Gerardo Herrero señala que aún hay diligencias abiertas para analizar la documentación «de varias empresas y diferentes consejerías»
O. SUÁREZ / R. MUÑIZ | GIJÓN.
El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, detalló ayer el estado en el que se encuentra la instrucción del 'caso Renedo'. «Existen aún unas diligencias abiertas, en las que se está analizando documentación de varias empresas, así como la relación con diferentes consejerías». En lo tocante a los cinco imputados que hay hasta ahora (José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez), «la fiscal tiene ya prácticamente finalizado el relato de los hechos; si no se producen novedades, está en condiciones de ejercer la acusación».
El Ministerio Fiscal sigue pendiente de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre una de las primeras medidas adoptadas por el magistrado que instruye el caso desde que pasara a Oviedo: imponer un secreto sobre el sumario que incluía al fiscal. «No es legal», entiende el fiscal. La semana pasada, el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla, autorizó el inicio del análisis de los documentos ocupados a Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo), empresa de la que es accionista Víctor Manuel Muñiz.
El miércoles que viene, además, tiene citados a B. F. S. y V. H. M., dos funcionarios que pasaron por la Secretaría General Técnica de Educación. Durante la etapa de Riopedre, la de Educación fue la consejería con mayor rotación en este puesto, llamado a fiscalizar las contrataciones. El día 20 les siguen P. R. P., del mismo departamento, y Alberto Pérez Cueto, director general de Modernización en funciones, y superior inmediato de Marta Renedo. Todos responderán a las preguntas del magistrado y de las partes personadas, incluidas las acusaciones populares, ejercidas por el Bloque por Asturies y la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall).
Sorando acaba de solicitar que el Principado remita el expediente de las obras de cableado informático en el centro cultural de La Fresneda (Siero). En junio de 2006, la Consejería de Cultura, de la que era titular Ana Rosa Migoya, anunció las obras por 66.500 euros. Dos meses antes, un expediente autorizado por la consejera, ordenaba el pago de 26.500 euros por la instalación de un programa informático en el mismo centro a Oxiplans, una tapadera que presuntamente usaba Renedo para desviar fondos a sus bolsillos.
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