PRESENTADA UNA QUERELLA CONTRA BONO POR COHECHO, FALSIFICACIÓN Y FRAUDE

ANTE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

La querella se dirige también contra su ex esposa, Ana Rodríguez Mosquera, como cooperadora necesaria.

    * Documento: Querella contra Bono

    * Un diputado del PP era el garganta profunda de José Bono

Luis del Pino

El pasado miércoles 9 de febrero, la Asociación Justitia et Veritas, bajo la dirección letrada del ex-diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, presentó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra José Bono, actual presidente del Congreso de los Diputados, por los delitos de cohecho continuado, falsificación de documentos públicos y posible fraude fiscal. La querella se dirige también contra su esposa, Ana Rodríguez Mosquera, como cooperadora necesaria.

En el texto de la querella, la Asociación Justitia et Veritas aporta un análisis de las declaraciones patrimoniales y de actividades del ex-presidente de Castilla-La Mancha; de sus ingresos y los de su esposa desde el año 1995; de sus bienes inmuebles; de sus actividades empresariales y del estado de su patrimonio. De ese análisis se desprende, a juicio de los querellantes, que las actividades inmobiliarias reales de José Bono no se corresponden con las declaraciones de actividades; que sus ingresos desde 1995 no justifican el notable incremento de su patrimonio y que José Bono podría haber violado la Ley de Incompatibilidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que dispone que el cargo de presidente de la Junta "es incompatible... con toda actividad profesional o mercantil".

La querella hace también un análisis de las informaciones periodísticas publicadas a lo largo de los últimos meses, del que se desprendería que diversas empresas realizaron distintas dádivas a la propia familia de José Bono o a sus empresas mientras Bono ocupó los cargos de presidente de Castilla-La Mancha y de ministro de Defensa.

Finalmente, la querella plantea la posible existencia de delito fiscal en relación con la venta de las fincas heredadas de sus padres y extiende la acusación a la esposa de José Bono, Ana Rodríguez Mosquera, como cooperadora necesaria.

La querella solicita que la Sala Segunda del Tribunal Supremo practique diversas diligencias, entre las que se incluyen la toma de declaración a Rafael Santamaría y Francisco Hernando, además de a los propios querellados.

libertaddigital.com

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGÓ POSIBLES PREBENDAS DEL ALCALDE SILVERIO MATOS EN EL PROYECTO EÓLICO

Silverio Matos (d.), alcalde de Santa Lucía, en una foto de archivo | ABC

Canarias articula medidas para la red fotovoltaica de Arinaga

DANIEL HERRERA | LAS PALMAS

Entre las numerosas ramificaciones producidas por la Operación Palmera, las investigaciones realizadas por la Guardia Civil dejaron entrever una serie de conductas supuestamente ilícitas de hechos urbanísticos de carácter penal, realizadas en el Ayuntamiento de Santa Lucía en el marco del proyecto original del parque eólico, una iniciativa llevada a concurso por el Gobierno de Canarias que contaba con fuertes inversiones de la Unión Europea.

Dichas actividades podrían señalar a varios miembros electos de la corporación local, funcionarios del consistorio y particulares. Bajo las pesquisas de la Benemérita, Silverio Matos sería la cabeza visible de una red de ilícitos penales de naturaleza urbana.

La denominada «Operación Palmera» se inició el pasado 9 de mayo de 2007 con la denuncia realizada por el ex edil Rufino Pérez y se reactivó con las correspondientes acciones del equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Siempre bajo las líneas de investigación, el alcalde de Santa Lucía se enfrentaría a varias acusaciones por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos.

Fechas de los convenios
Por parte de esta unidad armada se realizaron una serie de gestiones, dando como resultado que Matos, según el acta de ratificación de los convenios (en los cuales se propiciaba la adquisición de terreno privado para convertirlo en suelo público, a cambio de prebendas a ciertas empresas) los manipuló de manera arbitraria, variando la fecha de los mismos.

A la luz de las investigaciones de la Guardia Civil, el consistorio realizó con la empresa S. A. T. El Águila (cuyo presidente es Antonio Alemán Bordón) el convenio el 7 de enero de 2005, cuando la citada reunión de la comisión de gobierno se había llevado a cabo cuatro días después.

Además, se registró la citada sociedad el 5 de enero de 2005, seis días antes de la realización del convenio de permuta con el ayuntamiento. En paralelo, Alemán creó una compañía el 22 de junio de 2004 llamada Enercasa S. L., dedicada a la promoción y explotación de Parques Eólicos, así como la venta de energía eléctrica, todo esto a pocos meses (14 de diciembre) de que la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias sacara a concurso los Parques Eólicos.

Por su parte, los empresarios de Inmueble Comercial La Mareta S. L. compraron los terrenos correspondientes el día 2 de enero de 2005, promoviéndolo a escritura pública el 10 de enero de 2005, y realizando la firma de la permuta el día 11 de enero, el mismo día de la famosa comisión de gobierno. Con ello, el citado cuerpo de seguridad quiso evidenciar el uso de información privilegiada en los distintos convenios firmados.

Pagos periódicos
Por otro lado, el alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, realizó una serie de pagos periódicos a varias de las personas implicadas en el citado caso Eólico, que acabó siendo anulado por el Gobierno de Canarias en junio de 2006.

De las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, se ha podido comprobar repetidos dispendios a Inmaculada Ramírez, concejala del citado Consistorio y esposa de Agustín Ángel Domínguez Cordero, uno de los empresarios inmersos en los convenios firmados en el famoso Parque Eólico -en concreto, administrador de la compañía Machacadora Domínguez Sociedad Anónima-.

Por los desembolsos, se demuestra la relación, de amistad o profesional, que pudiera tener con anterioridad a la relación del convenio con su actual esposo.

Rufino Pérez ejercerá de acusación popular en el caso
Tras los correspondientes pinchazos telefónicos llevados a cabo por la Guardia Civil, un total de 17 personas fueron imputadas por esta trama, un lista que engloba a concejales, técnicos y empresarios de la comarca. A pesar de que tanto Silverio Matos como Antonio Ruiz (quién decidió marcharse del Ayuntamiento la semana pasada) y otros miembros del consistorio solicitaron el sobreseimiento libre de la causa el pasado 8 de enero de 2009, las alegaciones realizadas por el letrado Jesús de Bethencourt propiciaron un nuevo giro en el proceso judicial, ya que desde hace unos días Rufino Pérez -ex edil del PP y miembro del Grupo Ansite CCN- ha pasado a ser «acusación popular» en el caso, un factor que le permite llegar en este asunto hasta las últimas consecuencias. De momento, el juez Juan Carlos Socorro, magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 espera hoy las correspondientes declaraciones de los imputados Antonio Alemán y Agustín Cordero.

ABC-ES

EL PSOE ESTUDIA LLEVAR A LA FISCALÍA EL CASO FUNDESCAM

Socialistas e IU sospechan que el PP se financió irregularmente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ayer en Getafe.

GUILLERMO SANZ
I. ESCOLAR / A. GUTIÉRREZ - MADRID

La noticia, desvelada ayer por Público, de cómo el PP madrileño financió en 2003 parte de la campaña del tamayazo a través de una fundación a la que una empresa de la trama Gürtel endosó facturas electorales puso ayer en pie de guerra a la oposición. Tanto el PSOE como IU sospechan que esa fundación, Fundescam, operó como un canal de "financiación irregular" que no sólo ayudó supuestamente al PP a ocultar gastos electorales sino que captó donaciones de importantes empresarios que lograron contratos y concesiones públicas en Madrid.

El secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez, anunció que los servicios jurídicos de su partido estudian la posibilidad de acudir a la Fiscalía, y garantizó una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno de Esperanza Aguirre dé explicaciones. La portavoz parlamentaria de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, también prometió dar la batalla en la Cámara autonómica, donde el PP ha hecho valer con reiteración su mayoría absoluta para bloquear los intentos de desentrañar las conexiones entre el Ejecutivo de Aguirre y las empresas adscrita a la trama corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa.

Para Tomás Gómez, este es un nuevo episodio que define la «era Aguirre»

En opinión del líder socialista madrileño, todo lo que rodea a Fundescam, "una fundación desconocida", resulta sospechoso. "Pudo haber sostiene Tomás Gómez trato de favor a empresas que estuvieron financiando una campaña electoral que todos recuerdan como el drama de la democracia, la del tamayazo". Su partido estudia ahora "si es posible emprender acciones jurídicas o llevar el caso a la Fiscalía", precisó.

Contratos y subvenciones

En el ámbito parlamentario, los socialistas reclamarán explicaciones al Gobierno de Aguirre, una dirigente, subraya Gómez, "que llega a la Presidencia de la comunidad en 2003 apoyada por una fundación que pudo haber dado prebendas a los empresarios que aportaron donaciones". El de Fundescam, resume el dirigente del PSOE, "es un nuevo episodio en la era Aguirre", caracterizada, en su opinión, por "la corrupción y la mezcla de intereses públicos y privados".

Sabanés cree que el PP vulneró la ley de financiación de partidos

Desde las filas de Izquierda Unida, Inés Sabanés exhibió el repertorio de irregularidades en que pudieron incurrir el PP y Fundescam, fundación de obediencia partidaria y cuyo patronato lo elige el comité ejecutivo de los conservadores. "IU dijo su portavoz en la Asamblea de Madrid considera que se ha podido vulnerar tanto la Ley Electoral como la Ley de Financiación de Partidos y la Ley de Fundaciones". Su grupo pedirá todos los contratos otorgados por la Comunidad de Madrid a Special Events y exigirá respuesta a la pregunta de qué subvenciones públicas ha recibido Fudescam "a pesar de no haber presentado sus cuentas desde 2003".

Los claroscuros legales del ‘caso Fundescam’

Falsificación de documentos
Special Events endosó a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) facturas que en realidad se correspondían con trabajos realizados para el PP madrileño durante su campaña para las autonómicas de mayo de 2003 y para las europeas de junio de 2004. El falseamiento de facturas se encuadra en el delito de falsificación de documentos públicos, penado por el Código Penal con hasta seis años de cárcel en el caso de los funcionarios o cargos públicos, pero sólo con un máximo de tres si se trata de particulares.

Sólo multa para la financiación ilegal
En su artículo 4, tanto la Ley de Financiación vigente desde 2007 como la anterior, de 1987, prohíben de forma expresa que los partidos acepten donaciones de empresas privadas que, “mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”. Pero esa misma ley establece que los infractores recibirán, en todo caso, el siguiente castigo: “Una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento”. El Código Penal no dedica ni una línea a la financiación ilegal.

Donaciones limitadas
La Ley de Financiación vigente en 2003 establecía para las donaciones privadas a partidos un límite de 10 millones de pesetas al año (60.000 euros). Las facturas del PP pagadas por Fundescam, fundación subvencionada por la Comunidad de Madrid y por Caja Madrid, superaron ese límite. En total, ascendieron a 66.988 euros. En 2004, Special Events cargó a la fundación 204.011 euros. Es decir, en sólo año y medio, desde junio de 2003 a noviembre de 2004, Fundescam abonó casi 50 millones de las antiguas pesetas por trabajos hechos para el PP. La Ley de Fundaciones prohíbe “constituir fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a sus patronos”.

Más fiscalización desde 2007
El vacío de la financiación ilegal persiste, pero la nueva ley de 2007 cerró uno de los grandes agujeros de la norma precedente: la ausencia de control sobre las fundaciones ligadas a partidos. Ahora, las donaciones que reciben ese tipo de fundaciones están sujetas a la fiscalización y control del Tribunal de Cuentas y a las mismas sanciones aplicables a las organizaciones políticas de que dependen. Ese reforzamiento de controles fue la clave del choque de trenes que se produjo con el PP durante la tramitación de la nueva ley.

PÚBLICO.ES

UN EDIL DEL PP DE SANLÚCAR NO SABE SI FIRMÓ FACTURAS FALSAS

ANA HUGUET - Jerez

El PP de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) no niega haber firmado facturas falsas para beneficiar con fondos públicos a varias empresas en 2002. Los populares gobernaban en ese año el Ayuntamiento de Sanlúcar. Marco Antonio Caballero, uno de los dos concejales del Consistorio denunciado por la Fiscalía Anticorrupción por malversación y falsificación de documento mercantil, declaró ayer que no recuerda "las circunstancias" en las que se rubricaron esos pagos de 21.821 euros porque "la memoria humana tiene cierto límite".

La titular de Anticorrupción en Cádiz, Virginia Alonso, presentó hace dos semanas una denuncia en los juzgados de Sanlúcar contra Caballero, entonces delegado municipal de Hacienda, y contra el ex primer teniente de alcalde, el también popular Rafael Rubio, por firmar varias de las nueve facturas supuestamente creadas para desviar fondos de las arcas municipales a diversas empresas locales por servicios que nunca se materializaron.

El actual gobierno municipal socialista también ha trasladado a la Fiscalía de Jerez otras decenas de facturas que cuestionan la gestión económica del Partido Popular al frente del Ayuntamiento entre los años 2002 y 2005.

En esas fechas, los concejales cargaron a las arcas municipales comidas en Bajo de Guía a 2.800 euros, rondas de whisky a 52 euros la copa, marisco y licores de más de 600 euros, botellas de Möet & Chandon o puros Montecristo. Asimismo, una auditoría externa ha detectado que se hicieron numerosas llamadas desde móviles corporativos a líneas eróticas y otras de tarot.

ELPAÍS.COM

HABANOS, LANGOSTINOS, TAROT, CHAMPÁN Y LÍNEAS ERÓTICAS A CUENTA DEL AYUNTAMIENTO

El PP dejó en Sanlúcar 14 millones de euros en facturas sin reconocer

La Fiscalía de Jerez ordenó una auditoría en el Ayuntamiento de Sanlúcar para investigar la gestión económica del Partido Popular durante su mandato en la localidad gaditana. La auditoría externa, encargada por el actual gobierno socialista ha destapado facturas por valor de 14 millones de euros. Entre los gastos, llamadas a líneas eróticas, líneas de tarot, mariscadas y rondas de bebidas a 56 euros la copa

Ante el endeudamiento de las arcas municipales, la nueva corporación decidió hacer un ejercicio de austeridad para devolver la normalidad al dinero público. Este equipo de gobierno ha reducido a la mitad los móviles, los cargos de confianza y también ha bajado el sueldo del alcalde, que estaba fijado en 120.000 euros anuales. La auditoría que ha encargado la corporación municipal ha destapado irregularidades importantes dentro de las cuentas del consistorio.

“Presunción de inocencia”
Dadas las evidencias, Anticorrupción ha denunciado a dos ex concejales del PP de Sanlúcar por falsificar documentos públicos y malversación. Lejos de sancionar a sus ediles, el presidente provincial del PP, José Loaiza pidió la “presunción de inocencia” de los concejales sospechosos. La Fiscalía ha trasladado a los juzgados nueve facturas, supuestamente falsas, que ascienden a 21.821 euros. Las firmas de las facturas, entre otros, son de Rafael Rubio, primer teniente de alcalde, y Marcos Antonio Caballero, delegado municipal de Hacienda, según denuncia El País.

Altas facturas de móviles
Entre los gastos desmesurados han sorprendido las facturas de teléfonos móviles de la corporación. En octubre de 2004, uno de los teléfonos oficiales realizó 20 llamadas a Cuba, con una duración de casi hora y media. En esos momentos, el Ayuntamiento no tramitaba ningún expediente en la isla.

Descargas y llamadas
Además de estas altas cifras, desde otro de los móviles se descargaron 43 juegos e imágenes en servidores de pago, entre ellos de contenido erótico o de tarot. En ese mismo móvil y en el espacio de un mes, se registraron también hasta tres llamadas de 30 minutos a líneas eróticas.

Mariscadas y bebidas a cargo del Ayuntamiento
Pero no sólo en los teléfonos estaba el despilfarro. Los concejales populares llegaban a pagar más de 112 euros en whiskys y hasta 50 euros por una botella de vino Moët Chandon. Además, las mariscadas y las comidas copiosas también están registradas dentro de las facturas analizadas.

Gastos electorales
Todavía queda material por analizar dentro de las supuestas irregularidades cometidas. Hay unas facturas que carecen de la firma del técnico municipal que registran adquisición de material como llaveros, abanicos, camisetas, bolígrafos o pins. El actual gobierno sospecha que los populares pudieron financiar parte de la campaña con dinero público.

Nuevas irregularidades
La Fiscalía derivó el asunto a la fiscal Anticorrupción debido a la posible implicación de funcionarios y responsables municipales. Este organismo ha encontrado nueve facturas falsas con la firma de los dos ex concejales citados, cobradas por cuatro empresas de Cádiz y Ceuta. En los pagos de las mismas se han detectado irregularidades y, además, no constan los servicios contratados. Los servicios fueron abonados mediante el procedimiento administrativo destinado para casos excepcionales y que necesitan una partida presupuestaria urgente. Pese a todo, se han obviado trámites necesarios en cada uno de los contratos. Desde el PP señalan que "no tienen conocimiento" de este asunto" ya que no se les ha "comunicado nada".

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