TRIBUNALES | Imputada por cinco presuntos delitos
Ha presentado un recurso contra el auto que la imputaba en junio de 2012
Juan Nieto | Agencias | Orihuela (Alicante)
La ex alcaldesa de Orihuela y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Orihuela, Mónica Lorente, se ha negado a declarar en el juzgado de instancia número 3 de la localidad ante la juez de la rama del Caso Brugal por las supuestas ilegalidades en la contrata de basuras de Orihuela, en la que hay otras 47 personas imputadas.
La también ex secretaria general del PP de la provincia de Alicante, que tendría que haber sido interrogada por los presuntos delitos de prevaricación, revelación de secreto o información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude, se ha negado a contestar a las preguntas de la juez y del ministerio fiscal y ha avanzado que sólo contestará por escrito, para evitar interpretaciones.
Junto a ella, también había sido citado su hermano, Jorge Lorente, quien tampoco ha querido declarar. Ambos han estado en la sala tres minutos.
A su salida de los juzgados, Lorente se ha declarado "inocente" de todos los cargos que se le atribuyen y ha explicado a los periodistas concentrados que ha presentado un recurso de reforma contra el auto del 4 de junio de 2012 en el que se la citaba a declarar por la supuesta trama de corrupción relacionada con el servicio municipal de recogida de residuos.
Lorente ha aprovechado también para "culpar" de la investigación policial y de las 48 imputaciones, entre las que se encuentra la suya, "al partido socialista de Antonia Moreno".
Así, la exalcaldesa, que se ha presentado acompañada por los ediles 'populares' David Costa y Pepa Ferrando, ha subrayado no tener "nada que ver con el Brugal", y ha resaltado que su nombre no aparece en el informe policial de 2010 en el que se recogen las conclusiones del caso.
Esta rama de la operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Ángel Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela en las que se revelaban unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad.
Esas grabaciones apuntaban que otra de las mercantiles aspirantes supuestamente habría ofrecido dinero a dirigentes políticos a cambio de resultar adjudicataria.
Las investigaciones iniciales (2006) se dilataron en el tiempo y desvelaron nuevos y variados supuestos casos de corrupción en Orihuela y otras localidades de la provincia, que a su vez dieron origen a cerca de una veintena de piezas separadas del Brugal.
Entre ellas, las supuestas irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja y las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
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