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lunes, 15 de abril de 2013

"CASO SCALA"; "CARDONA ME ENCARGÓ EN EL PARLAMENT LOS FOLLETOS PARA EL PP DE IBIZA"


Juicio
El publicista Joan Rosselló admite el pago de comisiones del 15% a Ordinas

Eduardo Colom | Europa Press | Palma

El publicista Joan Rosselló, acusado en el marco del caso Scala, ha admitido el pago de comisiones del 5 al 15% a Antonia Ordinas, la ex directora del CDEIB y una de las imputadas en la causa que investiga la financiación irregular del PP balear durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB). Rosselló ha explicado que le exigían el pago de estas comisiones como proveedor del organismo público.

Según ha contado en su declaración durante el juicio por esta causa, que se ha reanudado este lunes en la Audiencia Provincial de Palma, era la ex gerente del CDEIB Antònia Ordinas quien le pedía las comisiones y le comentaba al principio que "eran para financiar al PP", mientras que posteriormente "ya no sólo eran para el partido sino para repartir" con el entonces conseller de Comercio, Josep Juan Cardona, y el ex conseller director de Promoción Industrial Kurt Viaene.

Las empresas de Rosselló facturaron 5,5 millones de euros a la conselleria de Cardona.

Rosselló es el publicista que, siendo proveedor del CDEIB, se encargó de hacer los folletos de propaganda electoral del PP de Ibiza. Rosselló ha recordado cómo Cardona, en la propia sede del Parlament balear, le encargó la elaboración de esos folletos electorales del PP de cara a los comicios autonómicos y municipales de 2007, cuyo transporte desde Mallorca a Ibiza y Formentera fue sufragado, según las acusaciones, con fondos del CDEIB. Un trabajo por el que el consorcio pagó unos 30.000 euros.

A preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau, el empresario, para quien el Ministerio Público solicita un año y cinco meses de prisión, ha explicado que las comisiones se pagaban a través de facturas que le entregaba Ordinas y que procedían del llamado Gabinete Alays, de la que era formalmente administradora la pareja de la ex gerente del CDEIB, Isabel Rosselló -también acusada-.

Por otro lado, Rosselló, administrador de las mercantiles Estudi Joan Rosselló y Fires Geremi, supuestamente vinculadas a la trama, ha recordado cómo Cardona, en el Parlament balear, le encargó la elaboración de unos folletos electorales del PP de cara a los comicios autonómicos y municipales de 2007, cuyo transporte desde Mallorca a Ibiza y Formentera fue sufragado, según las acusaciones, con fondos del CDEIB.

'Niveles de urgencia brutales'
"No tengo la memoria que tiene tanta gente, pero me acuerdo que tras este encuentro hubo varias reuniones más con Cardona para pulir los contenidos", ha precisado el acusado, apuntando que el exconseller le puso en contacto con el exjefe de gabinete de éste en la Conselleria, José Manuel Alcaraz, para tratar este asunto.

Fue cuando el trabajo estaba "casi terminado" cuando Ordinas le dijo que, por instrucciones de Cardona, no se le iba a pagar la realización de la propaganda ante la elevada facturación que durante ese mandato había percibido del CDEIB, lo que "lógicamente me sentó mal porque no tenía por qué regalar nada".

El inculpado ha negado que, cuando trabajaba para el consorcio, cobrase primero por servicios posteriores, aseverando que "siempre he hecho primero el trabajo y luego he cobrado" y recordado que el CDEIB "siempre ha trabajado a unos niveles de urgencia brutales".

Por otra parte, una de las acusadas no ha podido asistir a la sesión de hoy, puesto que, según ha contado su acusado al inicio de la sesión, el pasado viernes sufrió un infarto de miocardio y continúa hospitalizada.

martes, 8 de enero de 2013

UNIÓ ADMITE DEVOLVER EL DINERO MALVERSADO EN EL "CASO PALLEROLS"



El partido ha consignado 388.000 euros en los juzgados para hacer frente a las indemnizaciones

Jesús García Barcelona

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Caso Pallerols
Corrupción política


Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha consignado esta mañana 388.000 euros en los juzgados para hacer frente a las indemnizaciones por el caso Pallerols, de financiación irregular del partido democristiano. El caso se ha saldado hoy con un acuerdo entre la fiscalía y las defensas de los seis acusados, entre excargos de la Generalitat y de Unió. El pacto implica el reconocimiento de los hechos por los acusados, es decir, que se desviaron fondos de las subvenciones destinadas a formación de parados a las arcas del partido. El fiscal, que pedía penas de prisión de siete a once años, ha rebajado a cambio esas penas, lo que evitará su ingreso en la cárcel.

El exdirector de Ocupacion en la época en que ocurrieron los hechos (de 1994 a 1999), Lluís Gavaldà, ha aceptado una pena de un año y medio de cárcel. Otros tres acusados _el exsecretario de organización, Vicenç Gavaldà, el empresario andorrano Fidel Pallerols y el exmilitante Santiago Vallvé_ han aceptado asimismo penas de siete meses de cárcel y, en algunos casos, el pago de una multa.

En su escrito de acusación inicial, el fiscal acusaba a la trama de haber desviado casi 600.000 euros de las subvenciones concedidas a Fidel Pallerols a fines ajenos a la formación. El fiscal señalaba que Vicenç Gavaldà debía responder a esa cantidad como responsable civil directo y Unió, como responsable civil subsidiario. Una tercera parte de ese dinero se usó para pagar mobiliario de oficina de las sedes y nóminas de militantes. El fiscal acusaba a Unió de ser partícipe a título lucrativo y le exigía la devolución del dinero. Al final, Unió se ha hecho cargo del pago total de la indemnización, que también se ha rebajado.

Dos de los seis acusados _la exsubdirectora de Ocupación, Dolors Llorens, y la esposa de Pallerols, Mari Cruz Guerrero_ han sido absueltas.

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miércoles, 14 de noviembre de 2012

"CASO OVER MARKETING"; LA GUARDIA CIVIL IDENTIFICA LOS PAGOS EN DINERO NEGRO DEL PP BALEAR


Los populares manejaron 1,1 millones de euros en los comicios de 2007, el doble de lo oficial

Jaume Matas, a su llegada a los juzgados de Palma de Mallorca para declarar en 2010. / TOLO RAMÓN
Andreu Manresa Palma de Mallorca

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Financiación ilegal
Corrupción política


El Partido Popular manejó cerca de 200.000 euros en dinero opaco en la campaña electoral autonómica de Baleares de 2007, según se desprende de un informe del rastreo y cruce de gastos que ha efectuado la unidad de Patrimonio de la Guardia Civil, que ha sido incorporado a la causa del caso Over MC, sobre supuesta financiación irregular.

Según la Guardia Civil, el Partido Popular realizó pagos opacos a la empresa Over M C por 181.031,65 euros en la campaña electoral de 2007. Formalmente, en facturas, el PP solo incluyó una de 20.000 euros de una firma del grupo de Mercado. Además, el PP gastó 1,1 millones de euros en Baleares en los comicios 2007, una cifra que duplica la que declaró oficialmente: 554.102 euros. La ley tasó el gasto posible en la campaña electoral en poco más de medio millón. La cifra de subvención por escaño y votos era idéntica.

El dueño de la agencia Over M C, Daniel Mercado, confesó al instructor José Castro y al fiscal Pedro Horrach que cobró una parte de las campañas del PP, en 2003 y 2007, en dinero negro y en mano, y que además realizó trabajos para el partido gratis o a bajo costo. Mercado –imputado en la causa- afirmó que pactó estas circunstancias irregulares con el que era líder del PP y presidente de Baleares Jaume Matas (2003-2007). El administrador electoral del PP en la campaña fue Fernando Areal, cuñado de Matas, también imputado en la causa.

Según el relato de Mercado, el expresidente y ex ministro de Medio Ambiente le prometió que recibiría, en compensación por la financiación del PP, adjudicaciones de contratos de las instituciones públicas. Así Over M C logró ingresos de más de tres millones en Baleares y abrió, adrede, una delegación en Palma que trabajó en exclusiva para el Gobierno y el PP.

Los investigadores del instituto armado emitieron su informe antes de conocer la confesión judicial de Mercado y se basaron en los análisis técnicos de la Agencia Tributaria y de la Sindicatura de Cuentas. Además contaron con los datos aportados por el partido a las instancias oficiales y los contrastaron con las facturaciones y fichas incautadas en la sede y el almacén en Madrid de la agencia de publicidad Over MC. Para atar cabos los guardias interrogaron a empleados de la empresa en Palma.

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lunes, 5 de noviembre de 2012

"CASO OVER MARKETING"; CABRER NIEGA QUE SE REUNIESE CON MERCADO PARA ADJUDICARLE UN CONTRATO


CORRUPCIÓN | De publicidad


Europa Press | Palma

La portavoz del PP en el Parlament, Mabel Cabrer, ha negado este lunes que se reuniese con el presidente de Over Marketing, Daniel Mercado, cuando era consellera de Obras Públicas para adjudicarle un contrato de publicidad. Además, ha reiterado que dimitirá de sus cargos si resultase imputada en este caso que investiga la presunta financiación irregular del PP balear.

En declaraciones a los periodistas, Cabrer se ha remitido a las explicaciones que ya dio sobre esta materia hace una semana cuando explicó "lo que tenía que explicar" y aseguró que en su Conselleria ni se produjeron concursos, ni fraccionamientos, ni negociados sin publicidad.

Así, ha recordado que su departamento trabajó con todas las empresas de publicidad de las islas "y todas trabajaron a cargo de las UTEs. "Esto es lo que hay y esto es lo que ha salido, nada ha cambiado", ha manifestado.

Por otro lado, ha señalado que el PP está "cumpliendo estrictamente" con su código ético que establece que si se imputa a un 'popular' éste pone a su cargo a disposición del partido y los órganos internos de éste decidirán en consecuencia. No obstante, ha añadido que "por un tema personal" ella dimitiría si resultase imputada.

jueves, 12 de julio de 2012

"CASO NÓOS"; VILLALONGA NIEGA CUALQUIER IRREGULARIDAD EN LOS PAGOS A URDANGARÍN

Isabel Villalonga, esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia. / CARLES FRANCESC


La secretaria general de la Delegación del Gobierno la jornada de declaraciones
El juez José Castro interrogará a una veintena de personas

Federico Simón Valencia

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La secretaria general de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Isabel Villalonga, que fue hasta hace unos meses subsecretaria de Presidencia en los Gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra, del Partido Popular, ha declarado esta mañana durante más de una hora como imputada ante el juez José Castro, que instruye el caso Nóos.

Villalonga está imputada por haber autorizado el pago al Instituto Nóos, la empresa que presidía Iñaki Urdangarin, de parte de los contratos para la celebración, por tres millones de euros, de unos supuestos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a tener lugar. Su comparecencia estaba prevista para mañana, pero se ha adelantado un día.

Villalonga ha negado a Castro cualquier irregularidad en los convenios con la firma del duque de Palma. Así, ha defendido "la gestión intachable" del convenio con Nóos, que asegura que fue convenientemente fiscalizada y con el visto bueno del Consell. También ha argumentado que se devolvieron muchas facturas a la firma de Urdangarin. "Si devolvimos facturas por dos millones eso quiere decir que el resto estaban correctas", ha explicado. "El expediente es correcto, está completo", ha asegurado al salir del juzgado.

El juez de Palma de Mallorca José Castro se ha desplazado a Valencia por segunda vez para tomar declaración a 25 personas, cuatro de ellas imputadas en la causa. Además de Villalonga, que ha adelantado su comparecencia, hoy desfilará ante el juez Elisa Maldonado, ex directora de Operaciones de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), que financió la celebración en Valencia de tres ediciones de un congreso sobre el mundo del deporte, denominado Valencia Summit, que costaron más de tres millones de euros.

También prestarán declaración Luis Lobón, secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat hasta su imputación y que fue director general de Grandes eventos en 2004, y María Ángeles Mallent, responsable jurídica de la firma pública, que entró a declarar como testigo en la anterior visita de Castro y salió como imputada.

En la sesión de hoy la mayoría de las declaraciones previstas correspondían a personal de la agencia Lobby Comunicación, cuyo propietario, Miguel Zorío, está también imputado. La firma facturó 600.000 euros al Instituto Nóos. En concreto, estaba previsto que pasaran a declarar ante el juez Castro ocho mujeres, cuatro de ellas administrativas y el resto periodistas.

La Generalitat entregó a los juzgados toda la documentación que sirvió para justificar el pago de 382.000 euros por las gestiones realizadas para la celebración de los Juegos Europeos. Al parecer, en dicha documentación no hay ningún informe técnico preciso para autorizar el pago que autorizó Isabel Villalonga. En su anterior declaración explicó que se perdió en un traslado de despachos.

Las declaraciones por el caso continuarán mañana, cuando está previsto que declaren como testigos dos exvicepresidentes del Gobierno valenciano. Se trata de Víctor Campos —que asumió el delito de cohecho pasivo impropio en el caso de los trajes por el que fue juzgado Francisco Camps— y de Vicente Rambla —imputado en el caso Gürtel por la financiación irregular del PP valenciano—. También declarará la exconsejera de Cultura Trinidad Miró. A la lista de mañana se ha añadido hoy el nombre de Narciso Michavila, que acudirá asimismo en calidad de testigo.

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miércoles, 30 de mayo de 2012

"CASO GÜRTEL"; VICENTE RAMBLA: "SU SEÑORÍA HA VISTO QUE MI ACTUACIÓN SE HA AJUSTADO A LA LEGALIDAD";

Vicente Rambla llega junto a su abogado al TSJ de Valencia. | José Cuéllar
La financiación del PP
El ex vicepresidente del Consell ha declarado durante cerca de tres horas

Europa Press | Valencia

El ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla ha asegurado este martes que está convencido de que el juez José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa por la presunta financiación irregular del PPCV, ha visto con su declaración que su actuación durante sus 12 años de responsabilidades en el Gobierno valenciano "ha estado siempre ajustada a la legalidad".

Rambla ha llegado sobre las 09.50 horas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para comparecer como imputado en la causa por la presunta financiación irregular del PPCV por las piezas que componen la causa: un supuesto delito electoral en los comicios autonómicos y municipales de 2007, presunta falsedad documental en las generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market entre 2005 y 2009.

Al respecto, tras comparecer durante cerca de tres horas ante el magistrado, ha mostrado su "satisfacción" por "haber podido prestar declaración". "Estoy convencido de que su señoría ha visto que mi actuación ha estado ajustada a la legalidad como siempre lo he hecho a lo largo de mis 12 años como miembro del Gobierno de la Generalitat valenciana", ha apuntado.

Rambla ha señalado que no quería ser "descortés" con los numerosos periodistas que le aguardaban a la salida, pero ha rechazado contestar a más preguntas de los medios de comunicación.

Además

martes, 22 de mayo de 2012

LA GERENTE DEL PP VALENCIANO SE NIEGA A RESPONDER AL ABOGADO DEL PSPV EN EL TSJ

TRIBUNALES | Causa de la presunta financiación ilegal


Europa Press | Valencia

La gerente del PPCV, Cristina Ibáñez, se ha mostrado "tranquila" a la salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde este martes ha declarado en calidad de imputada por el caso de supuesta financiación irregular de la formación 'popular' regional.

Ibáñez ha explicado a la salida de la sede judicial que ha respondido a las preguntas formuladas por el magistrado José Ceres, que instruye la causa y a todas las partes, excepto a la acusación particular, que representa al PSPV.

La responsable 'popular' estaba citada a las 12.00 horas en la sede del TSJCV, a donde ha llegado puntual y donde ha permanecido más de dos horas. A su salida, a preguntas de los medios, ha remarcado que se va "igual de tranquila" que cuando ha llegado.

Además

miércoles, 9 de mayo de 2012

"CASO GÜRTEL"; "ORANGE MARKET HACÍA BIEN LOS TRABAJOS ADJUDICADOS EN FITUR", SEGÚN UNA TESTIGO

Coordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo
El ex contable de Gürtel se acoge a su derecho a no declarar

Europa Press | Valencia

La coordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Ana María Crau Ábalos, ha afirmado que los trabajos encargados a la empresa Orange Market en las diferentes ediciones de la Feria de Turismo Fitur se hacían bien y conforme a lo que se había contratado previamente.

Crau se ha pronunciado en estos términos en su declaración en calidad de testigo ante el magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil por supuesta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur, dentro del 'caso Gürtel'.

Esta testigo ha llegado al tribunal valenciano minutos antes de las 10.00 horas, y ha estado declarando hasta cerca de las 14.30 horas, es decir, casi cuatro horas y media. El interrogatorio se ha alargado puesto que a Crau se le han exhibido una gran variedad de documentos y contratos para que los explicara.

Reproches del fiscal y la acusación
Asimismo, una parte del mismo se ha dedicado a preguntarle si había hablado con sus compañeros de la AVT, que ya han pasado por el TSJCV, sobre lo que se solía preguntar o exhibir. Al respecto, Crau ha contestado que sí, un comportamiento que el ministerio fiscal y la acusación particular -PSPV- le han reprochado.

A lo largo del interrogatorio, la testigo ha explicado que su función dentro de la AVT era, entre otros asuntos, coordinar las diferentes ferias y supervisar los trabajos realizados. En este sentido, a preguntas de las partes, ha comentado que Orange Market hacía bien los trabajos ofertados y adjudicados. Y, si en algún momento, no era de esta manera, ella se encargaba de llamarles la atención para que lo corrigieran.

Así, Crau ha insistido en que se limitaba a supervisar y coordinar los trabajos de las ferias, entre ellas, las de Fitur, y ha subrayado que ella no elaboraba pliegos, ni adjudicaba contratos ni tomaba ningún tipo de decisión superior. Para hacerlo, había gente por encima de ella, según ha dicho.

El ex contable de Gürtel no declara
Tras la extensa declaración de Crau, le tocaba el turno a José Luis Izquierdo, excontable de las empresas de Francisco Correa, uno de los presuntos cabecillas de la trama, quien se ha acogido a su derecho a no declarar, según ha confirmado el TSJCV.

Las próximas declaraciones de este procedimiento están previstas para el lunes, cuando pasarán por el TSJCV el exgerente de Orange Market, Cándido Herrero, y el representante de dicha empresa en Valencia, Alvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'.

Pérez se acogió este mismo lunes a su derecho a no declarar en el juzgado de Madrid donde se instruye una parte del 'caso Gürtel', relativa a las presuntas irregularidades cometidas por la Radio Televisión Valenciana (RTVV) en la adjudicación de la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, que tuvo lugar entre el 7 y el 9 de julio de 2006, argumentando que la investigación debería ser invalidada debido a las escuchas en prisión con sus abogados que fueron autorizadas por el juez Baltasar Garzón y por las que el Tribunal Supremo condenó al magistrado 11 años de inhabilitación.

Además

martes, 10 de abril de 2012

"CASO GÜRTEL"; UN INFORME POLICIAL APUNTA A QUE GÜRTEL TUVO EL PLIEGO DE FITUR 2005 ANTES DE CONVOCARSE EL CONCURSO

Orange Market fue finalmente la adjudicataria
Se enmarca en el caso sobre la supuesta financiación irregular del PPCV
El documento de la UDEF fue remitido al juez Ceres el pasado 28 de marzo
La Policía sostiene que 'El Príncipe' es el presidente del grupo Cyes

Europa Press | Valencia

Un nuevo informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) desvela que la red Gürtel recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat valenciana convocase el correspondiente concurso. De esta manera, Orange Market, que fue la adjudicataria final, pudo adecuarse a la oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos.

Así se desprende de este informe policial, con fecha de 28 de marzo de 2012, y que ha sido remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Ceres, encargado de instruir la causa de presunta financiación irregular del PPCV dentro del conocido como 'caso Gürtel'. En esta misma documentación la Policía sostiene que 'El Príncipe' es Felipe Almenar, presidente del grupo empresarial Cyes.

Respecto al concurso de la feria, el informe recoge que Rocío Perea, trabajadora desde el año 2004 de varias empresas del grupo de Francisco Correa, recibió un correo electrónico, en fecha 4 y 5 de noviembre de 2004, con documentación relacionada con el evento Fitur de 2005.

Entre la misma, se hallaba el pliego de condiciones técnicas de la feria que requirió la empresaria Isabel Jordán -e imputada en esta causa- y que le fue remitido por Down Town Consulting -entidad que luego se convirtió en Easy Concept S.L.-. De esta manera, la red obtuvo estas condiciones antes de que se convocase el concurso, "pudiendo de esta manera adecuar Orange Market su oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos", según consta en el informe.

Asimismo, consta que Rocío Perea recibió un total de 1.874,30 euros de la Caja 'B' del grupo entre los meses de febrero y abril de 2005, en forma de "gratificaciones" por su participación en la ejecución de los stands de Fitur 2005 o congresos valencianos.

Por otro lado, y respecto a la misma persona, el informe recoge que Perea se ocupó de transmitir la petición de asesoramiento para definir la fórmula de adjudicación de unos servicios por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, siguiendo las instrucciones de Jordán.

Por estos datos, la Policía mantiene que Perea era "plenamente consciente" de la "fraudulenta" forma de trabajar de la organización, como se ha podido comprobar en los trabajos efectuados al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y cómo esta persona participaba de manera activa en dicha actividad junto con Isabel Jordán.

Nuevas 'dentificaciones'
Otro de los puntos del informe de la Udef es la identificación de distintas personas vinculadas a los hechos objeto de la investigación. Y en este sentido, desvela que "a partir de datos objetivos" se "infiere" que la persona designada como 'El Príncipe', que aportó la cantidad de 200.000 euros a la sociedad Orange Market S.L., es Felipe Almenar.

Asimismo, cita a Virginia Beltrán, trabajadora de Orange Market, quien participó en el proceso de elaboración y posterior modificación de diversas facturas emitidas por esta empresa, con destino a la sociedad Facsa, en el año 2007, así como en su ulterior envío al administrador único de esta entidad, tras su remisión previa a Pablo Crespo para su aprobación.

En concreto, en uno de los correos, Beltrán envió al administrador de Facsa cuatro facturas, y le pidió que le facilitara una dirección de correo ordinario para poder enviarle las originales.

El informe también hace referencia a Juan Enrique Sanz, administrador de la mercantil Juan Sanz S.L., que participó en el diseño del stand de la Comunidad para Fitur 2009, adjudicado a Orange Market, de la cual era proveedor.

La Policía señala que por parte de esta sociedad se elaboró, al menos, una factura a Orange Market con conceptos "ficticios" que no se ajustaban a la realidad del servicio inicialmente prestado, previa petición al respecto por parte de Cándido Herrero y que servían de cobertura a las facturas ficticias emitidas por Orange a nombre de la sociedad constructora Enrique Ortiz e Hijos.

Por otro lado, el informe también alude a Isaac Vidal, ex director de marketing de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), y expone que su nombre figura en un documento en el que se detalla un listado de personas destinatarias de regalos de Navidad. En este listado también figura Salvadora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional de la Comunidad.

Agenda de Pablo Crespo
La Policía también examinó la agenda de Pablo Crespo y, tras ello, determina en su informe que existe una vinculación "directa" de la organización con responsables políticos y cargos públicos del PPCV, y que hubo correlación entre éstos y la obtención de negocio para la sociedad Orange Market.

En esta agenda se plantea la posición previsible en los órganos de gobierno de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 2007, indicando que Víctor Campos, Ricardo Costa y Vicente Rambla estarían en el mismo; y cuáles eran sus objetivos, que pasaban por implicar a los responsables políticos como a Costa en las operaciones, de tal forma que vieran que la consecución de trabajos para Orange Market era también un logro personal de él.

Asimismo, en esta agenda figuraba la intención de infundir tranquilidad sobre operaciones que realizaban en Valencia, entre ellas, la adjudicación de trabajos relacionados con la visita del Papa; y se indicaba que sus perspectivas de futuro pasaban por la obtención de muchos trabajos con el PPCV en forma de actos o acciones. También resaltaba el papel de 'Pedro García', ex director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), en las actividades de organización como persona que hablaba con los responsables políticos.

De esta agenda intervenida también se deduce que la organización relacionaba, por un lado, el conjunto de actos y acciones de comunicación desarrolladas para el PPCV y el coste de las mismas y, por otro, la fórmula de financiación de esos servicios definiendo la deuda viva existente en un momento determinado diferenciando entre 'Deuda Final RC', integrada por las cantidades pendientes de pago con origen en actos de partido y acciones de comunicación; y la 'Deuda VR', construida a partir de las acciones de comunicación de las campañas electorales.

Respecto a las siglas 'RC' y 'VR', la Policía señala que la organización de Correa las utilizaba para hacer alusión a la persona encargada del pago de la deuda generada con motivo del montaje de los actos y campañas de comunicación para la formación del PPCV. Identifica las primeras siglas con Ricardo Costa, y las segundas con Vicente Rambla.

Otro apartado del informe se dedica a aportar información registral de la sociedad Down Town Consulting S.L., que en la actualidad se corresponde con la denominada Easy Concept Comunicación S.L. De la misma fue administradora única Isabel Jordán entre marzo de 2005 y octubre de 2007.

Además

martes, 5 de julio de 2011

"CASO GÜRTEL"; CAMPS SABRÁ EL MARTES LA PETICIÓN DE PENAS POR EL CASO DE LO TRAJES

Francisco Camps, en una sesión en las Cortes Valencianas. / CARLES FRANCESC
LOS ESCÁNDALOS QUE AFECTAN AL PP

El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, pide al presidente de la Generalitat valenciana que reflexione sobre si está en disposición de gobernar

María Fabra Castellón

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, conocerá el próximo día 12 las peticiones de pena que reclamarán la fiscalía y la acusación popular por la conocida como “causa de los trajes”. Será el día que se celebrará la conocida como “vistilla” dentro del procedimiento de los juicios con jurado, un acto en el que cada una de las partes expondrá sus calificaciones provisionales y a partir del que el juez decidirá si se inicia el juicio al presidente del PP valenciano.

Las acusaciones ya adelantaron en febrero sus conclusiones que, en el caso de la Fiscalía, acusaba al presidente del PP valenciano de un delito continuado de cohecho, por el que solicitaba una multa de cinco meses y quince días, hasta un total de 41.250 euros por haber recibido trajes de la trama Gürtel por valor de 14.021,5 euros. Por su parte, la acusación popular consideró que los regalos no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función del cargo que ostenta) sino de cohecho propio (recibirlas a cambio de adjudicar contratos), por lo que reclamó tres años de cárcel y ocho de inhabilitación.

La decisión ha sido adoptada después de que, tal como se preveía, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya rechazado acumular la denominada “causa de los trajes”, en la que está imputado Camps por un presunto delito de cohecho impropio, con la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano, que fue iniciada posteriormente. De hecho, en el auto dado a conocer hace unas horas, la sala de la civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) señala sobre la acumulación podría haberse decidido en un principio. “Podría estimarse razonable que, si nos encontráramos en el momento procesal inicial y se tratara de decidir sobre la incoación conjunta de ambos presuntos hechos delictivos (posibles irregularidades en la contratación administrativa y la aceptación por diversas autoridades de dádivas), resultaría razonable poderse acceder a la tramitación inicial conjunta de ambos hechos para valorar la posible existencia y en qué grado de la relación que pudiera existir entre dicha contratación y la percepción de dádivas, y todo ello con independencia de lo que tras dicha investigación resultara”, indica. Pero señala que, “valorando el estado y tramitación de ambos procedimientos y el tiempo de duración de la instrucción, la decisión no puede dejar de considerar las concretas diligencias y actuaciones practicadas, especialmente las derivadas de la causa tramitada por la Ley del Jurado”.

La resolución admite el origen común de ambos procedimientos, “los presuntos hechos delictivos cometidos esencialmente en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia por parte presuntamente de personas y empresas pertenecientes al denominado Grupo Correa (entre ellas la denominada Orange Market SL, con implantación en Valencia), que al parecer pretendían obtener favores en la contratación pública por parte de algunas personas y autoridades vinculadas a las administraciones públicas donde gobernaba el Partido Popular, para lo cuál realizarían diversos obsequios a dicha personas” pero descarta que las dos causas se unan en una sola. Para ello rechaza las argumentaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos que sostenían la existencia de “una estrecha relación entre todas las conductas, ya que el delito de cohecho está relacionado con las adjudicaciones (prevaricación), y estas han dado lugar a una financiación irregular del Partido Popular, y por tal motivo, se han elaborado facturas falsas (delito de falsedad en documento mercantil), que han dado lugar a su vez, a un delito fiscal”.

El Tribunal valenciano, según el auto hecho público este martes, ha decidido instruir ambas causas por separado y ha nombrado al magistrado José Ceres como instructor del proceso de la financiación.

¿Disposición para gobernar?
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, considera que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, “tiene que reflexionar sobre si está en disposición de gobernar” y “no en disposición de acudir permanentemente a citaciones judiciales" del caso Gürtel. Frente a esto, los socialistas “sí estamos en disposición de realizar propuestas”, ha afirmado. Alarte se ha expresado de esta manera al ser preguntado por la decisión del TSJCV de no acumular la conocida como la “causa de los trajes” con la que investigará una presunta financiación irregular del PPCV y otros delitos, ha mostrado su “respeto” por esta decisión.

El dirigente socialista ha remarcado que Camps ha ganado las elecciones y “suya es la legitimidad” para gobernar, pero “no podemos estar todo el día para ver cuál es su última citación judicial”, después de que el tribunal haya señalado para el próximo día 12 la fecha en la que las partes darán a conocer sus conclusiones provisionales sobre el delito de cohecho impropio del que se acusa al presidente del PP valenciano.

Alarte ha pedido que “se investigue todo” y se “depuren todas las responsabilidades y todo el mundo” y ha indicado que la decisión del TSJCV es “un paso más en la necesidad de que Camps reflexione” sobre su situación y que la realidad y los problemas de los valencianos “no son sus problemas judiciales”.

Los “problemas judiciales” del presidente de la Generalitat son un “problema más para nosotros”, ha agregado Alarte, quien ha asegurado que el “problema” para la Comunidad Valenciana es el desempleo, que se ha reducido la mitad que en el resto de España. Asimismo, ha considerado que Camps "debe reflexionar sobre lo que tendrá que decir si abren juicio”.
  

jueves, 23 de junio de 2011

GÜRTEL Y BRUGAL DEJAN SIN PODER A LOS IMPUTADOS

Camps y Castedo son los únicos bajo sospecha que quedan en un gobierno

MARÍA FABRA - Castellón

La corrupción cala. Las alegrías de los imputados e implicados en los casos Gürtel y Brugal han durado lo mismo que unas vacaciones escolares. Poco más de dos meses después de que el presidente del PP valenciano, Francisco Camps, decidiera incluir en las listas autonómicas al grueso de ambas tramas, con el beneplácito de la dirección nacional, las expectativas han quedado reducidas a "diputado raso". Todos, o muchos de ellos, pensaron que traspasar el primer gran obstáculo de aparecer en una candidatura electoral, cuando el triunfo electoral del PP era evidente, era garantía de repetir o entrar en un Gobierno autónomo que iba a estar liderado por otro imputado, un igual, jurídicamente hablando. Sin embargo, no ha sido así.

Las urnas avalaron a implicados en corrupción que no conservan el cargo

Camps quiere distanciar su imputación de las del resto del PP

Pese a las graves acusaciones de cohecho, financiación irregular y delito fiscal, entre otras, las urnas avalaron estas candidaturas otorgando a los populares valencianos una nueva mayoría absoluta que, en cualquier caso, se obtuvo con la pérdida de casi cuatro puntos respecto a las anteriores elecciones, cuando el tsunami azul aún no había arrasado en todo el panorama español.

Pero la corrupción no es buena carta de presentación y pesa. Y en el caso del PP valenciano ha sido como la fina lluvia, que ha ido salpicando y mojando hasta calar.

Hasta las elecciones, y desde que se destapó el caso Gürtel y el grueso del caso Brugal, la huella y consecuencia pública de la corrupción se habían hecho ya evidentes en el PP madrileño. Un diputado nacional, dos autonómicos, un consejero y un senador, además de cinco alcaldes, fueron forzados a dejar sus cargos e incluso expulsados del partido. En el PP valenciano todo parecía seguir igual y, muy al contrario, todo apuntaba a que, incluso, el estar imputado contabilizaba como mérito para seguir manteniendo un cargo, para seguir siendo un administrador del dinero público. Para no dejar solo al líder, tanto del partido como de la Administración con los que se ha relacionado a las tramas corruptas. Pero no ha sido así.

Francisco Camps se ha deshecho de todos los imputados o implicados en casos de corrupción política y los ha dejado con el aforamiento que les dispensa su condición de parlamentarios pero sin ningún otro cargo. Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, al igual que Luis Díaz Alperi, permanecerán en la bancada popular de las Cortes valencianas pero como meros espectadores de lo que decide el nuevo Gobierno. El ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, tampoco podrá optar a la reelección. Ninguno de ellos volverá a administrar dinero público.

Hay dos excepciones: la del propio Camps y la de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que fue reelegida con una abrumadora mayoría antes de que se levantara el secreto del sumario de la parte del caso Brugal en el que está implicada y que desvela su connivencia con el más importante constructor de Alicante, Enrique Ortiz.

Fuentes consultadas aseguran que la decisión de Camps se basa en dos premisas: la primera, la necesidad de desprenderse de la marca de corrupción con la que está etiquetada la Comunidad Valenciana, tanto en su imagen pública como en el mismo seno del PP. "Daba igual que habláramos de los ERE de Andalucía, en la Comunidad Valenciana siempre era más", sostiene un dirigente popular. En el caso del partido, al requisito de cambiar esa imagen se uniría la exigencia de la dirección de evitar la reedición de la avalancha de críticas que supuso la inclusión de 11 implicados en casos de corrupción en las listas y la incomodidad del propio Mariano Rajoy por tener que respaldar esas decisiones.

La segunda intención de Camps es distinguir su implicación judicial de la del resto de quienes han sido sus hombres de confianza, con la idea de marcar distancias. Pese a que la trama corrupta, liderada por Francisco Correa y su "amiguito del alma", Álvaro Pérez, El Bigotes, entró de su mano, tanto en el PP como en la Generalitat valenciana, el reelegido presidente pretende que las referencias a su imputación se mantengan en el "caso de los tres trajes" y no se pueda hablar de la cúpula de Camps vinculada a los otros asuntos judiciales, como el de la financiación irregular del PP.
  
Más información:
* Personaje: Francisco Camps Ortiz
* Tema: Caso Gürtel


elpaís.com

jueves, 16 de junio de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL TSJCV CONFIRMA QUE ASUME LA INVESTIGACIÓN DE LA PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP

Francisco Camps y Vicente Rambla en la sesión parlamentaria de este jueves | Vicent Bosch
* Rechaza recursos del PP, el PSPV, Fiscalía, Abogacía del Estado y 'El Bigotes'
* Plazo de 5 días a las partes para que se pronuncien sobre acumular causas
* Después el tribunal valenciano decidirá si acumula trajes y financiación
* Rechaza la inclusión de Camps y confirma la de Rambla y Milagrosa Martínez
* El voto particular de Montero discrepa de incluir a Rambla y Milagrosa

Iván Pérez | Valencia

El TSJ de la Comunidad Valenciana ha rechazado los recursos presentados por el PP, Álvaro Pérez 'El Bigotes', Cándido Herrero, la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal y el PSPV al auto en el que dicha sala asumió parcialmente la competencia de la causa remitida por el juez Pedreira de Madrid sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano.

De esta forma, la Sala de lo Civil y lo Penal del tribunal autonómico confirma que hace suya esta causa y concede un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la acumulación de la investigación por presunta financiación irregular con la causa de los trajes que investiga igualmente el TSJCV.

El TSJ valenciano ha rechazado la inclusión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como pedía el PSPV, en la causa por supuesta financiación ilegal del PP y ha confirmado la implicación de su vicepresidente Vicente Rambla y de la ex presidenta de las Cortes Milagrosa Martínez.

La resolución incluye un voto particular, que lo firma el magistrado Juan Montero, con el que discrepa de que el auto que asumió parcialmente la competencia incluyera al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y a la ex presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, en esta investigación, por cuestiones formales.

El tribunal rechaza el recurso presentado por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', en el que el principal responsable de la trama en tierras valencianas solicitaba la de claración de incompetencia o la no aceptación de la inhibición, por "contravención del ordenamiento procesal penal y la vulneración de derechos fundamentales, según reza el auto de este jueves en el punto segundo de los razonamientos jurídicos.

En cuanto al recurso presentado por el Partido Popular, el tribunal no admite la revocación solicitada por los 'populares' para no incluir a Milagrosa Martínez y Vicente Rambla en la inhibición aceptada por el tribunal valenciano.

Por su parte, los socialistas pedían en su recurso al auto de 25 de mayo que se incluyera en la investigación por la presunta financiación irregular del PP al ex director de RTVV, Pedro García, por posibles delitos de cohecho y prevaricación en relación a la visita del Papa a Valencia en 2006.

Una vez finalizado el plazo concedido a las partes, el tribunal decidirá si se juntan ambas causas o cada una sigue su recorrido judicial por separado.

martes, 24 de mayo de 2011

LOS IMPUTADOS EN TIERRAS VALENCIANAS LOGRAN MANTENERSE EN LAS INSTITUCIONES

Tras el 22-M

Europa Press | Valencia

Las imputaciones de los candidatos de la Comunidad Valenciana no han influido mucho en los resultados electorales, ya que las elecciones autonómicas y municipales del domingo han vuelto a colocar a muchos de los imputados en las instituciones, tanto en las Cortes Valencianas como en numerosos ayuntamientos.

El PP ha vuelto a ser el partido más votado para las Cortes Valencianas, ampliando su mayoría absoluta con 55 parlamentarios, frente a los 54 escaños que logró en 2007. De este modo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, continuará al frente del Ejecutivo valenciano pese al 'caso Gürtel', en el que está implicado por un presunto delito de cohecho.

En esta misma causa se encuentra Ricardo Costa, número siete del PP por la lista de Castellón, que volverá a ocupar un escaño en el parlamento valenciano. También repetirá en las Cortes el número 13 de la lista 'popular' por Alicante, Pedro Hernández Mateo, imputado por tráfico de influencias a raíz de la compraventa de una finca.

Además de estos imputados, en las listas del PP a las Cortes también hay implicados en casos de corrupción como la ex presidenta Milagrosa Martínez -que además de ser diputada será alcaldesa de Novelda (Alicante)- y el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, así como David Serra y Yolanda García. Estas cuatro personas están siendo investigadas por el 'caso Gürtel'.

También estará en el Parlamento valenciano la alcaldesa de Alicante y número uno al parlamento valenciano por esta provincia, Sonia Castedo, implicada en la trama de corrupción del 'caso Brugal' en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, junto con su antecesor, el 'popular' Luis Díaz Alperi, que también estará en la cámara valenciana.

Respecto al ámbito municipal, el 'popular' Ricardo Cardona, imputado por un delito de prevaricación por paralizar la construcción de un chalé en suelo rústico, repetirá en la Alcaldía de Canals (Valencia), donde ha obtenido mayoría absoluta.

Tampoco le ha afectado a nivel electoral su imputación por un delito de prevaricación urbanística, omisión de deber de persecución de delitos y desobediencia al socialista Antonio Polo, que volverá a gobernar en Montroi (Valencia).

También se mantiene en la Alcaldía, en este caso de Loriguilla (Valencia), el 'popular' José Javier Cervera, imputado por presuntos delitos de actividades prohibidas a funcionarios públicos y contra la Administración Pública. Además, está acusado por un presunto trato de favor a empresas en adjudicación de obra pública.

Entre otros alcaldes que también han revalidado su mayoría, se encuentran el de Zarra (Valencia), el independiente Juan José Rubio, imputado desde hace años por varios delitos relacionados con la corrupción urbanística y expulsado por ello del PSOE; y el de Riba-roja (Valencia), el 'popular' Francisco Tarazona, implicado en dos causas por posibles delitos de cohecho y prevaricación.

'Brugal'
Por lo que se refiere a las alcaldías alicantinas, la investigación judicial y policial de la llamada 'Operación Brugal' se ha dejado sentir de forma muy desigual en los resultados electorales de algunos de los municipios afectados, especialmente en Orihuela, donde el PP, con la hasta ahora alcaldesa Mónica Lorente, ha perdido la mayoría absoluta.

En Alicante, donde se investiga la ramificación relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún bajo secreto de sumario, el PP no sólo ha revalidado su mayoría absoluta, sino que ha ganado tres concejales. Por el contrario, el PSOE ha perdido seis y han entrado EU -personada en la investigación de la trama- y UPyD.

En Calpe, donde se investiga una subtrama relacionada con el pesaje de la basura y los sobrecostes del servicio de la empresa de Ángel Fenoll -principal investigado en la trama- el PP ha ganado con 10 concejales, con el candidato renovado César Sánchez, pero no obtiene mayoría absoluta.

En Albatera, donde el edil Javier Bru, del PP, también es uno de los supuestos colaboradores principales de Fenoll, el PSOE ha perdido cuatro concejales, mientras el PP ha sumado uno y Coalición Valenciana otros dos.

En Algorfa, donde se investiga una presunta financiación irregular al alcalde del PP, los 'populares' se mantienen en siete concejales, mientras que en Bigastro, los 'populares' pasan de 12 a seis ediles, y en Callosa del Segura, donde el alcalde Pérez Trigueros está imputado por cohecho, el PP obtiene 12, uno menos que en 2007.

Igualmente, en Jacarilla, donde también se investiga una presunta financiación irregular, el PP se mantiene con cinco concejales pero pierde la mayoría absoluta. En Rafal, donde también se investigaba una presunta financiación irregular gana el PSOE, con seis ediles, uno más; el PP pierde uno y se queda en cinco.

Además
    * Corrupción y alta costura
    * Los vecinos de Gürtel

elmundo.es

lunes, 23 de mayo de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL TSJ SIGUE ESTUDIANDO LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP VALENCIANO

La mayoría del tribunal valenciano se inclina por encausar a Camps y la cúpula de su partido

AGENCIAS - Valencia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sigue deliberando esta semana sobre la inhibición parcial de las actuaciones acordada por el juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, en relación a los presuntos delitos electorales y de financiación irregular, entre otros.

El pleno de la Sala -integrado por los magistrados Pilar de la Oliva, Juan Climent, Juan Montero, José Flors y José Francisco Ceres, que actúa como ponente- se ha reunido este lunes durante aproximadamente una hora, y volverá a hacerlo el próximo miércoles, día 25, tras no llegar a una conclusión, según han señalado las mismas fuentes.

Las deliberaciones comenzaron el jueves, cuando el ponente de esta causa, José Francisco Ceres, expuso ante el resto de magistrados un borrador con las diferentes cuestiones a debatir. Tras ello, el pleno deberá reunirse hasta alcanzar acuerdos definitivos. Una vez llegue este momento, Ceres -que sería el instructor de la causa en el caso en que la Sala se declarase competente- recogerá todas las conclusiones en otro texto, que volverá a exhibir al resto de compañeros, para luego redactar la resolución definiiva, según han señalado fuentes judiciales.

Pedreira esgrimía en su auto de inhibición parcial que esta decisión estaba encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electoales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración pública valenciana. Además, añadía que la inhibición se realizaba ante la posibilidad de que hubiese una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia -en relación con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos; el exsecreario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid iniciara proceso alguno contra aforados que no sean de la comunidad autónoma madrileña.

Más información

LOS CIUDADANOS AVALAN CON SUS VOTOS A LOS CANDIDATOS IMPUTADOS

* Camps revalida la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana

* La corrupción se presenta a las elecciones

M. FABRA / T. CALLEJA Castellón / Madrid

La corrupción es rentable. Es la conclusión a la que puede llegarse al observar los resultados electorales de aquellas comunidades y municipios en los que se presentaban candidatos imputados en delitos de corrupción.

Comunidad Valenciana. La revalidación de la mayoría absoluta del PP en la Comunidad Valenciana supone que, en el caso de que siga el proceso por el delito de cohecho impropio por el que está imputado Francisco Camps, el presidente de la Generalitat se sentará, como tal, en el banquillo de los acusados. Además, en breve, se puede conocer la decisión de los tribunales respecto a los otros delitos con los que se relaciona al PP valenciano, financiación irregular, cohecho y prevaricación y delito fiscal. Los resultados electorales no solo han sido buenos para él, sino que los otros diez imputados o implicados en causas de corrupción que figuraban en las listas han logrado los puestos a los que optaban.

Pese a aumentar en uno el número de escaños, el PP no ha obtenido un mayor porcentaje de votos que en las elecciones de 2007, sino que ha perdido más de tres puntos. La fragmentación de la izquierda ha dejado al PSOE con siete diputados menos. La suma de los minoritarios, Compromís y Esquerra Unida, ha pasado de siete a 13. 

Comunidad de Madrid. El PP de Esperanza Aguirre en el que se presentaba más de una decena de imputados amplía su mayoría absoluta, sin que los numerosos casos de corrupción hayan disminuido sus apoyos electorales. En la zona Gürtel de la Comunidad de Madrid, principalmente en el noroeste de la provincia, en la que el PP ha cosechado en las últimas elecciones varias mayorías absolutas, los populares han mantenido sus principales feudos.

El segundo avance de participación sí otorga un salto de cinco puntos en la provincia de Sevilla

Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón. Los ayuntamientos del caso Gürtel. El PP del municipio de Boadilla del Monte, localidad de 43.414 habitantes del noroeste de la comunidad en el que dimitieron dos regidores, mantiene su mayoría absoluta pese a sufrir una bajada de cuatro ediles. Los socialistas, lastrados por el debate nacional de la crisis económica, bajan un concejal, pasando a tres, y se convierten en la tercera fuerza política ante la subida de Alternativa por Boadilla encabezada por el abogado Ángel Galindo, que alcanza los cuatro ediles. También se sentará en el pleno del Ayuntamiento del conocido como el epicentro del caso Gürtel UPyD. Sin embargo, en Arganda del Rey (51.489 habitantes), cuyo exregidor del PP Ginés López dimitió por el caso Gürtel, los populares amplían su número de ediles hasta los 14. En Pozuelo de Alarcón (82.804 habitantes) los populares logran 18 ediles en un Consistorio compuesto de 25. El PSOE pierde dos concejales que pasan a UPyD.

Castellón sin Fabra. El PP parece haber conseguido el favor de los votantes por la exclusión de su presidente provincial, Carlos Fabra, de las listas de la ciudad de Castellón. El 22M ha revalidado la mayoría absoluta de los populares que, además, ganan un concejal. El PSPV ha perdido tres representantes. Los nacionalistas del Bloc aumentan los suyos de uno a dos y Esquerra Unida logra un representante en el Ayuntamiento de la capital de La Plana.

Alicante con Ripoll y Sonia Castedo. Tampoco el caso Brugal y sus ramificaciones, que implica a una buena parte del PP alicantino, ha pasado factura. La candidata del PP a la reelección como alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha aumentado el número de concejales de 15 a 18 después de haber sido acusada de recibir regalos a cambio de supuestos favores en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. El segundo en la lista del PP estaba ocupado por el presidente de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal.

El Pedroso, epicentro de los ERE. El pequeño municipio de El Pedroso (Sevilla), con poco más de 2.000 habitantes, se ha convertido en epicentro del caso de los ERE. Lugar de origen del imputado ex director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, quien también ocupó la alcaldía del municipio, ha dado paso a la entrada del PP en el Ayuntamiento, donde hasta ahora no tenía representación, ya que la corporación estaba conformada únicamente por concejales del Partido Andalucista y de PSOE. Los resultados obtenidos ayer suponen para los socialistas una pérdida de 14 puntos y dos ediles.

La basura de Orihuela. La extendida trama sobre la adjudicación del contrato de basuras sí ha calado entre el electorado de Orihuela. El PP obtuvo hace cuatro años 14 concejales y cerca del doble de los votos que los socialistas. El 22M le ha supuesto una rebaja hasta los 12 ediles y la pérdida de la mayoría absoluta. La llave del gobierno local pasa a manos de los independientes, con los que tratarán de pactar el PSOE y Los Verdes.


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