* El fiscal solicita seis años de prisión y 15 de inhabilitación para Roca
* La defensa afirma que los cambios fiscales han vulnerado el derecho de defensa
* La defensa afirma que los cambios fiscales han vulnerado el derecho de defensa
Europa Press | Málaga
La defensa del exresponsable de la sociedad municipal de Marbella (Málaga) Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca, ha asegurado este jueves que hay "una clamorosa ausencia de pruebas" respecto a su cliente en el caso 'Minutas' y que la operación por la que se le acusa, el pago de 80.000 euros a una asesoría en relación a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, fue legal.
En esta causa, sobre las presuntas irregularidades en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Marbella al letrado José María del Nido, el fiscal acusa a Roca de un delito de malversación de caudales, solicitando seis años de prisión y 15 de inhabilitación, en relación con el pago a un asesoría para supuestamente hacer alegaciones al anteproyecto de fiscalización sobre tres sociedades.
En su informe final, el letrado de Roca ha explicado que el fiscal "no cree a unos testigos y a otros sí, no cree a unos acusados y a otros sí, pero no se nos dice por qué", lo que lleva, en su opinión, "a errores de bulto por los que se sienta en el banquillo al señor Roca cuando no había indicios de que la operación fuera ilícita". "Fue perfectamente lícita y no había nada que ocultar", ha dicho.
Ha entendido que al margen de si Roca era apoderado o gerente de la sociedad "no se ha acreditado deberes de control, que además no tenía". "Con independencia de que en otro juicio el fiscal quiera sostener que el señor Roca controlaba todo en Planeamiento 2000, aquí no", ha apuntado el letrado, quien añade que no se puede confundir el control sobre una cuenta con el control sobre un pago.
La defensa de Roca ha insistido en que "tal y como dice el fiscal, el pago de los 80.000 euros está perfectamente contabilizado y documentado" y ha apuntado que no se ha probado la voluntad por parte de su cliente de cometer el delito, preguntándose "qué interés iba a tener si no se hubiera hecho el trabajo o se hubiera hecho mal, de que cobraran unos señores que no conoce y sin que él cobrara nada".
El abogado se ha referido a la "calificación imposible del fiscal", indicando que primero pone en duda que el trabajo por el que se pagó dicha cantidad se hubiera realizado, pero "acto seguido", ha manifestado la defensa, apunta que lo realizado "tiene defectos". Además, ha dicho que éste no realizó un informe jurídico, sino "de hechos, sin citar el precepto por el que se le acusa".
En esta causa, sobre las presuntas irregularidades en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Marbella al letrado José María del Nido, el fiscal acusa a Roca de un delito de malversación de caudales, solicitando seis años de prisión y 15 de inhabilitación, en relación con el pago a un asesoría para supuestamente hacer alegaciones al anteproyecto de fiscalización sobre tres sociedades.
En su informe final, el letrado de Roca ha explicado que el fiscal "no cree a unos testigos y a otros sí, no cree a unos acusados y a otros sí, pero no se nos dice por qué", lo que lleva, en su opinión, "a errores de bulto por los que se sienta en el banquillo al señor Roca cuando no había indicios de que la operación fuera ilícita". "Fue perfectamente lícita y no había nada que ocultar", ha dicho.
Ha entendido que al margen de si Roca era apoderado o gerente de la sociedad "no se ha acreditado deberes de control, que además no tenía". "Con independencia de que en otro juicio el fiscal quiera sostener que el señor Roca controlaba todo en Planeamiento 2000, aquí no", ha apuntado el letrado, quien añade que no se puede confundir el control sobre una cuenta con el control sobre un pago.
La defensa de Roca ha insistido en que "tal y como dice el fiscal, el pago de los 80.000 euros está perfectamente contabilizado y documentado" y ha apuntado que no se ha probado la voluntad por parte de su cliente de cometer el delito, preguntándose "qué interés iba a tener si no se hubiera hecho el trabajo o se hubiera hecho mal, de que cobraran unos señores que no conoce y sin que él cobrara nada".
El abogado se ha referido a la "calificación imposible del fiscal", indicando que primero pone en duda que el trabajo por el que se pagó dicha cantidad se hubiera realizado, pero "acto seguido", ha manifestado la defensa, apunta que lo realizado "tiene defectos". Además, ha dicho que éste no realizó un informe jurídico, sino "de hechos, sin citar el precepto por el que se le acusa".
Modificaciones del fiscal
En su opinión, la calificación "deja al desnudo la debilidad acusatoria y la clamorosa falta de pruebas". Ha aludido a que "a estas alturas del plenario, no tiene claro cuáles son los hechos punibles por los que esta Sala tendría que condenar" y a que ha desaparecido el delito de fraude y el fiscal ha modificado el tipo de malversación por el que se acusa "sin decirlo en el informe".
Ha señalado que sobre estas modificaciones realizadas por el fiscal "por vía de informe final" no se ha podido solicitar ni practicar prueba, por lo que se ha vulnerado el derecho de defensa. Ha aludido a que "hay derecho penal de autor, porque no se cree nada de lo que dice el señor Roca" y porque se mantiene la petición de seis años a pesar de haber cambiado la calificación.
"No hay otra posibilidad que absolver al señor Roca, salvo que asumamos esta calificación que entendemos son resquicios, no con mala fe, pero el ministerio público también está influido por el juicio mediático, por otros juicios y en esta operación desde luego el señor Roca tiene que salir absuelto", ha concluido el letrado defensor.
La alusión al derecho penal de autor ha provocado la respuesta del fiscal Anticorrupción, Francisco Jiménez Villarejo, que al término de la exposición del letrado ha considerado "inadmisible que se utilice esa referencia para criticar una acusación, porque es una teoría elaborada durante el Régimen Nacional Socialista del III Reich". Sobre las modificaciones, ha dicho que están explicadas, aunque el letrado "ha debido de escuchar sólo una parte del DVD".
Otras defensas
También han informado las defensas de la exmujer de Del Nido, Ángeles Carrasco, negando cualquier responsabilidad penal de su cliente y defendiendo su actuación profesional en la segregación de San Pedro; y la del que fuera edil de Marbella Tomás Reñones, quien ha lamentado que éste haya sido juzgado "sin que exista ni un solo indicio" y ha considerado que el delito de malversación del que se le acusa, por el que se piden cuatro años de cárcel, está prescrito.
Ha apuntado que su cliente "no era la persona que habitualmente hacía los pagos y comprobó y controló dentro de sus posibilidades que los trabajos se habían realizados" y ha recordado que Reñones declaró en el juicio que el propio interventor le dio el cheque para pagar a Del Nido. En este punto, ha hecho hincapié en que personas "que autorizan y ordenan vienen como testigos".
En este sentido, el letrado se ha referido a una "desigualdad" de su cliente respecto a otras personas que han autorizado pagos y ha dicho que se ha tratado "de diferente forma a quien es concejal, porque no ha llegado a entender que en el grupo político al que pertenecía mi representado existen personas buenas, malas y regulares".
"Algunas personas han creído actuar correctamente basados en el principio de confianza y buena fe", ha manifestado el abogado de Reñones, quien ha instado al fiscal a reflexionar sobre la idea de que "muchas de estas personas quieren colaborar con la justicia, pero no a golpe de imputaciones constantes". "Tomás Reñones lo único que hizo fue cumplir la orden de pago dada por una persona no acusada", ha dicho.
Faltan por exponer sus informes finales tres defensas, que lo harán este viernes, según prevé la Sala, jornada para la que también está previsto citar a todos los acusados para que los que quieran hagan uso de su derecho a la última palabra, tras lo que el juicio, que comenzó en abril del pasado año, quedará visto para sentencia.
elmundo.es
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