miércoles, 3 de octubre de 2012

"CASO EMARSA"; EL JUEZ RÍOS IMPUTA AL HERMANO DEL EX ALCALDE DE MANISES POR BLANQUEO DE CAPITALES

Ingresó 350.000 en una cuenta en Andorra
Tenía una cuenta de Andorra en la que ingresaron 350.000 euros en efectivo
Su hermano Enrique Crespo disponía de 'amplios poderes' para operar
Ambos afirmaron al abrirla que no eran personas públicas
Cerraron la cuenta poco después de que estallara el caso

F. Álvarez | Europa Press | Valencia

El juez Vicente Ríos, que investiga el saqueo millonario de la depuradora de Pinedo, ha imputado en el conocido como 'caso Emarsa' a Carlos Crespo, hermano del ex alcalde de Manises, Enrique Crespo, por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En un auto con fecha de 2 de octubre, el magistrado instructor considera que "existen sospechas fundadas" de que Carlos Crespo "ha colaborado con su hermano en la ocultación del dinero" en una cuenta abierta en Andorra en la que se ingresaron 350.000 euros en ocho meses.

Ríos acepta así la denuncia del fiscal, en la que se trasladaba la información facilitada por los juzgados de Andorra en torno a la cuenta bancaria que los dos hermanos disponían en Andorra desde el 27 diciembre de 2007 y que cerraron poco después de que estallara el caso.

Según se consta en esta resolución, ésta se abrió a nombre de Carlos Crespo, aunque confirió al también imputado Enrique Crespo "amplios poderes" para operar como autorizado. Los dos hermanos acreditaron ser asesores fiscales y apuntaron como motivo para abrir la cuenta, que albergaría dinero originado por una actividad "empresarial", el "diversificar inversiones" y adquirir una segunda residencia en el futuro.

En relación con los datos de la empresa de la que supuestamente procedería el dinero aportaron Museco, proporcionada por Carlos Crespo -y cuya dirección corresponde a su domicilio-, y aseguraron que pensaban ellos mismos hacer llegar los fondos al banco, con ingresos de dos veces al año, y con un saldo previsto de 100.000 euros.

El fiscal destaca que en la pregunta de la entidad acerca de si se trataban de personas expuestas públicamente, los dos hermanos contratantes marcaron la casilla con la indicación "no".

Las investigaciones de los juzgados andorranos revelan, según la denuncia del fiscal, que los dos hermanos ingresaron 350.000 euros en efectivo en un plazo de ocho meses desde la apertura de una cuenta en el Principado, el 27 de diciembre de 2007, y se cerró días después de que la Emshi interpusiera la querella por este caso. De ese importe, 300.000 euros fueron transferidos a la cuenta de otra persona no identificada, una orden que dio de manera personal el denunciado Carlos Crespo.

37 movimientos bancarios
El ministerio fiscal apunta un total de 37 movimientos bancarios, unas operaciones en las que destacan cuatro ingresos en efectivo "cuyo origen es altamente dudoso".

Asimismo, subraya que el periodo de tiempo en el que se producen los ingresos, en 2008, es el momento en el que se inician las extracciones bancarias con tarjetas asociadas a las cuentas del empresario imputado Jorge Ignacio Roca Samper, en paradero desconocido, la mayor parte en cajeros de Valencia. En este sentido, recalca que algunas operaciones se hicieron en Manises y en concreto en una oficina donde tiene cuenta abierta Enrique Crespo.

Según añade la representación fiscal para considerar "suficientes" los indicios para imputar a Carlos Crespo por blanqueo, que en la investigación patrimonial sobre esta persona no se infiere la realización de actividad mercantil o profesional que le aporte esos beneficios, al igual que "debe predicarse" de los ingresos obtenidos en ese periodo por Enrique.

De hecho, señala que de las declaraciones de IRPF de Carlos se desprende que en 2007 obtuvo unos ingresos de 31.047 euros; 38.739 en 2008; 38.234 en 2009 y 36.556 en 2010, sin que conste entre 2007 y 2008 declaración de ingresos procedentes del ejercicio de actividad económica alguna.

Dada de baja en el IAE en 2004
En relación con la empresa Museco, de donde aseguraron en Andorra que procedería el dinero, al ministerio fiscal le llama la atención que el 31 de diciembre de 2004 causó baja por "fin de actividad" del Impuesto de Actividades Económicas, lo que supone que estaba inactiva en el momento de abrir la cuenta. La empresa tenía dos cuentas con saldo de 116 y 205 euros en 2007 y 2008.

A la vista de estos hechos y de las diligencias practicadas hasta ahora, el juez ha decidido imputar a Carlos Crespo para determinar si llevó a cabo o no los hechos que se le atribuyen ya que lo relatado en la denuncia del fiscal guarda relación de conexidad con los que se están investigando y en los que su hermano Enrique está imputado.

"CASO MERCASEVILLA"; FERNANDO MELLET SE NIEGA A DECLARAR POR "VULNERARSE" SUS DERECHOS FUNDAMENTALES

Fernando Mellet llega a los juzgados para declarar. | Efe
Primer acusado en ser llamado a declarar
Se acoge a su derecho a no declarar siguiendo las indicaciones de su abogado

Maria Rionegro | Sevilla

El principal imputado del 'caso Mercasevilla' y ex director del mercado central, Fernando Mellet, se ha acogido finalmente a su derecho de no declarar en el juicio por "vulnerarse" sus derechos fundamentales. Así lo ha manifestado él mismo tras ser llamado a prestar declaración.

Nada más acabar la escucha de la audición, el juez Ángel Márquez ha llamado a Mellet para ser interrogado por las partes como el primer acusado en tomar declaración. Éste, sin embargo, ha interrumpido para decir que no declararía siguiendo las "indicaciones" de su abogado.

"Me voy a acoger al derecho constitucional a no declarar porque, desde el principio de la instrucción -realizada por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya- y hasta el día de hoy, se están vulnerando mis derechos fundamentales", ha dicho Mellet.

En este punto, el magistrado presidente del jurado ha interrumpido al imputado y ha señalado que "si no quiere declarar, no declara", tras todo lo cual el fiscal, Juan Enrique Egocheaga, ha querido dejar constancia de las preguntas que iba a realizar al acusado a fin de que los miembros del jurado popular puedan escucharlas.

Entre las preguntas, el fiscal le ha cuestionado "para quién era el dinero" y si el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas "le dijo para quién era". También le ha cuestionado por "el papel que jugó y a quién representaba" Juan Lanzas, el ex sindicalista que supuestamente medió para que Mercasevilla lograra un expediente de regulación de empleo (ERE).

Además, el fiscal ha interrogado de "cómo se iban a repartir el dinero" y si "prometió" al exdirectivo del merca Daniel Ponce y a la funcionaria Regla Pereira "alguna cantidad de dinero a cambio de su participación", así como si "se reconoce en la grabación" cuya audición ha tenido lugar de manera previa.

Ante el silencio "contradictorio" del acusado, el fiscal ha pedido que se una testimonio de la declaración prestada por Mellet en sede policial, algo que no ha sido admitido por el magistrado por "no tratarse de diligencia sumarial", lo que ha motivado la protesta del representante del Ministerio Público.

Además

martes, 2 de octubre de 2012

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "EL ESCÁNDALO DE LA COOPERACIÓN": BLASCO, IMPUTADO POR SEIS DELITOS

Rafael Blasco en las Cortes valencianas minutos después de conocer la providencia de la juez del TSJ. / MÒNICA TORRES

La juez investiga al ya exportavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes valencianas por fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental

Federico Simón Valencia


La juez Pía Calderón, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha citado a declarar a Rafael Blasco, actual portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, el 18 de octubre en calidad de imputado por los supuestos delitos de fraude de subvenciones, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental, cometidos durante su etapa como consejero de Solidaridad y Ciudadanía, cuando era responsable de la gestión de los fondos para cooperación internacional.

Blasco ha asegurado, minutos después de conocer su imputación, que después de una situación "de indefensión que se ha alargado 24 meses" y en la que no se ha podido defender, la imputación supone una "oportunidad" para dar explicaciones de una acusación que "no tiene ningún fundamento ni ninguna base judicial". El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía se ha mostrado convencido de que la causa "se sustanciará con un sobreseimiento".

Tras conocer su imputación, Blasco ha contactado con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que se encuentra en Madrid en la Conferencia de Presidentes para comunicarle su situación judicial y le ha comentado que, tal como anunció en junio, dejará la portavocía del PP. Fabra y Blasco se han emplazado para hablar mañana. Según Blasco, Fabra ha considerado "un acierto" su decisión.

Blasco ya puso su cargo a disposición del grupo parlamentario del PP y del presidente de la Generalitat después de que la jueza viera indicios de delito en su actuación al frente la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía y delegó sus funciones en Rafael Maluenda. Ha anunciado que mantendrá su condición de diputado porque ha apuntado que abandonarlo "sería una inconguencia", basándose en la presunción de inocencia ya que no ha sido condenado. Ha insistido en que ha puesto su cargo a disposición del partido porque no quiere ser "ningún problema".

La imputación de Blasco era cuestión de tiempo. La juez que instruyó el caso llegó a la conclusión de que había "sólidos indicios" sobre la participación activa de Rafael Blasco en una trama que desvió alrededor de seis millones de euros de fondos de cooperación antes de dar traslado del asunto al TSJ el pasado 3 de julio pasado. Su instrucción venía respaldada por el informe de la Fiscalía Anticorrupción que ya le achacaba los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La juez relataba a lo largo de 52 páginas, los múltiples indicios hallados durante la instrucción de la causa. Molina incluso suma en su auto un nuevo delito a los cinco apuntados por los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, el de fraude de subvenciones.

La juez explica que “inicialmente” se encontró con hechos que “hacían sospechar” la vinculación de Blasco a una auténtica trama mafiosa, que ya suma 27 imputados en el caso. Sin embargo, a través de las diligencias de investigación practicadas, las declaraciones de imputados y testigos y, “sobre todo, el contenido de alguno de los correos bloqueados”, las iniciales sospechas pasaron a “convertirse en sólidos indicios de participación en la actividad ilícita”.

Hay una “serie de correos que, enlazados unos con otros, llevan a abrigar la posibilidad de que Rafael Blasco haya recibido dinero de Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediación en la adjudicación de las subvenciones”, dice la juez.

Arturo Tauroni, hermano de Augusto y también imputado, recibió el 27 de julio de 2011 un correo de Maribel Castillo, persona de confianza del cabecilla de la trama en la Fundación Hemisferio, desde la que se articuló el saqueo, en el que le escribe: “Del paquete que tenía que darme JJ me comenta que 5 son para el conill y 3.200 son para la negra y el resto para su empresa…”. En el sumario hay múltiples evidencias de que los miembros de la trama y miembros de la Administración aludían a Rafael Blasco como El Conejo, el Conill o Roger Rabbit, en referencia a una conocida película de dibujos animados. Los investigadores atribuyen las iniciales JJ a Joaquín Blasco, otro de los imputados.

La juez relaciona este mensaje con otro entre los hermanos Tauroni en el que se habla de un posible pago al consejero: “Los cinco documentos de Chust tienen alrededor de mil caracteres cada uno… Ok? Házselo llegar en cuanto se haya visto en la dotación, pásaselo a Maribel para que se lo deje a la secretaria, yo se lo diré ahora…”. Y añaden: “JJ tendrá que poner cinco páginas en un sobre que oculte contenido. Llamad a su secre y que Maribel se lo entregue…”. Los cinco documentos de 1.000 caracteres harían referencia a 5.000 euros.

Hay varios correos, pero destaca otro de 26 de julio de 2011, en el que Arturo le adjunta a Maribel una transferencia de 12.100 euros a Chust Alzira, empresa de otro de los imputados, en la que le dice: “Hazle llegar a JJ esto para que vea que sí se ha realizado… Te tiene que dar un sobre para llevárselo a la secre del conill entre el viernes y el lunes, recuérdaselo”.

Además, en el registro del domicilio de Josep María Felip, entonces director general de la consejería, se halló un maletín de mano con unos folios impresos con las palabras “Rafael Blasco Castany en EE UU” y una serie de datos de hipotéticas sociedades vinculadas al síndic popular. Se trata de T& B Blasco Enterprises Inc, Blasco Construction Corp, Blasco Investments LLC, Blasco Electric Inc y Blasco Enterprises LLC. El director general habría investigado firmas de Tauroni. Es decir, Felip sospechaba “de la posible connivencia entre aquellos dos en las actividades ilícitas que se habían desarrollado en la consejería”.

La instrucción ha revelado que Tauroni tenía hasta ocho firmas inscritas en Estados Unidos. Y junto a otras empresas españolas habría desviado directamente más de 1,5 millones de euros de ayudas a su bolsillo.

El auto de la juez apunta similitudes con las del caso Gürtel, puesto que también se utilizan siglas para ocultar a destinatarios de los pagos. En la documentación requisada en casa de Tauroni se encontraron anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras. Entre estas iniciales se encuentran RR, MLL o YO. Y en la columna correspondiente a RR, quizá en referencia a Roger Rabbit, constan dos cantidades por importes de 7.500 euros y 5.000 euros. “Existen indicios suficientes en la causa”, concluye la juez, “para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de Roger Rabbit y por lo tanto a pagos efectuados a Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a Marc Llinares y al propio Augusto Tauroni”.

La juez apunta que el exconsejero del PP alertó en febrero a la trama de las inminentes detenciones, a raíz de la declaración ante el juez de la exsecretaria de Blasco, en la que explicó una conversación grabada que tuvo con Arturo Tauroni. “Cruzando esta conversación con otras que constan en la causa se infiere que el exconsejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las detenciones y avisó de las mismas al grupo del señor Tauroni. De desconocer la actividad ilícita desarrollada por el mismo, con toda seguridad no habría revelado la actuación policial inminente”.

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"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "CASO COOPERACIÓN"; BLASCO DIMITE COMO PORTAVOZ TRAS SER IMPUTADO POR EL FRAUDE DE LAS ONG

Rafael Blasco desde su escaño de las Cortes Valencianas. | Benito Pajares
Declarará ante el TSJ de Valencia el 18 de octubre
El caso investiga una trama que desvió 6 millones de euros de Cooperación
Están implicados empresarios y cargos de la época de Blasco como conseller
La juez atribuyó a Blasco delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos

Francisco Álvarez | Rodrigo Terrasa | Valencia

El hasta hoy portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha anunciado su dimisión tras ser imputado este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el conocido como 'caso Cooperación', que investiga una presunta trama de desvío de fondos del Gobierno valenciano dirigidos al Tercer Mundo durante los años en los que fue conseller de Solidaridad, de 2008 a 2011.

En una providencia dada a conocer poco después del mediodía, la juez Pía Calderón, la encargada de instruir esta causa en el TSJ de Valencia, ha citado a declarar al dirigente 'popular' el próximo 18 de octubre, a las 10 horas ante la existencia de "sólidos indicios de su participación en la comisión de los hechos investigados inicialmente calificados como fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales y falsedad documental".

Esta comunicación se ha producido apenas 24 horas después de que este mismo tribunal imputara a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a su antecesor Luis Díaz Alperi (ambos diputados autonómicos) por el 'caso Brugal'. Ambos comparecerán ante el juez Juan Climent un día después, el 19 de octubre.

La reacción de Blasco no se ha hecho esperar. En declaraciones a la SER, ha anunciado que dimite como síndico 'popular' "convencido de su inocencia", cumpliendo así con el compromiso alcanzado con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, antes del verano, una vez que el cerco judicial parecía estrecharse cada vez más sobre su figura.

Al parecer, podría formalizar su decisión en la próxima reunión del grupo parlamentario, que habitualmente se produce antes de los plenos en la Cámara autonómica y que esta semana arrancará durante la mañana del miércoles.

No obstante, fuentes del PP han confirmado a Efe que el ex conseller, que ya había sido apartado de sus funciones como portavoz (no así del cargo, que mantenía formalmente), mantendrá su escaño como diputado autonómico, lo que le otorga la condición de aforado y garantiza que el proceso continúe en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La imputación de Rafael Blasco se antojaba una cuestión de tiempo después de que la primera semana de septiembre, el TSJ se declarara competente para seguir la investigación y designara a la magistrada Pía Calderón como instructora. Era el capítulo previo al escrito este martes.

Y era la respuesta a la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, la juez Nieves Molina, de remitir el caso al TSJ tras hallar indicios de delito en la conducta del ex conseller.

La juez estimaba que Blasco podría haber cometido delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

De su auto, demoledor, se derivaban las sospechas de que Blasco cobró dinero de una trama en la que presuntamente participaron empresarios afines y altos cargos de su confianza.

Según consta en el sumario del caso, la trama captó cerca de 6 millones de euros destinados a ayudas al Tercer Mundo. Subvenciones concedidas por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua, por ejemplo, acabaron destinándose, presuntamente, a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.

La juez cree que Blasco "conocía el fin último de Augusto César Tauroni [cabecilla de la trama] de lucrarse con los fondos obtenidos de las subvenciones de la Consejería de Solidaridad" y sospecha que incluso participó con Tauroni de sociedades en EEUU.

Un mes antes, en junio, Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, ya había decidido apartar a Blasco de sus funciones tras la primera providencia judicial que apuntaba al portavoz del PP. "Él sabe cuáles son las barreras que no se pueden pasar dentro del PP", advirtió Fabra.

Desde entonces Blasco no ha ejercido como portavoz en las Cortes (fue relevado por Rafael Maluenda) pero no ha perdido su cargo.

Además

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "CASO VOLTOR": NADAL CARGA CONTRA SUS SUBORDINADOS: "ERAN MIS ENEMIGOS POLÍTICOS"

Miquel Nadal junto al resto de acusados en el banquillo. | Pep Vicens
Ex conseller de Turismo
La Fiscalía pide 4 años y 4 meses de cárcel para el ex conseller de Turismo por la contratación fantasma de un ex concejal de Unió Mallorquina

María José García | Palma

El ex conseller de Turismo de Unió Mallorquina ha asegurado ante el juez que no sabía nada de un supuesto contrato de 12.000 euros para beneficiar al ex concejal 'uemita' Tomas Plomer por unos trabajos que no se realizaron y por los que Nadal se enfrenta a una acusación de malversación por la que podría ir cuatro años a prisión.

"Me enteré en comisaría", ha respondido Nadal a preguntas del fiscal. El ex conseller, que fue detenido por el caso Voltor en febrero de 2010, ha asegurado que cuando llegó a la conselleria en octubre de 2008 (tras la destitucion de Francesc Buils) "no se fiaba de sus subordinados", ya que algunos eran sus "enemigos políticos", como Joan Sastre, Director General de Promocion Turística.

Nadal ha asegurado que además tuvo que pedirle a Antoni Oliver, gerente de Inestur, más orden en las contrataciones. A este respecto, el otrora 'delfín' de Maria Antonia Munar ha asegurado que no solo no les pidio a sus subordinados que arreglaran algún contrato, sino que cuando tenía que despachar con ellos lo hacía con testigos y por eso montó una reunión todos los martes por la tarde a la que acudía incluso el jefe de prensa de la conselleria.

El ex conseller de Turismo del Govern y expresidente de UM se sienta hoy de nuevo en el banquillo de los acusados por auspiciar la contratación presuntamente fraudulenta de un ex concejal 'uemita' por unos servicios que no le entrañaban trabajo alguno, pero por la que, sin embargo, cobró 13.080 euros públicos como gratificación por las labores que sí había realizado en favor de la extinta Unió Mallorquina (UM).

En concreto, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares es el encargado de juzgar a Nadal, para quien la Fiscalía solicita cuatro años y cuatro meses de cárcel, y sobre el que ya pesan dos años y siete meses por un anterior juicio en el que fue condenado junto a la ex dirigente histórica de UM Maria Antònia Munar, informa Europa Press

Se trata de la segunda vista oral que se celebra en el marco del caso Voltor: en la primera fue condenado a tres años de prisión, por unos hechos similares, el también exconseller de Turismo Francesc Buils así como el exalcalde de Sóller Antoni Arbona, quien resultó favorecido con 15.000 euros por dos expedientes de contratación creados 'ad hoc' desde el Inestur para beneficiarle.

En esta ocasión, Nadal se enfrenta al tribunal junto al ex regidor de UM en Sóller Tomás Plomer -para quien el Ministerio Público solicita un año de prisión-, el exdirector general de Promoción Turística Joan Sastre -dos años y dos meses de cárcel-, el exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Oliver, y la exresponsable del CITTIB Luisa Tortella, todos ellos excargos públicos del partido.

Y es que, según relata la acusación en su escrito de calificación, Nadal decidió "de forma arbitraria" beneficiar a Plomer, con quien tenía antigua amistad y a quien quería favorecer por servicios y colaboraciones prestados en el seno de la formación regionalista, clave en la formación del Govern de la pasada legislatura.

Según la Fiscalía, el ex dirigente de UM llevó a cabo las gestiones necesarias para crear un expediente de contratación 'ad hoc' en beneficio de Plomer, ordenando para ello los trámites oportunos a Sastre, Oliver y Tortella, quien inició el expediente y acordó la propuesta de resolución de cara a aprobar el gasto de 13.080 euros del Inestur aparentemente por la prestación de servicios de información turística de la Serra de Tramuntana mediante pantallas táctiles.

Una labor que, sin embargo, Tortella ordenó que llevasen cabo las empleadas del Inestur y del CITTIB, instándoles a que "arreglaran el contrato de Plomer" y "le hicieran el trabajo", puesto que el exedil de UM, apunta Anticorrupción, "carecía de todo conocimiento necesario para la realización de ese trabajo". De hecho, el Inestur "no acreditó en absoluto" que Plomer estuviera en condiciones legales de contratar con la Administración ni que fuera técnicamente capaz.

Cobró seis meses antes de firmar
Así, en diciembre de 2009 Plomer fue citado telefónicamente para que acudiera al Inestur a firmar el trabajo elaborado por las empleadas del organismo público y en el que el acusado no había tenido participación alguna, a pesar de que seis meses antes (en abril) ya había cobrado este servicio. "Además de congraciarse con él, Nadal conseguía generar en Plomer una relación de endeudamiento con él y para con el partido", sostiene la Fiscalía.

El propio ex concejal reconoció su intervención en los hechos en su primera declaración ante la Policía Judicial y posteriormente consignó la cantidad defraudada, por lo que sobre él pide la Fiscalía que se le apliquen las atenuantes de reparación del daño producido y de confesión. A raíz de la trama urdida para beneficiarle, Anticorrupción considera los hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de prevaricación.

Cabe señalar que Nadal fue condenado en una de las piezas del caso Maquillaje por el desvío de 240.000 del Consell de Mallorca a una productora controlada por Munar y por él a través de testaferros, mientras que la Fiscalía solicita para él otros seis años de cárcel por la venta presuntamente irregular de los terrenos palmesanos de Can Domenge, los mismos que en esta causa reclama para la exdirigente 'uemita'.

lunes, 1 de octubre de 2012

"CASO BRUGAL": EL TSJ IMPUTA A LOS DOS ALCALDES DEL PP DE ALICANTE POR COHECHO

Sonia Castedo recibe la felicitación de su predecesor, Luis Díaz Alperi, tras tomar posesión como alcaldesa de Alicante. / pepe olivares


Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi están acusados de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información

Santiago Navarro / Rosa Biot Alicante

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados de un amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. El magistrado Juan Climent, que instruye esta causa (una de las tres piezas claves del sumario de caso Brugal) ha citado a ambos altos cargos del PP para interrogarles el próximo día 19.

El instructor inicial de esta causa, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, observó indicios de delito en la conducta de Castedo y Alperi en el trámite de PGOU y remitió el pasado mes de julio el sumario al TSJ dada al condición aforados de Castedo y Alperi. Ambos son diputados autonómicos.

Climent, en una providencia firmada hoy,  ha asumido los argumentos del juez instructor de esta causa, ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante y lo ha citado a declarar.

La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor, mantiene que Castedo y Alperi redactaron el planeamiento siguiendo los "deseos" de Ortiz y a cambio de dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche Mini.

En este sumario, además de Castedo y Alperi, hay un total de 16 imputados. Los más destacados son el promotor Ortiz, el redactor del PGOU, el arqutictecto Jesús Quesada, y el abogado José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa.

Castedo ha optado de momento por no hacer declaraciones tras conocer la citación

El TSJCV investiga la rama del "caso Brugal" sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, después de que la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal se declarara competente el pasado mes de septiembre para asumir esta causa, pues Castedo y Díaz Alperi tiene la condición de aforados por su condición de diputados autonómicos.

En esta pieza separada del caso Brugal, el juzgado de instrucción alicantino observó, antes de remitir la causa al TSJCV, supuestos amaños en el citado PGOU a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, uno de los imputados.

Según refleja la providencia del magistrado instructor, Juan Climent, se atiende el escrito elevado por la representación de Castedo en el que se solicitaba que ésta fuera llamada a declarar con carácter de urgenca.

Contra la presente resolución de citación cabe interponer recurso de reforma, según recuerda el magistrado, que ha citado a la alcaldesa de Alicante a las 10,00 horas del próximo 19 de octubre, y a Díaz Alperi, dos horas más tarde.

El instructor observó indicios de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

En función de los indicios, Tejada entendía que el supuesto cohecho podría haberse producido como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Díaz Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".

"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añadió en su razonamiento el juez alicantino.

Castedo aseguró el pasado 5 de julio que demostrará que "las imputaciones son falsas" y lamentó su condena mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un juez y "dar la cara".

"Ya he sido condenada -en referencia a su continua presencia en los medios de comunicación por estos hechos- y no hay mayor condena que la indefensión", afirmó Castedo.

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LA EXALCALDESA MÓNICA LORENTE SE NIEGA A DECLARAR ANTE LA JUEZ DEL "CASO BRUGAL"


TRIBUNALES | Imputada por cinco presuntos delitos
Ha presentado un recurso contra el auto que la imputaba en junio de 2012

Juan Nieto | Agencias | Orihuela (Alicante)

La ex alcaldesa de Orihuela y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Orihuela, Mónica Lorente, se ha negado a declarar en el juzgado de instancia número 3 de la localidad ante la juez de la rama del Caso Brugal por las supuestas ilegalidades en la contrata de basuras de Orihuela, en la que hay otras 47 personas imputadas.

La también ex secretaria general del PP de la provincia de Alicante, que tendría que haber sido interrogada por los presuntos delitos de prevaricación, revelación de secreto o información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude, se ha negado a contestar a las preguntas de la juez y del ministerio fiscal y ha avanzado que sólo contestará por escrito, para evitar interpretaciones.

Junto a ella, también había sido citado su hermano, Jorge Lorente, quien tampoco ha querido declarar. Ambos han estado en la sala tres minutos.

A su salida de los juzgados, Lorente se ha declarado "inocente" de todos los cargos que se le atribuyen y ha explicado a los periodistas concentrados que ha presentado un recurso de reforma contra el auto del 4 de junio de 2012 en el que se la citaba a declarar por la supuesta trama de corrupción relacionada con el servicio municipal de recogida de residuos.

Lorente ha aprovechado también para "culpar" de la investigación policial y de las 48 imputaciones, entre las que se encuentra la suya, "al partido socialista de Antonia Moreno".

Así, la exalcaldesa, que se ha presentado acompañada por los ediles 'populares' David Costa y Pepa Ferrando, ha subrayado no tener "nada que ver con el Brugal", y ha resaltado que su nombre no aparece en el informe policial de 2010 en el que se recogen las conclusiones del caso.

Esta rama de la operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Ángel Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela en las que se revelaban unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad.

Esas grabaciones apuntaban que otra de las mercantiles aspirantes supuestamente habría ofrecido dinero a dirigentes políticos a cambio de resultar adjudicataria.

Las investigaciones iniciales (2006) se dilataron en el tiempo y desvelaron nuevos y variados supuestos casos de corrupción en Orihuela y otras localidades de la provincia, que a su vez dieron origen a cerca de una veintena de piezas separadas del Brugal.

Entre ellas, las supuestas irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja y las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

EL FISCAL DICE QUE LOS ACUSADOS DE MERCASEVILLA PIDIERON "MORDIDAS"


Fernando Mellet, en el centro, llega a los juzgados. | Esther Lobato
TRIBUNALES | Alegaciones previas al jurado
Defiende que los cuatro trabajadores acusados pidieron 'una comisión ilícita'
El abogado de Mellet anuncia que no declarará como 'acto de protesta'.

Maria Rionegro | Sevilla

El fiscal del 'caso Mercasevilla' no tiene ninguna duda de que los cuatros acusados "acordaron" solicitar una "mordida" de 450.000 euros al grupo La Raza, con el objeto de tener un "beneficio ilícito".

El Ministerio Público se dirigió al jurado que enjuicia el primer juicio del 'caso Mercasevilla' para mostrar su "convencimiento" de que los ex directivos de la lonja sevillana, Fernando Mellet, Daniel Ponce y Regla Pereira, y el ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, pidieron una "comisión ilícita, dávida, recompensa o mordida" a La Raza a cambio de gestionar una escuela de hostelería.

"Querían obtener un beneficio ilícito a costa de La Raza", ha explicado el fiscal en su turno sobre las alegaciones previas. El resto de acusaciones (la Fundación Sociolaboral de Mercasevilla y el PP) también han dado por probado estos hechos, que la Fiscalía ha calificado de "repropables".

Por su parte, el abogado de Fernando Mellet ha anunciado que éste no declarará como "acto de protesta" al considerar que la grabación que dio origen al caso "viola" sus derechos fundamentales, y ha pedido al jurado que no entienda este silencio como una forma de "escurrir el bulto".

Mellet ha intentado en numerosas ocasiones invalidar esta cinta en la que quedaría probada la presunta extorsión a los empresarios, sin embargo, los órganos judiciales nunca le han dado la razón y la consideran legal.

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"CASO BRUGAL"; EL TSJ IMPUTA A CASTEDO Y ALPERI POR TRÁFICO DE INCLUENCIAS Y COHECHO


Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, en una imagen de archivo. | Roberto Pérez
TRIBUNALES | El próximo 19 de octubre
Ambos son diputados del PP y tendrán que declarar por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho
Se investigan amaños en el Plan Urbanísticos en favor de Enrique Ortiz
Castedo está citada el 19 de octubre a las 10 horas y Alperi, a las 12.00

Rodrigo Terrasa | Juan Nieto | Valencia | Alicante

El juez instructor del caso Brugal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha citado como imputada a la actual alcaldesa de Alicante y diputada autonómica Sonia Castedo y a su antecesor en el cargo, el también diputado autonómico Luis Díaz Alperi, por su supuesta implicación en el caso Brugal, que investiga supuestos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz.

Ambos tendrán que declarar por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

Castedo está citada el 19 de octubre a las 10 horas y Alperi el mismo día a las 12.00 horas. Ambos son diputados en las Cortes Valencianas por el PP, por lo que es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que se hace cargo de esta rama de la operación Brugal.

El pasado mes de julio, el juez que investigaba la rama del caso que afecta al Plan Urbanístico en Alicante, Manrique Tejada, concluyó la fase de instrucción solicitando la imputación de la alcaldesa Sonia Castedo y de Alperi.

La medida la tomó tras una exhaustiva investigación que ponía entre las cuerdas a ambos dirigentes. Durante la ronda de interrogatorios, un empresario de Elche, Ramón Salvador, admitió que Ortiz le telefoneó para asegurarle que tenía copia de los nuevos planos de la ciudad cuando estos todavía no eran públicos.

Además, la niñera de la alcaldesa, Julia Castelló, no pudo entregar ningún documento donde quedase acreditado que pagó un vehículo Mini a Ortiz, que Anticorrupción incluye en el paquete de dádivas que se habría llevado la alcaldesa a cambio de filtrar datos reservados sobre el urbanismo de Alicante.

Entre tanto, la alcaldesa ha admitido en declaraciones públicas viajes a Ibiza con Ortiz en pleno proceso de elaboración de los planos.

El nuevo Plan General, cuya tramitación se ha negado a suspender el Consell, tendrá una vigencia de más de 20 años. En este caso también figura como imputado el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, que habría ayudado a Ortiz a redactar los cambios exigidos por el promotor en los planos gracias a la intervención de su hermana, según los investigadores.

Castedo aseguró el pasado 5 de julio, en declaraciones a Efe, que demostrará que "las imputaciones son falsas" y lamentó su condena mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un juez y "dar la cara".

"Ya he sido condenada -en referencia a su continua presencia en los medios de comunicación por estos hechos- y no hay mayor condena que la indefensión", afirmó Castedo.

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jueves, 27 de septiembre de 2012

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "OPERACIÓN POKÉMON"; DIMITE EL ALCALDE DE OURENSE TRAS PERDER "LOS APOYOS POLÍTICOS"

El alcalde abandona el Ayuntamiento tras la rueda de prensa. | Marcos Sueiro

Asegura que lo hace porque no tiene 'los apoyos políticos' para continuar
También ha dimitido el concejal nacionalista Fernando Varela
Fuentes del PSdeG aseguran que la renuncia era 'muy esperada'

Marcos Sueiro | Ourense

El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, ha presentado su dimisión pasadas las doce de la mañana en el salón de plenos de Ayuntamiento tras presidir su última junta de gobierno. La renuncia será efectiva en un pleno extraordinario que se celebrará probablemente el sábado.

Francisco Rodríguez, que compareció sin sus concejales, ha asegurado que la dimisión es consecuencia de "la pérdida de apoyos políticos que imposibilitan la gobernabilidad del Ayuntamiento" y añadió: "No renuncio por el procedimiento judicial, ni tampoco por las imputaciones falsas y sin pruebas formuladas".

La declaración del regidor ha concluido señalando que garantiza la continuidad de la normalidad institucional hasta que elija a un nuevo regidor.

Con su decisión, el alcalde cumple con lo ordenado por su partido, que lo suspendió de militancia el pasado lunes al estar imputado por la juez Pilar de Lara en la 'operación Pokémon' por los delitos de cohecho y prevaricación.

La soledad del regidor iba aumentando a medida que pasaban las horas ya que cuatro de sus once concejales no asistían a sus convocatorias siguiendo las instrucciones del PSOE.

Antes de que el alcalde hiciese pública su renuncia, dos de los tres ediles nacionalistas del BNG oficializaban su renuncia y el tercero, Fernando Varela, dimitía como concejal al estar imputado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El edil dimisionario ha recalcado que es "totalmente inocente" y que lo demostrará "lo antes posible".

Una dimisión 'muy esperada'
Fuentes del PSdeG han calificado la decisión del alcalde como "muy esperada y acertada" y han añadido que "el partido está tranquilo y pondrá en marcha los mecanismos para salir adelante y normalizar la vida institucional".

Durante toda la mañana se han vivido escenas de gran tensión en el edificio consistorial y la desorganización ha provocado discusiones entre periodistas y el personal de confianza del alcalde.

Esta misma tarde noche, el todavía alcalde, comparecerá en una asamblea de militantes socialistas y les comunicará personalmente la decisión. Desde la dirección del PSdeG no le dan ningún valor a esta convocatoria, ya que el regidor está suspendido de militancia.

Un empresario, el detenido número 23
Mientras, la lista de detenidos sigue aumentando. El último es un empresario de Vigo cuya identidad no ha trascendido, informó a Efe un portavoz de la Agencia Tributaria.

Esta fuente explicó que la detención se produjo por agentes de la Agencia Tributaria en torno a las 14.30 horas. La 'operación Pokémon' ya ha implicado a 23 personas.

Por otra parte, se ha desmentido que "un alcalde" haya sido detenido en las últimas horas en relación con este caso, pese al "rumor" que se ha extendido pro Galicia, precisaron las mismas fuentes.

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jueves, 20 de septiembre de 2012

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "CASO BRUGAL"; FISCALÍA INTERROGA A LOS FENOLL SOBRE EL FRAUDE ELECTORAL DEL PP



La juez de Orihuela espera cerrar el caso con el testimonio de 29 imputados en el caso Brugal
La hija y el sobrino del empresario de Orihuela declararon en el juzgado

Ezequiel Moltó Orihuela

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Caso Brugal
Corrupción política

Este miércoles declararon en el juzgado número 3 de Orihuela varios colaboradores y familiares del empresario Ángel Fenoll. Todos contestaron a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, y de los abogados, aunque nadie quiso desvelar el contenido de su declaración. La mayoría de las preguntas estuvieron relacionadas con el intento de compra de votos en las elecciones de 2007 a favor del PP, para lograr que Mónica Lorente accediera a la alcaldía para, supuestamente, satisfacer los intereses de Fenoll. Estaba en juego la adjudicación de la contrata de basura (10 millones de euros anuales durante una década).

La pieza que originó el caso Brugal, que investiga una trama político-empresarial ligada al negocio de la basura en la comarca de La Vega Baja, encara su fase final con la tercera tanda de declaraciones. Una vez rechazados los recursos presentados por las partes, que solicitaban la nulidad de las escuchas de la Policía, y analizada toda la documentación, la juez de adscripción territorial del juzgado número 3 de Orihuela, Ana Belén Cordero, será la encarga, salvo grandes sorpresas, de concluir la instrucción de la causa con el testimonio de 29 imputados.

La magistrada que asume ahora la causa, tras el traslado de Carlos San Martín, conoce “todos los detalles del sumario”, ya que colaboró con el juez titular en la fase previa de la instrucción, por eso ella asume la parte penal residual de este juzgado, que cuenta con otra juez titular que se acaba de incorporar. El Ayuntamiento de Orihuela, por su parte, ha remitido una copia del expediente del concurso para la adjudicación del servicio de basura de 2006 a 2008 y los contratos adjudicados, a partir de 2005, a las empresas Colsur, SL, y Proambiente, SL, ambas del industrial Ángel Fenoll. Sin embargo, falta por remitir el informe de la relación de pagos a esas empresas entre los años 2003 y 2010, que está elaborando la intervención municipal, según fuentes judiciales.

Este miércoles declararon Ginés Fenoll Pastor (sobrino del empresario), José Manuel Espinosa Fenoll (exinterventor del Ayuntamiento), Rufino Montoro Cuenca (empleado de Colsur) y Carolina Fenoll Campillo (hija de Fenoll). Esta es la tercera tanda de declaraciones en torno a esta pieza separada de Brugal después de la primera efectuada en 2010 cuando se levantó el secreto sumarial y a otra en 2011 cuando se separaron las piezas del plan zonal y de las basuras de la ciudad de Orihuela. Además de los 29 llamados a declarar ahora, hay otras trece personas también imputadas. Esta rama de Brugal se inició en 2006 a raíz de que Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela en las que se revelaban unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad. Esas grabaciones apuntaban que otra de las mercantiles aspirantes supuestamente habría ofrecido dinero a dirigentes políticos a cambio de resultar adjudicataria.

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