Herrero avala la «legalidad y motivación» de las escuchas y el Principado mantiene la consistencia de las pruebas contra Renedo
RAMÓN MUÑIZ | GIJÓN.
«Esto es como el Oeste, todos avanzamos mirándonos de reojo, pero cuando uno abre fuego, no te puedes ya quedar quieto, tienes que disparar». De manera tan gráfica describía la semana pasada uno de los abogados del 'caso Renedo' la jugada que acababa de producirse. La defensa del imputado Víctor Manuel Muñiz, empresario de Igrafo, había registrado un recurso solicitando la nulidad de las escuchas telefónicas y de cuantas diligencias se derivaron de ellas. El órdago es a la grande y, efectivamente, las partes se han visto obligadas a tomar posición.
Los representantes de los coimputados Marta Renedo, María Jesús Otero y Alfonso Carlos Sánchez han apoyado la nulidad mediante alegaciones donde dan un paso más y exigen el archivo de la causa. Sostienen que las diligencias incluidas en el sumario se obtuvieron vulnerando derechos fundamentales de sus mandantes, lo que invalidaría el resultado. En el bando contrario, las acusaciones populares de Avall, Bloque por Asturies y el Partido Progresista de Belmonte han salido al paso y defienden que la instrucción iniciada por la magistrada-juez Ana López Pandiella y continuada ahora por su homólogo Ángel Sorando Pinilla «cumple escrupulosamente» la legalidad.
En un terreno con mayor apariencia de neutralidad se mueven el Ministerio Fiscal y el Principado, que actúa en la causa como acusación particular para reclamar la reposición del daño que se hubiera causado al erario público. La Fiscalía de Asturias, que dirige Gerardo Herrero, informó ayer que tras analizar el recurso sostiene «la validez de las escuchas, no existiendo ninguno de los defectos alegados» por el letrado de Víctor Muñiz. «Las escuchas se practicaron conforme a la legislación vigente y fueron debidamente notificadas al Ministerio Fiscal», abunda. «Los autos que acuerdan estas intervenciones y las correspondientes prórrogas están perfectamente motivados, practicándose por el tiempo mínimo imprescindible», defiende la Fiscalía. Sobre el modo en que las cintas fueron transcritas -omitiendo los agentes policiales las partes de escaso interés- considera el Ministerio Público que fueron «igualmente correctas, con un control constante por parte del Juzgado Instructor».
Por último, la Fiscalía defiende la labor de Ana López Pandiella por investigar unos indicios cuya denuncia llegó a su juzgado. El hecho de que luego la Audiencia Provincial entendiera que la causa debía proseguir en Oviedo no supone que la instructora no fuese la juez predeterminada por la ley, tal y como sostiene la parte recurrente.
El Principado también ha reflejado su posición mediante un escrito en el que elude pronunciarse sobre la validez de las escuchas, pero marca un límite al debate. Aunque los 'pinchazos' fuesen anulados, «siguen existiendo indicios más que suficientes contra la funcionaria Marta Renedo; la Administración regional denunció las prácticas de esta funcionaria con una serie de pruebas sobre su hacer y su empresa Implans Mounts cuya vigencia debe mantenerse al margen del recurso», explica su letrado, Juan Serra.
«Los autos que acuerdan las escuchas están perfectamente motivados», dice el fiscal
La anulación de los pinchazos no debe afectar a la causa contra Renedo, advierte el Principado
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