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| Rafael Blasco desde su escaño de las Cortes Valencianas. | Benito Pajares |
Declarará ante el TSJ de Valencia el 18 de octubre
El caso investiga una trama que desvió 6 millones de euros de Cooperación
Están implicados empresarios y cargos de la época de Blasco como conseller
La juez atribuyó a Blasco delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos
Francisco Álvarez | Rodrigo Terrasa | Valencia
El hasta hoy portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha anunciado su dimisión tras ser imputado este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el conocido como 'caso Cooperación', que investiga una presunta trama de desvío de fondos del Gobierno valenciano dirigidos al Tercer Mundo durante los años en los que fue conseller de Solidaridad, de 2008 a 2011.
En una providencia dada a conocer poco después del mediodía, la juez Pía Calderón, la encargada de instruir esta causa en el TSJ de Valencia, ha citado a declarar al dirigente 'popular' el próximo 18 de octubre, a las 10 horas ante la existencia de "sólidos indicios de su participación en la comisión de los hechos investigados inicialmente calificados como fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales y falsedad documental".
Esta comunicación se ha producido apenas 24 horas después de que este mismo tribunal imputara a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a su antecesor Luis Díaz Alperi (ambos diputados autonómicos) por el 'caso Brugal'. Ambos comparecerán ante el juez Juan Climent un día después, el 19 de octubre.
La reacción de Blasco no se ha hecho esperar. En declaraciones a la SER, ha anunciado que dimite como síndico 'popular' "convencido de su inocencia", cumpliendo así con el compromiso alcanzado con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, antes del verano, una vez que el cerco judicial parecía estrecharse cada vez más sobre su figura.
Al parecer, podría formalizar su decisión en la próxima reunión del grupo parlamentario, que habitualmente se produce antes de los plenos en la Cámara autonómica y que esta semana arrancará durante la mañana del miércoles.
No obstante, fuentes del PP han confirmado a Efe que el ex conseller, que ya había sido apartado de sus funciones como portavoz (no así del cargo, que mantenía formalmente), mantendrá su escaño como diputado autonómico, lo que le otorga la condición de aforado y garantiza que el proceso continúe en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La imputación de Rafael Blasco se antojaba una cuestión de tiempo después de que la primera semana de septiembre, el TSJ se declarara competente para seguir la investigación y designara a la magistrada Pía Calderón como instructora. Era el capítulo previo al escrito este martes.
Y era la respuesta a la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, la juez Nieves Molina, de remitir el caso al TSJ tras hallar indicios de delito en la conducta del ex conseller.
La juez estimaba que Blasco podría haber cometido delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
De su auto, demoledor, se derivaban las sospechas de que Blasco cobró dinero de una trama en la que presuntamente participaron empresarios afines y altos cargos de su confianza.
Según consta en el sumario del caso, la trama captó cerca de 6 millones de euros destinados a ayudas al Tercer Mundo. Subvenciones concedidas por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua, por ejemplo, acabaron destinándose, presuntamente, a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.
La juez cree que Blasco "conocía el fin último de Augusto César Tauroni [cabecilla de la trama] de lucrarse con los fondos obtenidos de las subvenciones de la Consejería de Solidaridad" y sospecha que incluso participó con Tauroni de sociedades en EEUU.
Un mes antes, en junio, Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, ya había decidido apartar a Blasco de sus funciones tras la primera providencia judicial que apuntaba al portavoz del PP. "Él sabe cuáles son las barreras que no se pueden pasar dentro del PP", advirtió Fabra.
Desde entonces Blasco no ha ejercido como portavoz en las Cortes (fue relevado por Rafael Maluenda) pero no ha perdido su cargo.
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