LA TRAMA CORRUPTA DE LAS LICENCIAS DE CIUTAT VELLA SACUDE AL AYUNTAMIENTO

POLÍTICA  | Tormenta política
 

* El sumario señala a altos cargos de Barcelona como implicados en la causa
* CiU y PP reclaman al Ayuntamiento que explique el contenido del sumario
* Xavier Trias (CiU) considera que se trata de 'hechos gravísimos'
* Fernández Díaz cree que se constata que era 'una verdadera trama corrupta'

ELMUNDO.es | Barcelona

La presunta trama corrupta en torno a la concesión de licencias en el Distrito de Ciutat Vella se ha convertido en epicentro del terremoto que sacude a estas horas al Ayuntamiento de Barcelona.

La aparición de nombres de cargos municipales en el sumario judicial desvelado este jueves ha provocado un alud de acusaciones que han puesto el punto de mira en el propio alcalde, Jordi Hereu, a quien desde la oposición han reclamado ya explicaciones y toda la información posible.

Según las informaciones adelantadas por 'La Vanguardia', el actual concejal de Comercio, el abogado Roger Pallarols, y el gerente del Área de Seguridad y Prevención, Joan Albert Dalmau, estarían vinculados a una red que no dudaba en utilizar extorsiones y amenazas de muerte en su negocio para facilitar la concesión de licencias de negocio.

El caso marcará, con toda seguridad, el pleno de Distrito que se celebra esta misma tarde y en la que Esquerra (ERC) ya ha anunciado que reclamará responsabilidades, instando a que los consejeros que estén implicados, directa o indirectamente, a que sean apartados de su cargo "por la buena imagen" de la institución.

Más allá han ido CiU y PP, desde donde han reclamado al alcalde Hereu que convoque una Junta de Portavoces Municipal para que el bipartito gobernante (PSC-ICV) expliquen con profundidad sobre el sumario del caso.

El presidente del grupo municipal de CiU, Xavier Trias, considera que "hay insinuaciones que si son verdad son de una gravedad extrema". Una apreciación que ha recogido también el líder del PP barcelonés, Alberto Fernández Díaz, quien cree que "estamos ante una verdadera trama de corrupción en el distrito".

Uno de los aspectos más graves señalados en el sumario está la posibilidad de que se retirase parte de la escolta policial que se activó sobre la ex concejal de Ciutat Vella Itziar González tras recibir amenazas de muerte.

elmundo.es

EL DÍA EN QUE CANTÓ EL EX ALCALDE DE YAIZA

José Francisco Reyes está en prisión por la presunta trama de concesión de licencias ilegales

La Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado le implica por el blanqueo de capitales

Momento en el que fue detenido en su domicilio particular el ex alcalde de Yaiza. ADRIEL PERDOMO

D. RIVERO / ARRECIFE (LANZAROTE)

José Francisco Reyes llegó a los juzgados con la decisión clara de que algo tenía que contarle a la juez. Estaba muy cansado después de cuatro noches en los calabozos de la Policía Nacional de Arrecife y tras intensos interrogatorios a cargo de los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. No era la primera vez que pasaba por este trauma, pero en esta ocasión las cosas habían dado un vuelco radical. Nunca hasta ahora se había tenido que enfrentar a las preguntas de la Udyco sabiendo que su mujer y sus tres hijos habían sido detenidos acusados de un posible delito de blanqueo de dinero.

Cantidades económicas que precisamente él les había ido entregando desde hacía muchos años y gracias a las cuales habían adquirido presuntamente de forma fraudulenta coches, un barco e incluso varios pisos situados en Tenerife y Barcelona. Cuatro días en las dependencias policiales en los que los agentes de la Udyco le fueron detallando una tras otro los ingresos y movimientos de dinero en efectivo que se han manejado en torno su familia. Las primeras investigaciones apuntan a que la familia Reyes habría podido mover alrededor de 600.000 euros sin que se tenga claro cuál es el origen de estas importantes cantidades de dinero.

El ex alcalde de Yaiza (que gobernó con mayoría absoluta desde el año 1994 al 2007) empezó a hablar: "Mi mujer y mis hijos no tienen nada que ver en todo esto", fueron en síntesis sus primeras palabras ante la juez del Juzgado de Instrucción de número 2 de Arrecife que investiga esta trama por la presunta concesión ilegal de licencias para la construcción de hoteles y apartamentos.

La denuncia contra José Francisco Reyes tiene como base el informe jurídico encargado por el que fuera consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y actual secretario general de los socialistas lanzaroteños, Carlos Espino, sobre las irregularidades advertidas en la concesión de las licencias impugnadas por el Cabildo y de las posibles responsabilidades derivadas de su otorgamiento. Y fue así como en noviembre de 2006, Espino hacía llegar a los juzgados el contenido del informe.

"La actuación de los ayuntamientos demandados por el Cabildo al conceder las licencias impugnadas poco o nada tiene que ver con la defensa de los intereses generales municipales o con la salvaguarda de los intereses públicos, sino que se reduce a una inexplicable actitud de colaboración y complicidad con el promotor urbanístico para que éste obtenga el máximo -e ilícito- provecho económico de su suelo defraudando las más básicas determinaciones establecidas en el planeamiento insular para las nuevas edificaciones turísticas", recoge el sumario abierto contra Reyes.

La juez que lleva el caso inició una investigación para la que se ayudó de escuchas y del rastreo del patrimonio de la familia Reyes. Él está imputado por cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

laprovincia.es

LA JUEZA ORDENA EL INGRESO EN PRISIÓN DEL EX ALCALDE DE YAIZA

El juzgado investiga una supuesta trama para la concesión de licencias ilegales en Lanzarote

El ex alcalde de la localidad canaria de Yaiza Jose Francisco Reyes (d), del PNL. EFE/Archivo - EFE

El ex alcalde de Yaiza y vicepresidente del PNL, José Francisco Reyes, ha ingresado esta tarde en el centro penitenciario de Tahíche, en Lanzarote, por orden de la magistrada del juzgado de instrucción número dos de Arrecife.

Este juzgado investiga una supuesta trama para la concesión de licencias ilegales en la localidad turística de Playa Blanca, al sur de la isla.

Reyes, actual concejal del Partido Nacionalista de Lanzarote en Yaiza, ha ingresado en prisión después de que la magistrada le tomara declaración durante varias horas para tratar de esclarecer las imputaciones que pesan sobre Reyes de cohecho, malversación de fondos, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, explicaron a Efe fuentes del caso.

El ex alcalde de Yaiza, su esposa y tres de sus cuatro hijos fueron detenidos el pasado miércoles por agentes del Cuerpo Nacional de Policía que registraron durante varias horas su domicilio particular en la localidad de Femés, al sur de la isla, y un yate que se encontraba atracado en un puerto de Playa Blanca.

La instructora del caso ha decretado la libertad con cargos para la esposa del ex alcalde y sus tres hijos, que han permanecido detenidos e incomunicados en los calabozos de la comisaría de Arrecife hasta su traslado el Palacio de Justicia de Arrecife.

La detención del ex alcalde y sus familiares está relacionada con la denuncia que en su día presentó el ex consejero de política territorial del Cabildo de Lanzarote y actual secretario general del PSOE en la isla, Carlos Espino, que es investigada por el juzgado de instrucción número dos de Arrecife.

Denuncia al ex alcalde
Espino denunció entonces al ex alcalde de Yaiza y al actual alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, de CC en base a un informe elaborado por los servicios jurídicos externos del Cabildo que en el que se le advertía de la posible comisión de varios delitos por parte de los citados regidores municipales.

Se acusa al político de conceder más de 30 licencias irregulares

El citado informe fue elaborado por el letrado Agustín Domingo Acosta Hernández, y en él se acusa al político ahora encarcelado de conceder irregularmente más de 30 licencias de obras y prórrogas de otras tantas caducadas entre los años 1998 y 2003.

En el informe se asegura también que algunos de los expedientes municipales de concesión de licencias demuestran que Reyes las otorgó el mismo día en que le fueron solicitadas, a pesar de que tenían informes negativos de los técnicos del propio Ayuntamiento y carecían del informe preceptivo y vinculante del Cabildo.

Al conocer el contenido del informe, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo se presentó a finales de 2006 ante la Brigada Provincial de la policía Judicial Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Grupo de Blanqueo de Capitales (Udyco) para denunciar los hechos supuestamente delictivos que desde entonces están siendo investigados.

PÚBLICO.ES

EL PP DE CASTALLA DENUNCIA AL ALCALDE POPULAR JOSÉ LUIS PRATS POR PRESUNTO DELITO DE COHECHO

ALICANTE | Municipio alicantino

* Le denuncian por otorgar licencias de obra a cambio de filiaciones al partido
* También por apropiación indebida de las cuotas de esas filiaciones

Efe | Alicante

El PP de Castalla (Alicante) ha presentado un querella criminal contra el alcalde del municipio, el popular José Luis Prats, por un presunto delito de cohecho al otorgar licencias de obra a cambio de filiaciones al partido y otro por apropiación indebida de las cuotas de esas filiaciones.

La querella, a la que ha tenido acceso Efe, fue presentada el pasado 17 de agosto en el juzgado de Ibi (Alicante) "en nombre y representación del Partido Popular Asamblea Local de Castalla".

Entre los querellantes, según el escrito de denuncia, figuran el ex alcalde de Castalla y presidente local del PP, Juan Rico Rico, y el vocal de la comisión ejecutiva local Juan Antonio Rico Mira.

"El querellado -alcalde de la localidad-, a cambio de cientos de filiaciones al partido por parte de vecinos" de una urbanización, al parecer todos extranjeros, otorgó "licencias de obras que durante tiempo no se dieron o estuvieron paralizadas por su presunta ilegalidad", recoge textualmente la denuncia.

El objetivo de estas filiaciones, según la querella, sería "obtener el posterior voto" de los nuevos militantes en los comicios internos que el PP celebrará próximamente a la Presidencia de la Asamblea Local, a la que, según los denunciantes, optará el alcalde.

La querella refleja que en las últimas semanas se han otorgado "extrañamente" un número de licencias de obras superior a las que se concedían con anterioridad a los vecinos de la urbanización Castalla Internacional.

"Parece evidente que muchas licencias de obra menor se otorgaron tres semanas antes de que la sede provincial del PP recibiera 234 afiliaciones nuevas el pasado 31 de julio", ha indicado a Efe el portavoz de los querellantes, Juan Antonio Rico, quien ha añadido que los nuevos militantes son todos extranjeros y todos jubilados.

A modo de ejemplo, los querellantes citan obras relacionadas con la construcción de piscinas cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no permite este tipo de instalaciones en esta urbanización.

Por lo que respecta al presunto delito de apropiación indebida, la querella sostiene que el importe de las cuotas de filiación (10 euros) no han sido ingresadas en las arcas del PP y cifra "en más de 2.000 euros lo indebidamente apropiado".

"A la sede local nos ha llegado copia de las nuevas afiliaciones, pero el tesorero local no ha recibido aún el dinero de las cuotas, y de eso ya ha pasado un mes", ha explicado Rico.

El escrito presentado adjunta fichas de filiación y actas de sesiones de las juntas de gobierno, entre otros documentos.

Rico ha rechazado que la presentación de la denuncia se enmarque en discrepancias o movimientos internos en el seno del PP de Castalla por el control de la agrupación local.

ELMUNDO.ES

EL ALCALDE DE ESPARTINAS NIEGA IRREGULARIDADES EN LA AMPLIACIÓN DE SU CASA

SEVILLA. El alcalde de Espartinas, Domingo Salado (PP), prestó ayer declaración en calidad de imputado ante el Juzgado Mixto número 1 de Sanlúcar la Mayor, donde ante la denuncia elevada por el PSOE por supuestas infracciones penales de prevaricación por concesión indebida de licencia y contra los derechos cívicos, ha alegado que se abstuvo «en todas las votaciones» relacionadas con la operación urbanística en la que se incluyó la ampliación de una vivienda de su propiedad.

En declaraciones a E.P., Domingo Salado explicó que se ha defendido de las acusaciones formuladas por la portavoz municipal del PSOE, Matilde Marín, quien había elevado al juez una denuncia en la que advertía de que una «ampliación» de la vivienda del primer edil contravendría las normas urbanísticas. Marín, igualmente, aseguraba que la obra habría sido consumada tras una operación urbanística en cuya tramitación el alcalde no se habría abstenido de votar.

En su denuncia, el PSOE relataba que entre 1999 y 2002, vecinos de la urbanización La Juliana habían solicitado sin éxito al Ayuntamiento la adquisición de unas fincas de titularidad municipal que colindaban con sus respectivas viviendas al objeto de ampliarlas, pero «el Ayuntamiento se negó en todo momento», toda vez que el propio alcalde es uno de los propietarios de las viviendas que se alzan en esta urbanización.

No obstante, y pese a que el Ayuntamiento alegaba las normas urbanísticas para tal denegación, el Ayuntamiento vendió los suelos a la promotora «Acimentar SL» en 2003 y aprobó su proyecto de urbanización, al que siguió un proyecto de parcelación del que resultaban 40 parcelas. El proyecto urbanístico fue así tramitado por el Ayuntamiento y, en concreto, la parcela 24 «vio aumentada su edificabilidad y mejoradas sus condiciones», una parcela que fue «vendida» por «Acimentar» al propio alcalde por 39.065,79 euros.

ABC.ES

EL VICECONSEJERO DE TRANSPORTES DE AGUIRRE HIZO OBRAS SIN LICENCIA EN SU VIVIENDA

Peritos del caso Guateque señalan nuevas irregularidades en la actuación del imputado Luis Armada

V.V.

El viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada (en la foto), hizo obras de reforma en una vivienda de su propiedad en el centro de la ciudad sin las pertinentes licencias municipales, según un informe pericial encargado por el juez Santiago Torres en el marco de la Operación Guateque que investiga la concesión de licencias de manera irregular por parte de concejales y funcionarios del Ayuntamiento. Armada fue edil de Urbanismo entre 1997 y 2003 y en esa época habría acelerado también la obtención de una licencia de obras para intervenir en el sótano del inmueble. El dirigente popular está imputado en esta trama desde enero de 2008.

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Según los informes periciales que ha ordenado hacer el juez Santiago Torres en el marco de la investigación del caso Guateque, uno de los altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre, Luis Armada, viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, realizó de manera irregular obras tanto en su vivienda como en el sótano de ésta, informó Público. Armada, que apareció como imputado en este caso en enero de 2008, fue concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital entre 1997 y 2003, y pudo haber participado en la concesión y agilización irregular de licencias, la misma acusación que se hace a los más de cien implicados que hay desde que se abrió esta investigación hace cerca de dos años.

¿Obras en 1980?
Según los informes entregados al juez, Armada habría reformado la vivienda familiar en la que está empadronado, un palacete de principios del siglo XX en pleno centro de la ciudad, sin ningún tipo de licencia. El propio viceconsejero reconoció carecer de este permiso municipal, pero alegó que las obras se hicieron en 1980, cuando él aún no era gerente de Urbanismo y, si hubiera delito en su actuación, habría “prescrito en la vía administrativa hace 25 años”.

Licencia denegada
Efectivamente, consta un documento de 1980 firmado por el propio Armada en el que se solicita la licencia de obras, que fue denegada por el Ayuntamiento. Sin embargo las obras se hicieron y, según el informe pericial, la vivienda volvió a modificarse posteriormente, ya que presenta una distribución diferente a la original y también a la que solicitaba en la petición de licencia.

Tramitación con "singular agilidad"
Armada ha insistido en numerosas ocasiones en que el fiscal del caso “ya ha dicho dos veces que no ve indicios de delito en su actuación”, sin embargo, el juez rechazó archivar su imputación en noviembre de 2008 basándose en otra posible irregularidad, esta vez relativa a las obras realizadas en el sótano del inmueble. La licencia de rehabilitación de estas dependencias se tramitó en 2001, ya con Armada como edil de Urbanismo, y se aprobó con “singular agilidad” y sin que se agotaran “los plazos establecidos” en las ordenanzas municipales.

Más obras sin licencia
El viceconsejero dio luz verde a esa licencia, que había sido solicitada por su tío y presentada con un proyecto firmado por su sobrina. Tanto estas obras como las realizadas en el interior de la vivienda –que los peritos aseguran que está “en uso y habitada”- constan en una lista con otros 16 inmuebles en los que se realizaron obras sin las licencias pertinentes.

El PP cierra filas
Pese a las claras acusaciones, el PP ha cerrado filas en torno a Armada: la presidenta regional aseguró que ponía “la mano en el fuego” por su viceconsejero cuando se conoció su imputación, y el secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, corroboró esta confianza poco tiempo después. También el alcalde madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, defendió a los implicados y aseguró que la trama “es un cáncer que el PSOE introdujo en el Ayuntamiento de Madrid” y que el PP va a “extirpar”.

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