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lunes, 28 de febrero de 2011

RECUPERAN MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS DE LA TRAMA URBANÍSTICA DE LLÍBER

Los fondos fueron desviados a Andorra

* La operación 'Ruinas' se saldó con la detención de 18 personas en 2008
* La trama consistió en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable
* El valor de las estafas podría haber alcanzado los 90.000.000 euros

Europa Press | Alicante

Agentes de la Guardia Civil de Alicante han recuperado 2.410.747 euros desviados a Andorra por la trama urbanística de Llíber (Alicante) consistente en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, operación que se ha saldado con la detención de 18 personas de diferentes edades y nacionalidad, según ha informado en un comunicado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

La operación, denominada 'Ruinas', comenzó durante el mes diciembre de 2008, cuando el instituto armado tuvo conocimiento de que en el término municipal de Llíber se construían viviendas en terrenos calificados como no urbanizables y en parcelas que carecían de las dimensiones legales suficientes para poder llevarse a cabo las mismas, ya que todas ellas eran inferiores a los 10.000 metros cuadrados exigidos por la Ley.

La Guardia Civil estima que la trama urbanística habría llegado a construir unas 300 viviendas, con precios que oscilaban entre los 250.000 y 665.000 euros cada una. Para la concesión de la licencia de construcción, el instituto armado ha apuntado que había que entregar siempre por adelantado, en efectivo y sobre cerrado, sin percibir factura alguna, una importante suma de dinero para hacerla llegar supuestamente al arquitecto técnico municipal de Llíber.

Todas las detenciones se han llevado a cabo por supuestas irregularidades urbanísticas cometidas entre los años 2000 y 2003 y el valor de las estafas podría alcanzar los 90.000.000 euros.

El grupo de personas implicadas llegaba a controlar todas las operaciones y transacciones, desde la petición de las licencias hasta la captación de clientes, asesoramiento legal y venta, por lo que se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, falsedad documental, cohecho, estafa, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.
 
Colaboración internacional
El análisis de la documentación bancaria sobre entidades ubicadas en el Principado de Andorra halladas en dos registros domiciliarios en el marco de la operación hizo sospechar a los agentes que el dinero en efectivo percibido supuestamente por las licencia de construcción, pudiera haberse desviado e ese país.

En este sentido, en enero de 2010, se solicitó a través del juzgado de Denia (Alicante), una Comisión Rogatoria Internacional al Principado de Andorra con la finalidad de localizar el dinero entregado por los perjudicados.

Así, una de las medidas tomadas fue el bloqueo preventivo y control de movimientos de las cuentas, así como el control de cualquier bien o derecho existente en el Principado a nombre de los investigados.

En diligencias incoadas por la Administración de Justicia del Principado de Andorra se confirmó a la Guardia Civil en febrero de 2011, que el arquitecto técnico municipal de Llíber y su esposa poseían tres cuentas bancarias, utilizada una de ellas como cuenta nodriza que recibía siempre imposiciones en efectivo.

En concreto, los movimientos registrados entre agosto de 2002 y septiembre de 2009 sumaron un valor de 2.410.747 euros, de los cuales 2.300.000 fueron ingresados entre agosto de 2002 y febrero de 2003, coincidiendo con el período investigado de mayores irregularidades urbanísticas.


elmundo.es

viernes, 19 de junio de 2009

LA HIJA DE ROCA NEGOCIA CON GRANDES FORTUNAS LA VENTA DE LA FINCA DE SU PADRE A ESPALDAS DEL JUEZ

Juan Antonio Roca, María Roca Jimeno

@Amparo de la Gama. Marbella

María Roca Jimeno, la hija del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, cerebro de la trama de corrupción marbellí, no se conforma con haberse querellado contra el primer instructor del caso Malaya, el juez Miguel Ángel Torres, por un supuesto delito de prevaricación. Ahora, amparándose en la precariedad de la economía de su familia y a espaldas del administrador judicial, intenta vender las propiedades de su familia a precios de oro.


Según ha podido saber El Confidencial de fuentes solventes, la h
ija de Roca se ha puesto en contacto con algunas primeras fortunas del país para intentarles vender la finca de su padre, La Caridad. Entre estas familias se encuentran destacados herederos e importantes fortunas familiares, a los que ha contactado a espaldas del juez antes de que se produzca la subasta de los bienes.

Se da el caso de que la defensa de Roca se ha quejado en numerosas ocasiones de la administración judicial que se está llevando a cabo sobre el patrimonio de su defendido. Incluso ha llegado a señalar que "lo único que han conseguido hasta ahora es perjudicarlo".

Las siete empresas intervenidas, entre las que se encuentra Perinal y Marqués de Velilla (donde se ubica La Caridad), acumulan una deuda fiscal de 8,2 millones de euros, la mayor parte por declaraciones del Impuesto de Sociedades que, desde 2005, no fueron presentadas por el anterior administrador judicial en plazo, así como a periodos de IVA sin declarar o a liquidaciones de retenciones.


Situación complicada


La situación económica de las sociedades de Juan Antonio Roca es cada vez más complicada. Los administrador
es judiciales llevan meses solicitando al juez instructor del caso Malaya garantías hipotecarias y venta de bienes para hacer frente a las cuantiosas deudas que acumulan, la mayoría con Hacienda. La última autorización de venta del instructor de la causa, el juez Óscar Pérez, fue la ganadería de Roca con la sociedad Perinal en la finca 'La Morisca', en Jimena de la Frontera (Cádiz).

El juez autorizó "la liquidación de la ganadería brava, la venta de los hierros Ganadería de San Miguel y Toros de San Miguel", propiedad de la mercantil de la que es interventora María Roca Jimeno.

La primogénita de Roca mostró su conformidad con la venta del hierro y los toros poniendo como condición que las operaciones tuvieran lugar "siempre y cuando la misma se realice en las mejores condiciones que el mercado permita".

No es la primera venta que se autoriza para sufragar deudas. Hace un año, fue el turno del hotel Los Alcázares (Murcia) por 26,5 millones de euros y del Palacio de Saldaña, ubicado en Madrid, por 15,5 millones, ambos de Condeor, la empresa de Roca. Además, dos de las sociedades que presentan deudas tributarias, la Compañía Inmobiliaria Masdevallía y One Propierties, fueron declaradas en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil de Málaga, después de ser solicitado por el administrador judicial y autorizado por el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella.


Las querellas de María

María Roca interpuso una a querella ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que pedía la declaración del juez Torres, argumentando que el magistrado pudo cometer una resolución injusta por innecesaria, al ordenar la detención de la querellante, ya que pudieron vulnerarse derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia. La querella, que consta de más de diez folios, hace un análisis del delito de prevaricación, y se sustenta en que la detención de María Roca era innecesaria a tenor del propio interrogatorio, que duró unos diez minutos. Considera "injustificada" y "desproporcionada" su detención.


María Roca Jimeno fue detenida el 14 de marzo de 2007 por la Policía, en el marco de la operación Malaya, acusada de blanqueo de capitales. Su padre ha manifestado que lo que más le ha dolido durante todo este periplo carcelario ha sido la detención de su hija en Madrid y “la crueldad de la detención en la puerta de su colegio mayor”. Según Roca, su hija “no ha hecho nada malo” y “la Policía no actuó correctamente”.


Juan Antonio Roca sigue procesado en la operación Malaya como supuesto autor de delitos de cohecho, malversación, fraude contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

ELCONFIDENCIAL.COM

sábado, 21 de marzo de 2009

PRISIÓN PARA EL CONCEJAL DE LA MUELA Y EN LIBERTAD CON CARGOS OTROS 7 IMPUTADOS

La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)(EFE).- El juez que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en La Muela (Zaragoza) ha decretado prisión para el concejal del PAR en este ayuntamiento Juan Carlos Rodrigo y ha dejado en libertad con cargos a otros 7 imputados a los que ha tomado declaración desde las 20.00 horas de ayer.

El Ministerio Fiscal considera al edil responsable de los delitos de cohecho, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, además de tenencia ilícita de armas y el juez de Primera Instancia e Instrucción número uno de La Almunia, Alfredo Lajusticia, decretó esta madrugada prisión provisional comunicada y sin fianza para él, y dejó en libertad a los tres empresarios a los que también tomó declaración ayer (Isidro V., Antonio P., y Luis Mariano M).

Desde las 10:00 horas de hoy han declarado ante el juez otras cinco personas: el escolta del consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés y su madre, Antonio Royo y María Jesús Velilla; el hijo de la alcaldesa de La Muela, Víctor Embarba, y los empresarios Miguel Ángel G. y José Carlos F..

Todos ellos han quedado en libertad con cargos, excepto uno de los empresarios, sobre el que no ha trascendido la decisión que ha tomado el juez.

En concreto, al hijo de la alcaldesa se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias y por eso tendrá que entregar mañana su pasaporte en el juzgado de La Almunia, porque no puede abandonar el país.

En estos momentos continúan declarando el secretario del Ayuntamiento de La Muela, Luis Ruiz, y Carmelo Aured, primo de la alcaldesa, María Victoria Pinilla.

La toma de declaraciones se ha desarrollado mucho más despacio de lo que se esperaba, por lo que la declaración de la alcaldesa no se producirá hasta mañana.

A partir de las 10.00 declararán el presidente de la empresa Aranade, Julián de Miguel, el arquitecto municipal, Francisco Núñez del Castillo, dos empresarios más, la alcaldesa y su marido, Juan Antonio Embarba.

Es probable que la comparecencia de Pinilla ante el juez no se produzca hasta las 17:00 ó 18:00 horas, según su propio abogado, Javier Notivoli.

El juez que investiga el caso, denominado "Operación Molinos", abrió la investigación hace un año a raíz de una denuncia de un particular, que desembocó en la detención, el pasado miércoles, de 19 personas.

El abogado José Antonio Ruiz Galbe, que representa al escolta de Boné y a su madre, ha dicho a los medios que éste es un caso muy mediático, y ha insistido que muchas veces este tipo de temas son "como nubes de humo", es decir, que se arma "todo este lío" e intervienen "grupos especiales", pero "acaban en archivo", aunque ha insistido en que no se atreve a decir que esto sea así en esta ocasión porque el caso de La Muela "no lo conozco".

YAHOO!

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