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lunes, 26 de noviembre de 2012

JULVE NIEGA HABER COBRADO COMISIONES Y HABER APORTADO DINERO NEGRO A UM


Foto: Pep Vicens
TRIBUNALES | Declaración de la ex portavoz 'uemita'


Europa Press | Palma

La exconsellera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca Catalina Julve ha negado, en su declaración como imputada ante el juez que instruye la nueva causa contra la excúpula de UM por la presunta financiación ilegal del partido, haber realizado aportaciones de dinero negro en favor de la formación regionalista y haber exigido además comisiones por la adjudicación de contratos a distintas empresas, según han informado fuentes jurídicas.

La también exportavoz 'uemita', defendida por el abogado Gabriel Garcías, ha sido interrogada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma y por el fiscal anticorrupción Juan Carrau, en el marco de la ronda de interrogatorios que entre la pasada semana y ésta están llevando a cabo por estos hechos.

Así, junto a la exdirigente de UM también han prestado declaración este lunes el responsable de la empresa FCC Pau Martín; el exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Oliver, y el excoordinador de UM Antoni Caldentey, asistido por Josep de Luis.

Julve, encausada también en otras dos causas de presunta corrupción -los casos Cloaca y Voltor-, ha mantenido de esta forma la tesis defendida por otros exaltos cargos interrogados en el marco de esta causa, entre quienes se encuentran el exvicepresidente insular Miquel Nadal, el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y la de Promoción Sociocultural Dolça Mulet.

Este martes, por su parte, está prevista la comparecencia de la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar, también en calidad de imputada.

Según la querella que dio inicio a esta nueva causa, a la que tuvo acceso Europa Press, los exdirigentes de UM exigían comisiones, puestos de común acuerdo, a las distintas empresas que contrataban con la Administración, más en concreto de entre el 3 y el 10 por ciento del importe de los contratos adjudicados las mismas.

viernes, 9 de noviembre de 2012

"CASO OVER MARKETING"; EL JUEZ CASTRO IMPUTA AL PRESIDENTE DEL PARLAMENT BALEAR, PERE ROTGER


El presidente del Parlament balear, Pere Rotger. parlamentib.cat
Pere Rotger habría encargado encuestas sobre el municipio donde era alcalde (Inca) por 20.300 euros a la empresa que habría ayudado a financiar ilegalmente al PP



Palma de Mallorca (EUROPA PRESS).- 

El juez que instruye el caso Over Marketing, José Castro, ha imputado al presidente del Parlament balear y exalcalde de la localidad mallorquina de Inca, Pere Rotger, quien será interrogado el próximo 18 de noviembre a las 12.30 horas. Al mismo tiempo, ha levantado de manera provisional la imputación del primer edil de Inca, Rafael Torres, después de que este jueves le tomara declaración.

Así, Rotger ha sido imputado en esta causa, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP, después de que Torres apuntara en su declaración como imputado ante el juez Castro que fue su antecesor en el cargo y actual presidente del Parlament, quien encargó a la empresa Over Marketing la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, contratación presuntamente amañada por la que la mercantil acabó percibiendo 20.300 euros (17.500 sin IVA).

Durante su comparecencia ante el magistrado y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Torres justificó que firmó el pago a Over puesto que el concejal que debía encargarse de este asunto "estaba enfermo" y, además, vio que el proyecto "estaba bien hecho".

El primer edil manifestó, sin embargo, conocer otros pormenores como el hecho de que fuesen invitadas al negociado otras dos empresas, una de ellas, según los investigadores, vinculada al Grupo Over y la otra, Cent & Ment, que presentó un presupuesto superior a la cantidad legalmente permitida para concurrir a este tipo de procedimientos.

En relación con esta contratación, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over y al que tuvo acceso Europa Press, revela cómo el expediente "adolece de todo rigor" al haber sido cursado como un contrato menor cuando la cantidad que le fue abonada ascendía a más de 20.000.

El Instituto Armado incide así en la forma como fue supuestamente maquillada la contratación para darle forma de negociado en el que concurrieron otras empresas. Es más, el informe hace constar que "sería difícil desvincular de un Consistorio relativamente mediano y con un presupuesto no excesivamente alto del conocimiento del alcalde-presidente Pere Rotger el contenido y aprobación [del contrato] a Over".

Asimismo, destaca el hecho de que no se opusieran a la aprobación de la factura, elevada a la Junta de Gobierno por el entonces teniente de alcalde Rafel Torres, ni la interventora municipal ni el asesor jurídico.

La Guardia Civil pide la declaración de Rotger
El Instituto Armado, ante la existencia de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, considera así la necesidad de que se tome declaración a Rotger, entre otros intervinientes en la contratación, para dirimir sus posibles responsabilidades y esclarecer el alcance de la adjudicación.

Por otro lado, Torres ha sido inquirido en torno a un taller de portavocía que fue adjudicado a Over y que, según la Guardia Civil, fue incluido en el presupuesto de las encuestas. De hecho, el Instituto Armado hace referencia a un documento incautado que rezaba 'Esta ficha no se facturará, el importe se irá incluyendo por partes en otros presupuestos de otros proyectos'.

Al respecto, el alcalde ha recordado que Over propuso al Ayuntamiento la realización de 18 talleres de portavocía, durante tres años, por unos 300.000 euros, para lo cual la empresa les ofreció la posibilidad de ver una muestra de lo que sería el proyecto, acudiendo a la misma el propio Torres y su jefe de prensa. Según ha expuesto, el Ayuntamiento rechazó finalmente la propuesta al cabo de varios días.

Un escrito de la Fiscalía señala que el precio del servicio por la realización de las encuestas estaba "notablemente hinchado" al haber subcontratado Over al Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Baleares (IBES), al que abonó 9.800 euros cuando del Consistorio de Inca Over Marketing recibió por este servicio un total de 20.300 euros.

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jueves, 8 de noviembre de 2012

"CASO OVER MARKETING"; CASTRO APLAZA LAS DECLARACIONES DE MATAS Y RODRÍGUEZ


CORRUPCIÓN | Juzgados de instrucción
Los cita para los días 17 y 18 de noviembre, cuando estaban previstas para el 13
Hoy declara el ex concejal de Urbanismo de Cort, Rodrigo de Santos

ELMUNDO.es | Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha aplazado los interrogatorios a José María Rodríguez y Jaume Matas para los días 17 y 18 de noviembre respectivamente. El magistrado retrasa así la fecha, incialmente prevista para el martes 13 de noviembre, para preguntar a ambos imputados sobre el caso Over, que investiga la financiación ilegal del PP durante la legislatura de Matas.

Castro sí mantiene la declaración del ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, para el 13 de noviembre a las 11.00 horas.

Hoy jueves acuden a las dependencias de Castro en los Juzgados de Palma el ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital balear Javier Rodrigo de Santos y al alcalde de Inca, Rafael Torres.

En concreto, De Santos, quien ha sido trasladado a los Juzgados desde el centro penitenciario de Palma, donde cumple condena por otras dos causas, deberá dar explicaciones en torno a su intervención en la campaña electoral del PP en 2003 así como sobre su intervención en la contratación de Over para la campaña informativa del proyecto de Sa Riera, parque público inaugurado cuando De Santos era regidor.

Según un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario de la causa, uno de los trabajos de Over consistió en la realización de la creatividad, las artes finales y las adaptaciones de la campaña, cuyo concepto final se elevó a los 30.961 euros, con un coste de 24.478 euros y un beneficio de 6.483, tal y como consta en el documento.

Sin embargo, no es la única referencia que el Instituto Armado hace de la campaña puesto que también incluye una factura por un neto de 116.612 euros, de un presupuesto total de 135.269 euros, a facturar a la UTE Urbanización Cuña Verde. A ésta se suma otra factura emitida al Ayuntamiento por 10.338 euros, siendo el total de lo facturado 11.992, pese a tratarse de conceptos similares a los cobrados posteriormente.

Mientras tanto, Torres prevé ser interrogado en torno al taller de portavocía que fue adjudicado a Over por 4.450 euros, lo que la Guardia Civil hace constar en su informe junto a un documento incautado que rezaba 'Esta ficha no se facturará. El importe se irá incluyendo por partes en otros presupuestos de otros proyectos'.

Encuestas en Inca
Otro de los contratos de los que resultó beneficiada Over desde Inca fue el rubricado en 2008, por el que la empresa acabó percibiendo 17.500 euros (20.300 con IVA) por unas encuestas sobre 'la calidad de vida' en el municipio tras el presunto amaño de un negociado, en el que participaron una empresa vinculada a Over y la mercantil Cent & Ment, que presentó un presunpuesto superior a la cantidad legalmente permitida para concurrir a este tipo de procedimientos.

Al respecto, la exdirectora técnica de Over Enriqueta Sierra apuntó el lunes que los contactos en este contexto los mantenía mayoritariamente con el exalcalde y actual presidente del Parlament, Pere Rotger, si bien mantuvo reuniones tanto con el exprimer edil 'popular' como con Torres.

En relación con esta contratación, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over, revela cómo el expediente "adolece de todo rigor" al haber sido cursado como un contrato menor cuando la cantidad que le fue abonada ascendía a más de 20.000. El Instituto Armado incide así en la forma como fue supuestamente maquillada la contratación para darle forma de negociado en el que concurrieron otras empresas.

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"CASO OVER MARKETING"; EL ALCALDE DE INCA TRAS DECLARAR ANTE CASTRO: "NO ME PLANTEO DIMITIR"


Financiación ilegal del PP de Matas


Europa Press | Palma

El alcalde de la localidad mallorquina de Inca, Rafael Torres, ha asegurado tras finalizar su declaración en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Over, José Castro, que no se plantea dimitir "en este momento", al tiempo que ha afirmado que ha venido a "aclarar la verdad".

Torres ha permanecido durante dos horas respondiendo a las preguntas de Castro en torno a las relaciones que han mantenido con la empresa de publicidad Over Marketing, investigada en la ramificación de la trama Gürtel en Baleares por una supuesta financiación ilegal del PP y un supuesto amaño de contratos en favor de Over.

Concretamente, Torres fue interrogado en torno al taller de portavocía que fue adjudicado a Over por 4.450 euros, lo que la Guardia Civil hace constar en su informe junto a un documento incautado que rezaba 'Esta ficha no se facturará. El importe se irá incluyendo por partes en otros presupuestos de otros proyectos'.

Encuestas en Inca
Otro de los contratos de los que resultó beneficiada Over desde Inca fue el rubricado en 2008, por el que la empresa acabó percibiendo 17.500 euros (20.300 con IVA) por unas encuestas sobre 'la calidad de vida' en el municipio tras el presunto amaño de un negociado, en el que participaron una empresa vinculada a Over y la mercantil Cent & Ment, que presentó un presupuesto superior a la cantidad legalmente permitida para concurrir a este tipo de procedimientos.

Al respecto, la exdirectora técnica de Over Enriqueta Sierra apuntó el lunes que los contactos en este contexto los mantenía mayoritariamente con el exalcalde y actual presidente del Parlament, Pere Rotger, si bien mantuvo reuniones tanto con el exprimer edil 'popular' como con Torres.

En relación con esta contratación, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over y al que tuvo acceso Europa Press, revela cómo el expediente "adolece de todo rigor" al haber sido cursado como un contrato menor cuando la cantidad que le fue abonada ascendía a más de 20.000. El Instituto Armado incide así en la forma como fue supuestamente maquillada la contratación para darle forma de negociado en el que concurrieron otras empresas.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

"CASO OVER MARKENTING"; MATAS, IMPUTADO POR FINANCIACIÓN ILEGAL


El juez relaciona al expresidente y a otros dos ex altos cargos del PP balear con la adjudicación irregular de contratos del Gobierno autonómico a la empresa de publicidad Over MC

Madrid 

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Corrupción

El juez José Castro, que instruye entre otros el caso Urdangarin, ha imputado este martes al ex presidente balear, Jaume Matas; al ex secretario general del mismo partido, José María Rodríguez (ex delegado del Gobierno en las islas hasta el pasado verano) y al ex gerente y ex tesorero del PP balear, Luis Fernando Areal, cuñado de Matas. La imputación está relacionada con la investigación abierta por financiación ilegal del PP balear entre los años 2003 y 2007.

La empresa de publicidad Over MC, propiedad de Daniel Mercado, trabajó para Jaume Matas desde que volvió a Baleares tras su paso por el Ministerio de Medio Ambiente y tras ganar las elecciones autonómicas de 2003. Tras aquella victoria, según el testimonio de Mercado al juez, el Gobierno que presidía Matas adjudicó decenas de contratos a Over MC, muchos de ellos de manera irregular. Mercado detalló al juez como se amañaban los contratos a su favor e incluso llegó a confesar que cinco grupos hoteleros contribuyeron a la financiación ilegal de las campañas electorales del PP mediante pagos de dinero a OVER MC por mercancías que no les había suministrado.

La investigación judicial ha acreditado que la cúpula del PP balear en 2003 estaba al tanto de estas prácticas corruptas, lo que ha motivado ahora la imputación de quienes eran entonces los principales dirigentes del partido en las islas: su presidente, Jaume Matas; su secretario general, José María Rodríguez; y su gerente y tesorero, Luis Fernando Areal.

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lunes, 5 de noviembre de 2012

"CASO OVER MARKETING"; "SE AMAÑABAN CONTRATOS EN MADRID, VALENCIA, BALEARES Y CASTILLA Y LEÓN"


LA DENUNCIA DEL JEFE DE LA TRAMA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
Daniel Mercado detalla al juez cómo se hacían las adjudicaciones irregulares

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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Francisco Correa Sánchez
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Corrupción política
Financiación partidos


DEL EJE DE LA PROSPERIDAD AL EJE DE LA CORRUPCIÓN. Han pasado ocho años desde esta imagen que reunió a los presidentes de Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana para promocionar lo que denominaron el eje de la prosperidad que supuestamente representaban sus autonomías. Ocho años después, los tres son expresidentes. Matas y Camps están implicados en gravísimos casos de corrupción. Esperanza Aguirre obligó a dimitir a uno de sus consejeros y a varios alcaldes por el mismo motivo. / MONTSERRAT T. DÍEZ (EFE)


Los Gobiernos del PP en Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León amañaron contratos a favor de la empresa de publicidad Over MC mediante procedimientos irregulares negociados sin publicidad, según confesó al juez Daniel Mercado, dueño de esa firma que recibió por esa vía decenas de adjudicaciones de esas administraciones entre los años 2003 y 2007.

Al finalizar su declaración ante el juez José Castro, que también instruye el caso Urdangarin, el publicista Daniel Mercado, que había detallado sus relaciones con cuatro Gobiernos del PP que le habían contratado para hacer autobombo de la gestión de ese partido político al frente de las instituciones, resumió así su experiencia: “La práctica de invitar a tres empresas de mi grupo en los contratos negociados sin publicidad ha ocurrido en Baleares, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en la Junta de Castilla y León”.

La denuncia de Mercado viene a corrobar unas prácticas corruptas que desde 2009 se investigan en los cuatro tribunales de justicia de esas comunidades autónomas. Los Gobiernos del PP despilfarraron millones de euros en campañas de publicidad para ensalzar su gestión al frente de las cuatro comunidades.

El Gobierno autónomo de Madrid, por ejemplo, llegó a facturar con la red corrupta de Francisco Correa hasta tres actos a la semana, a razón de 25.000 o 30.000 euros por acto, con la única intención de hacerse autobombo por obras públicas iniciales, o proyectos estrella de algunas consejerías, e incluso llegó a pagar por montar actos para contar a la prensa lo bien que lo habían hecho durante sus años de gestión.

Para estas campañas de autopublicidad pagada con dinero público, los Gobiernos autónomos del PP tenían dos grupos empresariales de cabecera, la red Gürtel, dirigida por Francisco Correa, y la trama Over MC, que encabezaba Daniel Mercado, a los que adjudicaban numerosos contratos mediante sistemas aparentemente legales pero fraudulentos.

Por un lado, según han acreditado las distintas investigaciones judiciales abiertas, troceaban contratos de manera que evitaban el concurso público adjudicando determinados servicios por menos de 12.000 euros.

Daniel Mercado ha reconocido esta práctica y otra algo más compleja pero igual de fraudulenta. En los contratos que por su cuantía era imposible adjudicar a dedo, se inventaban un procedimiento de urgencia para adjudicarlos y ponían en marcha el mecanismo del contrato negociado sin publicidad. Eso implicaba que había que invitar a tres empresas y elegir la mejor oferta. Según ha confesado Daniel Mercado al juez y según consta en las investigaciones abiertas tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana y en Baleares, el sistema elegido por los Gobiernos del PP para adjudicar esos contratos a la red de Correa o a la trama de Mercado era que se invitase a tres empresas del mismo grupo empresarial para, de esta forma, evitar que la adjudicación fuera a parar a una empresa distinta de la que deseaban los dirigentes políticos.

Este sistema corrupto propiciado por políticos del PP, del que se beneficiaban Correa y Mercado, tenía siempre una contrapartida. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la contrapartida eran comisiones ilegales a los alcaldes o consejeros autonómicos que facilitaban la contratación, según ha acreditado documentalmente la investigación abierta hace más de tres años.

En el caso de Baleares, según el publicista Mercado, el primer beneficiario de estas prácticas era el Partido Popular, que conseguía financiar sus actos gracias al empresario que recibía los contratos de la Administración pública. El propio Mercado se lo cuenta así al juez: “Yo no he pagado comisión alguna por esos contratos. Quizás el beneficio que podían obtener es que las personas que me contrataron no facturasen la totalidad de las dos campañas electorales del PP en 2003 y 2007. Además de esas compañas, mi empresa Over ha cubierto actos, a los que han acudido líderes del PP, por los que no ha cobrado absolutamente nada. El beneficio lo ha obtenido el Partido Popular”.

Durante ese cuatrienio, la empresa de Daniel Mercado tenía barra libre para contratar con las principales consejerías del Gobierno balear, según ha confesado él mismo al juez. La inmensa mayoría de los contratos que recibió en esa etapa estaban amañados. El entonces presidente balear, Jaume Matas, que puso la publicidad de la campaña electoral de 2003 en manos de Mercado, le facilitó después que su empresa fuera adjudicataria de decenas de contratos públicos de la comunidad autónoma que presidía.

En todos estos casos de corrupción descubiertos en las comunidades autónomas gobernadas por el PP hay dirigentes políticos imputados. En la Comunidad de Madrid tuvieron que dimitir un consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y cinco alcaldes; en la Comunidad Valenciana, el escándalo se llevó por delante a su presidente, Francisco Camps, que fue absuelto por un jurado popular (cinco votos frente a cuatro) del delito de cohecho impropio. En esa autonomía hay abierta una causa por financiación ilegal con excargos del Gobierno valenciano imputados. En Baleares, el expresidente Matas fue condenado a cárcel en primera instancia en una de las numerosas causas que tiene abiertas por corrupción.

Over Marketing contra el clan Gürtel
Daniel Mercado, propietario de Over Marketing, se topó con un obstáculo mayor al negociar contratos con Gobiernos del PP. El clan Gürtel se cruzó en su camino y le dificultó lograr más contratos públicos. En su declaración ante el juez, cuenta así sus encontronazos:
 
El Bigotes avisa.
“Una vez iba por la Plaza de la Reina, en Valencia, y me encontré con Álvaro Pérez [El Bigotes], delegado de Orange Market [la empresa de la red Gurtel en la Comunidad Valenciana], y le comenté de manera ingenua que estaba satisfecho porque me habían adjudicado un contrato. Y él me dijo: ‘Estás totalmente equivocado si te crees que vas a trabajar con la Comunidad Valenciana y no vas a hacer la creatividad de la consejería de Familia’. Yo no le di importancia, pero días después recibí una llamada de la consejería de Familia anulando el encargo”.
 
Correa no le quiere en Madrid.
“En 2008, me encontré con Francisco Correa en la calle Goya y me amenazó si seguía intentando trabajar con organismos públicos de comunidades gobernadas por el PP. Sentí miedo”.

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"CASO OVER MARKETING"; UNA DIRECTIVA DE OVER ASEGURA QUE LAS REUNIONES SOLÍAN SER CON PERE ROTGER


CORRUPCIÓN | Financiación ilegal del PP de Matas
Enriqueta Sierra declara que la empresa propuso al Ayuntamiento de Inca otro trabajo por 300.000 euros que no se hizo

Europa Press | Palma

La ex directora técnica de Over Marketing, Enriqueta Sierra, ha declarado ante el juez José Castro que mantenía los contactos mayoritariamente con el ex alcalde y actual presidente del Parlament, Pere Rotger, si bien mantuvo reuniones tanto con el e xprimer edil 'popular' como con el actual, Rafael Torres.

Sierra ha apuntado que la empresa de publicidad propuso al Ayuntamiento de Inca un trabajo, por valor de unos 300.000 euros, dirigido a potenciar mejoras en portavocía e imagen en el consistorio, si bien finalmente ni el pago ni el taller fueron materializados.

Así lo ha puesto de manifiesto en la primera ronda de interrogatorios iniciada este lunes por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el marco del caso Over Marketing, ramificación de la trama Gürtel en Baleares que investiga la presunta financiación irregular del PP balear y el presunto amaño de concursos desde la Administración pública, principalmente bajo el mandato del expresidente del Govern Jaume Matas.

Junto a ella han sido citados este lunes la imputada Encarnación Padilla, mujer del ex tesorero del PP Fernando Areal y cuñada de Matas, quien en estos momentos está siendo interrogada por el magistrado; así como el entonces jefe de la Unión de Gestión Económica de la Conselleria de Interior, Bartolomé R., en su caso como testigo.

Durante una comparecencia que se ha prolongado durante unas cuatro horas, Sierra ha sido interrogada por su intervención en diversos expedientes de contratación pública a través de Over, en facturaciones presuntamente ficticias y en el supuesto cobro de dinero negro a través de Over, de la que fue, entre 2005 y 2008, directora técnica de la Delegación de la mercantil en Palma.

No obstante, la encausada se ha desvinculado de cualquier tipo de ilegalidad ya que, tal como se ha definido, era una mera "técnica" en la empresa por lo que no sabía si se produjeron irregularidades en los expedientes gestados con el Ejecutivo balear y las distintas entidades locales con las que mantuvo contacto.

En cualquier caso, Sierra ha sido inquirido principalmente por su participación en el contrato rubricado en 2008 por el Ayuntamiento de Inca y Over, que acabó percibiendo 17.500 euros (20.300 con IVA) por unas encuestas sobre 'la calidad de vida en Inca' tras el presunto amaño de un negociado, en el que participaron una empresa vinculada a Over y la mercantil Cent & Ment, que presentó un presunpuesto superior a la cantidad legalmente permitida para concurrir a este tipo de procedimientos.

En relación con esta contratación, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over, revela cómo el expediente "adolece de todo rigor" al haber sido cursado como un contrato menor cuando la cantidad que le fue abonada ascendía a más de 20.000. El Instituto Armado incide así en la forma como fue supuestamente maquillada la contratación para darle forma de negociado en el que concurrieron otras empresas.

miércoles, 31 de octubre de 2012

"CASO OVER MARKETING"; EL JUEZ IMPUTA A OCHO EX ALTOS CARGOS DE BALEARES Y EMPRESARIOS


financiación ilegal del PP
Antoni Juaneda, hombre de confianza de Matas, dimite como director del Gobierno en Menorca

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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Financiación ilegal
Corrupción política


Matas, durante el juicio por el caso Palma Arena. / TOLO RAMÓN

Dos años y medio de investigación bajo secreto concluyeron ayer con la citación por parte del juez José Castro, que instruye también el caso Urdangarin, de ocho personas como imputadas por la supuesta financiación ilegal del PP de Baleares. Muchos de los imputados trabajaron para el Gobierno balear de Jaume Matas (2003-2007) y el resto para la empresa de publicidad Over MC, que recibió contratos públicos y, a cambio, financió actos electorales del PP, según la investigación judicial. Entre los imputados se halla el exgerente del PP en Baleares Antonio López Robles, sospechoso de haber manejado dinero opaco y traficado con facturas ficticias para que hoteleros sufragasen, en 2003, gastos de las campañas electorales de Matas. En aquellas elecciones, los hoteleros batallaron junto al PP para derribar al Gobierno de Francesc Antich (PSOE), que implantó la ecotasa. Cinco empresas turísticas abonaron pagos fragmentados por unos 30.000 euros.

En otra pieza del mismo caso, acerca de los sobrecostes del velódromo Palma-Arena y el enriquecimiento del expresidente, consta que López Robles abonó con 80 billetes de 500 euros seis televisores de la polémica vivienda del expolítico. Matas premió a López Robles sus servicios con la gerencia del instituto de investigación médica Cimera-Caubet.

Matas fue, según la investigación judicial, el supuesto cabecilla de la trama de financiación ilegal del PP en las elecciones de 2003 y 2007. Matas ordenó amañar contratos a favor de Over MC, que recibió por esta vía cerca de tres millones. El propietario de la agencia Over MC, el publicitario Daniel Mercado, ha confesado al juez que tenía un pacto con Matas para recibir contratos. El Gobierno balear le favoreció con adjudicaciones a su agencia que luego devolvía en trabajos para el PP.

En el sumario constan decenas de expedientes sospechosos, desde contratos de menos de 12.000 euros hasta uno de 1,09 millones para ferias turísticas. Existen facturas fragmentadas así como obsequios a autoridades y anotaciones de manejos de fondos clandestinos. La portavoz del PP y exconsejera Mabel Cabrer será imputada junto a otros tres exmiembros del Ejecutivo de Matas en las próximas semanas, según han confirmado fuentes judiciales. Al menos cuatro colaboradores directos de Cabrer han sido citados ya por el juez.

Antoni Juaneda, hombre de confianza de Matas, dimitió ayer como director insular del Gobierno en Menorca, al conocerse su imputación en la causa. Otros imputados relevantes son el alcalde de Inca, Rafael Torres; Encarnación Padilla, cuñada del expresidente Matas y ex directora general de Innovación Tecnológica, y Javier Rodrigo de Santos, exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma y coordinador de la campaña electoral del PP en 2003, que cumple prisión condenado por malversar dinero público y por abuso de menores.

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martes, 26 de junio de 2012

"CASO PALACIO DE LA MÚSICA"; EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGARÁ LAS DONACIONES IRREGULARES A CDC


El juez del ‘caso Palacio de la Música’ asume la petición de la Fiscalía Anticorrupción y traslada al organismo fiscalizador el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que denuncia la presunta financiación ilegal de la formación nacionalista.

Redacción


El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, que investiga el caso Palacio de la Música, ha decidido remitir al Tribunal de Cuentas el informe policial que considera probado que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) recibió donaciones de empresas adjudicatarias de obra pública de la Generalidad a través de la fundación Trias Fargas (actual CatDem), para que investigue si hubo financiación ilegal.

El magistrado ha tomado esta decisión después de que hace dos semanas la Fiscalía Anticorrupción así se lo solicitase al considerar que esas aportaciones podrían haber incumplido la ley de financiación de los partidos políticos.

Presuntas comisiones por adjudicaciones públicas
En concreto, el informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, que fue encargado por el propio Pijuan, concluye que donaciones a la Fundación Orfeón Catalán-Palacio de la Música entregadas por Ferrovial y por otras ‘empresas de relevancia’ en sectores como la construcción, los servicios de agua y las autopistas eran en realidad comisiones por adjudicaciones públicas, concursos ‘cuyo resultado pudiera estar viciado por esas aportaciones’, que acabaron en manos de la formación nacionalista.

El dictamen, fechado el pasado 24 de mayo, señala que los convenios entre la Trias Fargas y el Palacio de la Música son ‘extraordinariamente sospechosos por amparar pagos que no parecían acoplarse a la realidad’, y acredita ‘vínculos férreos’ entre las aportaciones de Ferrovial y los fondos recibidos por la fundación convergente.

Mas echa balones fuera
La policía destaca que había ‘diversos mecanismos orquestados’ para transferir fondos desde la Trias Fargas a CDC, muchos de ellos amparándose en ‘supuestas prestaciones de servicios’ que en realidad no se ejecutaron. También advierte de que hubo importantes salidas de dinero en metálico de las que no hay rastro documental, lo que podría implicar un presunto delito de blanqueo de capitales.

A principios de junio, durante una sesión de control al Gobierno autonómico, Artur Mas, presidente autonómico y líder de CDC, preguntado por este presunto caso de corrupción política que afecta de lleno a su partido, admitió que “todo, todo, todo” sobre la formación nacionalista no puede saberlo, pero insistió en que quien debe demostrar si se han cometido delitos son los tribunales; y lamentó que algunos partidos de la oposición ya estén “condenando” a los convergentes.

Líder en ingresos procedentes de donaciones anónimas
Por otra parte, el Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente del ejercicio 2007, elaborado por el Tribunal de Cuentas, recoge que más de dos millones de euros ingresados por fundaciones ‘vinculadas orgánicamente’ a CDC pasaron a manos de CiU sin justificación alguna.

Los dos partidos que forman la federación nacionalista de CiU recibieron 41,6 millones de euros en donaciones anónimas entre 1987  y 2007, lo que supone más del 41% de los 100,3 millones de euros que, en ese período, recaudaron todos los partidos de España por ese concepto.


lunes, 25 de junio de 2012

"CASO GÜRTEL"; HACIENDA Y LA POLICÍA ACREDITAN ANTE LOS JUECES LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP


Los magistrados Ruz y Ceres reciben nuevos informes sobre la trama corrupta
El dinero opaco de empresas acabó pagando mítines de Aguirre, Camps y Rajoy

María Fabra Castellón

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Francisco Camps, en un mitin. / CARLES FRANCESC

El círculo no está todavía cerrado. Pero el Ministerio de Hacienda y la policía están encajando las piezas del complicado puzle de la supuesta financiación ilegal del PP, aquella que, según los indicios, sirvió entre 2007 y 2008 para pagar actos electorales del ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la entonces y aún presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del que fuera presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

El análisis de la contabilidad de las sociedades de la trama y la del propio PP está estrechando el círculo de la investigación ordenada por los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Ceres, que instruyen la causa Gürtel.

Hacienda y la policía han enviado en las últimas semanas a los jueces informes que apuntalan este desvío irregular de fondos al PP. Y se basa en dos ámbitos. Por un lado, la propia red corrupta que dirigía Francisco Correa, gran beneficiaria (directa o indirectamente) de adjudicaciones no siempre regulares y que compensó con dinero o regalos a sus aliados políticos. Por otra parte, la misma trama aprovechó a otros beneficiarios de concesiones y contratos de la Administración pública para cobrarles las deudas que el propio PP adquirió con la red Gürtel por prestación de servicios y organización de eventos.

Lo que aún no se ha definido es si fue la propia trama la que exigió a los empresarios que saldaran las deudas del PP o fue el partido el que señaló que eran estos a quienes se debían cobrar esos pagos. O es que los límites entre unos y otros se disipaban ya que, tal como aseguró el exconcejal que denunció el caso, “Correa era el séptimo hombre con más poder en el Partido Popular”.

Una de esas empresas que supuestamente financió al PP aparece, además, como cobradora de facturas por un importe de 600.000 euros a un Ayuntamiento popular, no solo sin mediar contrato ni adjudicación sino que los servicios que dice haber prestado no se han certificado. De los informes que hasta ahora se han aportado a la causa, la investigación sostiene que en el año 2007, el PP de la Comunidad Valenciana ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que, además, hay “terceras personas” que habrían pagado, a través de la empresa Orange Market (filial de Gürtel en Valencia), actos electorales de esta formación.

Los documentos indican también que el importe de los servicios prestados por la trama a lo largo de 2008 en decenas de actos electorales del PP se eleva a 1,7 millones de euros. Sin embargo, la firma Orange Market solo cobró a la formación 612.322 euros, es decir, un poco más de la tercera parte.

En el caso de Madrid, la evaluación de la contabilidad de las sociedades de la trama topó con que la fundación Fundescam emitió a la red corrupta facturas de trabajos en los que “el cliente real era el Partido Popular”. Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados que acabaron financiando campañas electorales. La detección de este desvío de dinero cayó en saco roto ya que el posible delito había prescrito pero, ante las evidencias, el juez ordenó la revisión de las cuentas en 2007 y 2008, años en los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito.

Han pasado tres años desde que se inició la investigación de los manejos de la más extendida trama de corrupción, la red Gürtel. Respecto al PP valenciano, la policía, hasta ahora, había presentado informes que indican que una de las sociedades a las que se acusa de financiar ilegalmente al PP, Facsa, pagó al partido hasta 470.000 euros, a través de las firmas Orange Market y de Easy Concept, entre 2006 y 2007.

La investigación atribuye a otro de los empresarios imputados, Enrique Ortiz, el pago de 300.000 euros. Los últimos informes señalan que los pagos del resto de empresas acusadas de financiar ilegalmente al partido de los populares valencianos son Sedesa, con una aportación de 150.684 euros; Grupo Vallalba, con 199.520 euros, y Lubasa, con 110.200 euros.

A todas ellas hay que unir la sociedad Piaf, ahora en concurso de acreedores, que podría haber abonado 27.000 euros para gastos del Partido Popular. Sin embargo, a esta firma se le atribuye otra operación irregular de mayor calado ya que facturó al Ayuntamiento de Vila-real un total de 600.000 euros por trabajos que según los departamentos y funcionarios responsables de dichos departamentos para los que se trabajó, no se realizaron. Esta empresa, además, fue concesionaria del Ayuntamiento de Castellón, al que facturó, durante siete años, 19 millones de euros por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado.

Entre los primeros informes remitidos a los jueces, figuraba uno de los elaborados por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía que indica que estas sociedades lograron cerca de 800 millones de euros en contratos solo del Gobierno valenciano que presidía el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas.

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jueves, 21 de junio de 2012

CASO GÜRTEL"; EL EXADMINISTRADOR DEL PP AFIRMA ANTE EL JUEZ QUE SU FUNCIÓN ERA BUROCRÁTICA


Cristóbal Páez, a su llegada al tribunal. / MÒNICA TORRES
Páez declara como imputado por la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos

Ignacio Zafra Valencia

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Cristóbal Páez, que era administrador del PP nacional durante las elecciones generales de 2008 y que se hizo cargo de la gerencia tras el cese de Luis Bárcenas, afirmó este miércoles ante el juez que su función en el partido era básicamente burocrática y que no tenía constancia de que se hubieran producido irregularidades en las cuentas de la dirección valenciana. Páez está imputado como presunto autor de un delito electoral —financiación ilegal— en la ramificación del caso Gürtel que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La Fiscalía Anticorrupción, apoyada en numerosos informes de la policía, la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado, ha reconstruido la aparentemente vasta actividad corrupta que la trama desarrolló en Valencia junto a destacados miembros del Gobierno y el PP regionales. Según las evidencias aportadas a la causa, ocho empresas constructoras hicieron aportaciones ilegales a las campañas populares en las elecciones de 2007 y 2008.

Las contribuciones, efectuadas supuestamente a través de la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes, habrían oscilado entre los 110.000 euros de la empresa castellonense Lubasa, pasando por los 150.000 de Sedesa y los 200.000 del Grupo Vallalba. Las ocho empresas, cuyos gestores han sido imputados, eran adjudicatarias habituales de contratos de obra pública de la Generalitat. Para disimular los pagos, Orange Market les habría facturado por servicios inexistentes.

Páez insistió en que eran los gerentes del partido, que en Valencia es Cristina Ibáñez, imputada en la causa, quienes se encargaban de elaborar las cuentas y darles validez, y que las mismas fueron revisadas posteriormente por el Tribunal de Cuentas sin encontrar irregularidades.

En la causa se investiga, además del delito electoral y de falsificación mercantil, el supuesto amaño en la Consejería de Turismo de las adjudicaciones de la feria Fitur en favor de Orange Market, que obtuvo con este negocio cerca de cinco millones de euros.

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miércoles, 20 de junio de 2012

EL EXADMINISTRADOR GENERAL DEL PP DECLARA EN EL TSJ DE VALENCIA POR EL "CASO GÜRTEL"


TRIBUNALES | Cristóbal Páez
Está imputado en la causa por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano
Ha prestado declaración durante dos horas y ha respondido a todas las partes

Efe | Valencia

El ex administrador general del Partido Popular Cristóbal Páez ha contestado hoy a las preguntas de todas las partes en su comparecencia como imputado en la causa abierta por la supuesta financiación irregular del PP valenciano. Páez ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a las 09.30 horas para comenzar su comparecencia que, según fuentes próximas al caso, ha durado casi dos horas.

El administrador general del PP durante las elecciones generales de 2008 ha respondido a todas las partes, a diferencia de los ex dirigentes regionales del PP, que se negaron a responder a la acusación popular, y del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que no respondió a las preguntas de ninguna de las defensas.

Durante su comparecencia Páez solo ha respondido preguntas relacionadas con el delito de supuesta falsedad en documento mercantil en las elecciones de 2008 que investiga el magistrado José Ceres, que también instruye un delito electoral en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y prevaricación y cohecho en los contratos entre la Generalitat y la empresa "Orange Market".

Páez se ha negado a realizar declaraciones a los medios de comunicación a la entrada y a la salida del Palacio de Justicia de Valencia, al que ha llegado en un taxi acompañado por su abogado.

Su declaración estaba prevista para el pasado 30 de mayo, cuando compareció la ex consellera de Turismo Angélica Such, pero se pospuso para este miércoles.

La causa por la supuesta financiación irregular del PP regional y su conexión con la trama Gürtel suma ya veintiséis imputados y hasta ahora han declarado, entre otros, los supuestos responsables de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes" y el extesorero del PP Luis Bárcenas.

También han prestado declaración en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el exvicepresidente del Gobierno Valenciano Vicente Rambla, el ex secretario general del PP de la Comunidad Ricardo Costa y la ex presidenta de las Cortes Valencianas y ex consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, entre otros.