IMPUTAN A UN JEFE DE CCOO Y UNA ALTO CARGO DE LA JUNTA POR MALVERSACIÓN

TRIBUNALES | Por subveciones públicas por 600.000 euros

Efe | Sevilla

Un juez de Sevilla ha citado como imputados, el próximo 24 de enero, a una directora general de la Junta y al secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía por malversación, prevaricación y falsedad en unas ayudas de 600.000 euros que fueron destinados a fines distintos a los concedidos.

Fuentes del caso han informado de que el juzgado de instrucción 16, al que ha correspondido el caso, ha citado como imputados a Miguel Ángel Soto Cubero, secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, y a Esther Azorit Jiménez, directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta.

Además, el juez ha admitido practicar todas las pruebas pedidas por la Fiscalía, entre ellas una pericial contable sobre el "menoscabo de fondos públicos" que supusieron las subvenciones investigadas y reclamar a la Junta la documentación acreditativa.

El juez también ha pedido a diversas empresas de transporte que precisen los itinerarios de los viajes que hicieron con militantes de CCOO para participar en manifestaciones y luego justificados dentro de una partida de prevención de riesgos laborales.

Viajes de militantes a manifestaciones

La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla denunció a Azorit y Soto porque, presuntamente, CCOO justificó dentro de una partida para "sensibilización de riesgos laborales" los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.

La denuncia recogió que el 22 de mayo del 2009 el consejero de Empleo de la Junta concedió una ayuda de 600.000 euros a CCOO destinada a un "plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre riesgos laborales", que en caso de no ser justificados según prevé la ley debería haber llevado "al reintegro de la subvención percibida y la exigencia del interés de demora".

Entre otros, la Fiscalía denunció que los gastos de desplazamientos para dicho plan de prevención fueron justificados con facturas de traslado en autobuses desde distintas localidades a Sevilla "con motivo de la manifestación del 22 de abril de 2009", la actuación de la charanga "Los Piratas", otros 998,76 euros por confección de una pancarta y 194 almuerzos el día de la manifestación por un importe total de 2.594 euros.

'No consta el desarrollo de actividad'

La Fiscalía precisó en su denuncia que "no consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral el 22 de abril del 2009 en el Palacio de Congresos de Sevilla", pese a lo facturado por el sindicato.

El escrito del fiscal concretó que CCOO justificó como "coordinación de actividades" de la sindicalista liberada Agustina Gutiérrez Navarro lo que en realidad fueron una veintena de viajes entre Sevilla a Málaga los viernes y de regreso los lunes.

Según el fiscal, "una mínima comprobación de la documentación aportada" debería haber llevado a la Junta a exigir el reintegro de estos fondos públicos y la no aceptación de los viajes y dietas percibidas por Agustina Gutiérrez.

Por todo ello, la Fiscalía ha calificado los hechos como delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.

elmundo.es

LAS "TRAPACERÍAS" DE ULIBARRI Y CAJA SEGOVIA EN LA QUINTA DEL AMANTE DE Mª CRISTINA DE BORBÓN

EL CONFIDENTE

José Luis Ulibarri, operación Gürtel

@Redacción

A los imputados en la trama Gürtel les pierden los reales sitios. Borbones, para más señas. Si el imputado Albondiguilla 'regaló' el Palacio del Infante D. Luis de Boadilla a la SGAE de Teddy Bautista -con la inestimable colaboración de Michavila y un puñado de sus picapleitos-, otro de los correosos implicados, el tycoon mesetario de los ladrillos y los medios, José Luis Ulibarri, no iba a ser menos. Su empresa Begar urbaniza Segovia 21, una polémica aberración, campo de golf incluido, nada menos que en la Real Quinta de Quitapesares en Segovia.

"No son todos lo que están ni están todos los que son", rezaba un cartel colgado en Quitapesares. Probablemente se referiría a los locos recluidos en el psiquiátrico que la Diputación de Segovia ubicó allí. También se podría referir a los hijuelos de la Reina María Cristina de Borbón, que usó la Quinta segoviana de Quitapesares como lugar de solaz con su amante Fernando Muñoz, un guapo escolta que, a la muerte de Fernando VII, la preñó de muñoces morganáticos para escándalo de la Corte de la época. María Cristina y su Muñoz, al que nombró duque de Riánsares, se hicieron muy impopulares a cuenta de los turbios negocios que emprendieron juntos.

No menos turbio es el pelotazo que, andando el tiempo, se ha pergeñado en torno a la finca que quitaba los pesares a la Reina. Allí mismo se ha ideado Segovia 21, un complejo llamado a ser campo de golf, zona residencial de lujo, hotel de cinco estrellas, palacio de congresos y vivero de empresas, que es un proyecto personal de Atilano Soto, ex presidente de la Diputación de Segovia por el PP y actual presidente de Caja Segovia. Son precisamente la Diputación y la caja segovianas, con el apoyo de la Cámara del Comercio, los principales impulsores de este proyecto, que ha levantado las quejas de vecinos, ecologistas y hasta de la Real Academia de Historia. El pelotazo fue incluso objeto de investigación judicial.

La Diputación de Segovia tenía 116 hectáreas en la Quinta de Quitapesares, un suelo que fue coto de caza del Palacio Real de La Granja perteneciente al término municipal de Palazuelos de Eresma, en la carretera que va de Segovia al Real Sitio de San Ildefonso. Como quiera que ese terreno se encontrara en el piedemonte serrano, 79 de esas hectáreas estaban catalogadas como monte de utilidad pública.

El terreno se valoró a 3,5 euros el metro cuadrado

La Diputación de Soto, ni corta ni perezosa, desprotegió el pedazo de monte correspondiente a la Quinta y aportó el terreno a cambio de acciones de Segovia 21. Lo curioso de todo este asunto es que ese terreno se valoró “de forma increíble” a 3,5 euros el metro cuadrado. Un precio inferior al del suelo rústico. La tasación corrió a cargo de Tinsa.

La denuncia presentada en su día criticaba, además de la valoración, que el terreno no se sacase a subasta, sino que se aportase directamente a la sociedad Segovia 21. Dicha denuncia también implicaba al alcalde de Palazuelos, de Izquierda Unida, por el convenio que firmó para construir el complejo.

¿Con quién contaron Diputación y Caja para urbanizar Segovia 21? Con el imputado en Gürtel, José Luis Ulibarri. Su empresa Begar Construcciones y Contratas fue la elegida entre 23 compañías para urbanizar el complejo por 14 millones de euros, un 37% menos que el precio de licitación. Al igual que en el pelotazo protagonizado en Boadilla, la constructora se comprometió a acabar los trabajos en catorce meses y medio, tres y medio menos que el plazo del pliego.

No se puede decir que la Diputación de Segovia no conociera la importancia histórica y ecológica de Quitapesares. En su propia página web, detalla que el Palacio Real Quinta de Quitapesares, regalo de Fernando VII a su esposa la reina María Cristina, era una casa de campo de aires palaciegos construida en el primer tercio del siglo XIX. Disponía de un edificio aparte, denominado La Faisanera, hoy en ruinas, muy probablemente anterior a la edificación del propio palacio.

Precisamente ése, La Faisanera, es el nombre escogido por Segovia 21 para denominar el campo de golf de 18 hoyos de Quitapesares. Un día antes del estallido de la operación Gürtel contra la corrupción vinculada al PP, Segovia 21 se aprestó a lanzar una nota de prensa en la que anunciaba que La Faisanera Golf Segovia abriría parte de sus instalaciones en el presente año y que el proyecto deportivo se inauguraría en la primavera de 2010. Ya desde el pasado 2 de enero comenzó la comercialización de los derechos de juego del campo de golf.

Boadilla 'Connection'

Pero el nexo entre la entidad segoviana y la trama Gürtel no se limita a la figura de Ulibarri. La caja que preside Atilano Soto es accionista de una sociedad que lleva por nombre Soto Once, concesionaria por 50 años del campo de golf de Majadahonda. Casualidad o no, los alcaldes de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, es decir, los imputados, Guillermo Ortega, La Rata, Jesús Sepúlveda y Arturo González Panero, El Albondiguilla, comunicaron en 2004 la creación de un consorcio deportivo y de servicios de la zona noroeste de Madrid para ampliar el campo de golf de Majadahonda. Soto Once también está vinculada al campo del golf del Canal de Isabel II, junto con Tecnoconcret e Iridium.

Desde el punto de vista político, hay una gran preocupación al otro lado de Guadarrama por las vinculaciones existentes entre el PP de Castilla y León y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y las ramificaciones de la trama Gürtel que de ellas se pudieran derivar. El actual director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita, saltó al Ayuntamiento de Boadilla, donde ejerció como primer teniente de alcalde y Concejal del Obras a las órdenes de El Albondiguilla.

Sánchez-Zorita, en su etapa en Boadilla, fichó como asesor municipal al ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia, Juan Carlos Martín Fernández, a la sazón socio suyo en un negocio hostelero sito en la plaza mayor salmantina. Martín forma parte ahora también del nuevo comité ejecutivo provincial del PP de Segovia.

En los medios castellanoleoneses comienza a circular la especie de que la investigación Gürtel dispone de información sobre distintos viajes realizados a Andorra, maletín en mano, por Sánchez-Zorita durante su etapa en el municipio madrileño, lo que podría dar lugar a su posible citación judicial.

ELCONFIDENCIAL