El Principado estima que hay indicios «suficientes» contra la ex alta funcionaria al margen de los ‘pinchazos’
PILAR CAMPO OVIEDO
La Fiscalía avala la validez de las escuchas telefónicas a los imputados por la supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos en el Principado, una semana después de que el fiscal superior, Gerardo Herrero, admitiera que en caso de ser anuladas “daría al traste con la investigación”. Por su parte, el Principado, que ejercita la acusación particular únicamente contra Marta Renedo, entiende que hay pruebas indiciarias “suficientes” para dirigir los cargos contra la ex alta funcionaria al margen de las escuchas.
Sus posicionamientos se conocieron ayer, después de que las partes agotaran el día de gracia concedido tras vencer, el pasado lunes, el plazo para presentar sus alegaciones al recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por el abogado Miguel Valdés-Hevia, en representación del empresario imputado Víctor Manuel Muñiz (Igrafo).
La decisión última sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas está ya en manos del magistrado-juez Ángel Sorando, titular del juzgado de instrucción 2 de Oviedo, que asumió la causa después de que el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial acordara la inhibición de la jueza Ana López Pandiella, titular del juzgado de instrucción número 4 de Gijón, al considerar que el órgano competente era el de Oviedo.
Las alegaciones Mientras las defensas piden su nulidad por las irregularidades detectadas, las acusaciones defienden su legalidad al entender que no hubo extralimitación. La Fiscalía contestó al recurso defendiendo su validez. Gerardo Herrero descartó que existan los “defectos alegados”, al haberse practicado “conforme a la legislación vigente” y haber sido “debidamente notificadas” al fiscal. La Fiscalía adiverte de que los autos están “perfectamente motivados, practicándose por el tiempo mínimo imprescindible (del 22 de febrero al 9 de septiembre de 2010)” así como que las transcripciones “fueron correctas, con un control constante del juzgado”. El fiscal también entiende que se ha respetado el derecho al juez “predeterminado por la ley”.
Valdés-Hevia sostiene, por el contrario, que los autos dictados por la jueza Pandiella, por los que acordaba las escuchas de las conversaciones de su cliente con la ex alta funcionaria Marta Renedo y sus prórrogas, Svulneraron “el derecho al secreto de las comunicaciones, no fueron notificados al fiscal, lo que impidió su control y no se justificaba el carácter delictivo de los hechos”. A su tesis se sumaron los abogados Javier Díaz Dapena, que defiende al empresario Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín), Ángel Bernal en nombre de la ex directora general María Jesús Otero y Luis Tuero, en representación de Renedo. El abogado Sergio Herrero no quiso confirmar si se ha adherido al recurso en nombre del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.
Sus posicionamientos se conocieron ayer, después de que las partes agotaran el día de gracia concedido tras vencer, el pasado lunes, el plazo para presentar sus alegaciones al recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por el abogado Miguel Valdés-Hevia, en representación del empresario imputado Víctor Manuel Muñiz (Igrafo).
La decisión última sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas está ya en manos del magistrado-juez Ángel Sorando, titular del juzgado de instrucción 2 de Oviedo, que asumió la causa después de que el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial acordara la inhibición de la jueza Ana López Pandiella, titular del juzgado de instrucción número 4 de Gijón, al considerar que el órgano competente era el de Oviedo.
Las alegaciones Mientras las defensas piden su nulidad por las irregularidades detectadas, las acusaciones defienden su legalidad al entender que no hubo extralimitación. La Fiscalía contestó al recurso defendiendo su validez. Gerardo Herrero descartó que existan los “defectos alegados”, al haberse practicado “conforme a la legislación vigente” y haber sido “debidamente notificadas” al fiscal. La Fiscalía adiverte de que los autos están “perfectamente motivados, practicándose por el tiempo mínimo imprescindible (del 22 de febrero al 9 de septiembre de 2010)” así como que las transcripciones “fueron correctas, con un control constante del juzgado”. El fiscal también entiende que se ha respetado el derecho al juez “predeterminado por la ley”.
Valdés-Hevia sostiene, por el contrario, que los autos dictados por la jueza Pandiella, por los que acordaba las escuchas de las conversaciones de su cliente con la ex alta funcionaria Marta Renedo y sus prórrogas, Svulneraron “el derecho al secreto de las comunicaciones, no fueron notificados al fiscal, lo que impidió su control y no se justificaba el carácter delictivo de los hechos”. A su tesis se sumaron los abogados Javier Díaz Dapena, que defiende al empresario Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín), Ángel Bernal en nombre de la ex directora general María Jesús Otero y Luis Tuero, en representación de Renedo. El abogado Sergio Herrero no quiso confirmar si se ha adherido al recurso en nombre del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.
lavozdeasturias.es
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