"CASO PRETORIA"; GARZÓN IMPUTA AL EX JEFE DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DEL BOVERN GENÍS CARBÓ

El auto del juez imputa a otras personas
Carbó dimitió como coordinador técnico de planificación urbanística del Ayuntamiento de Valls cuando su nombre se relacionó con la trama corrupta

Barcelona. (EUROPA PRESS).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado al ex jefe de Planificació Territorial de la Generalitat Genís Carbó y a otras personas en el caso Pretoria, aunque todavía no les ha citado a declarar, y que se añaden a los nueve imputados desde el 30 de octubre, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

Carbó fue jefe de Planificación Territorial en la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques entre 1996 y 2004 -durante los gobiernos de CiU-, y su nombre ya salió en el auto de Garzón.

Tras aparecer en el auto de Garzón, Carbó aseguró que los 244.011 euros que cobró en 2005 de una de las sociedades de Luis García -supuesto cerebro de la trama de corrupción urbanística- no fueron comisiones sino "honorarios profesionales" relacionados con la actuación en la zona de Can Riviere de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), cuando ya había dejado la Generalitat, el 1 de marzo de 2004.

Éste y otros imputados irán siendo citados a declarar en las dependencias de la Guardia Civil en las próximas semanas. Además, los investigadores examinan la ingente documentación incautada en los registros del 27 de octubre.

Carbó era, hasta que apareció su nombre en el auto, coordinador técnico de planificación urbanística del Ayuntamiento de Valls (Tarragona) y en el Área Territorial del Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona).

El arquitecto afirmó que la factura correspondiente a este importe -que cobró a través de la empresa GCB Asesoramiento Urbanístico y Proyectos- está en los registros de la sociedad de 2005. Especificó que la tramitación de este expediente administrativo se aprobó provisionalmente en el pleno del Ayuntamiento en enero de 2005, y definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona en marzo del mismo año. En septiembre, se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Carbó insistió en que el cargo que ocupaba en la Generalitat "no tenía nada que ver" con la aprobación de las figuras de planeamiento urbanístico, que es competencia de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.

Operación Pretoria

LOS DETENIDOS:
Bartomeu Muñoz
· Seis años en Santa Coloma
· Substituto de Manuela de Madre (2002)

Lluis Prenafeta
· Guerra de pleitos en Iberia Seguros (noviembre de 1989)
· Prenafeta deja la política (marzo de 1990)
· Asesor de Pujol (mayo de 1990)
· "Ganaré después de muerto, como el Cid" (marzo de 1990)
· Prenafeta, en horas bajas (febrero de 1995)

Macià Alavedra
· Conseller de Pujol
· Alavedra dimite (julio de 1997)

Luís García
· Acusado de estafa (1999)

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DETENIDO EL EX ARQUITECTO MUNICIPAL DE ÁGUILAS (MURCIA) EN EL "CASO ZERRICHERA"

La Policía registró su vivienda y su despacho profesional

La recalificación de la finca La Zerrichera, en el término municipal de Águilas (Murcia), sigue generando un goteo de detenciones, pese a que las actuaciones comenzaron en 2007. La última ha tenido lugar este martes, cuando la Policía Nacional ha registrado el domicilio y el despacho profesional del ex arquitecto municipal de la localidad, José Sotelino. El arquitecto ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial.

La última detención en el marco de la operación de la finca murciana La Zerrichera se ha producido este martes, cuando la Policía Nacional ha registrado la vivienda y el despacho profesional del ex arquitecto municipal de Águilas Jorge Sotelino, en una operación que se alarga ya desde 2007.

Desde abril de 2007
En abril de ese año, el TSJ de Murcia imputó a cinco altos cargos del Ejecutivo murciano además de al entonces alcalde de Águilas, Juan Ramírez, a un ex edil del consistorio y a un ex funcionario, todos ellos del PP. La Fiscalía había abierto diligencias contra ellos a raíz de varias denuncias de Natruralistas del Sureste, Ecologistas en Acción y el PSOE por presuntos delitos contra el medio ambiente y de prevaricación relacionados con la construcción de viviendas en la finca La Zerrichera.

4.000 viviendas en terreno protegido
Esta finca se ubica en la Sierra de Almenara, en un terreno protegido medioambientalmente por la UE, que desde el año 2000 dio a la zona las categorías de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y de Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), por lo que no era un terreno urbanizable. Un edil del PP adquirió en 2003 a bajo precio la finca y la vendió pocos meses después al Grupo Hispania por 215 millones de euros. La constructora consiguió en la recalificación del suelo como urbanizable en 2004 y proyectó la edificación de un complejo de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf.

Más detenciones
En 2006, el entonces consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, ordenó la paralización del proyecto, así como la elaboración de un informe que explicitara si las obras cumplían con todas las garantías de legalidad. Su antecesor en el cargo, Francisco Marqués, que fue delegado del Gobierno en Murcia en 2004 y consejero de Sanidad de la Región, también fue detenido en el marco de esta operación el pasado mes de marzo, acusado de delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.

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elplural.com

"OPERACIÓN CALERO"; EL EX ALCALDE DE TELDE (CANARIAS) Y SU RESPONSABLE DE URBANISMO, DE NUEVO DETENIDOS POR CORRUPCIÓN

Ambos están imputados por el caso Faycan

Una nueva operación contra la corrupción en el municipio grancanario de Telde se ha saldado, por el momento, con cinco detenidos, todos ellos relacionados con el anterior equipo de Gobierno del popular Francisco Valido (en la foto). El ex edil ya estuvo imputado en 2007 también por irregularidades urbanísticas, y hoy ha sido puesto a disposición judicial después de pasar la noche en los calabozos. Los demás detenidos son el ex jefe de los Servicios Urbanísticos del consistorio, José Luis Mena (que también había estado imputado con anterioridad), el constructor Félix Machín, el arquitecto Jesús Álvarez y el ex registrador de la propiedad Adolfo Calandria.

En noviembre de 2006, hace ahora tres años, el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) vivió en primera persona una operación contra la corrupción urbanística encabezada por el ex alcalde popular de la localidad, Francisco Valido. Ahora, una nueva actuación de la Fiscalía Anticorrupción ha impulsado de nuevo la detención de cinco personas relacionadas con el equipo de Valido, e incluso el propio ex alcalde vuelve a estar imputado y ha pasado la noche en el calabozo.

Irregularidades urbanísticas
En esta nueva trama, conocida como Operación Calero, se acusa a los detenidos de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental relacionados con supuestas irregularidades en una recalificación de terrenos, y supuestos tratos de favor del Ayuntamiento durante la anterior legislatura a través de la Concejalía de Urbanismo, en aquella época capitaneada por Guillermo Reyes, del partido local AFV-Ciuca.

Detenidos
Además del ex alcalde, ha sido también detenido el ex jefe de Servicios Urbanísticos, José Luis Mena, también imputado en el caso Faycan desde mayo de 2007. Junto a él, la operación policial ha detenido al constructor local Félix Machín y al arquitecto Jesús Álvarez, que redactó en su día el Plan General de Ordenación Humana que actualmente está en vigor. La lista de implicados por el momento la completan el ex registrador de la Propiedad de Telde, Adolfo Calandria y el abogado Miguel Martín Zurita, asesor legal de Guillermo Reyes entre 2003 y 2007.

Denuncias del actual alcalde
La operación podría ampliarse a muchos más ámbitos, ya que hace solo unos días, el actual alcalde del municipio, Francisco Aureliano Santiago, del partido Nueva Canarias, llevó ante la justicia una treintena de casos en los que ve indicio de delito en las actuaciones del anterior consistorio de Valido. Las irregularidades denunciadas por el dirigente se extienden a las áreas de Urbanismo, Patrimonio y Recaudación y tienen relación con la mayoría de los detenidos de la Operación Calero, según recoge el digital Canarias Ahora.

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elplural.com

"CASO PRETORIA"; LA GUARDIA CIVIL BUSCA EN ANDORRA EL DINERO DE ALAVEDRA

El juez imputa también en el caso Pretoria a Genís Carbó, jefe de Planificación Territorial de la Generalitat entre 1996 y 2004

Macià Alavedra y su esposa, Doris Malfeito.
PEDRO ÁGUEDA - MADRID

La operación Pretoria ha entrado en una nueva fase con la búsqueda del dinero obtenido por la trama de corrupción . El hilo que sigue la Guardia Civil deja Catalunya y se adentra en Andorra, uno de los paraísos fiscales que la trama utilizaba para ocultar el dinero procedente de la corrupción urbanística.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han remitido una comisión rogatoria a las autoridades andorranas solicitando el bloqueo de varias cuentas en bancos del Principado de Andorra y que están vinculadas presuntamente a Macià Alavedra, ex consejero de Economía del Gobierno de Jordi Pujol, y a su esposa, Doris Malfeito.

Los agentes quieren bloquear cuentas bancarias en el Principado

Alavedra y Lluís Prenafeta, la mano derecha del ex president, se servían de haber estado décadas en el epicentro de la política catalana para mediar entre empresarios e instituciones. Según las pesquisas, cada uno habría obtenido al menos 637.590 euros en comisiones. De su botín, Alavedra blanqueó fuera de España 300.000 euros sólo entre mayo y junio de 2009. Parte de ese dinero es el que busca la Guardia Civil en Andorra, aunque las pistas llevan a paraísos fiscales de medio mundo.

Doris Malfeito figura como consejera de la inmobiliaria Es Valls, aunque es conocida como marchante de arte y pintora. Durante el pujolismo, sus cuadros llegaron a cotizar a 9.000 euros, y muchas empresas hacían cola para comprarlos y congraciarse así con Alavedra. Ahora se encuentran en Internet por 170 euros.

Nuevo golpe a CiU
La iniciativa de los investigadores en Andorra no es el único golpe que recibe CiU en este tramo de la operación Pretoria. Según informaron a Público fuentes del caso, Genís Carbó, el que fue jefe de Planificación Territorial de la Generalitat entre 1996 y 2004, ya se encuentra imputado. Carbó recibió este lunes, con toda discreción, una notificación para acudir a declarar a dependencias de la Guardia Civil en Barcelona. Al declarar como imputado, su abogado estuvo presente durante el interrogatorio practicado por los agentes de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la UCO, desplazados desde Madrid para completar esta fase de la operación.

Carbó cobró 244.000 euros de un pelotazo en Sant Andreu

Genís Carbó, que coordinó en su momento el Plan Territorial de Barcelona, ya aparecía en el auto de prisión del juez Garzón como receptor de 244.011 euros. Esta cantidad fue abonada por Niesma, una de las empresas vinculadas a la operación de compra de unos terrenos en Sant Andreu de Llavaneres puestos a la venta después de que el terreno fuera recalificado.

Carbó recibió el dinero a través de la Sociedad GCB SL, con sede en Sant Andreu y dedicada supuestamente a la realización de planes y asesoramiento urbanístico. El pago se realizó en octubre de 2005, sólo tres meses después de que fuera constituida con un capital de 3.010 euros.

El pelotazo de Sant Andreu es una de las dos operaciones de las que presuntamente cobraron Alavedra y Prenafeta. Tres días después de que el juez Garzón dictase su auto de prisión, Carbó dimitió de su cargo como coordinador de Planificación del Ayuntamiento de Valls.

Documentación y ‘pinchazos’
Tras los interrogatorios de esta semana, los investigadores de la UCO se centrarán en analizar las más de 20 cajas de documentación incautada en los registros practicados en empresas y domicilios el 27 de octubre. La Guardia Civil buscará también el dinero de los miembros de la trama oculto en los paraísos fiscales de Islas Caimán, Suiza, Portugal, Gibraltar y Madeira. Del análisis de la documentación, podrían nacer otras vías de investigación, pero por el momento no están previstas nuevas detenciones. Los pinchazos telefónicos que el juez autorizó a varios de los detenidos comenzaron a principios de este año, aunque la investigación se remonta a 2007. El contenido de las grabaciones no señaló a otras personas. Sin ser determinantes, los pinchazos ayudaron a cerrar las sospechas de los agentes de la Guardia Civil sobre los ya investigados.

elpaís.com

LA FISCALÍA INVESTIGA SI TECONSA INFLÓ UNAS OBRAS EN MÁLAGA

D. N. - Málaga

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación para determinar si la empresa Teconsa pasó al Ayuntamiento de Málaga certificaciones de pago por unas obras por importe superior al realmente ejecutado y si con ello pudo incurrir en algún delito. Teconsa es una de las constructoras que aparece en el sumario del caso Gürtel porque supuestamente pagó comisiones al entramado creado por Francisco Correa para obtener contrataciones en Castilla y León.

En Málaga Teconsa obtuvo en abril la adjudicación de las obras de remodelación de la carretera entre la Azucarera y el Polígono del Guadalhorce, la actuación de mayor presupuesto, 4,38 millones de euros, de las financiadas por el plan Zapatero en la capital. El consistorio que preside Francisco de la Torre (PP) le retiró la adjudicación a finales de octubre porque la constructora, que se encuentra en suspensión de pagos, las tenía paralizadas.

Hasta el mes de agosto, Teconsa llegó a certificar al Ayuntamiento de Málaga la ejecución de obras por un total de 531.312 euros, cantidad que según consta en una denuncia que recibió la Fiscalía el 14 de octubre no se ajusta a los trabajos realmente realizados. Teconsa podría haber incluido en las facturas labores de excavación y desmonte por 11 veces más que el terreno realmente movido, más del doble del pavimento demolido y la colocación de suelo que realmente no puso.

El Ayuntamiento de Málaga aseguró ayer que no tiene constancia de la apertura de la investigación porque la Fiscalía no le ha comunicado nada, y que cuando lo haga colaborará en todo lo que sea requerido porque es "el primer interesado en arrojar luz sobre esta supuesta denuncia".

elpaís.com

"OPERACIÓN CALERO"; EL EX ALCALDE DE TELDE Y OTRAS 10 PERSONAS, DETENIDOS POR CORRUPCIÓN

Se les acusa de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental.- Al menos dos de ellos ya fueron imputados en el 'caso Faycán'

JUAN MANUEL PARDELLAS - Tenerife

Los escándalos de corrupción golpean otra vez la localidad grancanaria de Telde. La Policía ha detenido a once personas, entre ellas el ex alcalde y actualmente miembro del comité local del PP, Francisco Valido, ya imputado por cuatro delitos de corrupción por el Caso Faycán, y el ex jefe de Urbanismo, José Luis Mena, también implicado en el mismo caso.

Los detenidos en esta nueva trama son empresarios, arquitectos y funcionarios municipales acusados, al menos, por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental, aunque aún no se han determinado comisiones ni cantidades económicas concretas.

El caso está relacionado con la redacción de la nueva ordenación urbanística de varias parcelas y fue denunciado por el propietario de uno de los terrenos, el promotor Félix Machín, quien asegura que hubo trato de favor desde la concejalía de Urbanismo que permitió edificar en unos terrenos donde hasta entonces no se dejaba

Fuentes de la investigación han confirmado a ELPAÍS.com que esta sigue abierta y que se esperan más detenciones.

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elpaís.com

"CASO PRETORIA"; EL ALCALDE DE SANTA COLOMA DICE QUE RENUNCIA "POR MOTIVOS PERSONALES"

El PSC elegirá "antes del fin de semana" al nuevo responsable del consistorio

CLARA BLANCHAR - Barcelona

"Renuncio por motivos personales a los cargos de concejal y alcalde del Ayuntamiento de Santa Coloma". Éste es el escueto texto de la carta que, de momento sólo vía fax, ha enviado desde la cárcel de Soto del Real Bartomeu Muñoz al ayuntamiento que hasta hace unas semanas encabezó.

El texto, según fuentes del propio consistorio, va dirigido al primer teniente de alcalde y alcalde accidental, Joan Carles Mas, y su versión original es imprescindible para que el Ayuntamiento pueda convocar el pleno donde se oficializará la renuncia y se podrá elegir el relevo de Muñoz.

Al igual que Muñoz, también el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, ha enviado una carta con idéntico texto. Ambos se encuentran en prisión incondicional desde el pasado día 30 la decretó el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, al frente de la Operación Pretoria de supuesta corrupción urbanística.

En el Ayuntamiento de Santa Coloma desconocen en estos momentos si las cartas originales llegarán hoy o mañana. Depende de si las traen los abogados de los imputados en mano o de si las envían por mensajero, precisan las mismas fuentes.

El PSC elegirá "antes del fin de semana" al nuevo alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), según ha explicado hoy el presidente de la Generalitat y primer secretario de la formación, José Montilla, en declaraciones a TV3.

Montilla rechaza tener una mujer "florero"
El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, José Montilla, ha rechazado hoy que su mujer, Anna Hernández, sea un "florero" y ha asegurado: "A mí me parece bien que se dedique a lo que se dedica", ha dicho sobre sus responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Sant Just Desvern y en la Diputación Provincial.

Ante las críticas sobre el número de cargos que ostenta Hernández, Montilla ha asegurado, en declaraciones a TV3, que hay "mucha otra gente" de todos los partidos que ostentan varias responsabilidades al mismo tiempo.

EUROPA PRESS

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elpaís.com

"CASO PRETORIA"; MATARÓ EXIGE A GENÍS CARBÓ QUE RENUNCIE COMO ASESOR DE URBANISMO

El ex jefe de los Servicios Territoriales ya tuvo que dimitir en Valls y Cardedeu por su implicación en el caso Pretoria

LLUÍS PELLICER - Barcelona

El concejal de Urbanismo de Mataró, Ramon Bassa (PSC) ha pedido esta mañana a Genís Carbó que renuncie de su cargo del Consejo Asesor Urbanístico de Mataró, según han informado fuentes municipales. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión por su implicación en el caso Pretoria, la presunta trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón. Según el auto del juez, Carbó cobró 244.011 euros del imputado Luis García Sáez Luigi tras un pelotazo urbanístico en Sant Andreu de Llavaneres.

Carbó fue el jefe de los Servicios Territoriales de la Generalitat entre los años 1998 y 2004, pero en su currículum figuran también la subdirección general de Arquitectura y Vivienda del Ejecutivo catalán y la coordinación de los planes territoriales de Cataluña y Barcelona. Además, Carbó fue concejal de CiU en el Ayuntamiento de Mataró entre 1995 y 1999 y presidente de la demarcación de Barcelona en la sectorial de Ordenación del Territorio de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC). Actualmente milita en este partido.

Genís Carbó es uno de los cuatro altos cargos del Gobierno de Pujol implicados en la trama, junto a Macià Alavedra, Lluís Prenafeta (ambos detenidos) y Lluís Renau. Carbó fue asesor de Urbanismo en Arenys de Mar justo en la época en la que Luigi logró un pelotazo en la localidad que también está siendo investigado por Garzón. A raíz de su implicación en la trama, además, ha tenido que renunciar a los cargos que hasta ahora ostentaba en Valls y Cardedeu.

elpaís.com

EL CHOFER INGRESABA DINERO EN LAS CUENTAS DE CARLOS FABRA

El juzgado que investiga al presidente del PP de Castellón por fraude fiscal toma declaración a ocho empleados de banca

M. FABRA - Castellón

Dos cajeras de una de las entidades bancarias en las que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, era titular de cuentas han señalado hoy al juez que quien hacía los ingresos en efectivo era el chófer del también presidente provincial del PP. El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, que investiga a Fabra por la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y fraude fiscal, ha acogido esta tarde el interrogatorio a ocho empleados de banca llamados a declarar en calidad de testigos. La amnesia ha sido la nota predominante en sus declaraciones porque las preguntas se refirieron a movimientos bancarios ocurridos entre 1999 y 2004, según han alegado.

Sin embargo, dos cajeras de Ibercaja señalaron al chófer de Fabra, José Del Campo, como la persona que habitualmente acudía a realizar los ingresos en la cuenta del presidente de la Diputación. Así, las dos empleadas, por separado, han hablado del chófer como ejecutor de los ingresos. Ambas dicen que sabían que esta persona, José Del Campo, era el chófer del presidente del PP provincial.

La denuncia de la Agencia Tributaria por la que Carlos Fabra está acusado de un presunto delito fiscal señala que durante 1999 se realizaron seis ingresos en efectivo en esta entidad y que fueron imputados a Fabra como "ganancias patrimoniales" de las que no justificó su origen. Las cantidades oscilan entre los 600 euros (100.000 pesetas de entonces) y los 12.000 euros (dos millones de pesetas en 1999). Sin embargo, sólo en tres ocasiones se ingresaron grandes cantidades, ya que el resto corresponde a cantidades menores a los 3.000 euros, a partir de la cual los directores de todas las entidades bancarias debían comunicar a Hacienda el ingreso, tras la aprobación de la norma contra el blanqueo de dinero.

En total, durante 1999, los diez bancos en los que Carlos Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, tenían cuentas registraron más de un centenar de ingresos en efectivo sobre los que no justificaron su origen. El montante total asciende a cerca de 600.000 de los que la Agencia Tributaria imputó al presidente de la Diputación la mitad, ya que eran cuentas compartidas con su ahora ex esposa.

Además, la "aparición" del chófer de Fabra en el caso, por el que también se investiga la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública, no es una novedad. José Del Campo fundó en 1995 una empresa minera cuyas acciones parcialmente revendió a la esposa de Fabra. El empresario Vicente Vilar, quien destapó el caso al acusar a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, también sacó a palestra el "trabajo" de este chófer cuando lo señaló como responsable de aportar unos tampones falsificados para la manipulación de analíticas de productos fitosanitarios. Estas analíticas fueron presentadas ante el Ministerio de Agricultura con el fin de obtener autorizaciones para una empresa de la que fueron socias la ahora ex esposa de Fabra y el empresario Vilar.

Sobre las declaraciones de hoy, Carlos Fabra ha afirmado esta mañana que está "muy tranquilo".

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Carlos Fabra Carreras
A FONDO

Nacimiento:
1946

Lugar:
Castellón

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; MONTESEIRÍN PLANEA RELEVAR AL GERENTE DE MERCASEVILLA

Jordi Maymó llegó hace tres meses y medio

* El Ayuntamiento dice que el nombramiento de Jordi Maymó es provisional.
* Los empresarios del pescado mantienen el cierre anunciado para el jueves

Teresa López Pavón | Sevilla

La 'guerra' entre los mayoristas de pescado y el gerente de Mercasevilla, Jordi Maymó, está lejos de alcanzar una tregua. En medio del conflicto, el concejal socialista y consejero apoderado del mercado central, Alfonso Mir, desveló ayer el carácter provisional de la presencia al frente del mercado central de Maymó, que fue nombrado a raíz de la crisis derivada del escándalo por el supuesto intento de cobro de comisiones por parte de su antecesor.

En el transcurso de una reunión con los mayoristas de pescado para intentar frenar el cierre empresarial previsto para mañana jueves, tras unas duras declaraciones de Maymó sobre las prácticas "mafiosas" de los mayoristas, Alfonso Mir pidió a sus interlocutores que obviaran el conflicto abierto con el gerente, teniendo en cuenta que éste tan sólo permanecerá al frente de Mercasevilla "unos meses".

Así lo explicó ayer a este periódico el abogado de los mayoristas de pescado, Joaquín Moeckel, quien, ante las palabras de Mir, mostró su "asombro", ya que la situación política y financiera por la que atraviesa Mercasevilla -las auditorías hablan de una manipulación generalizada de las cuentas durante la etapa de Fernando Mellet- requiere un gestor "que pilote la transformación del mercado y su futuro traslado a Majarabique". "Lo que no necesita Mercasevilla es un hombre de paso ni una solución de parcheo", añadió.

Maymó llegó a la empresa pública hace apenas tres meses y medio, en pleno escándalo por la causa judicial abierta por el supuesto cobro de comisiones ilegales desde la dirección de Mercasevilla y por la venta ilegal y fraudulenta de los suelos. Su llegada se vistió como la solución a los problemas del mercado, y su perfil, como el de un gran gestor con una larga experiencia en el sector -fue director de Mercabarna, el mercado central de Barcelona, durante 21 años-.

Sin embargo, el hecho de que Mir presente ahora a Maymó como un gerente transitorio y temporal, evidencia, a juicio de los mayoristas, que su nombramiento al frente de Mercasevilla es tan sólo "un cortafuegos para solucionar el problema político" de la empresa pública. Y es que las investigaciones judiciales sobre la gestión del mercado en los últimos años ha llevado a la imputación de varios cargos de confianza del entorno de Monteseirín e incluso de un cargo político en ejercicio, como es el caso del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.

A ello hay que unir, además, los desencuentros de Maymó con los empresarios. La guerra entre ambos saltó hace un par de semanas cuando los mayoristas hicieron pública una grabación en la que el director supuestamente proponía falsear el precio de la compraventa de dos sextas partes de un puesto con el fin de que el comprador redujera el canon del 30 por ciento que Mercasevilla grava en este tipo de operaciones.

Después de que Maymó negase ante el consejo de administración de Mercasevilla que "indujese" un falseamiento de cifras y garantizase el cobro del canon estipulado, los mayoristas no se dan por satisfechos con las manifestaciones públicas en las que el gerente aclaraba que, cuando hablaba de "mafia" y de "crimen organizado", se refería a la "práctica" de la grabación no consentida, pero no "a las personas".

Una explicación insuficiente. Los empresarios confirmaron a Mir que, a menos que Maymó se retracte de estas declaraciones y se disculpe, se consumará el "paro empresarial" convocado entre los 43 mayoristas de pescado para no vender género la madrugada del jueves, una medida que a día de ayer era "irrevocable", en palabra de los mayoristas.

elmundo.es

CONDENAN AL ALCALDE DE SAYALONGA A UN AÑO DE CÁRCEL Y NUEVE DE INHABILITACIÓN

TRIBUNALES | Delito contra la ordenación del territorio

El alcalde de Sayalonga, José Luis Navas (PSOE) | ELMUNDO.es

Efe | Málaga

El alcalde de Sayalonga, José Luis Navas Camacho (PSOE), ha sido condenado a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.

En la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número siete de Málaga, el juez considera probado que el alcalde "no solo concedió una licencia ilegal, sino que posteriormente se archivó sin justificación alguna el expediente de reestablecimiento de la legalidad urbanística".

En los fundamentos jurídicos se asegura que el regidor infringió el ordenamiento jurídico debido a que otorgó la licencia al margen de cualquier planeamiento y, por ello, el magistrado la declara nula, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

Los hechos se remontan a marzo de 2000 cuando el Ayuntamiento de Sayalonga aprobó la concesión de una licencia solicitada por un particular para una vivienda unifamiliar. La autorización fue concedida pero en el decreto se especificaba que la obra no podría iniciarse sin la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa.

En la sentencia se explica que en el expediente el técnico municipal emitió un informe desfavorable a la concesión de la licencia de obra al encontrarse en terreno no urbanizable.

Además se relata que iniciadas las obras de ejecución de la vivienda, en octubre de 2006 se acordó suspender la ejecución de las obras e incoar expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, así como incoar expediente sancionador.

Pero en febrero de 2007, el acusado en su condición de alcalde dictó un decreto en el que acordaba el archivo del expediente de disciplina urbanística, derecho que fue adoptado con la disconformidad del secretario del ayuntamiento.

elmundo.es

"OPERACIÓN PONIENTE"; EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PAGÓ 24.500 EUROS POR UN TRABAJO QUE CUESTA 2.000

Investigación de la Fiscalía Anticorrupción

* La investigación ha conseguido reunir un gran número de pruebas físicas
* Un peón trabajó 38 días en un paso de cebra, que requirió de otros trabajadores

Miguel Cabrera | Almería

Técnicos de las subcontratas de la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido, Elsur, pertenecientes a algunos de los empresarios encarcelados en la operación Poniente, se dedicaban a eliminar los partes de trabajo que presentaba cada operario al finalizar su jornada y a cambiarlos por facturas infladas muy por encima del coste real para conseguir que las obras de las empresas alcanzaran las cantidades de los convenios fijados, según se desprende de las primeras declaraciones judiciales y de la documentación conseguida por la Fiscalía Anticorrupción. Ésta investiga a la trama corrupta de El Ejido, que burló los controles del Plan E con una empresa fantasma.

Con el inflado de las facturas, las subcontratas conseguían alcanzar las astronómicas cantidades consignadas en los convenios anuales firmados por Elsur, que solían ascender a más de seis millones de euros por empresa, aunque también se hacían un gran número de trabajos fuera de canon, lo que incrementaba aún más el dinero recibido desde el Ayuntamiento.

Además de las declaraciones de testigos, la investigación ha conseguido reunir un gran número de pruebas físicas del inflado de las facturas, que fueron 'salvadas' en un gran número de carpetas y archivos a tiempo, antes de que pudieran ser eliminadas. Asimismo, existen al menos dos grabaciones de conversaciones telefónicas en las que responsables de las empresas dejarían meridianamente claro su modo de funcionamiento y la virtualidad de las mismas, pues en la práctica no aportaban material ni vehículos, lo que les permitía conseguir beneficios de hasta el 80% del canon fijado por Elsur para sus obras.

Con el 'inflado', se conseguían justificar los millonarios convenios anuales

Entre las facturas que han llegado a la Fiscalía se encuentra, por ejemplo, la de un paso de peatones elevados en el bulevar de El Ejido, por las que una de las subcontratas facturó, fuera de canon, es decir, aparte del jugoso convenio anual, más de 27.000 euros. No obstante, el Ayuntamiento la revisó y la rebajó ligeramente, hasta los 24.509 euros, también muy por encima del coste real. El documento está fechado el 13 de marzo de 2006 y se justifica por parte del área de Obras Públicas, que es la que hace el encargo, en el hecho de que «hay un paso de peatones frente a Congelados Express y por ser una vía de mucha longitud los vehículos pasan a gran velocidad. Hacer paso elevado urgente».

En esta factura habría trabajado, según el parte de la empresa, un peón ordinario durante 304,17 horas, es decir, más de 38 días en caso de jornadas laborales de ocho horas. Pero es más, puesto que, junto a él se cobra el trabajo de dos oficiales durante nada más y nada menos que 146 y 149 horas, respectivamente, lo que supone más de 19 días, y un peón especial que habría empleado en la obra 51 horas, o sea más de seis días. En total, sólo la mano de obra durante este largo periodo de tiempo supuso 8.563,79 euros.

ELMUNDO.es ha consultado a empresas del sector que han asegurado que ofrecen a sus clientes la construcción de pasos de peatones elevados por no mucho más de 2.000 euros para un ancho de calzada de cuatro metros. En la factura de la subcontrata también llama la atención el uso de 9.400 adoquines de hormigón gris, con un coste de 1.880 euros, o la instalación de una señal por 1.104,48 euros.

Pero éste no es un caso aislado, puesto que ELMUNDO.es ha tenido acceso a una segunda factura de otros dos pasos de peatones elevados en el barrio de San Agustín por un coste total de más de 32.000 euros, con mano de obra y material muy similar a la anterior. De la misma forma, en el Consistorio fue rebajada también, hasta poco más de 24.110 euros.

Pinchazos telefónicos a responsables de las empresas demuestran el 'modus operandi'

A pesar de todo el material que se ha conseguido reunir, todavía se espera lograr más pruebas y testimonios sobre el funcionamiento de las subcontratas. Para ello está previsto que declaren testigos protegidos, a fin de evitar posibles represalias, que son muy temidas entre quienes conocen a fondo el funcionamiento del Ayuntamiento.

«Aunque cueste creerlo, hay verdadero miedo a que cualquier día regresen quienes han mandado aquí y se tomen medidas contra los que hayan salido en la foto», explican fuentes de una de las partes. A este miedo habrían contribuido declaraciones de abogados según los cuales sus clientes podrían quedar en libertad pronto.

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* Los personajes clave de la trama de corrupción de El Ejido

elmundo.es

SEDESA ANUNCIA ACCIONES LEGALES CONTRA EL PSPV POR LA QUERELLA POR EL "CASO GÜRTEL"

VALENCIA | Una de las empresas citadas

Europa Press | Valencia

La empresa Sedesa -una de las cinco constructoras que el PSPV ha incluido en la querella por financiación ilegal y otros seis delitos a raíz del 'caso Gürtel'- ha anunciado que ejercitará acciones legales contra los cuatro diputados del PSPV que firman dicha querella, anunció la entidad en un comunicado. El portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, junto a Ximo Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno son los parlamentarios que suscriben el documento.

Desde la empresa recordaron que ya el pasado 6 de octubre hizo público un comunicado donde defendió su "recto proceder a lo largo de su trayectoria empresarial de más de 65 años" y denunció la "falsedad de las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación".

No obstante, lamentaron estas fuentes, "esta misma semana se ha conocido de la presentación de una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que se vierten falsas acusaciones y se citan de nuevo cifras de adjudicaciones con la Administración Autonómica que son igualmente falsas". En concreto, la querella interpuesta por los socialistas comprende a 17 personas, entre ellas el administrador del Grupo empresarial Inmobiliario Sedesa, Vicente Cotino.

"A pesar de tratarse de datos públicos y fácilmente contrastables, dichas informaciones se han tergiversado intencionadamente y de manera dolosa tanto en la querella como en el informe policial que ha sido utilizado por los firmantes, a sabiendas de la falsedad de las mismas", criticaron.

En este sentido, explican que Sedesa "ha sido adjudicataria de menos de un 2% de las licitaciones a las que se ha presentado sin que, en ninguno de los concursos en los que ha resultado adjudicataria, haya sido cuestionado el recto proceder de la administración por el resto de licitadores".

En la misma línea defienden que Sedesa "lleva más de 65 años ejecutando obras públicas, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España y en otros países, con gobiernos de todas las tendencias políticas".

"A lo largo de su trayectoria, Sedesa ha demostrado sobradamente su solvencia y su profesionalidad y ha contribuido, a través de sus obras, a generar riqueza y más de 2.600 puestos de trabajo, de manera directa e indirecta", añaden.

De igual modo, la empresa niega haber recibido los 539 millones de euros de adjudicaciones a los que se refiere la querella. La cifra "real, que es pública y contrastable y que esta compañía ha comunicado anteriormente", es de 97 millones de euros, inciden.

Al parecer de la firma, esta diferencia se explica por la inclusión en ese desglose de algunas cifras inexactas, como la inclusión de obras de clientes privados y de obras en las que Sedesa participa en UTE, entre el 33% y el 50%, con las principales empresas del sector, nacionales y regionales, por lo que el importe que corresponde a Sedesa en ellas se limita a su porcentaje de participación y no al total de la adjudicación.

Además, se ha incluido la adjudicación de la concesión de la CV-50, también en UTE y en la que, además, se ha reflejado el importe máximo de la concesión a 35 años (435 millones) y no el valor real de la adjudicación. En esta concesión, financiada por la UTE, Sedesa participa en un 35%, por lo que el importe que nos corresponde en esta adjudicación es de 56,5 millones de euros.

'Daño a los trabajadores'
Finalmente, los responsables de Sedesa aseveran que "las falsas acusaciones vertidas contra esta empresa dañan gravemente su imagen y al conjunto de sus trabajadores, tanto en sus actuaciones nacionales como internacionales".

Por ello, advierten de que Sedesa "no permitirá que se cuestione su honorabilidad y procederá de forma inmediata a ejercitar acciones civiles y penales contra los firmantes de la querella y todos aquellos que le injurien o calumnien".

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* Querella contra Camps | PDF
* PP: 'Hay corrupción en el PSPV'

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"CASO CAN DOMENGE"; EL TSJB APUNTA A UN "PLAN" POLÍTICO DE UM PARA MALVENDER CAN DOMENGE

En contra de los técnicos

* Investiga si Munar y tres de sus consellers malversaron 30 millones públicos
* Exonera a los funcionarios que censuraron la operación

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

A falta de sólo cinco días para tomar declaración como imputada a la presidenta del Parlament balear Maria Antònia Munar, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que investiga si la ex presidenta del Consell y tres de sus consellers insulares malversaron 30 millones de euros públicos al vender el solar público de Can Domenge por la mitad de su precio real en un concurso plagado de irregularidades acaba de emitir un primer auto en el que aborda preliminarmente el fondo del asunto. Un escrito redactado por el instructor con el fin de confirmar la exculpación de uno de los técnicos que firmó dos informes usados para visar la operación, Bartomeu Tous Aymar, a la sazón secretario general del Consell.

Al abordar el rol de Tous, el auto del juez Francisco Javier Muñoz apunta a la responsabilidad de los dirigentes políticos por encima de la de los funcionarios: "Las responsabilidades que derivan de la controvertida operación deben centrarse en quienes la concibieron y, pese a esas advertencias –en referencia a las objeciones que pusieron los técnicos a las condiciones de venta–, la pusieron en práctica". Para ejemplificar esto, Muñoz recuerda que «el primero de los informes [firmado por Tous y otra técnico] formulaba una serie de objeciones al expediente de enajenación".

La reprobación
Entre ellas, "advertía en concreto de la necesidad de justificar mejor, desde la perspectiva de los intereses públicos, la elección del sistema de concurso, la propuesta de valoración de los elementos no económicos y el hecho de que la oferta económica se valorara con 15 puntos y el proyecto técnico con 60". En otras palabras, y en lo que constituye una de las claves del escándalo denunciado por la Fiscalía: que los elementos de juicio subjetivos (un proyecto de carácter "emblemático") prevaleciesen sobre los elementos objetivos (la cantidad ofrecida por un bien público) a la hora de decidir la adjudicación de una de las mejores parcelas públicas de que disponía el Consell. Un solar de 52.000 metros cuadrados ubicado entre la calle General Riera y la el Camí de Jesús, frente al Palma Arena.

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* EDITORIAL: La culpa es de los políticos

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"CASO MILLET"; UNO DE LOS PATRONOS DEL PALAU INSTA A SUS COMPAÑEROS A DIMITIR EN BLOQUE

Antoni Serra Ramoneda

* Los patronos 'no hemos estado a la altura de las circunstancia', añade
* No fueron capaces de detectar que había 'algo podrido' en la entidad
* Otro de los patronos, Antoni Dalmau, se muestra contrario a las dimisiones

Europa Press | Barcelona

El patrono del Palau de la Música Catalana y presidente de Tribuna Barcelona, Antoni Serra Ramoneda, ha instado a sus compañeros a dimitir de sus cargos y entonar el 'mea culpa' porque no detectaron que "algo podrido" había en la entidad.

En una artículo de opinión publicado en 'El Periódico', Serra Ramoneda asegura que, "si no un castigo", sí debería recibir "una reprimenda" por no haber reclamado una simplificación de la estructura jurídica que, por imbricada, debería haber despertado "sospechas" en personas que, como Serra Ramoneda "y muchos otros patronos" dominan temas financieros y contables.

"Lo reconozco. Lo confieso. Yo he sido uno más de un nutrido grupo de ciudadanos que no acertó a cumplir con las obligaciones que implica el cargo de patrono de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana", explica.

Además, considera que tendrían que haber "exigido una rendición de cuentas detallada en la reunión anual" y tener "suficiente olfato" para deducir que algo no iba correctamente por "indicios más que evidentes, como la generosa contratación de parientes". "No hemos estado a la altura de las circunstancias", concluyó.

Por todo esto, Serra Ramoneda pide que "venga sangre nueva limpia de polvo y paja para aplicar el bisturí y recomponer lo que entre unos y otros" no supieron gestionar.
Antoni Dalmau, en cambio, rechaza las dimisiones

Antoni Dalmau, también patrono de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, se ha mostrado en cambio contrario a que haya dimisiones entre sus miembros'.

Dalmau ha rechazado la propuesta: "Es evidente que hay gente que nos sentimos responsables de no haber sabido detectar a tiempo la estafa, y que llegará el momento oportuno de renovar los órganos de gobierno de las instituciones del Palau", ha dicho, y ha añadido: "Ahora no es el momento".

Según Dalmau, ahora conviene que continúe "la limpieza" que se está haciendo por parte de la presidenta, Mariona Carulla, y del equipo del Orfeó: "Cuando termine el proceso de saneamiento habrá que renovar todas las juntas de todas los órganos de gobierno del Palau", ha aseverado.

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"CASO PRETORIA"; EL EX ALCALDE DE SANTA COLOMA FIRMA LA RENUNCIA QUE PERMITIRÁ SU RELEVO

Bartomeu Muñoz

Bartomeu Muñoz, durante su detención, el pasado día 28. | Efe

* Está encarcelado en Soto del Real desde el pasado 30 de octubre
* Los documentos han sido ya enviados al ayuntamiento del municipio
* Serán Zaragoza, Montilla y Hereu quienes elijan al sustituto

Efe | Barcelona

El ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz y el ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, encarcelados por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística, han firmado su renuncia al acta de concejales, lo que facilita su relevo en el consistorio.

Fuentes judiciales han explicado que Muñoz y Dobarco han firmado un escrito por el que renuncian a sus actas de concejales del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet desde la prisión madrileña de Soto del Real, en la que fueron encarcelados el pasado 30 de octubre por orden del juez Baltasar Garzón.

Los documentos firmados por Muñoz y Dobarco han sido ya enviados al Ayuntamiento de Santa Coloma, que una vez los tenga en su poder podrá iniciar el proceso para convocar el pleno municipal extraordinario en el que se debe elegir al nuevo alcalde.

El relevo del alcalde estaba hasta ahora bloqueado porque Muñoz no había presentado aún formalmente su renuncia al cargo, pese a que desde prisión y a través de su abogado había anunciado su dimisión al frente del consistorio, así como de la vicepresidencia primera de la Diputación de Barcelona y de los cargos que tenía en el PSC y en el PSOE.

Una vez reciba los escritos, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet abrirá un plazo de diez días para que el ayuntamiento apruebe la dimisión y se iniciarán los trámites para la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se habrá de nombrar a un nuevo alcalde que sustituya a Muñoz.

Los grupos de la oposición en el consistorio (CiU, PPC e ICV-EUiA) pidieron el martes la convocatoria urgente de ese pleno extraordinario para la elección de un nuevo alcalde que gestione la crisis institucional, mientras lamentaron la "poca celeridad" del PSC en este asunto.

Según afirmó el pasado día 9 el PSC tras su reunión ejecutiva, será el grupo municipal socialista en Santa Coloma, el secretario de organización, José Zaragoza, el primer secretario, José Montilla, y el secretario de política municipal, Jordi Hereu, quienes decidirán qué persona asume la alcaldía.

Entre los candidatos a sustituir a Muñoz se barajan los nombres de Antoni Fogué, concejal de Santa Coloma de Gramenet y actual presidente de la Diputación de Barcelona; Carmen Moraira, segunda teniente de alcalde y que se ocupa del área de Servicios Territoriales; Raül Moreno, octavo teniente de alcalde y responsable de la ponencia de Vía Pública, y Núria Parlón, novena teniente de alcalde y coordinadora operativa del área de Servicio a las personas.

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"OPERACIÓN CALERO"; VARIOS DETENIDOS DE UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN TELDE

CANARIAS | En Gran Canaria

Europa Press | Las Palmas de Gran Canaria

Varias personas han sido detenidas por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística en el municipio grancanario de Telde, conocida por el nombre de 'operación Calero' pues la operación está vinculada con el desarrollo de una urbanización en la zona de El Calero Alto, según informaron fuentes policiales.

La jueza que lleva el caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Belén Pérez Salido, analizará la existencia de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documento y cohecho, según publican varios medios canarios.

Algunos de los detenidos permanecen en estos momentos en la Jefatura Superior de Policía de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que a otras se les ha tomado declaración y han sido puestas en libertad, entre los que se encuentra como imputado el ex alcalde de Telde, Francisco Valido.

Según la Policía Nacional, todavía no se ha decretado el secreto de sumario en las actuaciones ya que todavía se tienen que trasladar las diligencias policiales ante el juez que instruye el caso.

Durante la jornada de hoy está previsto que continúen las citaciones ante la jueza que lleva el caso, aunque se desconoce aún quienes y en concepto de qué desfilarán por el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde.

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"CASO GORDILLO"; UNA MUJER DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL AL EX VICEPRESIDENTE DE CEUTA

ESCÁNDALO | El PSOE pide al presidente que se busque 'abogado'

* El PSOE acusa a Vivas de 'encubridor' y de 'mentir' a la opinión pública

Europa Press | Ceuta

Una mujer musulmana ha presentado una denuncia por acoso sexual contra el ex vicepresidente del Gobierno de Ceuta y ex presidente local del PP, Pedro Gordillo, en la que reconoce haber grabado un vídeo de contenido sexual con su teléfono móvil que posteriormente llegó a manos del presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas (PP).

La denuncia fue presentada ayer en la Comisaría de la Policía Nacional tras cuatro horas de declaración y, en ella, la mujer explica que, harta de la presión que sufría y de las promesas incumplidas del ex vicepresidente, entró en su despacho con la cámara del móvil activado. En la grabación, según la denuncia de la mujer, se ve "cómo me lleva a una parte del despacho, me dice cosas sucias y me obliga a hacerle una felación".

La denuncia recoge que, con posterioridad, la mujer entregó la grabación a un pariente y a un periodista, quienes la copiaron y le devolvieron el móvil sin la grabación. Asimismo, incluye que éstos le explicaron que iban a enseñar el vídeo al presidente Vivas y a cuatro consejeros más de la ciudad autónoma.

Tras conocer esta denuncia, el secretario general del PSOE ceutí, José Antonio Carracao, ha asegurado que la denuncia pone de manifiesto que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, conocía la existencia del vídeo y, por lo tanto, "ha mentido".

Según el dirigente socialista, Juan Vivas ha demostrado ser un "encubridor", por lo que le recomendó que "ya se puede ir buscando un buen abogado".

Pedro Gordillo dimitió el pasado 30 de octubre de todos sus cargos institucionales y orgánicos alegando "razones de índole personal" tras las especulaciones sobre la posible existencia de un vídeo de contenido sexual en el que aparecería en su despacho.

Remodelación del Gobierno
El Comité Ejecutivo Regional del PP de Ceuta eligió el 3 de noviembre como nuevo secretario general al propio Vivas, que acordó ese mismo día una remodelación de su Gobierno con el reparto entre el resto de consejerías de las competencias que gestionaba Gordillo como vicepresidente y consejero de Presidencia.

Aquel día, Vivas optó en rueda de prensa por la línea de "prudencia y responsabilidad" y prefirió no hacer "ningún comentario" sobre los motivos de la dimisión de Gordillo "para no alimentar culebrones y especulaciones".

En cualquier caso, negó haber tenido conocimiento de una grabación que reflejase ninguna actitud ilegal y dejó claro que "si así fuera hubiésemos actuado en consecuencia".

elmundo.es

"CASO GORDILLO"; UNA MUJER DENUNCIA AL EX PRESIDENTE DEL PP DE CEUTA POR ACOSO SEXUAL

Afirma que ella grabó un vídeo con el móvil de su relación sexual con Gordillo

JUAN DIEGO QUESADA - Ceuta

Una mujer musulmana, de 33 años, muy cercana al PP, denunció ayer ante la policía haber sufrido "acoso sexual" por parte del ex vicepresidente de Ceuta y ex líder del PP en la ciudad, Pedro Gordillo, que dimitió sin dar explicaciones hace 12 días. La mujer asegura que ella grabó con su teléfono móvil un vídeo en el que mantenía relaciones sexuales con Gordillo en el despacho, cansada del acoso que sufría desde principios de año por parte de Gordillo. Pero, dice, la grabación ha sido borrada y no pudo aportarla en su denuncia.

Alega que no pudo aportar la grabación a la policía porque se la borraron

La denunciante asegura que se la veía haciendo una felación al político

No lo hace por venganza, sino por dignidad, asegura. "Me prometió que me iba a dar un trabajo evaluando las viviendas de protección oficial pero después me fue dando largas. Siempre decía que la cosa estaba muy mal y que yo tenía que hacer algo a cambio", relata. En su denuncia, la mujer explica que le contó a Mohammed Chaib, miembro del PP, que había sido víctima de malos tratos, estaba sin empleo y tenía dos hijos pequeños. Chaib se ofreció como intermediario para que pudiese hablar con Pedro Gordillo.

En las primeras visitas al despacho de Gordillo, la denunciante afirma que el político siempre le daba un beso en la boca y cerraba su despacho. Allí, y en ocasiones en su casa, jura que se produjo el acoso. Lo cuenta así: "Me abrazaba nada más entrar al despacho y me apretaba fuerte contra él. Estaba muy excitado, me sobaba. Se ponía nerviosísimo. Me proponía sexo y me decía al oído que yo le ponía cachondo".

Así, asegura, estuvo un tiempo yendo al Ayuntamiento, siempre con promesas de una vivienda, un trabajo, una ayuda. Ella, sin empleo, con dos hijos, con un desahucio en la casa, estaba en una situación límite. El 23 de octubre, un viernes, señala que salió del despacho con lágrimas en los ojos y se fue a ver a un pariente suyo, guardia civil. "Qué tonta eres", le dijo, "este hombre hace esto con muchas chicas, te ha engañado".

Se hartó. Con la complicidad del pariente y un periodista que éste contactó, que ella asegura que trabaja en una televisión local, fue al despacho de Gordillo. Llevaba el móvil encendido, según su relato, con la cámara de vídeo activada. "Se ve cómo me da la mano y me lleva a una parte del despacho. Me dice cosas sucias. Me obliga a hacerle una felación".

El martes, 27 de octubre, el periodista pasó la grabación del móvil a un CD. "Esto le interesa a [Juan] Vivas [presidente de Ceuta] para quitarse de en medio a Gordillo", cuenta en la denuncia que dijo el periodista, que se queda finalmente con el CD. El jueves, relata la denunciante, el guardia civil y el periodista van a su casa y le piden el móvil. Se lo devuelven seis horas después "sin el vídeo, con todo borrado".

La mujer, declara, nunca ha vuelto a saber nada de estas dos personas, a quienes pone nombre y apellidos en su declaración ante la policía. Le dicen, además, que es para enseñárselo a Vivas y a cuatro consejeros más.

Dimitido Gordillo, número dos del Gobierno, una persona que estaba haciendo sombra al propio presidente, Vivas ahora tiene todo el poder. Según fuentes del PP, Vivas, nada más comenzar la crisis por la existencia de la grabación, se puso en contacto con la dirección nacional de su partido, y al cabo de varios días forzó la dimisión de Gordillo. Ahora él aglutina todo el poder en Ceuta.

El PSOE local ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción en un escrito que investigue las causas de la dimisión de Gordillo y todo el escándalo. El Gobierno, por su parte, declara que no tenía nada que ver con este asunto. Vivas, al ser preguntado si él había visto el vídeo respondió: "No puedo contestar a eso". Este periódico se puso en contacto con el entorno de Gordillo para conocer su versión de la historia, pero él no quiso ponerse al teléfono.

elpaís.com

"CASO PRETORIA"; EL PSC DILATA EL RELEVO DE MUÑOZ AL FRENTE DE LA ALCALDÍA DE SANTA COLOMA

• La dirección quiere pactar el nombramiento con la organización local y evitar una designación a dedo
• La teniente de alcalde Carmen Moraira avanza posiciones entre los candidatos con posibilidades

El ‘president’ de la Generalitat, José Montilla (izquierda), preside la reunión de la comisión ejecutiva del PSC, ayer. Foto: RICARD CUGAT

SALVADOR SABRIÀ / FIDEL MASREAL
BARCELONA

La alcaldía de Santa Coloma de Gramenet tendrá que esperar. En la comisión ejecutiva del PSC en la que estaba previsto dejar casi cerrado el relevo de Bartomeu Muñoz, imputado en el caso Pretoria y en prisión provisional, el asunto prácticamente se liquidó con una intervención del secretario de Organización, José Zaragoza, que propuso pactar el nombre con la organización local de Santa Coloma y el grupo municipal.

Se trata, en definitiva, de repartir la responsabilidad del nombramiento para evitar cualquier impresión de una designación a dedo desde la ejecutiva nacional. «No se ha querido hacer una alcaldada desde la sede de la calle de Nicaragua», resumió un miembro de la ejecutiva. A la vez, la búsqueda de un candidato de consenso traspasa la patata caliente a la organización local que es la que debe superar, afirman en la sede del PSC, el desaguisado de la gestión del que era su alcalde. Y no solo su alcalde. El estilo personalista de Muñoz se traspasó también a la organización del partido en Santa Coloma: él era el presidente de la Federación del Barcelonès Nord y Manuel Dobarco, su hombre de máxima confianza y también en prisión por el caso Pretoria, el máximo dirigente de la agrupación local. Estos dos cargos también tendrán que cubrirse.

VARIAS OPCIONES / Los socialistas se debaten entre varias opciones para el relevo: una solución provisional que permita acabar esta legislatura sin optar a las próximas elecciones (prácticamente descartada en la reunión de ayer), un candidato completamente nuevo o un alcalde con experiencia pero que suponga una cierta ruptura con el pasado.

En el primer caso se encuentran el actual alcalde en funciones, Joan Carles Mas, y el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, marido de Manuela de Madre, exalcaldesa de la localidad del Barcelonès y predecesora de Muñoz. Mas ya optó a la alcaldía a través de las urnas en 1983, pero entonces ganó el cura comunista Lluís Hernández.

Entre los renovadores, en esta caso por una cuestión de edad, se cita al teniente de alcalde Raül Moreno, aunque en estos momentos tiene en contra el hecho de formar parte del equipo político de Muñoz. En este grupo entra también Núria Parlón, novena teniente de alcalde y una de las caras más jóvenes del consistorio. En la tercera opción, y al parecer la que está ganando más peso en las últimas horas, está la segunda teniente de alcalde, Carmen Moraira, responsable de servicios territoriales. Como desventajas cabe citar que no es un relevo generacional puro y que está menos curtida políticamente que otros, como Fogué.

El hecho de que Muñoz todavía no haya formalizado su renuncia le ha servido al PSC para ganar tiempo antes de tomar la decisión definitiva. Aunque la dirección socialista confía en que el imputado dé ese paso mañana a más tardar.

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, se mostró confiando en que el sustituto de Muñoz se conozca esta semana. Añadió que Fogué, el presidente de la Diputación de Barcelona, está dispuesto a asumir esta «especial responsabilidad» y evitó hablar de otros posibles candidatos.

La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, criticó ayer el «baile de nombres» y la demora del PSC para ejecutar el relevo en la alcaldía de Santa Coloma. La dirigente popular expresó su «preocupación» por el hecho de que el municipio más afectado por el caso Pretoria lleve «más de 10 días» con un alcalde accidental. «El PSC está tardando mucho en escoger un nuevo alcalde y Santa Coloma debe volver a la realidad», dijo.

SOSPECHAS EN MONTCADA I REIXAC / Entre las novedades de la investigación, la Fiscalía Provincial de Barcelona solicitó ayer al Ayuntamiento de Montcada i Reixac toda la documentación sobre el traslado de la factoría de Barnices Valentine del centro de la ciudad al polígono de Can Milans. La solicitud se refiere al convenio urbanístico que el ayuntamiento y la empresa firmaron el 1 de abril de 2003, al acta completa de los acuerdos municipales que lo aprobaron y al expediente administrativo de la modificación puntual del plan general metropolitano a consecuencia del convenio.

El consistorio ya investigaba por su cuenta con carácter urgente los asuntos «más relevantes» que aprobó a propuesta del Área de Política Territorial entre el 14 de enero del 2003 y el 1 de noviembre del 2006, cuando Antonio Jiménez trabajó como director de ese área. Jiménez está considerado en el auto de Baltasar Garzón como uno de los contactos destacados de Luis García, Luigi, considerado el presunto cabecilla de la trama Pretoria.

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elperiódico.com

CORREA VINCULA A "LOS ALBERTOS" CON UN IMPUTADO POR BLANQUEO EN "GÜRTEL"

Javier Romera / Alejandra Ramón

Alberto Alcocer y Alberto Cortina. Imagen: Archivo

La red de Gürtel ha empezado a salpicar a las altas esferas de la jet-set empresarial española. El máximo responsable de la trama, Francisco Correa, ha vinculado a Alberto Cortina y Alberto Alcocer en una operación de blanqueo de dinero orquestada por uno de los principales imputados, Ramón Blanco Balín.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Polícia Nacional tiene grabaciones de Correa, reflejadas en el sumario, en las que éste asegura que en el montaje de estructuras de blanqueo mediante empresas fiduciarias en paraísos fiscales, "aparecen sociedades de Alberto Cortina y Alberto Alcocer que registran unas entradas de dinero del exterior por valor de 30 millones de euros".

Y no sólo eso. La Brigada de Blanqueo de Capitales tiene grabaciones también del principal responsable de la trama en las que éste advierte además a Juan Pérez Mora, otro de los imputados, de que la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción están siguiéndo los pasos de uno de los socios de Ramón Blanco, Andrés Guillamont. ¿La razón? Según asegura, "a raíz del tema de los Albertos o de Liechtenstein".

Relaciones profesionales
El hecho es que el abogado Ramón Blanco Balín tenía relación con los Albertos desde hace años, especialmente tras su nombramiento como consejero delegado de la petrolera Repsol en tiempos de Alfonso Cortina. Según consta en el Registro Mercantil de Madrid, Blanco participa en este sentido como administrador solidario de Percacer, una de las sociedades patrimoniales de Alberto Cortina, hermano de Alfonso.

Un portavoz de los Albertos reconoció la existencia de estas relaciones profesionales, aunque negó tajantemente que estos dos empresarios tengan ningún vínculo con la red de corrupción vinculada al Partido Popular.

"Es cierto que Blanco trabaja como abogado para Alberto Cortina, pero lo que dice Correa es completamente falso y, de hecho, no hay ninguna investigación abierta al respecto", aseguró ante la llamada de este periódico. Pese a las graves acusaciones de Correa, es cierto que ninguno de los dos primos está imputado en la Operación Gürtel y no consta tampoco que el juez haya procedido, al menos por el momento, a abrir ninguna investigación a raíz de las declaraciones grabadas por la Unidad de Blanqueo de la Policía.

Propietarios del 12,5 por ciento de la constructora ACS y del 21 por ciento de la papelera Ence, los Albertos se han visto envueltos otra vez en la polémica durante los últimos días después de que la Audiencia Provincial de Madrid les condenara a una pena de cuatro meses de cárcel y 192.000 euros de multa por los delitos de acusación y denuncia falsa y de estafa procesal en el caso de la carta falsa, aunque eludirán la prisión por no tener antecedentes.

Recurso
En cualquier caso, los socios minoritarios de Alberto Cortina y Alberto Alcocer en Urbanor han anunciado ya al Tribunal Supremo su intención de recurrir la sentencia, por considerarla insuficiente.

Fuentes próximas a Pedro Sentieri, Luis García Alarcón y Francisco Castelló explicaron que su objetivo es lograr otra condena por falsificación documental y obligar a los empresarios a pagar unas indemnizaciones superiores a los 45.000 euros fijados.

Además, el despacho que asesora a Julio San Martín ha cumplido el trámite de anunciar su intención de recurrir la sentencia para no perder la posibilidad, aunque "la decisión todavía no está tomada".

Los Albertos, por su parte, han retirado la demanda que presentaron contra el Estado por este mismo caso, por la que reclamaban 4,64 millones de euros de indemnización, por haber tenido que "abandonar precipitadamente, casi con nocturnidad, los puestos directivos de responsabilidad" que ocupaban en diversas empresas a raíz de la condena dictada por el Tribunal Supremo.

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