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martes, 5 de junio de 2012

"CASO UNIDAD"; EL FISCAL PIDE EL ARCHIVO DE LAS FACTURAS FALSAS PORQUE LOS DELITOS HAN PRESCRITO

Las facturas se cargaban al Ayuntamiento
Se ha superado el plazo establecido entre la denuncia y la imputación

Europa Press | Sevilla

La Fiscalía de Sevilla ha pedido el archivo "definitivo" del caso por la duplicación de facturas de la federación provincial de asociaciones de vecinos 'Unidad' con cargo a subvenciones del Ayuntamiento hispalense y la Diputación provincial, ya que considera que los presuntos delitos han prescrito, al haberse superado los plazos establecidos en el artículo 132.2 del Código Penal entre la denuncia y la imputación.

Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla emitió un auto el día 15 de febrero de 2012 en el que decretaba el sobreseimiento de la causa para el ex concejal socialista Manuel Gómez Lobo; la ex trabajadora de 'Unidad' Susana Delgado y el que fuera asesor del grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño.

En el mismo auto, el juez Manuel Ignacio Centeno procesaba por un posible delito de falsedad en documento oficial a la ex presidenta de 'Unidad' Ángeles Nevado; su esposo Ángel María Cervera, ex asesor del Grupo Socialista en Ayuntamiento y Diputación; la que fuera trabajadora de la organización provincial Josefa Prados; el administrador único de la copistería 'Copyur', Juan José G.V., y la empleada de esta misma empresa María del Carmen M.N.

Tras ello, la representación de Nevado y Cervera recurrió el auto ante la Audiencia Provincial de Sevilla alegando la prescripción del delito imputado y la inexistencia del mismo, tras lo cual la Fiscalía ha emitido un escrito en el que se adhiere parcialmente a la petición de los imputados y solicita, además "la suspensión del trámite de calificación" hasta que los recursos de apelación sean resueltos y la Audiencia "resuelva las cuestiones controvertidas".

En su escrito, el Ministerio Público pone de manifiesto que los hechos fueron denunciados por el PP en el Ayuntamiento de Sevilla el día 11 de septiembre de 2006, pero no fue hasta la providencia de 10 de julio de 2007, "más de diez meses después", cuando se citó a Ángeles Nevado para declarar como imputada, comparecencia que finalmente se produjo el 19 de septiembre de 2007.

De su lado, los demás imputados declararon en fecha posterior, y así su esposo Ángel María Cervera fue informado de sus derechos el 17 de junio de 2009, tras lo que recuerda que el artículo 132.2 "establece un plazo máximo de seis meses durante el cual se suspende el cómputo de la prescripción, a contar desde la fecha de la denuncia, para que el instructor dicte resolución judicial motivada en la que se atribuya a los imputados su presunta participación en el hecho objeto del procedimiento".

"Es claro, a la vista de las fechas de todas las declaraciones de imputados, que dicho plazo no se ha cumplido, dictándose auto de procedimiento abreviado el 6 de septiembre de 2010", añade el fiscal, que considera que, por todo ello, "debe estimarse parcialmente el recurso de apelación por prescripción del delito y procederse al archivo definitivo de la causa".

Además

domingo, 24 de mayo de 2009

LOS CASOS MACARENA, UNIDAD Y MERCASEVILLA CONVERGEN EN EL ENTORNO DEL ALCALDE



Los principales casos de corrupción de la «era Monteseirín» tienen un nexo evidente: los implicados son siempre personas de confianza del círculo más cercano al regidor


El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. ABC

Mercasevilla modifica sus estatutos para poder tener un gerente sin título universitario

Mellet y Ponce llegaron al «merca» con García al frente
Los dos ex directores de Mercasevilla, Fernando Mellet (gerente) y Daniel Ponce (adjunto), imputados por su participación en el intento de cobro de comisiones a empresarios han sido recientemente expulsados como militantes de la Agrupación Macarena del PSOE. convulsionada por los casos de facturas falsas. Precisamente, los dos entraron en el «merca» en la etapa del edil José Antonio García como presidente de la empresa. García presentó posteriormente su dimisión como concejal a causa del escándalo de las facturas. Ellos lo han hecho ahora por las comisiones.


El «fax del dinero negro» de Unidad, en los juzgados

El Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla, que lleva el «caso Unidad», investiga un fax que se remitió en abril de 2002 desde los despachos del Grupo Municipal del PSOE con destino a la Federación de Asociaciones de Vecinos en el que se dan instrucciones para «inflar» una factura, de modo que la diferencia entre el «gasto real» y la factura a elaborar, llamado «resto» en el documento, se guarde «en la caja fuerte». El blanqueo de dinero que se desprende de este documento —que ha sido considerado auténtico en un informe de la Policía Judicial— está siendo investigado por el juez a raíz de la denuncia del PP, que señala a Enrique Castaño como autor y remitente de dicho fax. El que fuera asesor del PSOE local no ha declarado aún por este tema, aunque sí su jefe, Manuel Gómez Lobo.

EDUARDO BARBA. SEVILLA

El entorno directo del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha vivido numerosos casos de corrupción que han puesto en entredicho al propia gestión del regidor. Muchos de los asesores, colaboradores directos o altos cargos que le han rodeado se han visto involucrados en asuntos turbios por los que, en algunos casos, han tenido que dimitir. El último ejemplo, el que ahora se vive en los juzgados por el «caso Unidad», con varios de los que fueron sus asesores entre los implicados. Un somero repaso a la estructura de poder del PSOE local permite encontrar numerosos y sorprendentes lazos entre distintos casos de corrupción por manejo de dinero público —mediante adjudicación de obras, subvenciones o contratos con la administración— que generan fundadas sospechas sobre la posibilidad de que se haya creado un organigrama para captar no sólo votos sino también fondos.

Ese entorno ya ha recibido una condena por malversación de fondos y falsedad en documento público. Fue hace sólo varios meses en el juicio por el «caso Macarena» o «de las facturas falsas», por el que la Justicia castigó a José Marín —cuatro años y tres meses de prisión— y José Pardo —tres años y nueve meses—. El segundo, contratista beneficiado con el dinero público por obras no hechas, fue militante socialista en la época en que se produjeron los hechos y participó en la campaña electoral de 2003 como escolta personal del alcalde; los primeros cheques los cobró por ventanilla al día siguiente de iniciarse la campaña y después de acompañar a Monteseirín en un acto del partido.

Mucho más sólida era la relación que el alcalde mantenía con Marín, destacado militante socialista que acompañaba al regidor desde la etapa de éste presidiendo la Diputación. Al dar el salto al Ayuntamiento, se lo llevó como secretario del Distrito Macarena donde manejó los hilos de las obras menores en entredicho, supervisó y gestionó un libramiento de las arcas locales de 600.000 euros y colocó el nombre de Pardo en talones para que éste los cobrara. Todo se produjo en los meses previos a las elecciones municipales de 2003, tras lo que la oposición siempre ha visto un desvío de dinero público con fines partidistas. En ese distrito el delegado era José Antonio García, que estuvo imputado por facturas falsas —tuvo que dimitir— aunque acabó exculpado. Como responsable del área de Consumo, fue presidente de... Mercasevilla. Pero esa es otra historia.

En ese distrito, histórico vivero socialista, los escándalos han sido constantes con Monteseirín. Por hechos de aquella etapa de apogeo alfredista, uno de sus asesores más cercanos, José María Castro Buján, tuvo que dimitir en enero de 2005, ya que se demostró que dos empresas vinculadas a él y a su esposa —Aseycon y Asesoría San Jerónimo— habían recibido adjudicaciones del Distrito Macarena siendo él asesor del alcalde. Esas sociedades aparecen ligadas al listado de las beneficiadas por el «caso Macarena». Otro colega de «Pepo» Castro en la asesoría del alcalde y del Grupo Municipal Socialista, Ángel Cervera, se vio obligado a abandonar su puesto ese mismo mes por algo similar, ya que cobró de las arcas públicas por realizar unos carteles navideños para el distrito mientras estaba a sueldo del Ayuntamiento.

Algo antes, otro asesor de Monteseirín, Juan José Conde, dejó su puesto después de publicarse que una cooperativa relacionada con su mujer —tras la que supuestamente estaba él— vendía viviendas de protección oficial por encima de precio máximo legal. Cervera y Conde tienen, no obstante, vínculos directos con otra de las fuentes de escándalo del Ayuntamiento sevillano, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Unidad.

Antes de ese capítulo, cabe reseñar que en el Distrito Macarena, superado el tsunami de las facturas falsas, saltó a primera línea de la actualidad el nombre de otro de los socialistas próximos a Monteseirín, el de Evaristo Troya, beneficiado con múltiples contratos de la administración local en se distrito —montó una empresa de eventos junto a su hermano— a pesar de ser un cargo socialista destacado en las junta del distrito. Se trata de uno de los grandes «conseguidores» de los últimos años ejerciendo muchas veces simplemente de intermediario entre el Ayuntamiento y las empresas contratadas. Así se hizo con contratos por valor de más de 200.000 euros, el 80% de los cuales se le otorgaron sin concurso. Troya es el auténtico «jefe» en San Jerónimo, algo que al aparato del partido aprovechó para «ficharlo» el año pasado para las asambleas locales, robándole al alcalde una de las piezas vitales entre los llamados «críticos».

Brazo político-vecinal
La caída de García y Marín en Macarena causó su relevo al frente de la vital agrupación, que pasó en 2005 a manos de Manuel Gómez Lobo, otro de los huesos básicos del esqueleto. Procedente de la Fasa Renault, donde coincidió con José Antonio García —precisamente su antecesor en Macarena—, el partido lo introdujo en Unidad en torno al año 2000 para politizar al máximo esa organización vecinal, que pasó a dar su apoyo electoral al PSOE. A partir de entonces, las subvenciones del Ayuntamiento de Monteseirín a esta entidad se multiplicaron por 800.

Gómez Lobo colocó como segundo en la institución vecinal a Enrique Castaño, otra pieza fundamental. En Unidad —a donde llegó bajo la presidencia de Juan José Conde—, y como secretario, controló las finanzas. Él y Conde mantenían buenas relaciones con el ex edil Carmelo Gómez, manijero en la Macarena antes de la llegada de García y Marín, e incluso llegaron a ser socios en el mundo de la construcción, donde hicieron negocios al lado de Manuel Moreno Cordero.

Éste fue administrador de Oikos 2000, empresa que realizó obras en el Distrito Macarena, que aparece entre las sociedades «sospechosas» nombradas en la comisión de investigación abierta por el escándalo de las facturas falsas y cuya denominación se reservó en el registro mercantil precisamente por Castaño, que asesoró a esa empresa.

Castaño creció en Unidad bajo el paraguas de Gómez Lobo y cuando aquel se convirtió en concejal de Vía Pública, éste le acompañó al Ayuntamiento como director de área. Además, ambos pasaron a controlar la Agrupación Macarena. El edil fue delegado de esa demarcación y Castaño secretario de organización. El núcleo de la facturación dudosa estaba en sus manos. En enero de 2006 ABC comenzó a publicar las irregularidades contables en Unidad, a la que llegaban subvenciones en masa para actividades que luego no eran debidamente justificadas. Gómez Lobo fue el responsable de numerosas anomalías contables en las justificaciones de gastos de cursos supuestamente impartidos por la Federación, en la que incluyó facturas personales, como arreglos en su motocicleta, un casco o varias copas en un pub.

En la investigación aparecieron facturas falsas «colocadas» tanto al Consistorio como a la Diputación, motivo por el que dimitió la ya presidenta de la entidad, Ángeles Nevado, acosada tras descubrirse, además, que las facturas duplicadas las había elaborado su marido, Ángel Cervera, que tras dimitir como asesor de Monteseirín trabajaba en Presidencia de la Diputación. Cervera colocó en las facturas un NIF inexistente y el nombre de la empresa de su madre fallecida, un quiosco cerrado hacía varios años. Por ello, también tuvo que dejar su cargo de asesor de Fernando Rodríguez Villalobos. Con Unidad arruinada, a Nevado la suplió Antonio Guisado, quien, como Nevado, era militante socialista y miembro de la ejecutiva de la Agrupación Este-Alcosa, controlada por Francisco Fernández.

Nevado era trabajadora de la Diputación en la empresa Siglo XXI, donde había sido contratada en la etapa de Monteseirín al frente de la institución. El concejal Fernández, por su lado, tuvo que declarar a comienzos de año como imputado en el Juzgado de Instrucción 8 de la capital hispalense por la contratación de un ex cuñado del alcalde como director del Instituto del Taxi tras modificaciones de la convocatoria de la plaza, algo que derivó en una denuncia de la organización sindical Comisiones Obreras. En marzo, no obstante, esa causa fue archivada al no apreciar el juez delito alguno en la actuación de Fernández, que ostenta en el Instituto del Taxi la representación del alcalde y que es uno de los ediles más cercanos a Monteseirín desde que éste lidera el gabinete de gobierno local.

No sólo los presidentes
Volviendo a Unidad, y más allá de Cervera o Nevado, los vínculos entre Unidad y el organigrama de poder del PSOE local se hicieron abrumadores. Otro hombre de confianza de Fernández en su agrupación, Juan Carlos Zambrano, era tesorero de la Federación vecinal, sucediendo en ese puesto a Concepción González Flores, que había gestionado los dineros de esa organización y que era militante del PSOE en Macarena y, además, personal de confianza del Grupo Municipal Socialista junto a Conde y Castaño. El último ha sido señalado por el PP como posible remitente en abril de 2002 del fax enviado a Unidad desde los despachos del PSOE municipal dando instrucciones para falsear una factura y guardar «el resto en la caja fuerte».

Y Mercasevilla
A la sombra, Castaño progresó luego, manteniendo sus grandes contactos en Urbanismo y el círculo de poder de Monteseirín. Fue consejero de Mercasevilla. De nuevo Mercasevilla... Después, ya en 2006, se postuló como presidente del recién creado Tribunal Económico Administrativo municipal, pero tras aparecer su nombre en las informaciones sobre las anomalías de Unidad, el PSOE cambió de planes y fue designado a principios de 2007 gerente de... la Fundación DeSevilla, institución municipal de promoción que ahora controla IU y que ha pasado a primera plana de la actualidad por las polémicas subvenciones otorgadas a organizaciones comunistas de países hispanoamericanos y por la contratación de personas englobadas en el PCA. Finalmente, Castaño se marchó de la administración local por la presión del «caso Unidad», por el que el PP podría pedir su imputación en breve como remitente del fax enviado desde el PSOE municipal con instrucciones para inflar una factura.

Hay más. Con Castaño estuvo en Unidad como trabajadora social Rosa Mellet, que aparece señalada en las declaraciones judiciales de una de las trabajadoras de la entidad vecinal —Susana Delgado, encargada de llevar al Ayuntamiento «el sobre con el dinero que se menciona en el fax— como la persona de la que recibían órdenes. Las recibía de ella y de Josefa Prado, contable de la organización y también imputada en ese caso.

Más. Rosa Mellet es hermana de Fernando Mellet, ahora en el candelero por el escándalo que ha protagonizado como director gerente de Mercasevilla junto a Daniel Ponce, como él, socialista de la Agrupación Macarena, que habían controlado tanto García como después Gómez Lobo o Castaño. Antes de dar el salto al mercado central, Mellet trabajó como asesor de Comisiones Obreras, donde coincidió con Antonio Rodrigo Torrijos, y había sido precisamente contable de Unidad. Círculo completo.

Comisiones de investigación
Mucho más cercano a Monteseirín es Manuel Marchena, su auténtico brazo derecho desde que llegara al poder en 1999 y que, como gerente de Urbanismo, salió indemne en 2005 de la comisión de investigación puesta en marcha con motivo de uno de los mayores escándalos del gobierno socialista, la entrega de bolsas de dinero a los chabolistas de Los Bermejales para su desalojo. Marchena controla ahora Emasesa, que le hizo un contrato a un primo hermano del alcalde sin experiencia contrastada en el sector para diseñar la web del Plan Estratégico 2020.
También pasó por una comisión de investigación en 2002 otro concejal del núcleo más cercano al alcalde, Blas Ballesteros, al que se le acusó de permitir irregularidades de funcionarios en su departamento, Tráfico.

ABC.ES

lunes, 18 de mayo de 2009

MONTESEIRÍN NO ORDENÓ INVESTIGAR EL FAX DE UNIDAD PORQUE NO LE DA "CRÉDITO" AL PP

El alcalde ha afirmado que dio instrucciones al interventor municipal de que investigara las presuntas facturas duplicadas y ha negado que no lo hiciera, como le reprocha el PP, que ha denunciado el caso






El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, esta mañana a la salida de los juzgados. EFE/EDUARDO ABAD





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El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha declarado hoy como testigo en la causa judicial por el presunto pago de facturas duplicadas por parte del Ayuntamiento a la federación vecinal Unidad, y ha asegurado que el PP sale "judicialmente derrotado" tras su comparecencia.

En la declaración, que se ha prolongado ante el juez de instrucción 14 de Sevilla durante casi 45 minutos, el alcalde ha afirmado que dio instrucciones al interventor municipal de que investigara las presuntas facturas duplicadas y ha negado que no lo hiciera, como le reprocha el PP, que ha denunciado el caso.

Tras la declaración, el alcalde, acompañado por varios concejales, se ha trasladado a la sede del PSOE de Sevilla para explicar en rueda de prensa su "experiencia novedosa y satisfactoria" como testigo.

Ha precisado que estaba en la sede socialista porque "se trata de una pelea puramente política; esto no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Sevilla, es un intento del PP de hacerle daño al PSOE" usando para ello las instituciones judiciales.

El alcalde ha indicado que el PP ha "pretendido" llevarle a declarar como testigo "contra el PSOE y el grupo socialista", tras lo cual ha subrayado que este caso es un intento del PP de "confundir" a la sociedad y a los medios de comunicación.

Acompañado por el secretario provincial del PSOE, José Antonio Viera, el alcalde ha enfatizado en que no da crédito a las denuncias del PP porque "no son rigurosas y no van a ningún sitio" y en algunos casos hechas con un "'show' mediático", en referencia a que el portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, exhibió "un documento" en plena campaña electoral y en un plató de televisión.

Monteseirín se refería a un fax que, según Zoido, remitió en abril de 2002 el Grupo Municipal del PSOE a Unidad en el que se daban "instrucciones claras" para falsificar sus facturas y enviar el dinero restante al propio grupo y a una caja fuerte.

Se enviaron los documentos al Tribunal de Cuentas
El alcalde ha reiterado que cuando supo de presuntas irregularidades en las subvenciones a Unidad le pidió al interventor que investigara, y éste le contestó que eso "no tenía sentido" porque suponía auditarse a sí mismo, por lo que se enviaron los documentos al Tribunal de Cuentas, que es lo que recomendó ese funcionario.

Ha agregado que a pesar de no dar crédito a las primeras denuncias del PP, cuando este partido acudió a los juzgados, sí dio instrucciones a los servicios municipales para que colaboraran con la Justicia, lo que asegura que se ha hecho con "diligencia" para "aclarar las cosas".

Respecto al fax, ha insistido en que no cree que "nadie" del Grupo Municipal Socialista hiciera algo así, extremo que le ha comunicado al juez.

El alcalde, que entró a los juzgados dos horas antes de la hora prevista para su declaración, intentó salir por la puerta de atrás del edificio judicial, aunque cambió de opinión cuando encontró a un fotógrafo, tras lo cual se fue por la entrada principal, donde había numerosos medios gráficos.

En la rueda de prensa, Viera ha revelado que se ha reunido con Zoido y el presidente del PP de Sevilla, José Luis Sanz, para intentar "acabar de una vez por todas" con la práctica que supone mezclar la crítica política con las insinuaciones permanentes de corruptelas, lo que afirma que aleja a los ciudadanos de las urnas.

En el caso por el que ha declarado el alcalde figuran como imputados los ex presidentes de Unidad Ángeles Nevado y Manuel Gómez Lobo, éste también ex edil, presuntos responsables de las facturas falsas y duplicadas presentadas por la federación vecinal al Ayuntamiento de Sevilla y a la Diputación provincial.

ABCDESEVILLA

EL ALCALDE EXPLICA HOY A UN JUEZ POR QUÉ NO INVESTIGÓ LAS FACTURAS IRREGULARES DE UNIDAD


Una terminal del PSOE

Tras Macarena y antes de Mercasevilla

El proceso y la declaración del alcalde por el «caso Unidad» están intercalados en el tiempo entre otros dos asuntos muy turbios que afectan a la gestión municipal. Hace unos meses la Audiencia dictó sentencia por el «caso Macarena», el de las facturas falsas elaboradas por los responsables municipales, que ha acabado con la condena del contratista José Pardo y del que fuera secretario del distrito y hombre de confianza del alcalde José Marín. Alfredo Sánchez Monteseirín quedó muy tocado cuando se destapó el asunto, pero su proverbial aguante lo mantiene con el bastón incluso tras la condena. En lontananza aparece otro asunto que puede darle quebraderos de cabeza y por el que ha sido denunciado desde el PP, el de las comisiones a empresarios en Mercasevilla, empresa municipal.

E. BARBA. SEVILLA

La política de Sevilla capital vivirá hoy un acontecimiento inédito: un alcalde declarando en los juzgados. El socialista Alfredo Sánchez Monteseirín está citado esta mañana en el Juzgado de Instrucción 14 de la capital hispalense para declarar como testigo en el llamado «caso Unidad», que la Justicia investiga desde hace varios años a causa de las irregularidades contables en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos con las subvenciones recibidas de las administraciones públicas. En concreto, el magistrado que instruye esta causa indaga en torno a varias facturas duplicadas que aparece en expedientes de justificación de actividades de Unidad pagadas tanto desde el Ayuntamiento de Sevilla como desde la Diputación Provincial.

La aparición de la misma factura —con cantidades distintas—, con número similar e idéntico concepto en dos expedientes distintos provocó la denuncia del PP en los juzgados y el inicio de esta causa, por la que han declarado ya los dos ex presidentes de Unidad imputados, los socialistas Manuel Gómez Lobo y Ángeles Nevado, así como los interventores de las dos administraciones implicadas. Precisamente a raíz de la declaración judicial del interventor del Consistorio, José Miguel Braojos —tal y como refleja el propio auto de citación del alcalde—, el juez decidió llamar a Monteseirín, ya que el alto funcionario expuso al magistrado que ignoraba si el Ayuntamiento sevillano había encargado investigación interna alguna para fiscalizar los expedientes irregulares. Braojos testificó que a él no se le habían dado órdenes para que lo hiciera pese a conocerse la duplicidad de facturas tras ser publicado por los medios y denunciado por el PP, de modo que el juez ha decidido preguntar al máximo responsable municipal sobre la posibilidad de que se hubiera investigado y, de no haberse hecho, por los motivos de esta pasividad ante hechos irregulares. Para el PP, el alcalde no actuó ni exigió una investigación interna pese a la gravedad de los hechos. Además, el interventor aseguró que Unidad debe todavía unos 6.000 euros al Consistorio.

Interventor y viceinterventor de la Diputación especificaron al juez, por su lado, que la organización vecinal —politizada del todo por el PSOE— debe devolver aún 10.632 euros por facturas que no cumplían los requisitos formales, que se referían a «compras genéricas sin especificar conceptos» y que, además, se presentaban también al Ayuntamiento de la capital andaluza. Además, expusieron que también comprobaron que «el Ayuntamiento de Sevilla les daba dinero por esas mismas actividades», lo que supone una de las bases de la denuncia del PP, los ingresos «duplicados».

Braojos testificó que a él no se le habían dado órdenes para que lo hiciera pese a conocerse la duplicidad de facturas tras ser publicado por los medios y denunciado por el PP.

El asunto de los expedientes, de las facturas dobles y de la escasa intención municipal de aclarar el asunto es la base del interrogatorio a Monteseirín, si bien el juez indicó en su auto de citación que deberá responder a «otros que puedan surgir». En ese sentido, parece claro que, de no hacerlo el propio juez, serán los letrados del PP, acusación particular, los que interpelen al regidor sobre el otro punto destacado de la instrucción, el fax con instrucciones para falsear una factura y poder cobrar el dinero negro que se envió en abril de 2002 desde el Grupo Municipal Socialista a Unidad. El documento fue hecho público por el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, en el debate televisivo de la última campaña electoral ante el mismo Monteseirín, al que los populares preguntaron por el fax al ser él el principal responsable de su grupo municipal en la fecha en que se envió el papel a la Federación vecinal.

En dicho fax se indica que se prepare «un sobre con 1.218» para mandar al Ayuntamiento y «el resto a caja fuerte». En ese documento se detalla el «importe de la factura que nos expiden» y, por otro lado, el «gasto real», sensiblemente inferior. Esto está siendo investigado también por el juez instructor, que llamó en su día a declarar a la contable y la secretaria de la entidad vecinal, quienes mostraron su desconocimiento del asunto. Tras este documento el PP entiende que hay una trama de la que podría concluirse que existe una financiación ilegal del PSOE.

ABCDESEVILLA