Nuevas declaraciones
Europa Press | Palma
Dulce Linares, quien fuera jefa de gabinete del expresidente del Govern Jaume Matas, ha negado ante el juez instructor del caso Nóos que el exmandatario balear le ordenase que no se realizase control alguno de los Illes Balears Forum, eventos sobre turismo y deporte que tuvieron lugar en 2005 y 2006 y por los que el Ejecutivo autonómico pagó a Nóos un total de 2,3 millones de euros, parte de cuyo destino se desconoce.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en la que ha aseverado que cuando fueron rubricados los convenios de colaboración de estos foros entre Nóos, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y la Fundació Illesport pensaba que no incurrían en ningún tipo de irregularidad, y nadie le dijo que así fuera.
De hecho, tal y como han informado fuentes jurídicas a Europa Press, ha recordado que cuando Matas hizo el encargo de que se pusiera en marcha el evento propuesto anteriormente por Nóos, estaba convencida de que "era dentro de la legalidad".
En concreto, Linares, según explicó en una anterior comparecencia ante el juez Castro, estuvo presente en una reunión en el Consolat de Mar -sede de la Presidencia del Govern- a la que también asistieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres, Matas, los exconsellers Joan Flaquer y Rosa Puig y el ex director general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester.
En este encuentro, según apuntó, era Torres quien llevaba "la voz cantante" y en él explicó el proyecto que quería desarrollar en las islas, detallando la organización del foro y los posibles invitados "de prestigio" que podrían acudir, a fin de despertar el interés del Ejecutivo balear en la celebración del cónclave. Tras ello, Matas ordenó que se firmase el convenio para llevar a cabo la primera edición del Illes Balears Forum.
Al primero de los eventos la Administración autonómica destinó 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones. Se da la circunstancia de que el propio Torres aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.
Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.
Facturas presentadas para justificar el gasto
Es más, un informe policial incluido en el sumario revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos "no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares".
Es más, el informe incluye facturas anteriores y posteriores a la firma de los convenios para la celebración de los foros mientras que otras se refieren a billetes de avión cuyo origen y destino no se conoce, están relacionadas con el evento Valencia Summit o hacen referencia a estancias de hotel en Valencia y Londres.
Sin embargo, sobre estos eventos, la defensa de Urdangarin presentó esta semana un extenso dictamen jurídico con el que intenta avalar que los convenios rubricados por Nóos con el Govern no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el Ejecutivo de Matas como contraprestación. Responden así, según el informe, a la legalidad vigente cuando se suscribieron.
Con 56 páginas y un minucioso análisis de los convenios investigados, el dictamen, al que tuvo acceso Europa Press, fue entregado al instructor de las investigaciones después de que la defensa del encausado presentase el pasado martes sus alegaciones contra la fianza civil de 8,2 millones de euros solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, y sobre la que el magistrado prevé pronunciarse en las próximas semanas.
