* El vicepresidente negó también al fiscal la participación de su hija en la ayuda
Manuel María Becerro | Sevilla
Las declaraciones de Francisco Javier López Rubio, el ex apoderado de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) que reconoció a EL MUNDO.es de Andalucía que Paula Chaves –la hija del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves– intervino materialmente en la tramitación de la solicitud del incentivo que acabó ratificando su propio padre, comprometen gravemente la estrategia jurídica del ex presidente andaluz ante el Tribunal Supremo (TS), cuyos magistrados aún tienen que pronunciarse sobre la querella criminal que le presentó el PP por prevaricación y tráfico de influencias.
La línea de defensa del también ministro de Cooperación Territorial ha quedado al descubierto en un escrito dirigido por su abogado, Víctor Moreno Catena, al teniente fiscal del Supremo a mediados de julio –a cuenta de otra denuncia penal que presentó en paralelo el sindicato de funcionarios Manos Limpias, y que fue inicialmente archivada por el Ministerio Público–, donde se subraya que "Dª Paula Chaves Iborra aparece por primera vez en el expediente del incentivo a partir del 12 de febrero de 2009 y efectivamente intervino por primera vez al aceptar el incentivo en nombre de Matsa el 19 de febrero de 2009".
Con esa secuencia de hechos, el abogado de Chaves descarta cualquier ilegalidad tanto en el procedimiento administrativo como en la actuación del ex jefe del Ejecutivo andaluz, por cuanto, "en todo caso, lo cierto es que el día 20 de enero de 2009 [la fecha en la que Chaves presidió el Consejo de Gobierno durante el cual votó a favor de la ayuda, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta le obligaba a inhibirse] Dª Paula Chaves Iborra no había intervenido en el expediente, pues no lo hizo hasta el mes siguiente, en el momento en que acepta el incentivo a nombre de la empresa".
López Rubio, el ex apoderado de Matsa, reveló a este diario la falsedad de la versión oficial. En concreto –como, además, acreditan dos grabaciones publicadas en EL MUNDO.es–, este abogado confirmó que él se encargaba de "poner en copia" del expediente a la hija del vicepresidente tercero del Gobierno para su "supervisión y validación"; que ella "dio el visto bueno" a documentación remitida por otro bufete de abogados; y que su papel fue "más activo en la fase de presentación final" de la solicitud de la ayuda.
"Evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa", afirmó literalmente el ex apoderado, que tras la publicación de sus manifestaciones remitió una carta a este periódico exigiendo un derecho de rectificación porque, según su versión, no habría dicho "ninguna de las frases que se le atribuyen", algo que quedó desmentido con los audios colgados en EL MUNDO.es.
Manos Limpias ha solicitado por escrito al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que llame a declarar como testigo al ex apoderado y abra diligencias penales contra Chaves. Por su parte, el PP ya había propuesto en su querella criminal a López Rubio como testigo. Ahora ha remitido sus declaraciones a este diario, incluida la prueba del audio.
elmundo.es
La línea de defensa del también ministro de Cooperación Territorial ha quedado al descubierto en un escrito dirigido por su abogado, Víctor Moreno Catena, al teniente fiscal del Supremo a mediados de julio –a cuenta de otra denuncia penal que presentó en paralelo el sindicato de funcionarios Manos Limpias, y que fue inicialmente archivada por el Ministerio Público–, donde se subraya que "Dª Paula Chaves Iborra aparece por primera vez en el expediente del incentivo a partir del 12 de febrero de 2009 y efectivamente intervino por primera vez al aceptar el incentivo en nombre de Matsa el 19 de febrero de 2009".
Con esa secuencia de hechos, el abogado de Chaves descarta cualquier ilegalidad tanto en el procedimiento administrativo como en la actuación del ex jefe del Ejecutivo andaluz, por cuanto, "en todo caso, lo cierto es que el día 20 de enero de 2009 [la fecha en la que Chaves presidió el Consejo de Gobierno durante el cual votó a favor de la ayuda, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta le obligaba a inhibirse] Dª Paula Chaves Iborra no había intervenido en el expediente, pues no lo hizo hasta el mes siguiente, en el momento en que acepta el incentivo a nombre de la empresa".
López Rubio, el ex apoderado de Matsa, reveló a este diario la falsedad de la versión oficial. En concreto –como, además, acreditan dos grabaciones publicadas en EL MUNDO.es–, este abogado confirmó que él se encargaba de "poner en copia" del expediente a la hija del vicepresidente tercero del Gobierno para su "supervisión y validación"; que ella "dio el visto bueno" a documentación remitida por otro bufete de abogados; y que su papel fue "más activo en la fase de presentación final" de la solicitud de la ayuda.
"Evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa", afirmó literalmente el ex apoderado, que tras la publicación de sus manifestaciones remitió una carta a este periódico exigiendo un derecho de rectificación porque, según su versión, no habría dicho "ninguna de las frases que se le atribuyen", algo que quedó desmentido con los audios colgados en EL MUNDO.es.
Manos Limpias ha solicitado por escrito al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que llame a declarar como testigo al ex apoderado y abra diligencias penales contra Chaves. Por su parte, el PP ya había propuesto en su querella criminal a López Rubio como testigo. Ahora ha remitido sus declaraciones a este diario, incluida la prueba del audio.
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