EL JUEZ IMPUTA A MATAS EN EL "CASO PALMA ARENA"

El ex presidente balear declarará el próximo mes de marzo.-
La justicia investiga el incremento de su patrimonio con la construcción del velódromo

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dictado hoy una providencia, dentro del caso Palma Arena, en la que cita a declarar como imputados el 23 de marzo de 2010 al ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, a su esposa, María Teresa Areal, a Fernando Areal, -ex cuñado de Matas y ex tesorero del partido en las islas- y Bartomeu Reus -presidente de la compañía Gesa-Endesa. El Tribunal Superior de Justicia ha informado de que las citaciones de Matas y de su esposa se han hecho a través de su abogado, puesto que residen en EE UU.

Matas ha rechazado, a través de su abogado, "cuantas imputaciones" puedan formularse contra él y ha mostrado su deseo de colaborar con la Justicia para ofrecer una "veraz" versión de los hechos investigados en el caso Palma Arena. Según su abogado, Rafael Perera, "llama la atención" la lejanía en el tiempo de la citación, así como la antelación "inusual" con que se ha hecho público el señalamiento, una circunstancia que causa, a su juicio, "un perjuicio innecesario" a Matas ya que durante cinco meses el ex presidente balear verá "en entredicho, por lo menos mediáticamente, la limpieza de su actuación, sin poder aportar eficazmente una versión exculpatoria de cuantos cargos pudieran hacérsele".

El pasado septiembre, el juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, decidió incluir en la investigación la supuesta conexión entre el patrimonio de Matas con el velódromo de la capital balear, en cuya construcción se produjo un desfalco millonario -se triplicó hasta alcanzar 110 millones-.

Desde que este verano se produjeron las primeras detenciones, hay una docena de ex altos cargos del PP balear imputados, entre quienes se encuentra Fernando Areal y otros cuatro más cercanos al entorno directo del que fue presidente balear.

Incremento del patrimonio

Un informe de la Agencia Tributaria y otro de la Guardia Civil apuntan a que el ex presidente balear incrementó en dos millones de euros su patrimonio con tres viviendas. Tras recibir esta documentación, el juez Castro pidió a la fiscalía la información que había recabado en junio sobre los bienes personales de Matas, en una denuncia que el fiscal general del Estado y el fiscal superior de Baleares impidieron investigar.

En la investigación del Palma Arena se ha encontrado empresas constructoras que trabajaron en las casas de Matas y que a su vez participaron en adjudicaciones oficiales del Ejecutivo balear y del PP.

Matas se ofreció voluntariamente el pasado 13 de agosto para declarar ante el juez. Su abogado, Rafael Perera, registró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el ofrecimiento del ex jefe del Ejecutivo balear para, según explicó, facilitar los trámites en caso de citación. El juez Castro aseguró días después, al ser preguntado por los medios, que si tenía que llamar a Matas lo haría "cuando creyera".

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Jaume Matas Palou
A FONDO

Nacimiento:
05-10-1956

Lugar:
Palma de Mallorca

elpaís.com

EL PP "GANA" AL PSOE EN CARGOS IMPUTADOS

Los escándalos que afectan al PP

Más de un centenar de miembros de los dos grandes partidos han sido encausados por corrupción desde 2004 - Los populares son más blandos en las sanciones

Amanecía el 29 de noviembre de 2007 cuando el alcalde de Totana (Murcia), José Martínez Andreo, del PP, fue sacado de su casa por guardias civiles. Estaba -y sigue- acusado de formar parte de una red de cobro de comisiones a cambio de masivas recalificaciones de suelo. Permanece en el cargo. Lo mismo que Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), imputado en un delito similar, en libertad bajo fianza, a la espera de juicio y con el bastón de mando de alcalde. "¡No van a por mí, van a por el PP!", gritó cuando era detenido, el 18 de enero de 2007. Una tesis, la de la persecución, que ahora enarbola todo el partido.

Como ellos, 90 cargos públicos del PP -sobre todo alcaldes y concejales- han sido imputados en casos de supuesta corrupción en los últimos cinco años. Igual que 33 cargos públicos del PSOE, algunos de los cuales también conservan el sillón: el presidente del Consell de Ibiza, Xicu Tarres, por ejemplo; o el ex alcalde y hoy concejal de Granadilla (Santa Cruz de Tenerife) Jaime González Cejas. Los populares suelen ser más blandos con sus imputados que los socialistas con los suyos; y ambos tienen una elástica vara de medir, que cambia en función del caso.

EL PAÍS ha analizado el estado de la corrupción en las siete comunidades que han sido escenario de los casos más sonados: del urbanismo salvaje (y prevaricador) en Murcia y Valencia al cobro de sobornos en Baleares, Galicia y Andalucía; del caso Telde en Canarias al Gürtel en Madrid.

En total, al menos 123 cargos públicos -en España hay decenas de miles- han sido imputados, y la inmensa mayoría sigue a la espera de sentencia. Los casos archivados, como el del alcalde socialista de Elche o el del presidente valenciano Francisco Camps, no se incluyen en este cómputo (tampoco los que no son por corrupción). La comunidad que más imputados acumula es Baleares; y Andalucía, la única en la que hay más del PSOE que del PP.

BALEARES De Andratx al Palma Arena
El último caso ha estallado este verano: un juez investiga un supuesto desfalco millonario en la construcción del velódromo Palma Arena, obra emblemática del ex presidente Jaume Matas (PP). Doce ex altos cargos del PP están encausados, entre ellos el actual portavoz municipal en Palma, Rafael Durán -que ha anunciado que dimitirá de portavoz, no de concejal-, y dos ex directores generales. El PP confía en la inocencia de sus militantes y ha convertido este caso en pilar de su teoría de la persecución, por la forma en la que los detenidos fueron tratados: la policía los llevó a declarar esposados de forma muy evidente, y Durán pasó tres días en los calabozos.

De los casos anteriores al Palma Arena, el único que ya tiene sentencia es el de Andratx: el alcalde -que dimitió tras su detención televisada y fue expulsado del PP- está condenado a cuatro años de cárcel; y Jaume Massot, cerebro del urbanismo de Matas, a ocho años y medio. Han recurrido y están en libertad con fianza. También fueron detenidos y esposados los imputados por el caso Scala (supuesta malversación y cohecho en el Consorcio de Desarrollo Económico), que tuvo cuatro meses en la cárcel a un director general.

El PP mantiene en el Parlamento balear a dos diputados imputados, por el caso Scala y por otro supuesto cohecho en el plan territorial de Mallorca. Y hay más sumarios abiertos: el del Consorcio Turismo Joven, el de la empresa pública Bitel y el de la funeraria de Palma.

Los socialistas, por su parte, han mantenido su confianza en la ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera, que aun estando imputada por prevaricación y cohecho fue nombrada consejera y ahora es comisaria del Gobierno central en la reforma de la playa de Palma. Igualmente permanecen en el cargo Xicu Tarres, presidente del Consell de Ibiza y diputado; Josep Marí, alcalde de Sant Josep, y Miquel Mestre, director general. El juez investiga en el caso Ibiza supuesta financiación ilegal del PSOE.

MURCIA Alcaldes que no dimiten
Diecisiete imputados del PP frente a cinco del PSOE. Junto al alcalde de Totana, que sigue en el cargo, están imputados por supuesta malversación, cohecho y tráfico de influencias los alcaldes de Fuente Álamo y Torre Pacheco, todos del PP. Y también conservan la silla de alcalde. El caso tiene una derivada, que la juez está investigando, de posible financiación irregular del PP local. Igual que en Librilla, donde fueron detenidos el alcalde y el edil de Urbanismo. Otro que sigue al frente del ayuntamiento es el alcalde de Águilas, imputado por la recalificación irregular de una finca. Y el de Fortuna, acusado de comprar votos.

Los socialistas de Murcia han sido más duros con sus imputados. En Lorca, al ex alcalde Miguel Navarro se le abrió expediente de suspensión, y dos ediles fueron expulsados. También el ex regidor de Los Alcázares Juan Escudero, en libertad bajo fianza, ha sido expulsado del PSOE.

CANARIAS Telde, Mogán, Granadilla...
La Operación Faycán, iniciada en 2006 contra una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en Telde (segundo municipio de Gran Canaria), es otro de los casos que el PP esgrimió en su día para denunciar la presunta persecución a sus cargos. El partido no ha expulsado ni al alcalde, Francisco Valido, ni a otros cinco concejales imputados -Valido y la teniente de alcalde sí dimitieron, pero ocupan cargos orgánicos en el PP-. Todos están en libertad bajo fianza.

Después de Faycán vino, en 2007, la Operación Góndola -también por cobro de comisiones-, y esta vez el imputado fue el alcalde de Mogán, Francisco González (junto a su concejal de Obras). Quedó en libertad acusado de ocho delitos, se presentó de nuevo a las elecciones y ganó. En el municipio de Santa Brígida hay cuatro cargos del PP encausados, incluido el alcalde y dos ex alcaldes.

En cuanto al PSOE, en Granadilla (sur de Tenerife) la supuesta corrupción vinculada a la concesión de licencias para plantas fotovoltaicas mantiene imputado al ex alcalde Jaime González Cejas -que sigue en el ayuntamiento, ahora de concejal en la oposición- y a otros dos ediles. El PP ha denunciado que, en este caso, la fiscalía no se ha presentado a los interrogatorios de los acusados socialistas. Asimismo está imputado por prevaricación el alcalde de El Rosario -y aquí tampoco el fiscal ha acudido a las citaciones, y el PSOE no ha expulsado a su alcalde-.

COMUNIDAD VALENCIANA El intocable Fabra
Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental continuada y fraude fiscal. Todo eso le imputan dos jueces al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en cuyas cuentas bancarias la Agencia Tributaria detectó 600.000 euros sin procedencia justificada. Ni él ni su partido, el PP, le dan la menor importancia, y los votantes tampoco: "El pueblo me ha absuelto", llegó a decir Fabra tras constatar que no perdía apoyo en las elecciones. Es uno de los casos paradigmáticos de imputado con apoyo incondicional de su partido. Y se da en la comunidad -de las siete estudiadas- donde los casos de supuesta corrupción están más igualados: siete del PP frente a seis del PSOE.

Ninguno de los cargos populares imputados en estos años -el diputado y alcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández, un ex alcalde de Orihuela, un concejal de Calpe, otro en Albatera- han sido expulsados del partido ni obligados a dimitir.

Los socialistas valencianos han expulsado al alcalde de Bigastro Joaquín Moya y a otros dos concejales, todos imputados por cohecho y malversación (Moya estuvo preso). La alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, detenida el año pasado, está suspendida cautelarmente, al igual que dos concejales.

ANDALUCÍA Detenciones en Málaga
Dos alcaldes malagueños del PSOE -el de Estepona y el de Alcaucín, ambos expulsados por su partido- y uno del PP -el de Alhaurín el Grande, que sigue en el cargo y respaldado por la dirección popular- han sido detenidos en los últimos dos años. Eso ha convertido a la provincia de Málaga en aparente epicentro de la corrupción andaluza. Pero hay más casos: en Aljaraque (Huelva) fueron detenidos el ex alcalde Juan Manuel Orta, del PP, y su edil de Urbanismo, acusados de delito fiscal y blanqueo. El concejal de Urbanismo de Alhendín (Granada), también del PP, está en libertad bajo fianza por supuesto cohecho.

El PSOE mantiene en el cargo a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez, a pesar de estar imputada por prevaricación; al de Níjar (Almería), Joaquín García, imputado por malversación y falsedad; y al regidor de Navas de la Concepción (Sevilla), Antonio Gutiérrez, acusado de cohecho.

MADRID El polvorín de 'Gürtel'
La Operación Gürtel, que destapó una trama de corrupción a través de empresas infiltradas en Administraciones del PP, dio de lleno a los populares madrileños, que tiene a 11 cargos imputados. El partido de Esperanza Aguirre obligó a darse de baja a tres alcaldes y a un ex alcalde imputados -acusados de cobrar sobornos millonarios y que dimitieron-, a otros dos altos cargos y a tres diputados autonómicos que sin embargo conservan su escaño. El PP no le ha exigido el escaño al senador Luis Bárcenas ni al diputado nacional Jesús Merino.

Entre los socialistas de Madrid, el escándalo llegó en Ciempozuelos: el alcalde (que dimitió), Pedro Torrejón, y el ex alcalde Joaquín Tejeiro fueron detenidos en 2006 -están libres bajo fianza de casi un millón de euros cada uno y expulsados del PSOE- por el presunto cobro de comisiones. Tenían cientos de miles de euros en una cuenta bancaria en Andorra.

GALICIA Un imputado con premio
José Luis Mosquera y Alejandro Alonso, concejales del PP en Gondomar (Pontevedra), fueron detenidos en febrero de 2007 cuando cobraban una primera entrega de 50.000 euros, de 180.000 apalabrados, por una recalificación de terrenos. El alcalde, Carlos Silva, y otros cinco concejales fueron condenados a 18 meses de cárcel por prevaricación. La sentencia está recurrida y, mientras, Silva ha sido premiado con un cargo de vicepresidente de la Diputación.

ALGUNOS DE LOS CASOS MÁS SONADOS

Partido Popular

- 'CASO GÜRTEL'. Once cargos del PP en Madrid (un senador, un diputado, cuatro ex alcaldes, tres diputados autonómicos, un ex gerente y un ex viceconsejero) están imputados en la investigación del caso Correa. Los alcaldes fueron obligados a dimitir, pero no los diputados ni el senador, que además era el tesorero del PP.

- CARLOS FABRA. Presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP. Imputado por tráfico de influencias, cohecho, falsedad y fraude fiscal. El PP lo mantiene en todos sus cargos y lo respalda públicamente.

- ANDRATX (Mallorca). El alcalde, Eugenio Hidalgo, fue condenado en 2008 a cuatro años de cárcel por construirse un chalé ilegal. Jaume Massot, ex director general, está condenado a ocho años y medio de cárcel. Hidalgo dimitió y fue expulsado del PP. Hay 60 causas pendientes.

- ALHAURÍN (Málaga). El alcalde, Juan Martín Serón, fue detenido en 2007 junto a su concejal de Urbanismo. Quedaron en libertad bajo fianza, acusados de dirigir una trama que cobró 642.000 euros en sobornos. Serón sigue de alcalde.

- TELDE (Gran Canaria). Imputados por prevaricación, cohecho, falsedad, malversación, tráfico de influencias y blanqueo el alcalde, Francisco Valido, y cinco ediles. Todos en libertad bajo fianza. Ninguno ha sido expulsado del PP. Valido y su teniente de alcalde dimitieron.

- TOTANA (Murcia). El regidor, José Martínez Andreo, sigue en el cargo y en el PP, pese a haber estado en prisión y hallarse ahora en libertad bajo fianza. También está imputado el diputado y ex alcalde Juan Morales, este sí expulsado del partido. Se les acusa de cobrar por recalificar terrenos.

Partido Socialista

- CIEMPOZUELOS (Madrid). Presunto cobro de comisiones ilegales por parte de los ex alcaldes Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro. Torrejón dimitió tras ser detenido en 2006. Ambos, que están en libertad bajo fianza de 900.000 euros cada uno, tenían un millón de euros en bancos de Andorra. El PSOE los expulsó.

- ESTEPONA (Málaga). El alcalde Antonio Barrientos y cuatro concejales fueron detenidos en 2008, acusados de cobrar a cambio de adjudicar parcelas. Barrientos, que pasó seis meses en prisión y está en libertad bajo fianza, dimitió. El PSOE expulsó del partido a todos los imputados.

- IBIZA. El PSOE no ha tomado medidas contra ninguno de los imputados: Xicu Tarres, presidente del Consell de Ibiza y diputado balear; Josep Marí, alcalde de Sant Josep; y Miquel Mestre, director general del Gobierno balear. El juez investiga supuesta financiación ilegal del PSOE.

- LORCA (Murcia). Imputados el ex alcalde Miguel Navarro y dos ex ediles, todos expulsados o suspendidos por el PSOE. Acusados de fraude y malversación de fondos.

- BIGASTRO (Alicante). Joaquín Moya, alcalde durante 25 años, detenido en 2008 por cohecho, malversación y delitos contra la ordenación del territorio. Pasó dos meses en prisión y está a la espera de juicio. Dimitió de su cargo y el PSOE lo expulsó. Otros dos ediles imputados fueron suspendidos de militancia.

- GRANADILLA (Tenerife). El ex alcalde Jaime González Cejas y dos ediles, imputados por cobrar comisiones a cambio de licencias. El PSOE no ha tomado ninguna medida contra los imputados. González Cejas sigue siendo concejal.

Información elaborada por Andreu Manresa, Tono Calleja, Juan Manuel Pardellas, Rosa Biot, Santiago Navarro, Jesús S. González, Fernando J. Pérez, Arcadio Silvosa y Vera Gutiérrez Calvo.

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EL AGUJERO EN EL PALMA ARENA ES DE 16 MILLONES

Los escándalos que afectan al PP

Imputado un cuarto ex alto cargo del PP por el presunto desfalco en el velódromo

M. MENÉNDEZ / A. MANRESA - Palma de Mallorca

"El Consorcio para la Construcción del Velódromo de Palma no cumple con la legislación relativa a la administración y el control de los fondos públicos". Es la principal conclusión del informe que encargó el Gobierno balear del socialista Francesc Antich sobre la oscura contabilidad del Palma Arena, una de las obras emblemáticas de la era de Jaume Matas (PP). Los auditores detectaron al menos dos partidas de dinero, de más de 8 millones y 7 millones respectivamente, que contribuyeron a inflar el precio del edificio.

Jaume Matas Palou
A FONDO

Nacimiento:
05-10-1956

Lugar:
Palma de Mallorca

Los agentes buscan en casas privadas obras financiadas con fondos públicos

Ayer por la noche resultó imputado en Palma el antiguo responsable de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, el cuarto cargo del PP implicado en la Operación Espada. Mientras, continuaban en comisaría el ex director general de Deportes del Gobierno balear, José Luis Pepote Ballester; el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés, y el publicista Miguel Romero. El también detenido Rafael Duran, actual portavoz del PP en Palma, se ha negado a declarar ante la policía.

El caso se destapó a raíz de una auditoría de la Consejería balear de Economía, que reveló que el Palma Arena había costado más del doble de lo presupuestado: en los 24 meses de obras, se pasó de los 47 millones licitados a más de 90, sin que existieran expedientes ni contrataciones que justificasen el exceso.

El informe comprobó la concesión irregular de un contrato de "consultoría y asistencia" por valor de 8.581.867 euros al estudio de arquitectos García Ruiz. Dicha adjudicación se realizó "sin evidencia documental que la justificase, ni expediente sobre la contratación de la misma". En un informe técnico, los hermanos García Ruiz señalaron múltiples deficiencias en el proyecto inicial del ingeniero alemán, Ralph Schürmann. Interrogado como testigo meses atrás, Schürmann denunció maniobras para disparar los precios en la compra de material y la contratación de servicios.

Al arquitecto Ignacio Antonio Sáez, otro de los detenidos el miércoles, se le pidió que aclarara por qué facturas de complejos deportivos del Gobierno en los que él tenía responsabilidad se endosaron, presuntamente, a obras privadas de cargos políticos. También está bajo la lupa de los fiscales el chalé en que vive el también arrestado e imputado Pepote Ballester, medallista olímpico y antiguo director general de Deportes.

La auditoría también destapó que el consorcio del Palma Arena había pretendido restar del coste final del edificio 7.765.263 euros, correspondientes al IVA. No había lugar a tal deducción, ya que el receptor de la obra era la propia administración pública. La hipótesis de la eventual financiación irregular del PP no se descarta. Un contrato de más de un millón y medio de euros en publicidad del Campeonato del Mundo de Ciclismo lo obtuvo casi sin competidores, según dos empresarios del sector de Mallorca, uno de los detenidos, el publicista Miguel Romero, copropietario de la agencia de comunicación Nimbus. La agencia ha trabajado para el PP en campañas electorales. Javier Mato, ex jefe de prensa de Matas en el Gobierno de Baleares y en el Ministerio de Medio Ambiente, es uno de sus ejecutivos.

Hubo improvisación y descontrol en el proceso de construcción del megaproyecto. El resultado es que, año y medio después de su inauguración, el equipamiento presenta deficiencias evidentes. La pista de ciclismo, hecha de pino siberiano, es inservible, por su pésima calidad y mal montaje. La madera se deshilacha, crea esquirlas y sus dilataciones generan huecos visibles. La investigación revisa en qué otras estancias de Palma actuó la misma empresa montadora de suelos de madera y si estas instalaciones particulares pudieron correr a cargo de las partidas públicas.

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