas. En el caso de los alcaldes figuran en la lista el regidor de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG-PSOE), el de Boqueixón (A Coruña) Adolfo Gacio (PP), que presentaron su dimisión después de ser detenidos en la primera fase de la operación, así como los regidores de Lugo, José López Orozco (PSdeG-PSOE), de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP) y el convergente de Sant Hilari Sacalm (Girona), Robert Fauria.

Investigación gobierno bipartito de Santiago

A pesar de que la juez de Lara mantiene bajo secreto de sumario el caso Pokémon y no se conoce con detalles los pasos de la investigación, distintas fuentes judiciales han confirmado que la instructora está investigando las presuntas implicaciones del anterior gobierno bipartito de Santiago de Compostela.

Estas pesquisas de momento no se han traducido en ninguna medida cautelar contra los responsables municipales socialistas y nacionalistas, no obstante, y muy hábilmente el propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la relación de los socialistas con las empresas de la trama es una realidad y ejemplificó los contratos suscritos en sede parlamentaria.

elmundo.es

LA JUEZ ENVÍA A LA CÁRCEL A TRES DE LOS NUEVE IMPUTADOS EN LA "OPERACIÓN MANGA"

GALICIA | Segunda fase de 'Pokémon'

Pilar de Lara ha finalizado los interrogatorios a las 8 de la mañana

El alcalde de Sant Hilari ha quedado en libertad bajo fianza de 18.000 euros

El concejal de Santiago eludió la cárcel con una fianza de 15.000 euros

Marcos Sueiro | Santiago de Compostela

Los interrogatorios de la jueza Pilar de Lara a los imputados en la segunda fase de la 'operación Pokemon', conocida con el nombre de 'Manga', han finalizado a las ocho de la mañana de este domingo.

La operación, que deriva de la 'Pokémon', desembocó en una serie de registros y en un total de nueve detenciones el pasado jueves, cuatro de ellas en Cataluña, una en Asturias y otras cuatro en Galicia. Los detenidos comenzaron a pasar a disposición judicial el pasado viernes y terminaron a las 8.00 horas de este domingo.

El límite de plazo fijado para las detenciones ha obligado a la jueza instructora a permanecer toda la madrugada tomando declaración para evitar recursos contra sus disposiciones.

Esta jueza se vio afectada por la aplicación de la 'doctrina Gao Ping' y uno de los detenidos en la 'Pokémon', Francisco Fernández Liñares, salió en libertad tres meses después de decretarse su ingreso en prisión al argumentar su defensa que había estado detenido más horas de las establecidas sin pasar a disposición judicial y sin que se le tomase declaración, informa Europa Press.

La investigación judicial, tras largas sesiones en la que la jueza apenas ha descansado media hora entre las tomas de declaración a los imputados, se ha cobrado la dimisión de un concejal compostelano del Partido Popular y la imputación de ocho ciudadanos que mantienen la etiqueta de imputados y que deberán responder por su presunta participación en una red de favores derivados de la concesión de servicios públicos.

Los últimos, los catalanes

Los últimos en responder han sido los catalanes. Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lugo ha decretado libertad provisional bajo fianza de 18.000 eurospara el alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona), Robert Fauria (CiU), y prisión provisional para el administrador de la empresa GRS Arc Local, Álex R.V.

Con esta última resolución judicial finalizaron comparecencias que se iniciaron el pasado viernes y que presentan como resultado el ingreso en prisión de tres imputados: Ángel Espadas, el que fue asesor del ex alcalde de Santiago Gerardo Conde Roa; el delegado de Aquagest en Santiago, José Luis M.R.; y el administrador de la empresa GRS Arc Local, Álex Ríos V.

Además, el concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Grúa y ORA en Santiago, Albino Vázquez Aldrey, fue dejado en libertad bajo fianza de 15.000 euros, imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.

Esta situación le llevó a anunciar este sábado su renuncia a sus cargos públicos en el Ayuntamiento y en la Diputación de A Coruña, así como a darse de baja como militante del PPdeG.

Libertad bajo fianza

A lo largo de la jornada del sábado y madrugada del domingo, en las que la jueza tomó declaración a los detenidos en Cataluña, también se decretó libertada bajo fianza de 5.000 euros para el jefe del departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consell Comarcal de la Selva, Juan Carlos F.M., imputado por cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos.

Por su parte, el apoderado de GRS Arc Local, José María F.I.G., ha quedado en libertad sin fianza pero con cargos y está imputado por tráfico de influencias.

La segunda fase de la 'operación Pokémon', conocida con el nombre de 'Manga', ha extendido su radio de acción a otras comunidades como Cataluña y Asturias.

También ha salpicado a nuevas empresas como Aquagest, dedicada al suministro de aguas, y a la auxiliar GRS.

Y desde el punto de vista político ha salpicado al Partido Popular que mantiene imputado, al ex alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, y al ex alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, junto a la concejala santiaguesa de Educación, Rebeca Domínguez y al ex concejal, Albino Vázquez.

Los socialista, también

Los socialistas tampoco se libran. El 'caso Pokemon' estalló en Ourense. Su ex alcalde, el socialista, Francisco Rodríguez, sigue en libertad bajo fianza, permanece con la condición de imputado el alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco y el ex concejal y ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares.

Mientras tanto, los partidos mayoritarios observan lo que ocurre a la espera de quién puede ser el siguiente. Los mensajes de los dirigentes son medidos y evitan reprocharse en exceso el 'caso Pokemon' a la vista de la implicación de algunos de sus alcaldes.

Las dos formaciones, PP y PSOE, contemplan la posibilidad de que las detenciones continúen y mantienen la capacidad de asombro sobre quién puede ser el siguiente.

elmundo.es

CONDENADA LA EXALCALDESA SOCIALISTA DE CHIPIONA POR 345 CONTRATOS IRREGULARES

Dolores Reyes, junto al socialista Francisco Menacho, el día que asumió la alcaldía. | J.F.F.

TRIBUNALES | Siete años de inhabilitación para cargo público

Dolores Reyes Ramos autorízó las contrataciones entre los años 2000 y 2004

Efe | Cádiz

La exalcaldesa de Chipiona (Cádiz) Dolores Reyes Ramos (PSOE) ha sido condenada a siete años de inhabilitación para cualquier cargo de naturaleza electiva de ámbito local por haber realizado durante su mandato 345 contratos de personal laboral eventual para el consistorio de forma irregular.

Fuentes jurídicas han confirmado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz explica que los contratos, realizados entre el 2000 y el 2004, se hicieron sin consignación presupuestaria del consistorio, sin ningún procedimiento de información pública ni de selección del personal y con informes técnicos en contra.

Por ello, la Sección Primera de la Audiencia Provincial condena a la ex alcaldesa como autora de un delito continuado de prevaricación a siete años de inhabilitación, en una sentencia que absuelve del mismo delito al entonces concejal delegado de Personal del Ayuntamiento de Chipiona José Luis Otero Jiménez.

La Audiencia recuerda que este concejal rubricó los contratos "por delegación de firma" de la exalcaldesa, quien, en el juicio, mostró su conformidad con la petición de condena que pedía para ella la fiscalía.

Dolores Reyes Ramos dejó la alcaldía de Chipiona en el 2004, al mismo tiempo en el que rompía sus relaciones con el PSOE de Cádiz, en el que desde entonces no milita.

Sin embargo continúa trabajando en el Ayuntamiento de la localidad gaditana, en la actualidad gobernado por el PP, ya que es funcionaria de la corporación.

elmundo.es

CORRUPCIÓN, CAUSAS PENALES Y COLABORACIÓN LEAL

María Tardón

En estos días resulta difícil cruzar más de dos frases con alguien sin que surja, casi de forma imperiosa, inevitable, el tema más enojoso, la palabra más aborrecida: los que se aprovechan de los cargos públicos para enriquecerse, la corrupción en sus más variadas formas.

Ya iba siendo hora, cabría decir, en primer lugar. Hasta hace muy poquito, uno de los lugares comunes, casi un axioma, entre los politólogos y comentaristas mejor informados era el de que la corrupción no restaba votos.

Y parecían tener razón, a juzgar por los resultados electorales destacables de algunas personas que se presentaron como candidatos estando, ya, incluso, imputados en causas por delitos relacionados con la corrupción.

Quizás es que haya caído la gota que colmó el vaso. O será por la situación económica que atravesamos, que está imponiendo tan duros sacrificios para la mayoría de los ciudadanos. A lo mejor es una mezcla de todo ello y puede que de alguna cosa más.

Pero lo que sí parece cierto es que la indignación no va a permitir, más, que los corruptos queden impunes. Ni que los responsables de que alguien se enriquezca a costa del dinero y los bienes públicos, puedan seguir gestionando los recursos de todos, como si no hubiera pasado nada.
 

Hasta ahora, cada nuevo escándalo de corrupción política se ha venido saldando con un puñado de declaraciones retóricas. Entrecruce de reproches por parte de los distintos partidos políticos. El consabido "y tú mas" en los escasos debates que la cuestión suscite...y así hasta el episodio siguiente.

Y mientras tanto, en los procedimientos penales abiertos en cada caso, –desaparecido el primer fogonazo informativo- ahí se quedan los Juzgados solitarios, intentando desentrañar, lenta y trabajosamente, las tramas más elaboradas, intrincadas e internacionalizadas. Los hechos que en ese largo y tortuoso proceso vayan pudiendo precisarse. Qué se cobró, por quién y cómo, y, sobre todo, dónde ha ido a parar el dinero.

Ya resulta bastante complejo investigar delitos en los que se conjugan el fraude, los contratos ficticios, las organizaciones con un objeto lícito aparente, con parte de hechos y disposiciones realizadas fuera del territorio español. Si a ello se añade que las personas investigadas gozan de poder político, social o económico, la dificultad se multiplica de forma exponencial.

Las conductas delictivas en que se traduce la corrupción, o forman parte de una estructura organizativa creada a propósito para obtener una financiación ilícita e irregular de los partidos políticos que la integran, o se lleva a cabo por personas que, dentro de ellos, se aprovechan de la opacidad o la falta de control en su funcionamiento.

Por eso, aún con distintas intensidades y diferentes matices, la colaboración de los partidos políticos o de los Gobiernos a los que pertenezcan los cargos que aparecen implicados en un supuesto de corrupción no siempre es la más adecuada.

En no pocas ocasiones se sienten y hasta se declaran perseguidos; se revuelven contra aquéllos que han aflorado e investigan los hechos delictivos: los policías, los jueces, los fiscales...Intentan ver en ello el contubernio, la conspiración, la ideología o las posibles relaciones de unos y otros que justifiquen que se les investigue, precisamente, a ellos.

Da igual, entonces, que la razón y el sentido de la decencia dicten que el interés de todos está en perseguir y castigar a los corruptos. Y que quienes debieran prestar mayor colaboración son los partidos políticos de los que, precisamente, se valieron para cometer sus delitos.

Porque, aunque declaren que aclararán los hechos "hasta sus últimas consecuencias", y añadan, en expresión que parece haber hecho fortuna últimamente "caiga quien caiga", no se conoce que a la hora de facilitar datos, papeles, cuentas o cualquiera otra información de interés, la disposición a colaborar con las distintas investigaciones judiciales haya cambiado de forma sustancial.

Y así, hemos visto que -como sucediera hace ya muchos años con otros papeles y con otras causas- la Juez que investiga a políticos del PSOE, por los fraudes en los ERES andaluces, tuvo que acudir al Tribunal Supremo para que la Junta le facilitara las actas de gobierno que necesitaba para aclarar extremos de interés en la investigación.

También que han hecho falta más de cuatro años, varios jueces instruyendo, y más de treinta comisiones rogatorias efectuadas a distintos países, para descubrir las cuentas que tenían en el extranjero algunos políticos y ex altos cargos del PP, junto con algunos empresarios relacionados-imputados en la causa sobre la trama Gurtel.

O que han tenido que transcurrir diecisiete largos años para que se pusiera fin al caso Pallerols, con el dictado de una sentencia de conformidad, además, -muy beneficiosa para los penados, favorecidos, precisamente por la dilación extraordinaria en la tramitación de la causa- en que se declara que UDC recibió cantidades de dinero desviadas de las subvenciones europeas para los cursos de formación.

Pero esa situación podría cambiar, y mucho, si esa colaboración que los partidos políticos invocan se tradujera en una conducta más activa y colaboradora. Si se comprometen real y materialmente, aportando los datos y los documentos que puedan ayudar a jueces y fiscales a esclarecer los delitos. Porque entonces, y por muy hábiles que sean sus tramas delictivas, será mucho más eficaz la lucha contra los corruptos, cercados, entonces, por todas las instituciones, y desprovistos de cualquier posible cobijo "oficial" en que esconderse.

La corrupción política, dada la proporción que ha alcanzado, y la demostrada falta de diligencia real al perseguirla,  no puede ya soslayarse con una mera declaración de principios y/o el anuncio de un pacto entre partidos.

El único pacto posible hoy es el que conduzca a un cambio radical de las leyes y las prácticas que restablezca controles que se han ido eliminando e impongan la absoluta trasparencia en las actuaciones de cualquier Administración.

Y que quienes tengan alguna implicación o responsabilidad ayuden, de verdad, a que se esclarezcan y enjuicien los hechos que hoy se están investigando en las distintas causas, y denuncien, además todas las ilegalidades de que puedan tener conocimiento.

Porque si no se castiga a los culpables, el reproche lo terminaremos pagando todos. Las instituciones y hasta el propio crédito de un sistema que, con todas sus imperfecciones, es el sostén de la democracia.

 

elmundo.es

LA AUDIENCIA CONFIRMA LA IMPUTACIÓN DE UN EX ALCALDE DEL PSOE DE CARTAYA

Juan Antonio Millán durante una rueda de prensa. | E. Domínguez

HUELVA | También está imputado el ex concejal de Urbanismo

El Ayuntamiento vendió unos terrenos por 3 millones menos de su valor real

El arquitecto que los tasó trabajaba para la empresa beneficiaria

Lorena Correa | Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado la imputación del ex alcalde de Cartaya, el socialista Juan Antonio Millán; el ex concejal de Urbanismo, Miguel Novoa, y su esposa por corrupción urbanística tras vender unos terrenos a una empresa constructora tres millones de euros por debajo de su valor real para beneficiar, presuntamente, al concejal.

El auto emitido por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, ha desestimado el recurso de apelación presentado por los imputados y ha referido que existen "más que objetivos de criminalidad" en la actuación de los mismos. Deberán rendir cuentas ante la Justicia por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas de los funcionarios.

El origen de esta trama se remonta al año 2005. El ayuntamiento, gobernado por el PSOE, firmó un acuerdo urbanístico con la empresa Hierros y Construcciones de San Juan del Puerto (Hiconsa) para la construcción de medio centenar de viviendas en el centro del municipio.

La oposición -PP, IU, PA e Independientes por Cartaya (ICAR)- consideró que la constructora debería haber pagado por esa operación 4,5 millones, según una valoración visada por el Colegio de Arquitectos. Sin embargo, Hiconsa desembolsó únicamente 1,3 millones por los terrenos, que fue la tasación que realizó un arquitecto contratado el equipo de gobierno, también imputado en la causa.

Este arquitecto trabajaba, precisamente, para la empresa constructora, que se ahorró más de tres millones de euros por la adquisición de la parcela y la licencia de obras.

Además, el arquitecto imputado y la empresa Hiconsa construyeron poco después un chalé para el ex concejal de Urbanismo Miguel Novoa con una licencia de obras que invadía un viario público y excedía el volumen de edificabilidad permitido, según denunció la oposición en los tribunales. Esta vivienda pudo ser resultado de "una cadena de favores en vista de los vínculos personales" que se establecen entre los imputados.

A partir de ahora, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ayamonte dará traslado a las partes personadas para que formulen escrito de acusación previo al juicio oral que juzgará al ex alcalde, que dejó su acta de concejal tras perder la Alcaldía en 2011.

elmundo.es

EL ALCALDE DE SANTIAGO SE NIEGA A DIMITIR TRAS SER IMPUTADO EN "POKÉMON"

El alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, en rueda de prensa. | Lavandeira Jr / Efe

GALICIA | El regidor del PP se declara 'inocente'

Declarará ante la juez de instrucción el día 17 de enero

Si toman medidas cautelares, asegura que renunciará a su cargo

Es el tercer alcalde importante implicado tras los de Ourense y Lugo (del PSOE)

Marcos Sueiro | Santiago de Compostela

La juez de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha imputado en la 'operación Pokémon' al alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás. El regidor del PP ha comparecido esta tarde ante la prensa para asegurar que es "inocente" y que no piensa presentar su dimisión.

Se ha dirigido a los vecinos para decirles que "estén absolutamente tranquilos con sus alcalde" y ha confirmado que ha dado orden "para que se facilite a la juez encargada de la instrucción del caso Pokémon toda la documentación requerida".

El regidor de la capital de Galicia aclaró que está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en relación a la dotación de una guardería por la que ya ha tenido que declarar la edil de su partido, Rebeca Domínguez.

    Acusado de un delito de tráfico de influencias en relación a la dotación de una guardería

Currás tendrá que declarar ante la magistrada el 17 de enero por su presunta participación en la trama y lo hará en compañía de su jefe de gabinete, Francisco Castro Allegue, también imputado, según ha podido confirmar ELMUNDO.es.

Y aunque ha matizado en la breve comparecencia de prensa, similar a la que en su día protagonizó el ex alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, que en su ánimo no está dimitir, no descarta hacerlo si tras prestar declaración ante el juzgado le imponen medidas cautelares.

El alcalde de Santiago no ha confirmado su presencia este viernes en un acto que presidirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para homenajear al ex presidente gallego, Gerardo Fernández-Albor. El regidor ha dicho: "iré si puedo" aunque la convocatoria no forma parte de su agenda pública.

    No asegura su presencia mañana en un acto con Rajoy

Este caso de corrupción, que se investiga desde otoño, ya ha provocado la dimisión del alcalde de Ourense del PSOE y de Boqueixón (A Coruña) del PP. También está imputado el alcalde socialista de Lugo, Xosé Clemente López Orozco, aunque ha rechazado dimitir. Su decisión ha dejado a los socialistas gobernando en minoría por la decisión del BNG de romper.

El regidor de Santiago, que sustituye a Gerardo Conde Roa del PP dimitido por fraude a la hacienda pública, se ve salpicado así en el escándalo de corrupción que ya afecta a una veintena de cargos públicos.

Entre esos cargos se encuentra Rebeca Domínguez, edil del PP del Ayuntamiento de Santiago que relevó a Currás al frente de la Concejalía de Educación.

    Su jefe de gabinete, Francisco Castro Allegue, también está investigado

La 'operación Pokémon' se destapa como consecuencia de las investigaciones de la juez de Lugo Pilar de Lara, a raíz de unas escuchas telefónicas. La magistrada, trata de establecer la relación entre las concesiones a determinados ayuntamientos y el presunto trato de favor recibido por el grupo de empresas Vendex. Y es que, según la instrucción de la juez, la compañía podría haber compensando a determinados alcaldes con regalos a cambio de la gestión de determinados servicios municipales como la ORA o el mantenimiento de instalaciones públicas.

Los imputados podrían haber recibido regalos suntuosos como varios relojes Rolex en pago a los servicios prestados.

En este caso aparecen implicados ayuntamientos como el de Ourense, Lugo, Santiago de Compostela y Boqueixón. De momento ha dimitido el ex alcalde socialista orensano, Francisco Rodríguez, y permanece en prisión el ex concejal de Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares. La operación, de momento, continúa abierta.

Expediente informativo del PP

El PP de Galicia abrirá sendos expedientes informativos al alcalde de Santiago y al ex presidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar. El primero por el 'caso Pokémon' y el segundo ha sido objeto de una querella de la Fiscalía por prevaricación. Las fuentes consultadas en el partido regional y en la propia dirección nacional aseguran que se trata de un trámite automático, marcado por los estatutos. Los expedientes sólo serán sancionadores en el caso de apertura de juicio oral. Pero como en ocasiones anteriores, si antes el juez decretara medidas cautelares, el partido presionará para que los afectados renuncien a su militancia, informa Carmen Remírez de Ganuza

Por su parte, el grupo municipal del BNG en Santiago de Compostela ha exigido la dimisión de Currás. En un comunicado, asegura que debe abandonar el ayuntamiento "cuanto antes" aunque agrega que "defiende siempre el derecho a la presunción de inocencia".

Más comprensivo se ha mostrado el alcalde de Lugo, José López Orozco, también imputado en el caso. El socialista ha defendido la "presunción de inocencia" del alcalde de Santiago y su decisión de no dimitir. "No voy a aplicar lo que me quiso aplicar a mí el Partido Popular, sino todo lo contrario. Lo mismo que me apliqué a mí, se lo aplico al alcalde de Santiago", ha dicho López Orozco, informa Efe.

elmundo.es