"CASO EMARSA"; EL CONSERJE DE EMARSA LLEVABA SOBRES CERRADOS CON DINERO AL PP DE VALENCIA

Planta de la depuradora de Emarsa, en Pinedo (Valencia). | Benito Pajares

CORRUPCIÓN | Saqueo de la depuradora de Pinedo

Los llevaba al despacho de Silvestre Senent en el Ayuntamiento de Valencia

Senent era presidente del PP de la ciudad y el dinero era para la Lotería

También participó en el reparto de "regalos VIP" a políticos y amigos

Hizo varios ingresos en una cuenta personal del ex gerente, Esteban Cuesta

Rodrigo Terrasa | Valencia

José Salvador Villalba, delineante titulado, empezó a trabajar como ordenanza de Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de aguas de Valencia, el 1 de julio de 1998. Este lunes declaró como testigo ante el juez que investiga el saqueo de la sociedad. Aseguró que su sueldo era de 30.000 euros brutos al año y admitió que entró a trabajar en Emarsa porque militaba en el Partido Popular.

Su trabajo consistía en archivar documentos, recoger material en la empresa y hacer pedidos y recados. Trabajaba directamente para el ex gerente de Emarsa, Esteban Cuesta: "Me llamaba y me daba documentación general y yo la entregaba en el sitio correspondiente o se venía conmigo en el coche de la empresa, y le llevaba si tenía alguna reunión con Enrique Crespo (ex presidente de Emarsa), en la alcaldía de Manises, o reuniones en la EMSHI o en la EPSAR".

En su declaración ante el juez reconoció también que en ocasiones tenía que ir al Ayuntamiento de Valencia a "recoger o entregar documentos en relación con el despacho de Silvestre Senent" (ex presidente del PP de la ciudad de Valencia). Nunca entraba al despacho de Senent, sino que dejaba los paquetes a sus asesoras. Aseguró que Ignacio Martínez Maiques, ex jefe de compras de Emarsa y ex dirigente del PP, era quien le ordenaba los recados porque él y Senent eran "íntimos amigos".

Reconoció que llevaba desde Emarsa al Ayuntamiento de Valencia "sobres cerrados o el dinero para pagar la lotería del PP". Lo hizo durante varios años y era la lotería de Navidad.

Los regalos VIP

Villalba también reconoció su participación en la entrega de los regalos que hacía Emarsa a políticos y amigos. "Cuando llegaba el periodo navideño Esteban Cuesta le daba a Marisol Gálvez, (secretaria de Cuesta) dos listados, uno VIP y otro no VIP con regalos de Navidad que eran cajas. Los VIP incluían jamones 5 jotas y los otros eran cajas más normales".

Los "no VIP" eran amigos personales de Esteban Cuesta o Ignacio Martínez. Enrique Crespo, por su parte, pasaba otro lista de regalos. "Por ejemplo, una persona a la que llueve regalos y nunca he entendido fue al gerente de la discoteca Giorgio Enrico", confesó el conserje de Emarsa. Entre los VIP, llevó regalos a Silvestre Senent, a su asesora, a la cúpula de Feria Valencia, y a varios altos cargos de la Epsar (Empresa Pública de Saneamiento de Aguas Residuales), dependiente de la Generalitat.

Entre las labores del conserje estaba también "todo tipo de situaciones personales" encomendadas por Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa. "Me llamaba para que fuera a El Corte Inglés a comprar desde un cargador de móvil a música y cualquier cosa", relató Villalba. "Era un espectáculo. En una ocasión llevaba una placa de calefacción y salió conmigo de la planta para intentar buscar un sitio para cambiarla o arreglarla".

Ingresos en la cuenta de Esteban Cuesta

El ordenanza de Emarsa también reconoció que "dos, tres o cuatro veces" acudió a una oficina de Bankinter en Valencia, bajo la casa de Esteban Cuesta, a ingresar dinero en una cuenta personal del ex gerente de la empresa.

El pasado mes de febrero, el propio Cuesta se presentó ante el juez para confesar el saqueo de la depuradora. Formuló una autodenuncia, en la que detalla cómo durante años, concretamente entre 2005 y 2009, funcionó un sistema de saqueo que incluía extracciones diarias de dinero en metálico desde cajeros automáticos, pero también el transporte de dinero en cajas que se repartían entre él el presidente de la empresa pública y ex alcalde de Manises, Enrique Crespo, y otros dos imputados, Ignacio Bernácer y José Juan Morenilla.

Las comisiones se percibieron por hinchar el coste del tratamiento de lodos y Cuesta también confesó haber pagado facturas de restaurantes que nada tenían que ver con la planta depuradora. Señaló de nuevo a Silvestre Senent, actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, a quien dijo haber abonado 20.000 euros al año entre 2005 y 2009 para sufragar el homenaje a los afiliados del PP en el restaurante Alameda Palace.

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"CASO VOLTOR"; MARTORELL NIEGA LA CONTRATACIÓN IRREGULAR DE TRABAJADORES EN EL CONSELL

Antoni Martorell en los juzgados. | Alberto Vera

JUICIO | Los contratos fantasma de UM

El jefe de gabinete de Munar está imputado en una pieza separada de la causa

Efe | Palma

Antoni Martorell, el que fuera jefe de gabinete de la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha negado hoy en los juzgados de Palma la contratación irregular de trabajadores en el Consell de Mallorca durante la legislatura 2003-2007.

Martorell ha declarado como imputado en una pieza separada del caso Voltor ante la magistrada del juzgado de instrucción número 10, Carmen Abrines, que también había citado a declarar al ex director insular de Proyectos, Mateu Cañellas, cuya comparecencia se ha aplazado al 22 de abril por un problema de su abogado.

La Fiscalía investiga en esta causa la presunta contratación irregular por parte de empresas afines a Unió Mallorquina de trabajadores de los que sospecha que, en realidad, trabajaban para el partido desde el Consell de Mallorca.

A raíz de lo declarado por otros imputados en el caso Voltor, se investiga si en contraprestación por su trabajo, a los empleados se les pagaba con nóminas de la empresa Network, donde en realidad no trabajaban.

Martorell no ha respondido a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, pero sí a las de su abogado y ha explicado que dos de los trabajadores de quienes se sospecha su contratación irregular estuvieron trabajando en el Consell de Mallorca bajo su control, uno de ellos como diseñador gráfico y una mujer como administrativa, han informado fuentes jurídicas.

El ex jefe de comunicación del Consell de Mallorca ha detallado que para contratar a ambos, él se dirigió al departamento de personal de la institución y solicitó lo que necesitaba, pero no indicó a ninguna persona en concreto para los puestos vacantes. Ha dicho que no conocía anteriormente a los dos trabajadores que le enviaron.

También ha subrayado que los dos tenían los conocimientos oportunos para llevar a cabo la función para la que se les requería, por lo que estuvo conforme con contratarles y ha añadido que es normal en la administración contratar a trabajadores a través de empresas externas.

Martorell ha afirmado que solo trabajaron para el Consell de Mallorca y nunca para UM, y ha detallado que su jornada laboral era de 8 a 15.00 horas, de lunes a viernes.

El exjefe de gabinete de Munar ha insistido en negar que estos dos empleados trabajaran para UM y ha asegurado que él era militante del PSM y que se hizo de UM a finales de 2006, siempre como militante de base.

La defensa de Martorell prevé solicitar el archivo de la causa en lo que se refiere a él.

También han declarado hoy como testigos los padres de uno de los trabajadores, a quienes se ha preguntado por su relación con la expresidenta Munar y si esta medió para conseguirle un empleo a su hijo, tal como él declaró.

La madre del trabajador ha explicado que fue militante de UM varios años y regidora en el Ayuntamiento de Alcúdia, por lo que conocía a Munar y en un evento al que acudió la expresidenta le pidió trabajo para su hijo, que acababa de estudiar diseño gráfico y no encontraba empleo en esta localidad.

La mujer ha negado que Munar se ofreciera a darle trabajo a cambio de que ayudara en el partido y ha detallado que, igual que a la expresidenta insular, le requirió un empleo para su hijo a mucha más gente.

También el padre ha dicho que estuvo afiliado a UM y ha explicado que no relacionó la petición de empleo de su mujer con el hecho de que a su hijo le llamaran para trabajar en el Consell de Mallorca.

elmundo.es

"TRAMA DE LOS ERE"; ANTICORRUPCIÓN VUELVE A PEDIR EL INGRESO EN PRISIÓN DE GUERRERO POR "RIESGO DE FUGA"

Francisco Javier Guerrero (izquierda), junto a su abogado en las puertas del juzgado. | Efe

'Operación Heracles'
Anticorrupción vuelve a pedir el ingreso en prisión de Guerrero por 'riesgo de fuga'
El delegado de Empleo ha declarado durante cerca de tres horas
Anticorrupción cree que también podría destruir pruebas del caso
Asegura a su salida de los juzgados que está "igual de tranquilo que siempre"

Europa Press | Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, por considerar que existe "riesgo de fuga", de que pueda "destruir o alterar pruebas" y de que pueda entrar en contacto con otros imputados.

Así lo han informado fuentes del caso al término de la declaración de Guerrero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que se ha prolongado durante cerca de tres horas y durante la que ha respondido a las preguntas de la magistrada desoyendo el consejo de su abogado, Fernando de Pablo.

Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos -sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil-, tras lo que permaneció más de siete meses en Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después abonar 50.000 euros de fianza.

La comparecencia de Guerrero, que ha concluido pasadas las 17 horas, corresponde a la parte de la causa que permanece bajo secreto de sumario y en ella han estado presentes la propia Alaya, los dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción y el abogado Fernando de Pablo.

Guerrero, que continúa a la espera de que la magistrada dicte el auto en el que acepte o no la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha declarado a los periodistas congregados a las puertas de la Audiencia Provincial que se encuentra "igual de preocupado que siempre", aunque ha admitido que no se trata de una "situación agradable".

También ha desvelado que ha prestado declaración ante la juez Alaya, que se ha interesado por "cosas que ya me habían preguntado antes" y también por "otras que hemos ampliado".

En principio está previsto que nuevos imputados presten declaración este miércoles ante la juez Mercedes Alaya.

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El escándalo del saqueo institucionalizado

elmundo.es

EL ALCALDE DE O CARBALLIÑO SE SUMA A LA LISTA DE REGIDORES IMPUTADOS EN "POKÉMON"

Marnotes en su chalet, en la parroquia de Arcos, mostrando el césped que el grupo Vendex instaló en la finca. | Brais Lorenzo / Efe

OURENSE | Presunta corrupción política

La jueza ve posibles delitos de tráfico de influencias y revelación de secretos

La imputación está relacionada con la adjudicación de la ORA a Vendex

Un total de cinco regidores gallegos están implicados en la trama de corrupción

Ourense

La jueza de Instrucción número 1 de Lugo continúa ampliando la nómina de alcaldes imputados por el 'caso Pokémon'. El último en recibir la notificación es el regidor 'popular' O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes.

Según ha confirmado el propio alcalde en rueda de prensa, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por la comisión de los supuestos delitos de tráfico de influencias y revelación de secretos. En el auto que ha recibido para prestar declaración en el juzgado de Lugo se le cita para el próximo día 8 de marzo.

Marnotes, 'alucinado'

Tras conocer la decisión de la jueza, el regidor ha convocado a la prensa, y se ha confesado "alucinado" por haber recibido esta imputación porque ha recordado que su equipo paralizó, tal y como había prometido en su programa electoral, la adjudicación que había iniciado el anterior gobierno del servicio de la ORA, un proceso al cual concurría la empresa Vendex.

Marnotes que decidió comparecer ante los medios para mostrar su sorpresa ante la decisión de la jueza aclaró que no piensa dimitir y calificó su imputación de "vendetta" ya que "lo único que hice fue paralizar la adjudicación". También reconoció que contrató a la empresa Vendex para plantar césped en su casa y aún no pagó el servicio "porque no me presentaron la factura".

Las adjudicaciones a esta empresa han desatado uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Galicia. Hasta la fecha están imputados el ex alcalde de Ourense, el socialista, Francisco Rodríguez, el regidor de Boqueixón (A Coruña), Adolfo Gacio, el de Santiago de Compostela, Ángel Currás, el de Lugo, Xosé Clemente López Orozco y ahora el de O Carballiño, Argimiro Marnotes.

Hoy mismo presta declaración la concejala de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez, también en calidad de imputada en relación al pago a Vendex de determinados servicios cuando presuntamente la relación contractual había finalizado.

elmundo.es

"CASO COOPERACIÓN"; EL TSJ IMPUTA A OTRAS TRES PERSONAS POR EL DESVÍO DE FONDOS DE COOPERACIÓN

Están acusadas de cobros por trabajos no realizados o facturados por encima de su valor

EFE Valencia

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Caso ayudas cooperación
Corrupción política

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que investiga el supuesto desvío de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación internacional ha imputado a otras tres personas, lo que eleva a 31 el número de supuestos implicados.

Según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, la juez ha citado para declarar como imputadas el próximo día 29 a María Josefa Cervera y Adela Rodríguez por el cobro de facturas a cargo de subvenciones concedidas a la Fundación Cyes que podrían corresponder a trabajos no realizados o facturados por encima de su valor real.

La tercera, Rosa María Castelo, ha sido citada como imputada para el próximo 3 de diciembre, también por el cobro de facturas a cargo de subvenciones, en esta ocasión emitidas por las empresas Beconsa y APB arquitectura.

Ese mismo día también ha sido llamado a declarar Rafael Joaquín Blasco Segura, que ya estaba imputado por el cobro de facturas a través de la empresa farmacéutica Desfa.

Con las tres nuevas citaciones, el número total de imputados en esta causa, conocida como caso Cooperación, asciende a 31, uno de los cuales se encuentra en prisión, Augusto César Tauroni.

Por otra parte la instructora ha citado a 11 personas para declarar como testigos, que comparecerán en diferentes sesiones programadas entre el 4 y el 13 de diciembre.

La investigación de este supuesto fraude fue asumida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el pasado 5 de septiembre al afectar a un aforado, el exconsejero de Solidaridad y diputado autonómico del PP, Rafael Blasco.

La acción judicial se centra en el supuesto desvío de las cantidades concedidas a determinadas ONG mediante facturas hinchadas para justificar el dinero recibido.

Entre los afectados por la supuesta malversación se encuentran diferentes proyectos en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, El Salvador, Haití y Nicaragua.

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"CASO CAMAS"; EL DENUNCIANTE DEL CASO INSISTE EN QUE LE OFRECIERON MIL MILLONES DE PESETAS

Declaración del denunciante

Francisco Javier Gordo dice que él y Carmen Lobo siguieron el 'juego'

Identifica a los cuatro imputados en las grabaciones de la reunión

Chema Rodríguez | Sevilla

Francisco Javier Gordo, ex militante de IU y denunciante del caso Camas junto a la ex edil Carmen Lobo, ha reiterado hoy sus acusaciones contra los cuatro imputados de ofrecer un soborno a la ex concejal para que votase a favor de determinados proyectos urbanísticos en Camas. En alguna de las reuniones que mantuvo con los acusados le llegaron a ofrecer "hasta 1.000 millones" a cambio del apoyo de Lobo en los plenos.

Todos los acusados, desde el ex alcalde, Agustín Pavón, hasta los ex ediles Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, pasando por el empresario Eusebio Gaviño, "estaban en el juego", que él y Carmen Lobo siguieron para denunciarlo ante la Policía. Según la versión de Gordo, fue Gaviño el que llevó el peso de las negociaciones y el que contactó con él y le propuso participar en una serie de negocios con los que podrían ganar "mucho dinero".

En todo momento, ha señalado, él les dijo que no podía influir en Lobo porque ella tenía "mucho carácter", pero Gaviño insistió y le repitió en varias ocasiones que tenía el control del Ayuntamiento de Camas, que "estaba en sus manos". Lo único que debía hacer Lobo, asegura que le comentó el empresario, era "votar lo que ellos querían".

Tras varios encuentros, acudió a una cita en el domicilio de Gaviño que grabó en un mp3 y en la que, ha insistido, "todos" los imputados participaron más o menos activamente y en la que los políticos allí presentes se comprometieron a "mirar hacia otro lado". Del contenido de las grabaciones, Gordo identificó a todos los acusados que, en contra de lo que éstos mantienen, no se ausentaron de la reunión en ningún momento ni le pidieron sentencia alguna.

"Nunca provoqué nada" ha manifestado Gordo durante el juicio en el que, además, ha criticado las "fanfarronadas" de Eusebio Gaviño por alardear de tener un cheque de cien millones de pesetas "para repartir".

elmundo.es

"CASO OVER MARKENTING"; MATAS, IMPUTADO POR FINANCIACIÓN ILEGAL

El juez relaciona al expresidente y a otros dos ex altos cargos del PP balear con la adjudicación irregular de contratos del Gobierno autonómico a la empresa de publicidad Over MC

Madrid 

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Financiación ilegal
Financiación partidos
Corrupción

El juez José Castro, que instruye entre otros el caso Urdangarin, ha imputado este martes al ex presidente balear, Jaume Matas; al ex secretario general del mismo partido, José María Rodríguez (ex delegado del Gobierno en las islas hasta el pasado verano) y al ex gerente y ex tesorero del PP balear, Luis Fernando Areal, cuñado de Matas. La imputación está relacionada con la investigación abierta por financiación ilegal del PP balear entre los años 2003 y 2007.

La empresa de publicidad Over MC, propiedad de Daniel Mercado, trabajó para Jaume Matas desde que volvió a Baleares tras su paso por el Ministerio de Medio Ambiente y tras ganar las elecciones autonómicas de 2003. Tras aquella victoria, según el testimonio de Mercado al juez, el Gobierno que presidía Matas adjudicó decenas de contratos a Over MC, muchos de ellos de manera irregular. Mercado detalló al juez como se amañaban los contratos a su favor e incluso llegó a confesar que cinco grupos hoteleros contribuyeron a la financiación ilegal de las campañas electorales del PP mediante pagos de dinero a OVER MC por mercancías que no les había suministrado.

La investigación judicial ha acreditado que la cúpula del PP balear en 2003 estaba al tanto de estas prácticas corruptas, lo que ha motivado ahora la imputación de quienes eran entonces los principales dirigentes del partido en las islas: su presidente, Jaume Matas; su secretario general, José María Rodríguez; y su gerente y tesorero, Luis Fernando Areal.

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FRANCISCO CAMPS FIGURA TAMBIÉN EN LA LISTA DE REGALOS DE LUJO DE LA TRAMA "GÜRTEL" EN BALEARES

Jaume Matas y Francisco Camps, en una reunión en Palma en 2005. | Efe

CORRUPCIÓN | Ex presidente de la Generalitat valenciana

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Esperanza Aguirre también recibió un regalo pero consta que lo devolvió

Over Marketing logró al menos tres adjudicaciones del Gobierno de Camps

M. Fuenteálamo | E. Colom | Palma

Entre la documentación incautada a la empresa de publicidad investigada en lo que se conoce como la ramificación balear del 'caso Gürtel' figuran diversos altos cargos del PP de las comunidades autónomas que controlaba el partido en las pasadas legislaturas.

Entre ellos el ex presidente valenciano Francisco Camps, que aparece en la nómina de líderes a los que el publicista Daniel Mercado elegía como beneficiarios de sus regalos navideños. Según ha explicado en sus declaraciones ante el juez José Castro, la Guardia Civil, la Fiscalía y su abogado Jaime Sanz de Bremond, se trataba de detalles para fomentar y cuidar las relaciones públicas.

Habitualmente complementos de lujo como carteras, portadocumentos, corbatas o bolsos. Mercado ha negado que regalara relojes de alta gama. Una de las firmas favoritas para realizar la compra de estos artículos era Loewe. Y así aparece registrado en ese listado.

En algunos casos, los responsables de Over no han sido capaces de recordar exactamente qué regalaron en cada caso aunque lo circunscriben a una atención habitual entre empresas.

Este diario ya adelantó el pasado mes de abril cómo la terminal de Gürtel en las Islas regaló bolsos y artículos de lujo a los políticos y altos cargos de la administración balear. En algún caso accesorios valorados en más de 500 euros.

La Policía halló en su primer registro a las empresas de la trama un listado de facturas con numerosas referencias a "Loewe" y también a joyerías de Madrid.

Entre los beneficiarios de Mercado y sus empresas había estado la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Pero que en el caso de la ya ex política del PP el regalo fue devuelto al no ser aceptado ni como obsequio protocolario. No consta en el caso de Camps.

Por la documentación conocida hasta ahora, Over Marketing logró al menos tres adjudicaciones del Gobierno valenciano. Las más importante fue, por algo más de 2 millones de euros, para la "creatividad, producción, planificación de medios y difusión de la campaña publicitaria institucional de la sanidad en la Comunidad Valenciana" en noviembre de 2002.

En 2003, recibió de Administraciones Públicas casi 700.000 euros de una campaña institucional para "promover la participación electoral en las autonómicas". La firma repitió con Sanidad en 2005, para una campaña sobre el uso racional de medicamentos, más de 832.000 euros.

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Cronología: La rama valenciana

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; EL JURADO DECLARA CULPABLE AL EXDELEGADO RIVAS Y LOS EXDIRECTIVOS DE MERCASEVILLA

El exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, a la salida de los juzgados. / GARCÍA CORDERO

El veredicto censura al ex alto cargo de la Junta Antonio Rivas y los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, acusados de cohecho, mientras que exculpa a la funcionaria Regla Pereira

Javier Martín-Arroyo Sevilla

Tres de cuatro. El jurado del caso Mercasevilla ha declarado culpables al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, acusados de cohecho por la petición de un soborno de 300.000 euros a dos empresarios hosteleros a cambio de obtener una subvención para una escuela de hostelería. Mientras, los nueve miembros del jurado han exculpado a la funcionaria Regla Pereira. Ahora es el turno del presidente magistrado que dictará la sentencia. La fiscalía había pedido una multa de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación. Tanto las defensas como las acusaciones del caso habían avanzado que el transcurrir de la vista había beneficiado a Rivas y Pereira, de ahí la sorpresa ante la culpabilidad de Rivas.

El veredicto es la primera decisión, ajena a la instrucción, que afecta a un ex alto cargo de la Junta en la investigación que dirige la juez Mercedes Alaya por la corrupción en la Consejería de Empleo.  El jurado ha destacado en su veredicto el "interés desmedido" de Rivas porque la Fundación Mercasevilla recibiera la subvención de 900.000 euros para la escuela de hostelería, a pesar de que otros ex altos cargos de Empleo aclararon que no estaba entre sus funciones contribuir a que la subvención llegara a buen puerto.Tanto el exconsejero Antonio Fernández como el exviceconsejero Agustín Barberán subrayaron que Rivas "carecía de competencias", pero estuvo en reuniones con el intermediario Juan Lanzas, imputado en el caso de los ERE.

El jurado ha declarado culpables a Mellet y Ponce por unanimidad, pero el veredicto contra Rivas ha contado con ocho de nueve votos de los miembros del jurado. Para la culpabilidad de los dos exdirectivos de la empresa pública ha resultado clave la grabación con la supuesta petición de la mordida, escuchada con nitidez en la sala de vistas, y la declaración del inspector que dirigió la investigación. El jurado se ha apoyado en su testimonio para recordar que Mellet acusó a Rivas de haber ideado el soborno, a pesar de que el exdirector de Mercasevilla guardó silencio frente al jurado.

"Estamos satisfechos porque el jurado ha sido valiente y no ha dejado pasar impune la corrupción del Gobierno socialista", ha señalado el letrado del Partido Popular, acusación particular en el caso. Por el contrario, Francisco Baena Bocanegra, letrado de Rivas, expresó sus dudas sobre el veredicto, que recurrirá: "Ha sido un ejercicio de suposición más que otra cosa, a pesar del respeto que le tengo al jurado".

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LA FISCALÍA PEDIRÁ PRISIÓN PREVENTIVA PARA MIQUEL NADAL

CORRUPCIÓN | El 'delfín' de Munar

Solicitará a la Audiencia una vista para que se agraven las medidas cautelares

El ex político de Unión Mallorquina suma 6 años de condena

E. Colom | M. Fuenteálamo | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha tomado la decisión de solicitar una vista formal ante la Audiencia para pedir un agravamiento de las medidas cautelares contra el exvicepresidente del Consell de Mallorca y exconseller de Turismo de Unió Mallorquina Miquel Nadal. Previsiblemente pedirá que ingrese en prisión preventiva por riesgo de fuga mientras el Tribunal Supremo se pronuncia sobre si ratifica o modifica las dos sentencias condenatorias que ya acumula por el caso Maquillaje y el caso Voltor.

Dos sentencias dictadas por parte del Tribunal Superior de Justicia de las Baleares (TSJB) en contra del expolítico de UM a lo largo de los últimos meses, adelantadas hoy martes por EL MUNDO/El Día de Baleares, que aunque todavía no han devenido firmes ya han supuesto que acumule 6 años y 7 meses de prisión por delitos derivados de su gestión política tanto en el Consell de Mallorca como posteriormente en el Govern balear.

Pendientes del Supremo

Tras conocerse el fallo de la segunda de esas sentencias el pasado viernes y hacerse público que Nadal ha sido condenado a 4 años de cárcel por recompensar con 13.000 euros públicos los favores políticos prestados por un concejal de su formación en Sóller, la acusación pública ha decidido mover ficha. Lo hará pidiendo a la Audiencia Provincial que celebre una vista en la que expondrá sus argumentos y pedirá el endurecimiento de las medidas privativas de libertad.

Al no ser firmes las sentencias, sólo podría utilizarse en su contra una eventual existencia de riesgo de fuga para ordenar su ingreso en prisión. Evidentemente, deberá ser la Justicia la que valore si existen o no las circunstancias objetivas necesarias como para acceder a esa petición que de forma alternativa podría desembocar en una fianza mayor o en una intensificación de las comparecencias ante la Policía mientras se resuelven sus recursos al Supremo. Un trámite que por otra parte puede prolongarse más de un año.

Entre los argumentos que podría utilizar la Fiscalía para apuntalar su petición no está únicamente la doble condena. También las otras causas en las que se encuentra procesado el otrora número dos del gobierno insular de Maria Antònia Munar y exconseller de Turismo del último Pacte de Progrès. No en vano, el mismo día en que fue condenado el Ministerio Fiscal presentó otro escrito pidiendo para él otros cuatro años de prisión por otra decisión sobre los fondos públicos que administraba su conselleria.

De confirmarse la petición de prisión preventiva, la situación de Nadal contrastaría con la de otros dos destacados expolíticos condenados a cárcel en las Islas. Su antigua jefa de filas Maria Antònia Munar, condenada a 5 años y medio de prisión en una sentencia también recurrida ante el Supremo y para la que no se ha solicitado ingreso en prisión preventiva pese a tener otras causas pendientes. Y la del expresidente autonómico del PP Jaume Matas, condenado también este mismo año a 6 años de prisión por el TSJB. Tampoco en su caso ha habido solicitud formal para que se agraven las medidas en su contra.

elmundo.es

LAS DEFENSAS REDUCEN EL "CASO CAMAS" A UNA "VENGANZA" CONTRA EL EXALCALDE DE IU PAVÓN

JUICIO | "Prepararon pruebas falsas", sostienen

Mientras tanto, Fiscalía y acusación sostienen la teoría del soborno

María Rionegro | Sevilla

Tras siete años de proceso judicial, el 'caso Camas' ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial de Sevilla. Frente a la tesis del soborno que mantiene la Fiscalía y la acusación particular, las defensas han reducido la causa a una "venganza" de los denunciantes contra el ex alcalde del municipio, Agustín Pavón (IU).

El caso arrancó por un presunto intento de soborno contra la ex edil de IU María del Carmen Lobo, a quien se le ofreció -presuntamente- dinero para que cambiara el sentido de su voto en un pleno del Ayuntamiento camero y se aprobara la construcción de un gimnasio. Lobo pertenecía al grupo mixto tras haber sido expulsada de IU tras ser condenada en un proceso judicial.

En base a esta expulsión del partido y con "juego sucio" del PSOE "para recuperar la Alcaldía", las defensas han mantenido que todo se basa en una "venganza" contra Pavón y que los denunciantes -Lobo y su entonces pareja Francisco Gordo- "prepararon pruebas falsas" y "forzaron situaciones equívocas". Así lo ha asegurado el abogado defensor del ex alcalde camero, José María Calero, ante el jurado que enjuicia a su cliente y otras tres personas más -los ex concejales José del Castillo y Antonio Enrique Fraile, y el empresario Eusebio Gaviño- por un presunto delito de cohecho.

Sobre las dos grabaciones que existen, Calero ha explicado que hay "manipulación" y "cortes", y censuró el tipo de dos "personas peculiares" que son capaces de grabar a otras de forma oculta. "Esto revela su carácter, la frialdad", ha precisado la defensa. Para reforzar su hipótesis, Calero ha manifestado que en una de las grabaciones se escucha a Lobo decir: "Agustín, te la voy a meter hasta los gavilanes".

Además, las defensas también han destacado que los denunciantes y principales testigos han sido condenados por el Tribunal Supremo por falsedad documental y estafa procesal, por lo que cuestionaron su credibilidad, y ha remarcado el tinte político del juicio: "Se prepararon pruebas para una venganza por interés político del PSOE".

Los letrados de los acusados Del Castillo y Fraile han suscrito esta hipótesis y han defendido que el 'caso Camas' "es el último invento del PSOE para recuperar la Alcaldía del municipio". La abogada del empresario, por su parte, ha señalado que no es un proceso "fácil" y que ha habido "provocación" y "mala fe" en la conducta de los denunciantes.

elmundo.es

"CASO CAMAS": DE ESCÁNDALO A CULEBRÓN

El ex concejal del PP en Camas, Antonio Enrique Fraile. | C. Márquez

TRIBUNALES | Ha tardado siete años en juzgarse

El ex alcalde, un empresario y dos ex ediles se sientan en el banquillo

El juicio por la supuesta trama ha tardado 7 años y se ha ido desinflando

Chema Rodríguez | Sevilla

¿Fue Camas la precursora de la corrupción urbanística de Sevilla, la ‘Marbella’ sevillana? ¿O sólo el escenario de intrigas y conspiraciones políticas? Ninguna de las dos preguntas tendrá que ser respondida por los miembros del jurado popular que desde este lunes enjuiciarán el presunto intento de soborno a la ex concejal camera Carmen Lobo en septiembre de 2005. Pero del veredicto, y sobre todo de la interpretación a que dé lugar su contenido, se podrán extraer conclusiones bastante aproximadas acerca de lo sucedido, realmente, en un pequeño municipio que pasó de ser desconocido a ser comparado con la corrupta Marbella de Jesús Gil.

Tampoco será objeto del juicio, pero sobre él planeará la sombra alargada del caso Mercasevilla y de uno de sus imputados, el ex delegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, al que los acusados –desde el ex alcalde de Camas, Agustín Pavón, hasta el empresario Eusebio Gaviño, pasando por los ex ediles del PP y del PA Antonio Enrique Fraile y José del Castillo– sitúan como el ideólogo de una "trama–trampa" que tenía como único objetivo que el PSOE, el partido que dirigía Rivas en Camas, recupera la Alcaldía.

En cualquier caso, lo que se va a juzgar desde este lunes en el salón de plenos de la Audiencia no es ni la sombra del escándalo que llegó a ser cuando se produjeron las primeras detenciones y se conoció el contenido de las escuchas, sobre todo las de la Policía, que sonaban a políticos sin escrúpulos, compra de voluntades, pelotazos urbanísticos multimillonarios y ramificaciones por todo el Aljarafe.

La anulación de las grabaciones realizadas por la Policía de conversaciones telefónicas de los imputados, primero, la retirada de la acusación que ejerció la supuesta víctima del soborno, la ex concejal Lobo, después, y el paso del tiempo –siete años de vaivenes judiciales– han descafeinado el caso, lo han vaciado de pruebas y han insuflado oxígeno a la teoría de la "trama–trampa" del PSOE que sostienen los acusados. Siete años, los que han transcurrido desde que estalló el escándalo hasta hoy, han difuminado un caso que sacudió los cimientos de la política.

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Los cuatro acusados de la trama

Las claves de la investigación

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"TRAMA DE LOS ERE"; EL JUEZ SUSTITUTO DE ALAYA REBAJA DE 150.000 A 50.000 EUROS LA FIANZA A JAVIER GUERRERO

Guerrero, junto a su abogado, acude a la comisión de los ERE el 22 de agosto. | J. Morón

Recurrirá para lograr salir sin fianza

El ex director de Trabajo era el único imputado que seguía en prisión

El letrado de Guerrero cree ahora que los 50.000 euros 'son asumibles'

Nunca pudo reunir la fianza: primero, 250.000 euros; más tarde, 150.000

Guerrero llegó a pedir ayuda a amigos y conocidos a través de SMS

ELMUNDO.es | Sevilla

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la trama de los ERE fraudulentos, ha rebajado la fianza de 150.000 a 50.000 euros al ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, que ingresó en prisión en la madrugada del pasado 10 de marzo.

El auto dictado por el juez Iván Escalera, que sustituye temporalmente a la magistrada Mercedes Alaya tras darse de baja por enfermedad, tiene en cuenta parcialmente el recurso que reclamaba la puesta en libertad sin fianza de Guerrero presentado por su abogado, Fernando de Pablo, que ha asegurado que Guerrero no dispone de los 50.000 euros, pero "son asumibles".

No obstante, De Pablo ha avanzado que "lo más probable" es que recurra la negativa a la libertad sin fianza para Guerrero ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que precisamente el pasado lunes decretó la libertad sin fianza para el ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo.

En esta línea, Javier Guerrero, responsable de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social entre septiembre de 1999 y abril de 2008, es el único de los tres imputados que han ingresado en prisión preventiva que se encontraba privado de libertad.

El ex consejero de Trabajo Antonio Fernández abandonó la cárcel el pasado 10 de agosto tras depositar una fianza de 450.000 euros y el antiguo chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo Blanco, ha salido esta misma semana después de que la Audiencia de Sevilla le levantara la fianza de 75.000 euros que le impuso el pasado 27 de julio (la mitad de la inicial).

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social puede eludir la cárcel desde el pasado 12 de julio bajo fianza, si bien hasta ahora no había podido reunir el dinero en efectivo -primero 250.000 euros y luego 150.000- que se le había fijado. Así lo ordenó la juez Alaya después de que la Audiencia de Sevilla la corrigiera al permitir que Antonio Fernández pudiera abandonar el centro penitenciario si depositaba una fianza de 450.000 euros.

Como desveló ELMUNDO.ES el pasado 18 de julio, el ex alto cargo de la Junta pidió ayuda por SMS a sus amigos y conocidos en un intento de reunir la fianza impuesta que la juez Mercedes Alaya. "Soy Javier Guerrero. Ahora necesito tu ayuda", rezaba la leyenda del texto antes de detallar la cuenta de La Caixa en la que se podía realizar el ingreso. Y añadía: "Guarda el resguardo del ingreso para devolverte el dinero. Pásalo".

El SMS se enviaba desde el teléfono móvil de Javier Guerrero, en poder de su esposa desde que ingresó en la cárcel, y la cuenta en la que se podía ingresar el dinero se ha abierto en la oficina que la entidad financiera catalana tiene en la localidad sevillana de La Rinconada.

Además

La juez envía a prisión al ex director imputado por los ERE

'Soy Javier Guerrero. Ahora necesito tu ayuda'

elmundo.es

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; TRES DIPUTADOS DEL PP DECLARAN ESTA SEMANA COMO IMPUTADOS ANTE EL TSJ

El exportavoz Rafael Blasco acudirá el jueves por el fraude en las ayudas de Cooperación

Castedo y Alperi testificarán por una pieza separada del 'caso Brugal'

Alicante

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acoge esta semana las declaraciones como imputados de tres diputados autonómicos del PP: la de Rafael Blasco por el denominado caso del fraude de las ayudas de cooperación, y las de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por el caso Brugal.

El exportavoz del grupo popular en las Cortes está citado el jueves como imputado en la causa que investiga la supuesta malversación de fondos públicos para ayudas a la cooperación durante la etapa en que fue consejero de Solidaridad y Ciudadanía. Los hechos investigados han sido inicialmente calificados como delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Blasco se siente “reconfortado” por su imputación, ya que podrá defenderse de las acusaciones.

Asimismo, acudirá al TSJCV ( el viernes a las diez de la mañana) la diputada popular y alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el supuesto amaño del planeamiento urbanístico de la ciudad en favor del promotor Enrique Ortiz, una de las piezas separadas del caso Brugal. Castedo figura como imputada por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. Castedo también agradeció su imputación para poder defenderse. También el viernes, a las 12.00, está citado como imputado en este mismo caso el antecesor de Castedo en la alcaldía y también diputado del PP, Luis Díaz Alperi, por los mismos delitos.

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"TRAMA DE LOS ERE"; LA AUDIENCIA PONE EN LIBERTAD SIN FIANZA AL "CHÓFER DE LA COCA"

Trujillo, el día que declaró en el juzgado. | C. Márquez

Para evitar 'un agravio comparativo'

Anula los 75.000 euros que impuso la juez Alaya al conductor

Juan Francisco Trujillo declaró haber comprado droga con dinero de los ERE

La Fiscalía se opuso a su libertad por riesgo de fuga

Efe | Sevilla

La Audiencia de Sevilla ha dejado este lunes en libertad sin fianza a Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, encarcelado por los ERE falsos desde marzo pasado. El auto afirma que se anula la fianza para evitar "agravios comparativos" con otros perceptores de ayudas y fondos de los ERE que quedaron libres.

El abogado de Trujillo, Antonio Aguilar, ha informado a Efe de que el auto de la Audiencia ha sido enviado a la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), por lo que su cliente podría salir en libertad en las próximas horas. La Audiencia ha anulado la fianza de 75.000 euros que hasta ahora pesaba sobre Trujillo pese a la oposición del fiscal, que alegó su riesgo de fuga.

La Sección Séptima de la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que, después de siete meses encarcelado, la investigación judicial no ha podido encontrar bienes "susceptibles de embargo" ni existe información suficiente sobre el patrimonio de Trujillo.

Además, el hecho de que el chófer no haya podido reunir la primera fianza de 150.000 euros, luego rebajada a 75.000 euros, hace "presumir razonablemente que dichas cantidades resultan inasequibles para el imputado, vedándole la posibilidad de acceder a la libertad provisional".

Trujillo se encuentra en prisión preventiva desde el 22 de marzo pasado, cuando la juez instructora de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, le acusó de 22 delitos diferentes en los 1,3 millones de euros que percibió de la Junta en forma de ayudas para sus empresas fantasmas y fondos sociolaborales para su madre.

En una vista celebrada la semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la libertad de Trujillo alegando riesgo de fuga pero la Audiencia responde que en los siete meses transcurridos "sus circunstancias personales y procesales han cambiado sustancialmente".

Así, en este tiempo no han aparecido en la investigación del juzgado de instrucción 6 de Sevilla nuevas diligencias probatorias que "representen un cambio sustantivo de su situación procesal" y por otra parte tampoco "se observan visos de una pronta finalización de la instrucción", lo que adquiere "especial relevancia" de cara a la doctrina del Constitucional sobre la prisión provisional.

La Audiencia aprecia además que se puede producir cierto "agravio comparativo" respecto a otros empresarios que han declarado como acusados en la causa por los ERE y que, pese a haber recibido ayudas "por cuantías iguales o incluso superiores", no han ingresado en prisión.

Por todo ello, la Audiencia ordena su libertad inmediata con una serie de medidas cautelares como la prohibición de salir de España, la obligación de depositar su pasaporte en el juzgado, la comparecencia todos los lunes y miércoles en el juzgado de la localidad jiennense donde reside y la prohibición de cambiar de domicilio sin permiso del juez.

Con la libertad de Trujillo sólo queda en prisión su jefe, el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, que no ha podido reunir los 150.000 euros en que ha quedado fijada su fianza.

En agosto pasado salió de la cárcel el tercero de los 69 imputados en la causa de los ERE que fue encarcelado, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien lo hizo tras depositar 450.000 euros de fianza.

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