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miércoles, 3 de octubre de 2012

"CASO MERCASEVILLA"; FERNANDO MELLET SE NIEGA A DECLARAR POR "VULNERARSE" SUS DERECHOS FUNDAMENTALES

Fernando Mellet llega a los juzgados para declarar. | Efe
Primer acusado en ser llamado a declarar
Se acoge a su derecho a no declarar siguiendo las indicaciones de su abogado

Maria Rionegro | Sevilla

El principal imputado del 'caso Mercasevilla' y ex director del mercado central, Fernando Mellet, se ha acogido finalmente a su derecho de no declarar en el juicio por "vulnerarse" sus derechos fundamentales. Así lo ha manifestado él mismo tras ser llamado a prestar declaración.

Nada más acabar la escucha de la audición, el juez Ángel Márquez ha llamado a Mellet para ser interrogado por las partes como el primer acusado en tomar declaración. Éste, sin embargo, ha interrumpido para decir que no declararía siguiendo las "indicaciones" de su abogado.

"Me voy a acoger al derecho constitucional a no declarar porque, desde el principio de la instrucción -realizada por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya- y hasta el día de hoy, se están vulnerando mis derechos fundamentales", ha dicho Mellet.

En este punto, el magistrado presidente del jurado ha interrumpido al imputado y ha señalado que "si no quiere declarar, no declara", tras todo lo cual el fiscal, Juan Enrique Egocheaga, ha querido dejar constancia de las preguntas que iba a realizar al acusado a fin de que los miembros del jurado popular puedan escucharlas.

Entre las preguntas, el fiscal le ha cuestionado "para quién era el dinero" y si el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas "le dijo para quién era". También le ha cuestionado por "el papel que jugó y a quién representaba" Juan Lanzas, el ex sindicalista que supuestamente medió para que Mercasevilla lograra un expediente de regulación de empleo (ERE).

Además, el fiscal ha interrogado de "cómo se iban a repartir el dinero" y si "prometió" al exdirectivo del merca Daniel Ponce y a la funcionaria Regla Pereira "alguna cantidad de dinero a cambio de su participación", así como si "se reconoce en la grabación" cuya audición ha tenido lugar de manera previa.

Ante el silencio "contradictorio" del acusado, el fiscal ha pedido que se una testimonio de la declaración prestada por Mellet en sede policial, algo que no ha sido admitido por el magistrado por "no tratarse de diligencia sumarial", lo que ha motivado la protesta del representante del Ministerio Público.

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lunes, 1 de octubre de 2012

EL FISCAL DICE QUE LOS ACUSADOS DE MERCASEVILLA PIDIERON "MORDIDAS"


Fernando Mellet, en el centro, llega a los juzgados. | Esther Lobato
TRIBUNALES | Alegaciones previas al jurado
Defiende que los cuatro trabajadores acusados pidieron 'una comisión ilícita'
El abogado de Mellet anuncia que no declarará como 'acto de protesta'.

Maria Rionegro | Sevilla

El fiscal del 'caso Mercasevilla' no tiene ninguna duda de que los cuatros acusados "acordaron" solicitar una "mordida" de 450.000 euros al grupo La Raza, con el objeto de tener un "beneficio ilícito".

El Ministerio Público se dirigió al jurado que enjuicia el primer juicio del 'caso Mercasevilla' para mostrar su "convencimiento" de que los ex directivos de la lonja sevillana, Fernando Mellet, Daniel Ponce y Regla Pereira, y el ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, pidieron una "comisión ilícita, dávida, recompensa o mordida" a La Raza a cambio de gestionar una escuela de hostelería.

"Querían obtener un beneficio ilícito a costa de La Raza", ha explicado el fiscal en su turno sobre las alegaciones previas. El resto de acusaciones (la Fundación Sociolaboral de Mercasevilla y el PP) también han dado por probado estos hechos, que la Fiscalía ha calificado de "repropables".

Por su parte, el abogado de Fernando Mellet ha anunciado que éste no declarará como "acto de protesta" al considerar que la grabación que dio origen al caso "viola" sus derechos fundamentales, y ha pedido al jurado que no entienda este silencio como una forma de "escurrir el bulto".

Mellet ha intentado en numerosas ocasiones invalidar esta cinta en la que quedaría probada la presunta extorsión a los empresarios, sin embargo, los órganos judiciales nunca le han dado la razón y la consideran legal.

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miércoles, 22 de junio de 2011

"CASO MERCASEVILLA"; LA FISCALÍA SE OPONE A LA NULIDAD DE LAS GRABACIONES PLANTEADA POR EL EX GERENTE FERNANDO MELLER

En el caso de las presuntas comisiones ilegales

El fiscal entiende que en ningún caso se ha producido indefensión
La juez aplazó la vista preliminar hasta que las partes se pronunciaran

Europa Press | Sevilla

La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición realizada por el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet para que se declaren nulas las grabaciones que dieron lugar a la investigación por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales en el mercado central de abastos, ya que entiende que "ninguna indefensión se ha provocado" al acusado con estas grabaciones por parte de los empresarios del grupo La Raza.

En su escrito de defensa, el abogado de Mellet argumenta que "las grabaciones efectuadas y aportadas al procedimiento carecen de valor probatorio resultando nulas, y por ende, igualmente nulas sus transcripciones, las declaraciones de los testigos, y de todos los que hubieran declarado con conocimiento directo o indirecto de las mismas", añadiendo que estas grabaciones "se efectuaron malintencionadamente y como un ardid dirigido a obtener una serie de informaciones de forma provocada".

La juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, decidió suspender la convocatoria de la audiencia preliminar para que las partes se pronunciaran sobre la nulidad planteada.

En un escrito elevado este mismo martes ante el Juzgado instructor, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Juan Enrique Egocheaga se opone a esta petición y pone de manifiesto que "si se escuchan tales grabaciones, se observa que se trata de manifestaciones espontáneas por parte de los acusados, sin que haya incitación o provocación alguna por parte de quien realiza la grabación para que los acusados -Mellet y el exdirectivo del merca Daniel Ponce- manifiesten sus intenciones".

Al hilo de ello, muestra su sorpresa por esta petición de nulidad "en el presente momento procesal, máxime cuando se alega una indefensión", y señala que, "de todos modos, de la lectura de las actuaciones practicadas se desprende que Mellet nunca ha manifestado en sus declaraciones en sede policial ni en las hechas en la Fiscalía, en las que reconoció su participación en la conversación grabada, que se les haya causado indefensión alguna con la grabación de su conversación con los representantes" del grupo La Raza.

"Es más, nunca han manifestado, en las mismas declaraciones, que se les haya 'provocado ni inducido' a realizar ninguna de las manifestaciones por ellos vertidas en tales grabaciones, siendo las alegaciones de la defensa de Mellet sobre el 'mal actuar' de los citados empresarios una simple alegación de defensa sin soporte alguno", asevera el fiscal, tras lo que recuerda que Mellet, en sede policial, reconoció "íntegramente" el contenido de las grabaciones y la identidad de las personas que intervienen.

Dentro de esta causa, que será enjuiciada por un jurado popular en una fecha aún por concretar, la Fiscalía reclamó sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho para cada uno de los cuatro acusados, como son Mellet, Ponce, el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, y la que fuera coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, María Regla Pereira.

Además
La juez investiga los préstamos a un 'intruso' del PSOE

jueves, 11 de marzo de 2010

"CASO MERCASEVILLA"; EL VICECONSEJERO DE EMPLEO DECLARARÁ COMO TESTIGO POR LAS COMISIONES

La Junta tardó casi un mes en denunciar

Sebastián Torres Sevilla

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha citado a declarar como testigos al viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y a dos altos funcionarios de la Consejería, dentro de la investigación por la petición de comisiones ilegales en Mercasevilla. También comparecerá como testigo el jefe de la unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados, que realizó una investigación previa a instancias de la Fiscalía.
Estas cuatro testificales son algunas de las nuevas pruebas acordadas ayer por la juez instructora, Mercedes Alaya, tras la audiencia preliminar a la que comparecieron los cuatro imputados en la causa: el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, el ex subdirector Daniel Ponce, la directiva Regla Pereira y el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
La declaración del viceconsejero de Empleo debería servir para aclarar cómo gestionó la Junta de Andalucía la denuncia verbal de los empresarios del grupo La Raza sobre la supuesta petición de comisiones ilegales en el mercado de mayoristas y qué curso siguió y qué frutos dio el "expediente reservado" que instruyó la Consejería de Empleo tras conocer los hechos.
Como informó en su día ELMUNDO.es, los empresarios supuestamente extorsionados informaron de los hechos a la Junta de Andalucía el 20 de enero de 2009 pero hasta el 16 de febrero la Consejería de Empleo, por medio precisamente de Agustín Barberá, no puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Además

jueves, 24 de diciembre de 2009

"CASO MERCASEVILLA"; EL FISCAL IMPUTA COHECHO AL DELEGADO DE EMPLEO

La acusación pública cree que Rivas quiso obtener un "ilícito beneficio propio"

REYES RINCÓN - Sevilla

La fiscalía suscribió ayer la imputación por cohecho del delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, dictada por la juez del caso Mercasevilla. El fiscal se adhirió al relato de hechos dado por válido por la magistrada Mercedes Alaya, que considera que Rivas, ex director de Mercasevilla Fernando Mellet; el ex subdirector Daniel Ponce y la directora de proyectos Regla Pereira acordaron exigir 450.000 euros en comisiones ilegales a dos empresarios del grupo hotelero La Raza como condición para recibir una subvención de 900.000 euros.

Este supuesto intento de soborno constituye la primera parte del caso Mercasevilla, mientras que la instrucción por la venta de terrenos municipales supuestamente fraudulenta sigue adelante. La juez había citado para ayer a todas las partes para concretar sus acusaciones. La intervención que se esperaba con más interés era la del fiscal, Juan Enrique Egocheaga, que hasta ahora no se había pronunciado formalmente sobre el caso. Ayer lo hizo y fue para añadir más presión al delegado provincial de Empleo, que ha negado los hechos.

Según la fiscalía, Rivas actuó "en connivencia" con Mellet en el supuesto intento de soborno a los empresarios "con el ánimo de obtener un ilícito beneficio propio". Los otros dos imputados, Ponce y Pereira, "accedieron a colaborar" buscando también un "ilícito beneficio", según el fiscal, que recuerda que los imputados citaron en dos reuniones a los empresarios. A la primera asistieron Pereira y Ponce y a la segunda éste y Mellet. La fiscalía imputa a los cuatro un delito de cohecho, mientras que las defensas piden el sobreseimiento de la causa.

La imputación de Rivas y los tres directivos de la empresa municipal fue también suscrita ayer por las demás acusaciones, excepto por la del PSOE, que considera que ni el delegado de Empleo ni la directora de proyectos tienen nada que ver en el supuesto intento de soborno.

El letrado de la Fundación Mercasevilla, Alfonso Martínez del Hoyo, sí se adhirió a los mismos delitos que el fiscal, pero advirtió de que tiene "razonables dudas" sobre la implicación real de Pereira y de Rivas. "El señor Mellet ha manifestado que siguió sus instrucciones, cuya aseveración como imputado no aparece en principio apoyada en prueba de otro carácter", señaló el letrado. Con todo, la acusación ejercida por Mercasevilla optó por suscribir apoyar al fiscal y se reservó el derecho de retirar la acusación más adelante.

El PP, por su parte, imputa a los cuatro por cohecho, pero añade para Rivas y Mellet un delito de tráfico de influencias y otro de información privilegiada. Al delegado de Empleo, además, pide que se le impute también por prevaricación. Los populares solicitan, además, la imputación del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, como encubridor.

La juez tendrá que decidir en los próximos días si mantiene o no las imputaciones.

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; LA FISCALÍA MANTIENE LA IMPUTACIÓN DEL ALTO CARGO DE LA JUNTA POR COHECHO

Las partes personadas formulan sus acusaciones

Antonio Rivas, junto a su abogado, al llegar al juzgado este miércoles. | Jesús Morón

María Rionegro | Sevilla

La Fiscalía mantiene la acusación de cohecho contra los cuatro imputados por el presunto cobro de comisiones ilegales en la instalación de una escuela de hostelería en unos terrenos de Mercasevilla que ha dado origen a una investigación judicial. Entre los imputados está Antonio Rivas, delegado provincial de Empleo,

La juez instructora, Mercedes Alaya, había fijado para hoy la vista preliminar en la que las partes personadas tendrían que formular sus acusaciones. La Fiscalía ha mantenido los cargos contra los cuatro encausados: los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la funcionaria Regla Pereira; y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.

Sobre este alto cargo de la Administración autonómica, el fiscal sugiere que actuó de conformidad con los directivos de Mercasevilla para exigirle las comisiones al grupo empresarial interesado en instalar una escuela de hostería en terrenos de la empresa pública propietaria del mercado central de la capital andaluza.

A esta petición del fiscal se ha unido la acusación particular que ejerce la propia empresa pública participada por Mercasa, que también ve cohecho en la actuación de los cuatro imputados. También el PP y el Partido Andalucista solicitan su imputación por cohecho.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el PSOE sólo formula cargos por estafa en grado de tentativa contra Mellet y Ponce exculpando a los otros dos implicados.

Además, el PP pide que también se impute a Mellet por uso de información privilegiada y tráfico de influencias, además del delito de cohecho, mientras que acusa a Rivas de los mismos delitos y también de prevaricación.

Además
* Los trece imputados en los casos de Mercasevilla
* La juez tacha de 'cortina de humo' la estrategia del PSOE

elmundo.es

miércoles, 25 de noviembre de 2009

"CASO MERCASEVILLA"; SÁNCHEZ MONTESEIRÍN DICE QUE LO "ENGAÑARON" CON LAS CUENTAS

Anima a 'arrimar el hombro' para salvar a la empresa

* El alcalde estaba al tanto del caso 13 días antes de aprobarse las cuentas
* El Registro Mercantil devolvió las cuentas de 2004 a 2007 por 'defectuosas'

Sebastián Torres | Sevilla

El calendario no miente. El día 4 de febrero de 2009, el alto cargo de la Consejería de Presidencia Juan Gallo informó al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), del caso Mercasevilla. El 12 de febrero, la Junta de Andalucía comunicó al alcalde la existencia de una grabación en la que, presuntamente, se exigían comisiones ilegales. El 17 de febrero, el consejo de administración, con la representación del gobierno que preside Monteseirín, aprobó las cuentas anuales y el informe de gestión del año 2008. Y el 1 de abril, con el caso Mercasevilla en los titulares de prensa, los representantes del gobierno municipal en la junta general de accionistas volvieron a aprobar las cuentas de 2008. El 24 de noviembre, o sea ayer, Monteseirín declaró públicamente: "Nos engañaron con las cuentas a todos, a todos".

Antes de todo eso, de que estallara el escándalo del mercado de mayoristas de Sevilla, el alcalde debía de saber, como presidente de Mercasevilla, que ésta llevaba cinco años sin depositar sus cuentas en el Registro Mercantil, incumpliendo así una obligación legal. El registrador devolvió las cuentas de 2004, 2005, 2006 y 2007, "que fueron calificadas defectuosas", según el propio Registro Mercantil. Pero el alcalde Monteseirín declaró ayer: "Nos engañaron con las cuentas a todos, a todos".

Con esas palabras, el regidor volvió a desmarcarse del escándalo y señaló como únicos responsables al menos al ex director general, Fernando Mellet, y al ex subdirector, Daniel Ponce, ambos imputados por un supuesto delito de cohecho al pedir, presuntamente, comisiones ilegales a empresarios a cambio de una subvención.

Se trata del mismo Mellet cuya "dimisión" al frente de Mercasevilla lamentaron los concejales del gobierno Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Alfonso Mir del Castillo (PSOE), en el consejo de administración del 17 de febrero (el alcalde llevaba 13 días al tanto del caso), en el que suscribieron que "será difícil que el nuevo gestor que sea nombrado para sustituirle alcance ese nivel".

El calendario no miente y, por eso, pueden resultar difíciles de explicar las palabras de Torrijos y Mir en ese consejo de administración y de Monteseirín, ayer, sintiéndose engañado por Mellet, cuando su propio gobierno refrendó por dos veces las cuentas de 2008 de Mercasevilla y el Ayuntamiento, como accionista mayoritario de la sociedad, debía estar al tanto de que la empresa llevaba cinco años sin depositar sus cuentas en el Registro Mercantil.

El Juzgado de Instrucción número 6 mantiene imputadas a cuatro personas por la supuesta petición de comisiones ilegales: Mellet, Ponce, la directiva de Mercasevilla Regla Pereira y el delegado de Empleo en Sevilla y dirigente del PSOE, Antonio Rivas.

Mientras prosigue la instrucción por esta rama del caso y por la venta "ilegal" y "fraudulenta", según la juez Mercedes Alaya, de los terrenos de Mercasevilla al grupo Sando Inmobiliaria, el ambiente laboral en el mercado de mayoristas continúa enrarecido, con protestas de mayoristas y de empleados.

Los mayoristas de pescado han anunciado un nuevo cierre patronal para el próximo sábado para pedir la revisión de los cánones que pagan a la empresa. Y los trabajadores, por su parte, se sentarán este miércoles con la Consejería de Empleo para después de los retrasos en el pago de las nóminas a los 40 prejubilados con cargo al expediente de regulación de empleo.

Monteseirín dijo el martes que Mercasevilla está "viviendo momentos muy convulsos" por lo que animó a "arrimar el hombro" a todo el mundo. "Todos tenemos que arrimar el hombro para que, efectivamente, Mercasevilla salga adelante", dijo el alcalde, que animó a "empezar una nueva etapa" en la empresa tras el escándalo.

elmundo.es

martes, 13 de octubre de 2009

EL ALCALDE DE GERENA INTENTÓ COMPRAR VOTOS CON CONTRATOS

El socialista Jacinto Pereira

* Firmó en 1999 un documento en el que se comprometía a 'seguir contando' con una empresa de suministros y a saldar la deuda del Ayuntamiento con ella
* El PSOE circunscribe el documento a un modelo de aquella campaña electoral
* El empresario nunca llegó a firmar el documento, que sí firmó el alcalde

Sebastián Torres | Sevilla

El alcalde de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE), intentó en la campaña electoral de 1999 comprar los votos de los socios de una empresa de materiales de construcción, a cambio de seguir contratándola si salía elegido alcalde. Además, se comprometió, si obtenía la mayoría, a saldar con ella una deuda del Ayuntamiento, con "pagos en efectivo y/o en especie". Pereira estampó su firma en ese documento, que un mensajero le entregó en mano al empresario Francisco Alfonso Casado días antes de las elecciones municipales, tras las cuales se convirtió en alcalde.

Así lo ha confirmado a elmundo.es el empresario, administrador único de Materiales de Construcción Matamoros, una empresa participada por varios hermanos. "Ese papel me lo mandó a mí con el objetivo de que nosotros lo votáramos", ha manifestado el empresario, que aclara que con el término "nosotros" se refiere a su familia y a la de sus hermanos socios de la empresa.


El alcalde Gerena, Jacinto Pereira.

El documento es un contrato en toda regla, que Pereira firma como "candidato a la Alcaldía de Gerena por el Partido Socialista Obrero Español en las próximas elecciones municipales". En él se reseña expresamente que, con el paso de los años, el Ayuntamiento de Gerena ha generado "una deuda tan importante que dificulta no sólo la expansión de la empresa, sino la continuidad del suministro de materiales para las distintas obras municipales".

Y el alcalde se comprometía, en ese mismo documento, si llegaba a la Alcaldía, a "seguir contando con la empresa para el suministro de materiales" y "saldar en el plazo de un año, desde la toma de posesión, la deuda acumulada mediante pagos en efectivo y/o en especie".

El alcalde estampó su firma, pero el empresario, según asegura, nunca llegó a hacerlo, de ahí que la fecha, sobre la firma, apareciera en blanco: "Lo que suscriben en gerena a ( ) de mayo de 1999".

Diez años en un cajón
Francisco Alfonso no se deshizo del contrato por firmar sino que lo guardó en un cajón. Allí estuvo casi diez años, hasta que a principios de año, después de una década de impagos por parte del gobierno socialista de Jacinto Pereira, envió al Ayuntamiento una relación de facturas por los más de 180.000 euros que, según el empresario, le adeuda el Consistorio.

Junto a esas facturas, el empresario adjuntó una fotocopia del viejo contrato, con la firma del alcalde estampada pero la suya en blanco. "Les mandé el papel para que ellos vieran desde cuándo me deben dinero", dice Alfonso.

Ahora, varios meses después, el documento ha salido de algún sitio –el empresario cree que del Ayuntamiento–, pero con una importante modificación: lleva su firma. "Ésa es mi firma, pero yo no he firmado nada. No sé cómo puede aparecer ahí", dice el empresario.

Francisco Alfonso podía demostrarlo con mucha facilidad: exhibiendo el original, que conservaba en el mismo cajón que hace diez años. Conservaba. Porque una tal "Encarnación", posiblemente Encarnación Ramírez, presidenta del PSOE de Gerena, le pidió el jueves "el original", argumentando que el Partido Socialista va a aportarlo en el juzgado junto a una denuncia contra quienes han difundido el documento con la firma del empresario superpuesta.

Que el empresario no firmara el contrato no quiere decir que el documento original no existiera y que no estuviera firmado por el actual alcalde de Gerena. De hecho, Francisco Alfonso asegura que el original que le dio el jueves a la "concejala" lleva la firma de Pereira en tinta negra, lo que supondría un intento de compra de votos.

'Manipulación'
El PSOE de Gerena ha emitido un comunicado en su página web, en el que asegura que el documento –que hace unos días se difundió en una web local– está manipulado al llevar superpuesta la firma del empresario.

El PSOE admite en su nota que el documento es un "contrato programa" cuya existencia no niega. Es más, llega a decir que el partido ha contactado con Francisco Alfonso, el empresario, que "nunca firmó ese documento por motivos personales". Es decir, el PSOE no niega la existencia del documento, al decir que "el citado documento nunca llegó a firmarse".

Con esa afirmación ambigua, el PSOE podría dar a entender que el alcalde nunca firmó el documento, en contra de lo que afirma el empresario Francisco Alfonso, que sostiene que se lo envió firmado.

El PSOE de Gerena ha anunciado una denuncia por falsedad documental contra los difusores del documento, que ha estado a la vista en la página web del PSOE de Sevilla, 'colgado' por la propia agrupación socialista de Gerena, como ilustración a su comunicado.

Finalmente, en su nota, el PSOE anima a llamar a la empresa Matamoros para "comprobar la autenticidad del documento" y a contrastar las informaciones "antes de publicarse". Como publica elmundo.es, el empresario reconoce como auténtico el contenido del documento, aunque no admite haberlo firmado.

Además, este periódico ha tratado de contactar con Jacinto Pereira a través del Ayuntamiento y de los cauces oficiales de su partido, pero la única respuesta, a través del concejal responsable de Comunicación, Álvaro Arias, ha sido remitirse a la nota publicada en la página web del Partido Socialista. "No queremos dar más cancha al asunto -dijo Arias-. Fue un 'contrato programa', una fórmula que utilizó el PSOE en esa época".

elmundo.es

lunes, 12 de octubre de 2009

"CASO MERCASEVILLA"; NUEVAS PRUEBAS DEMUESTRAN EL TRATO DE FAVOR A SANDO EN LA VENTA DE LOS SUELOS

Intercambio de correos electrónicos

María Rionegro | Sevilla

Las cláusulas que favorecieron la adjudicación de la venta de los terrenos de Mercasevilla a la empresa Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial de Sando, se incluyeron en el pliego de condiciones del concurso una vez que ya estaba redactado el borrador. Se trata de los dos requisitos que la jueza Mercedes Alaya investiga por supuesta «adjudicación ilegal y fraudulenta» de los terrenos: la limitación al alza –o ‘alza temeraria’– y la titularidad previa.

La modificación del pliego de condiciones se produjo entre el 13 de octubre y el 10 de noviembre de 2005, tres meses antes de adjudicar el concurso. Así se desprende de algunos de los correos electrónicos del ordenador de la técnico imputada María Victoria Bustamante que obra en poder la juez.

Un cruce de e-mails entre ésta, la delegación de Vía Pública –dirigida por el ex asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño– y la ex secretaria de dirección, Regla Pereira –también imputada por el supuesto cobro de comisiones–, revelan la inclusión de hasta tres nuevas cláusulas que, según la instrucción podrían constituir un delito de maquinación y prevaricación.

El concejal del PP, Beltrán Pérez, explicó ayer que el primer e-mail data del 13 de octubre de 2005 desde el correo de Bustamante a la cuenta electrónica de Vía Pública donde se adjunta el pliego de condiciones. Casi un mes después, el 10 de noviembre, Pereira le reenvía el pliego ya modificado a la técnico municipal, con copia, además a Ví Pública.

Limitación al alza
La cláusula que ha centrado hasta ahora buena parte de la investigación judicial es la de limitación al alza. De hecho, la cláusula 5.1 del pliego de condiciones establecía: «Las ofertas que sean superiores en más de diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, se considerarán desproporcionadas y se valorará con mayor puntuación a menor puntuación las que más se aproximen a la referida». Este requisito fue en detrimento de la constructora Nago, también ofertante, que rebasó en al menos 62 millones de euros la oferta de Sando. Este hecho ha sido calificado por la juez de «ilegal» y «antieconómico».

El otro baremo que ha despertado las sospechas de la juez es la de derecho de titularidad previa sobre los terrenos, un requisito que sólo podía cumplir Sando debido al derecho adquirido tras la rescisión de un contrato que tenía la empresa Larena 98. Sanma alcanzó hasta siete puntos atendiendo a la cláusula 5.4: «Se valorará la previa implantación y operatividad del concursante en locales o terrenos enclavados en la parcela objeto de la opción de compra, por título de concesión, alquiler, derecho de superficie o cualquier otro de ocupación temporal».

Según la juez del ‘caso Mercasevilla’, si se excluyeran estas dos cláusulas que beneficiaron a Sanma y se hubieran valorado «adecuadamente» las «mejoras sociales» –otro de los baremos modificados– ofertadas por Sanma y Noga, ésta habría ganado el concurso por 73,95 puntos frente a 66,63 puntos.

Esta investigación es paralela a la de un posible caso de corrupción y de cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla -participada en un 48% por la Sepi y el Ministerio de Medio Ambiente- que investiga también el juzgado.

elmundo.es

jueves, 8 de octubre de 2009

UNA TÉCNICA DE MERCASEVILLA FUE PRESIONADA POR "DOS PERSONAS"

La trabajadora asegura que ambas acudieron a su despacho

J. M.-A. - Sevilla

Victoria Bustamante, técnica de la Gerencia de Urbanismo imputada en el caso Mercasevilla, dijo que "dos personas se habían metido en el despacho" y le "habían presionado" debido a las irregularidades en el concurso público de los terrenos municipales que denunció en su declaración ante la juez el pasado julio. El jefe de la Policía Judicial de Sevilla relató en su declaración de ayer ante la magistrada esta visita que sufrió Bustamante, y que ella misma le había contado la semana pasada.

La técnica había mostrado su perplejidad ante la cláusula "desproporcionada del precio" que hizo ganar el concurso a la constructora Sando tras ofertar 106 millones, pese a que el grupo Noga había ofrecido 158 millones por la compraventa de los terrenos. La juez definió tal adjudicación como "antieconómica y contraria al interés general".

El jefe policial relató ayer que Bustamante, que se negó el pasado lunes a declarar ante la juez, estima que su informe sobre las valoraciones de las ofertas "había sido cambiado" sin su consentimiento por el ex director Fernando Mellet y la directora de proyectos Regla Pereira. La técnica asegura que se negó a firmar el acta de adjudicación a Sando, pero que el asesor Jorge Piñero, también imputado, le llamó y le dijo "que si seguía ganando Sando, que firmara el documento". Bustamante se llevó su ordenador a casa "ante el temor de que le pudieran borrar los correos de interés para la causa", y ahora la Policía Judicial investiga si contiene correos electrónicos enviados por Mellet.

El jefe de la Policía Judicial también informó de que Bustamante le dijo: "La valoración económica la hizo Ripollés [José Antonio Ripollés, técnico imputado] La fórmula no estaba en el pliego de condiciones". El policía especificó que consideró que "la expresión fórmula se refería a la cláusula de limitación al alza". Por otra parte, la juez ha rechazado la personación de la empresa Mercasevilla en la parte de la causa relativa a la petición de comisiones ilegales.

elpaís.com

martes, 6 de octubre de 2009

EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE GERENA POR "BENEFICIAR" A UNA DIRIGENTE DEL PSOE

TRIBUNALES | Autorizó obras ilegales en su casa

* El fiscal le acusa junto a los otros cuatro ediles del grupo socialista
* El alcalde, también vicepresidente de Opaef, declarará el 3 de noviembre


Chema Rodríguez | Sevilla

El alcalde de Gerena, el socialista Jacinto Pereira, consintió y autorizó obras ilegales en una vivienda situada en la urbanización Zarzalejos, en unos terrenos que, según las normas subsidiarias vigentes, no son urbanizables. Su firma aparece en la licencia de obras que permitió la ampliación de una casa propiedad, en un 50 por ciento, de María Consolación Sánchez, dirigente local del PSOE local que el propio Pereira dirige y, además, archivera municipal.

El Juzgado de Instrucción número 18 ya ha abierto una investigación tras la denuncia presentada por la Fiscalía y ha imputado por estos hechos no sólo al alcalde de Gerena, sino también a los otros cuatro concejales socialistas que aprobaron, como miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento gerenero, la licencia de obras para ampliar la vivienda situada en el número 1 de la calle Jilguero.

El juez Óscar Sáiz ha citado al alcalde y los otros imputados (Margarita Gutiérrez, Juan Márquez, Esther Pereira y Álvaro Arias) el próximo 3 de noviembre para que presten declaración sobre unos hechos que el Código Penal castiga hasta con dos años de prisión.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, fue el 17 de julio de 2008 cuando la Junta de Gobierno de Gerena, presidida por Pereira (también vicepresidente del Opaef, el organismo recaudatorio de la Diputación), dio su visto bueno a siete licencias de obras.

Una de ellas, la última que aparece en las actas de esa reunión, beneficiaba a Agustín Fleta y su objeto era, literalmente, la «reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada en calle Jilguero número 1». Una casa que, según consta en el Registro de la Propiedad, no sólo pertenece a Fleta, sino también a su mujer, María Consolación Sánchez.

elmundo.es

domingo, 4 de octubre de 2009

LA TÉCNICA IMPUTADA AFIRMA QUE ALGUIEN EN MERCASEVILLA MANIPULÓ SU DICTAMEN

'CASO MERCASEVILLA' | Compraventa de suelos del mercado central

* El secretario le instó a firmar "si la oferta ganadora seguía siendo Sando"


Francisco Javier Recio | Sevilla

María Victoria Bustamante, funcionaria de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, imputada por la juez que instruye las diligencias del 'caso Mercasevilla', vio sombras en el concurso para la compraventa de los suelos del mercado central casi desde el primer instante. Así lo ha asegurado ahora a la Policía Judicial, después de ser imputada por la juez de Instrucción 6, Mercedes Alaya.

El pasado martes, 29 de septiembre, María Victoria Bustamante, en la actualidad jefa del servicio de Vía Pública de la Gerencia de Urbanismo, contactó telefónicamente con el jefe de la Unidad de la Policía Judicial para poner en su conocimiento que se sentía «presionada» y que temía que el ordenador que tiene asignado en su puesto de trabajo, donde guarda información relacionada con el caso, le fuera retirado.

En esa conversación telefónica, Bustamante ya adelantó al jefe de la Policía Judicial parte de lo que, muy posiblemente, será su estrategia de defensa en la declaración que este lunes deberá prestar ante la juez Alaya.

La funcionaria municipal aseguró al mando policial que alguien en Mercasevilla manipuló su dictamen en torno a las ofertas presentadas al concurso. Bustamante se había hecho cargo de la valoración de todos los criterios contemplados en el concurso excepto de uno, el relativo al precio de compra, del que se responsabilizó el asesor de Mercasevilla José Antonio Ripollés. Es en ese punto, precisamente, donde se incluye la cláusula que penaliza a las ofertas muy elevadas, uno de los extremos que investiga la juez.

Declaración ante la Policía Judicial

La funcionaria municipal dijo el pasado martes al jefe de la Policía Judicial que el mismo día de la apertura de las ofertas, el 9 de febrero de 2006, elaboró su informe «con las valoraciones adjudicadas a cada participante». «Este documento se lo entregó a Regla Pereira [directiva de la Fundación Mercasevilla] y a Fernando Mellet [ex director general de Mercasevilla] esa misma tarde para que se lo pasasen al ordenador», asegura la funcionaria municipal según consta en el acta de declaración del jefe de la Policía Judicial.

La sorpresa se produjo a la mañana siguiente. Según dijo la funcionaria al mando policial, «cuando llegó [a la sede de Mercasevilla] para firmar este documento, comprobó que habían cambiado las valoraciones», a la vista de lo cual «se negaba a firmarlo». «Entonces llamó al sr. Piñero [secretario en funciones del consejo de administración de la empresa, e imputado como los anteriores] y éste le dijo que si seguía ganando la empresa Sando, que los firmase», señala la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico.

Victoria Bustamente los firmó, y así consta oficialmente. La funcionaria no hizo alusión a esta alteración de las valoraciones cuando prestó declaración en calidad de testigo el pasado 31 de julio.

En esta misma conversación telefónica entre la funcionaria y el jefe de la Policía Judicial, la funcionaria comunicó a éste que había encontrado en el ordenador que tiene asignado en su puesto de trabajo en la Gerencia de Urbanismo correos electrónicos que podrían ser interesantes en la investigación del caso. En concreto, mensajes en los que Fernando Mellet le había enviado «las instrucciones para confeccionar el pliego de condiciones para el concurso».

Temor por la retirada del ordenador
Como quiera que la Gerencia de Urbanismo tiene en marcha un plan de renovación de sus sistemas informáticos, y que su ordenador está pendiente de ser sustituido, Victoria Bustamante puso en conocimiento del policía su temor de que le retiraran el equipo y borraran dichos documentos. Es más, ante ese temor, la funcionaria había optado por llevarse la CPU –torre– del ordenador a su domicilio particular.

Tras concluir su conversación con la funcionaria, el mando policial telefoneó inmediatamente a la titular del juzgado de Instrucción 6, a la que puso al corriente. El juzgado, a continuación, se puso en contacto con Victoria Bustamante para solicitarle que depositase el ordenador en las dependencias judiciales.

Para ello, la jueza envió a dos agentes de la Policía Judicial al domicilio de la funcionaria. Los agentes retiraron el equipo, que fue examinado el pasado jueves en el juzgado en presencia del secretario judicial y de Victoria Bustamante. Este análisis del disco duro dio lugar ese mismo día a la intervención del servidor informático de la Gerencia de Urbanismo.

Además
* La juez interviene un ordenador y el servidor de Urbanismo
* Técnicos de Urbanismo acusan a los políticos de eludir su responsabilidad
* Quién es quién en el 'caso Mercasevilla'

ELMUNDO.ES

martes, 29 de septiembre de 2009

EL INTERMEDIARIO DE MERCASEVILLA NIEGA HABER OÍDO HABLAR DE "DONATIVOS"

CASO MERCASEVILLA |

Declaración judicial de Juan Lanzas

Juan Lanzas, en el momento de entrar en los juzgados. | Esther Lobato

* Niega que se hablara de subvención alguna en su presencia

* Exculpa al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas


Europa Press | Sevilla

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, que investiga el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a empresarios del grupo La Raza por parte de los ex directivos de la sociedad municipal Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, tomó hoy declaración en calidad de testigo a Juan Lanzas, quien aseguró que en ninguna de las reuniones en que estuvo presente se les pidió a estos empresarios "un donativo" a cambio de la subvención para abrir una Escuela de Hostelería.

En este sentido, Juan Lanzas estuvo declarando ante la juez durante poco más de una hora, y puso de manifiesto que "cree" que fue a finales de 2006 o principios de 2007 cuando Mellet -a quien conoció entre 2004 y 2005- le pidió su opinión sobre la implantación de una Escuela de Hostelería, a lo que respondió que le parecía un proyecto "muy interesante", aconsejándole que buscara el apoyo de profesionales, tras lo que Mellet se puso en contacto con el Grupo La Raza y la Asociación de Empresarios de Hostelería.

Según el acta de su declaración, Lanzas también recomendó al ex directivo que, una vez conseguido este apoyo, buscara cobertura por parte de la Administración, argumentando que éste fue el motivo por el que acudió a dos reuniones en la Consejería de Empleo, en la primera de las cuales se le expuso al delegado provincial del ramo e imputado en esta causa, Antonio Rivas, el objeto del proyecto.

Por su parte, Lanzas apuntó que en la segunda de estas citas se planteó la necesidad de conseguir una subvención, mientras que también asistió a una comida en la que estaba presente Rivas, "dos o tres" personas de La Raza y Mellet, comida durante la cual se habló del proyecto, aunque en cuanto a la subvención dijo no recordar que se hablara "nada en especial".

Defensa de Rivas
En esta línea, puso de manifiesto que en ninguna de estas reuniones en las que él mismo estuvo presente "ni se habló de la cuantía de la subvención ni se habló de que el Grupo La Raza tuviera que hacer un donativo a cambio de la misma", diciendo no recordar si al encuentro mantenido en Empleo asistieron el ex directivo Daniel Ponce y la empleada de Mercasevilla Regla Pereira.

De igual modo, Lanzas reafirmó que tanto a las dos reuniones como a la comida asistió Antonio Rivas, pero que "en ningún caso, ni en este tema ni en ningún otro" le dijo en relación a las empresas que Lanzas asesoraba que tuvieran que realizar una donación a cambio de ayudas o subvenciones por parte de la Administración.

Además, puso de manifiesto que, en ninguno de los expedientes de negociación colectiva en que ha intervenido, ha visto que Rivas haya pedido a nadie ninguna dádiva, añadiendo que se ha dedicado a temas de negociación colectiva durante 20 o 25 años. En este punto, dijo que Mellet le llamó para la finalización de un ERE donde habían surgido "varias" complicaciones, y prestó su asesoramiento como experto.

En este punto, explicó que, a finales de 2006 o principios de 2007, y a través de la entidad Maginae Solution S.L., intervino en otro ERE en Mercasevilla, consistiendo su labor en preparar la mesa laboral y preparar también una oferta que pudiera ser aceptada por la empresa y los trabajadores.

Además
* ¿Quién es quién en el caso Mercasevilla?
* Mercasevilla no podrá ser acusación, sólo responsable civil

elmundo.es

jueves, 24 de septiembre de 2009

IMPUTADO UN SOCIO DE MANUEL DEL VALLE POR PREVARICAR Y ALTERAR EL PRECIO DEL SUELO

CASO MERCASEVILLA | Jorge Piñero remite a la jueza una declaración por escrito

Sebastián Torres | Sevilla

El abogado Jorge Piñero, imputado en el ‘caso Mercasevilla’ como vicesecretario y asesor legal de la empresa, es socio profesional del ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle, regidor por el PSOE de 1983 a 1991. La titular del juzgado de Instrucción 6, Mercedes Alaya, lo ha citado el viernes como imputado al apreciar indicios de posibles delitos de prevaricación y maquinación para alterar el precio de los terrenos que ocupa el mercado junto a la A-92, adjudicados al grupo Sando en un concurso público en el que ofertó 90 millones de euros menos que el grupo Osuna.

El ex alcalde socialista y el letrado asesor de Mercasevilla son socios en Bufete Nervión SLP, por lo que comparten despacho al menos desde 1994, según confirmó ayer a este periódico el propio Del Valle. Ese año, el ex alcalde se convirtió en apoderado de la sociedad, creada poco tiempo antes, según consta en el Registro Mercantil. Desde finales del año pasado, figura como socio profesional del bufete.

No obstante, el ex alcalde de Sevilla matizó que, pese a ser socios profesionales, el suyo no se trata de un despacho colectivo en el que todos los casos se comparten sino que «cada cual tiene sus clientes, sus asuntos, aunque algunos clientes son comunes». En concreto, aclaró que la relación de Piñero como asesor de Mercasevilla es «exclusiva de su responsabilidad».

Jorge Piñero fue nombrado asesor legal de Mercasevilla tras la llegada de Manuel del Valle a la Alcaldía en 1983. El ex alcalde señaló ayer que no lo escogió por amistad sino «en reconocimiento de su capacidad». Como prueba de ello, expuso que tanto Alejandro Rojas-Marcos (PA) como Soledad Becerril (PP) y, finalmente, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) lo ratificaron en esta responsabilidad.

Jorge Piñero, un letrado de reconocido prestigio en Sevilla, es vicedecano del Colegio de Abogados y, según distintas fuentes consultadas por EL MUNDO de Andalucía, está bien relacionado con el PSOE.

Múltiples cargos
El alcalde Monteseirín quizá se refiriera a Piñero cuando confesó que, antes de declarar como testigo en el ‘caso Mercasevilla’, estuvo asesorado, en todo momento, por el Colegio de Abogados. Hay incluso quien se refiere a él, en tono de admiración, como «el brujo de la tribu» por esa autoridad que, en materia jurídica, se le reconoce por parte de destacados socialistas.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico apuntan que Jorge Piñero es conocido en el ámbito de la profesión, además de por su sociedad con Manuel Del Valle –«no es ningún secreto», dijo ayer el ex alcalde–, por ser abogado de la caja de ahorros El Monte (actualmente Cajasol) y de Sevillana-Endesa. En el Registro Mercantil consta como apoderado de El Monte desde el 8 de marzo de 1995 y secretario de Central Hidráulica Güejar Sierra SL, con sede en Sevilla y participada por Endesa.

Resulta destacable que, entre todas las fuentes del ámbito jurídico consultadas por este periódico, todas hayan coincidido al elogiar a Jorge Piñero tanto en el plano profesional como, los que afirman conocerlo, también en el personal. Este periódico ha podido saber en fuentes municipales que Piñero ya no ejerce como vicesecretario de Mercasevilla en funciones de secretario. Estas tareas, según las fuentes, las está realizando actualmente el secretario general del Ayuntamiento y de la empresa, Luis Enrique Flores. Las fuentes no precisaron si ha dimitido o si, por el contrario, ha sido destituido, lo que resultaría improbable por una suerte de agravio comparativo con Daniel Ponce y Regla Pereira, trabajadores de Mercasevilla imputados pero a los que el gobierno municipal mantiene en sus empleos.

El nombre de Jorge Piñero ha salido a relucir en el ‘caso Mercasevilla’ a raíz de las declaraciones de dos de los testigos que han declarado hasta ahora: los técnicos José Antonio Ripollés y María Victoria Bustamante.

Ambos negaron tajantemente que intervinieran, en la comisión ejecutiva de Mercasevilla en la que se adjudicaron los terrenos a Sando, para defender que los 218 millones de euros que ofrecía el grupo Osuna eran desproporcionados y que incluso se le podía penalizar por ello. No obstante, el acta de aquella sesión –elaborada por el vicesecretario con funciones de secretario Jorge Piñero– lo refleja así, por lo que la juez Alaya decidió anular la citación de Piñero como testigo y llamarlo como imputado.

Declaración
Éste, en un movimiento inusual, ha enviado ya a la juez Alaya un escrito en el que expone su visión de los hechos y relata cómo han transcurrido los acontecimientos. Así lo ha podido conocer este periódico en fuentes del caso, que indicaron que el documento aún no se ha dado a conocer a las partes.

Es previsible que en el escrito Piñero muestre por dónde va a ir su declaración de este viernes, que se presume compleja, en un intento, por un lado, de facilitar tanto a la juez como a las partes el trabajo y, por otro, de mostrar su máxima predisposición a colaborar con la Justicia.

Según informó Efe, Piñero será asistido por el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, en lo que algunos letrados entienden que es una «vieja tradición» de la profesión: cuando un jurista se ve implicado en una causa penal por decisiones o acciones realizadas en el desempeño de su trabajo, lo ha de defender el decano del colegio al que pertenezca.

La juez ha visto una posible implicación de Piñero no en la pieza original del ‘caso Mercasevilla’, por las presuntas comisiones ilegales exigidas a los empresarios del grupo hostelero La Raza, sino en una segunda ramificación referente a la venta de los suelos del mercado al grupo Sando.

Además
* El Ayuntamiento decide personarse, 7 meses después, en el caso de las comisiones ilegales
* ¿Quién es quién en el caso Mercasevilla?

ELMUNDO.ES

miércoles, 23 de septiembre de 2009

EL AYUNTAMIENTO SE PERSONA Y ABRE EXPEDIENTE A SU EX DIRECTOR ADJUNTO EN LA EMPRESA MIXTA MERCASEVILLA

CASO MERCASEVILLA | Presunta extorsión a empresarios
F.J. Recio | Sevilla

Siete meses después de estallar el escándalo, el gobierno municipal presidido por Alfredo Sánchez Monteseirín ha decidido personarse en la causa judicial por el presunto cobro de comisiones irregulares en Mercasevilla, empresa propiedad del Ayuntamiento en un 51 por ciento de su capital, y de la sociedad estatal Mercasa en otro 48 por ciento. Han tenido que pasar siete meses de instrucción judicial, auditorías y titulares periodísticos para que Sánchez Monteseirín dé este paso.

Así, la comisión ejecutiva de Mercasevilla ha acordado personarse, tras el estudio de la auditoría interna, como acusación particular en el procedimiento abierto por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Ayala Rodríguez, por el caso Mercasevilla.

Una vez que la juez acepte la personación y se analice la documentación que forma parte de las diligencias, la comisión ejecutiva presentará una querella por la posible comisión de delitos, en los términos que determinen los servicios jurídicos de Mercasevilla.

Igualmente, la comisión ejecutiva ha acordado la apertura de un expediente disciplinario a Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla y actualmente trabajador de la empresa -que cesó en su cargo en el momento en que la Junta de Andalucía notificó el caso a la Fiscalía- para analizar su posibles responsabilidades en los hechos investigados.

La auditoría que ha sido la base para dar este paso, cuyos detalles aún se desconocen, viene a completar un primer informe realizado por la misma empresa el pasado junio, en el que se ponía de manifiesto el absoluto descontrol en la gestión económica de la sociedad en los últimos años.

El gobierno municipal de Monteseirín pretende, pues, dar ahora todos los pasos que ha rehuido en estos siete meses. Además de la personación en el caso, la comisión ejecutiva anunció ayer su disposición a presentar una querella «por la posible comisión de delitos, en los términos que determinen los servicios jurídicos de Mercasevilla».

El comunicado no indica quiénes serán objeto de esta querella, pero todo hace suponer que entre ellos estarán los dos principales imputados, el ex director general, Fernando Mellet, y su subdirector, Daniel Ponce. Además, están imputados el abogado Jorge Piñero –que hacía las veces de secretario y participó en la elaboración de pliegos de condiciones– y la directora de proyectos de la Fundación, Regla Pereira. Pero también el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas. El comunicado no detalla si la querella podría también incluir a este alto cargo socialista.

En cuanto a la apertura de expediente a Daniel Ponce, hay que recordar que, en estos últimos siete meses, ha seguido formando parte de la plantilla de Mercasevilla a la espera de ser incluido en un plan de prejubilaciones. Los órganos de gobierno de Mercasevilla optaron el pasado febrero por apartar a Ponce de sus funciones de subdirección, pero éste pudo seguir acudiendo cada día a las instalaciones de la empresa y percibir un sueldo. La apertura del expediente tiene por objeto, según el comunicado oficial, «analizar sus posibles responsabilidades en los hechos investigados»

Además
* ¿Quién es quién en el caso Mercasevilla?

ELMUNDO.ES

jueves, 17 de septiembre de 2009

MERCASEVILLA LLEVA CINCO AÑOS SIN PRESENTAR SUS CUENTAS ANTE EL REGISTRO MERCANTIL

AYUNTAMIENTO | Información desfasada y una situación irregular

Sebastián Torres | Sevilla

El mercado de mayoristas de Sevilla (Mercasevilla) lleva cinco años sin presentar sus cuentas ante el Registro Mercantil. Por ello, la hoja registral de Mercasevilla está «cerrada provisionalmente», a la espera de que la sociedad deposite las cuentas de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007, «que fueron calificadas defectuosas», según el propio Registro Mercantil.

De este modo, según el Reglamento del Registro Mercantil y la Ley de Sociedades Anónimas, Mercasevilla no puede realizar ninguna inscripción oficial salvo las de «cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa».

Como consecuencia de ello, Mercasevilla no realiza ninguna inscripción en el Registro Mercantil desde el 28 de septiembre de 2005, cuando informó públicamente del cese y nombramiento de distintos cargos del consejo de administración y la comisión ejecutiva.

Desde entonces, la empresa ha seguido renovando los cargos de su consejo de administración y comisión ejecutiva, pero no ha informado de ello públicamente, a través del Registro Mercantil, como es preceptivo por ley.

Tanto es así que el Registro Mercantil ha anotado en la hoja de Mercasevilla que los nombramientos de parte de los miembros del consejo de administración han caducado, entre ellos, el del primer teniente de alcalde y portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos. El 28 de agosto se inscribió en la hoja de la sociedad la caducidad de dichos cargos.

Desinterés municipal
No obstante, el 18 de agosto Mercasevilla remitió al Registro Mercantil una escritura otorgada el 27 de julio de 2009, ante el notario Pablo Gutiérrez-Alviz, por la que se confiere un poder, posiblemente a favor del nuevo gerente de la empresa y edil del PSOE, Alfonso Mir. Dicha escritura está «pendiente de calificación».

Según el Reglamento del Registro Mercantil y la Ley de Sociedades Anónimas, Mercasevilla debe depositar sus cuentas anuales antes de poder inscribir la concesión de un poder. El cierre de la hoja registral de Mercasevilla no tiene por qué afectar al funcionamiento de la sociedad que, de hecho, lleva varios años operando con esta situación. Pero sí demuestra la pasividad y el desinterés por parte de sus administradores para solventar esta situación irregular.

Las cuentas de 2004 debían haberse presentado hasta el 31 de diciembre del año siguiente, en este caso 2005, y así sucesivamente. Por tanto, las cuentas de 2008 se pueden presentar hasta el 31 de diciembre de 2009, aunque hasta la fecha no se han depositado ante el Registro Mercantil.

Esta etapa coincide con el tiempo en que Fernando Mellet ejerció de director gerente de la sociedad. Mellet está imputado en el conocido como ‘caso Mercasevilla’ por el presunto intento de extorsión a dos empresarios a los que se les habría exigido 450.000 euros en comisiones ilegales para concederles una escuela de hostelería. El proyecto, presentado por esos empresarios y por Mercasevilla, había sido previamente aprobado por la Junta de Andalucía, que había acordado subvencionarlo con 900.000 euros.

Además de Mellet la juez ha imputado en esta causa al subdirector, Daniel Ponce; la directiva Regla Pereira; el vicesecretario de la sociedad, Jorge Piñero, y el delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

Además
* El PP avisa de que el retraso puede conllevar una sanción

ELMUNDO.ES

martes, 8 de septiembre de 2009

QUIEN ES QUIEN EN EL CASO MERCASEVILLA

Presunto cobro de comisiones ilegales

Fernando Mellet (en la foto). Era el director de Mercasevilla, socialista, propuesto por un alcalde del PSOE. Imputado tras ser grabado pidiendo supuestas comisiones ilegales en nombre de la Junta de Andalucía presidida por el vicepresidente tercero del gobierno de Zapatero, Manuel Chaves y con el secretario de Estado, Gaspar Zarrías, como vicepresidente. Dimitió cuando la grabación con la extorsión a los empresarios en nombre del gobierno de Chaves, estaba en la Fiscalía. Nunca fue cesado.

Daniel Ponce. Director adjunto de Mercasevilla. Socialista. Propuesto 'a dedo' por el alcalde (PSOE). Imputado tras ser grabado pidiendo las citadas comisiones. Sigue trabajando y cobrando de la compañía pública participada por el Gobierno de Zapatero.


Antonio Rivas
(en la foto). Delegado provincial de Empleo. Imputado. Destacado dirigente socialista en la provincia de Sevilla. Sigue al frente de la gestión del empleo en Sevilla y provincia.




Regla Pereira. Directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla y secretaria de Fernando Mellet. Acudió a la reunión en la que Ponce, presuntamente de acuerdo con las indicaciones de Mellet, le pidió a uno de los empresarios la comisión. Imputada. Actualmente sigue en nómina en Mercasevilla.

Juan Lanzas (en la foto). Participó en las reuniones que los hosteleros mantuvieron en la Consejería de Empleo para tratar la subvención de la escuela de hostelería que iban a poner en marcha. Participó en la empresa de su cuñado, asesorando a Mercasevilla en las de tareas de realización de los ERE. Según ha reconocido públicamente, tiene buenos contactos en la Junta y en especial con el ahora ex consejero Gaspar Zarrías. La jueza que instruye el caso ha encargado a la Policía que lo identifique para ser llamado a declarar.

ELMUNDO.ES