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| Rafael Blasco en las Cortes valencianas minutos después de conocer la providencia de la juez del TSJ. / MÒNICA TORRES |
La juez investiga al ya exportavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes valencianas por fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental
Federico Simón Valencia
La juez Pía Calderón, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha citado a declarar a Rafael Blasco, actual portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, el 18 de octubre en calidad de imputado por los supuestos delitos de fraude de subvenciones, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental, cometidos durante su etapa como consejero de Solidaridad y Ciudadanía, cuando era responsable de la gestión de los fondos para cooperación internacional.
Blasco ha asegurado, minutos después de conocer su imputación, que después de una situación "de indefensión que se ha alargado 24 meses" y en la que no se ha podido defender, la imputación supone una "oportunidad" para dar explicaciones de una acusación que "no tiene ningún fundamento ni ninguna base judicial". El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía se ha mostrado convencido de que la causa "se sustanciará con un sobreseimiento".
Tras conocer su imputación, Blasco ha contactado con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que se encuentra en Madrid en la Conferencia de Presidentes para comunicarle su situación judicial y le ha comentado que, tal como anunció en junio, dejará la portavocía del PP. Fabra y Blasco se han emplazado para hablar mañana. Según Blasco, Fabra ha considerado "un acierto" su decisión.
Blasco ya puso su cargo a disposición del grupo parlamentario del PP y del presidente de la Generalitat después de que la jueza viera indicios de delito en su actuación al frente la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía y delegó sus funciones en Rafael Maluenda. Ha anunciado que mantendrá su condición de diputado porque ha apuntado que abandonarlo "sería una inconguencia", basándose en la presunción de inocencia ya que no ha sido condenado. Ha insistido en que ha puesto su cargo a disposición del partido porque no quiere ser "ningún problema".
La imputación de Blasco era cuestión de tiempo. La juez que instruyó el caso llegó a la conclusión de que había "sólidos indicios" sobre la participación activa de Rafael Blasco en una trama que desvió alrededor de seis millones de euros de fondos de cooperación antes de dar traslado del asunto al TSJ el pasado 3 de julio pasado. Su instrucción venía respaldada por el informe de la Fiscalía Anticorrupción que ya le achacaba los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La juez relataba a lo largo de 52 páginas, los múltiples indicios hallados durante la instrucción de la causa. Molina incluso suma en su auto un nuevo delito a los cinco apuntados por los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, el de fraude de subvenciones.
La juez explica que “inicialmente” se encontró con hechos que “hacían sospechar” la vinculación de Blasco a una auténtica trama mafiosa, que ya suma 27 imputados en el caso. Sin embargo, a través de las diligencias de investigación practicadas, las declaraciones de imputados y testigos y, “sobre todo, el contenido de alguno de los correos bloqueados”, las iniciales sospechas pasaron a “convertirse en sólidos indicios de participación en la actividad ilícita”.
Hay una “serie de correos que, enlazados unos con otros, llevan a abrigar la posibilidad de que Rafael Blasco haya recibido dinero de Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediación en la adjudicación de las subvenciones”, dice la juez.
Arturo Tauroni, hermano de Augusto y también imputado, recibió el 27 de julio de 2011 un correo de Maribel Castillo, persona de confianza del cabecilla de la trama en la Fundación Hemisferio, desde la que se articuló el saqueo, en el que le escribe: “Del paquete que tenía que darme JJ me comenta que 5 son para el conill y 3.200 son para la negra y el resto para su empresa…”. En el sumario hay múltiples evidencias de que los miembros de la trama y miembros de la Administración aludían a Rafael Blasco como El Conejo, el Conill o Roger Rabbit, en referencia a una conocida película de dibujos animados. Los investigadores atribuyen las iniciales JJ a Joaquín Blasco, otro de los imputados.
La juez relaciona este mensaje con otro entre los hermanos Tauroni en el que se habla de un posible pago al consejero: “Los cinco documentos de Chust tienen alrededor de mil caracteres cada uno… Ok? Házselo llegar en cuanto se haya visto en la dotación, pásaselo a Maribel para que se lo deje a la secretaria, yo se lo diré ahora…”. Y añaden: “JJ tendrá que poner cinco páginas en un sobre que oculte contenido. Llamad a su secre y que Maribel se lo entregue…”. Los cinco documentos de 1.000 caracteres harían referencia a 5.000 euros.
Hay varios correos, pero destaca otro de 26 de julio de 2011, en el que Arturo le adjunta a Maribel una transferencia de 12.100 euros a Chust Alzira, empresa de otro de los imputados, en la que le dice: “Hazle llegar a JJ esto para que vea que sí se ha realizado… Te tiene que dar un sobre para llevárselo a la secre del conill entre el viernes y el lunes, recuérdaselo”.
Además, en el registro del domicilio de Josep María Felip, entonces director general de la consejería, se halló un maletín de mano con unos folios impresos con las palabras “Rafael Blasco Castany en EE UU” y una serie de datos de hipotéticas sociedades vinculadas al síndic popular. Se trata de T& B Blasco Enterprises Inc, Blasco Construction Corp, Blasco Investments LLC, Blasco Electric Inc y Blasco Enterprises LLC. El director general habría investigado firmas de Tauroni. Es decir, Felip sospechaba “de la posible connivencia entre aquellos dos en las actividades ilícitas que se habían desarrollado en la consejería”.
La instrucción ha revelado que Tauroni tenía hasta ocho firmas inscritas en Estados Unidos. Y junto a otras empresas españolas habría desviado directamente más de 1,5 millones de euros de ayudas a su bolsillo.
El auto de la juez apunta similitudes con las del caso Gürtel, puesto que también se utilizan siglas para ocultar a destinatarios de los pagos. En la documentación requisada en casa de Tauroni se encontraron anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras. Entre estas iniciales se encuentran RR, MLL o YO. Y en la columna correspondiente a RR, quizá en referencia a Roger Rabbit, constan dos cantidades por importes de 7.500 euros y 5.000 euros. “Existen indicios suficientes en la causa”, concluye la juez, “para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de Roger Rabbit y por lo tanto a pagos efectuados a Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a Marc Llinares y al propio Augusto Tauroni”.
La juez apunta que el exconsejero del PP alertó en febrero a la trama de las inminentes detenciones, a raíz de la declaración ante el juez de la exsecretaria de Blasco, en la que explicó una conversación grabada que tuvo con Arturo Tauroni. “Cruzando esta conversación con otras que constan en la causa se infiere que el exconsejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las detenciones y avisó de las mismas al grupo del señor Tauroni. De desconocer la actividad ilícita desarrollada por el mismo, con toda seguridad no habría revelado la actuación policial inminente”.
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