viernes, 4 de noviembre de 2011

EL EMPRESARIO DEL "CASO ARENA" USÓ OTRA SOCIEDAD PARA ELUDIR EL CONTROL AMBIENTAL

Vendió el mismo árido prohibido por su toxicidad sin advertir de los riesgos

LORENA BUSTABAD - Ferrol

El empresario de Pontedeume Fermín Duarte no tuvo el menor reparo en servirse de otra empresa de su propiedad para comercializar el mismo producto nocivo que la fiscalía había señalado como contaminante y tóxico. Lo hizo para eludir los requisitos que la Consellería de Medio Ambiente -a instancias del fiscal- impuso a la comercialización del aglomerado asfáltico (ARA) de Manmer por su alto contenido en hidrocarburos peligrosos. Duarte aparcó temporalmente los negocios que hacía con la constructora de su padre (Manmer SL), investigada en 2010 por un posible delito ambiental, y rescató otra empresa registrada a su nombre en 1987 como Rías Altas Obra Civil y Promoción SL para vender el mismo árido a base de betún y alquitrán de hulla con sustancias cancerígenas prohibidas, como el benzopireno.

Duarte: "Voy a trabajar con Rías Altas, que tenía medio parada"

El juez ha pedido a Medio Ambiente los expedientes de Manmer


El industrial se lo contaba sin tapujos a un conocido el 17 de junio en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la brigada de delitos económicos y fiscales (UDEF) de la policía y que figura en el sumario de una investigación que ya acumula más de 700 folios en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol.

Fermín Duarte le explica a su interlocutor que Manmer: "La tiene parada por toda la querella con la Xunta". Precisa que no ha deshecho totalmente de la constructora porque le da "mucha pena". "Todo lo que me tienen hecho, lo tienen a Manmer, no a Rías Altas, ni a nadie más. Lo demás lo puedo usar como me salga de los huevos. Entonces, a trabajar con Rías Altas, que es una empresa que tenía medio parada y ahora tiro de ella".

Duarte se jactaba de que el negocio de los áridos era su particular "lotería" por el alto margen de beneficios que le proporcionaba, y no dudó en usar otro nombre para vender el mismo producto bajo sospecha ambiental. Vendió su zahorra a empresarios y constructores de las comarcas de Ferrol y A Coruña sin advertirles de la composición. Al mismo tiempo, negociaba con el exdiputado popular Javier Escribano la mejor forma de abordar a los conselleiros y directores generales de Industria y Medio Ambiente para colocar su aglomerado en las grandes obras de la Administración gallega a cambio de supuestas comisiones y regalos del calibre de un Porsche Boxter que el empresario dijo haber regalado al político. Escribano afirma que lo compró por 10.360 euros para registrarlo a nombre de su tía.

El aglomerado de Manmer (que también comercializaba Rías Altas) se empleó en las obras del puerto exterior de Ferrol y en subcontratas para rellenos portuarios, asfaltado de vías y explanadas y otras actuaciones en carreteras, parques eólicos, urbanizaciones y paseos marítimos.

Para la brigada de la UDEF quedó acreditado "en multitud de conversaciones telefónicas" que el constructor eumés vendió el árido "a su antojo sin informar al comprador de la problemática y aparentemente, sin ningún control de la Xunta".

El Gobierno gallego fue advertido de los manejos de Manmer y las sospechas sobre el posible origen fraudulento del árido en varias denuncias de octubre del 2010 y mayo del 2011 de la Asociación Gallega de Áridos a las Consellerías de Industria y Medio Ambiente. Solicitaban que se expedientase a la constructora "por competencia desleal e ilícita" y que se informase a las autoridades holandesas. Las quejas de AGA no tuvieron eco y Duarte siguió cerrando negocios. La patronal recurrió entonces a la Fiscalía con una nueva denuncia en mayo del 2011.

El empresario fue detenido el pasado jueves en la Operación Arena en la que figura el exdiputado popular Javier Escribano, investigado por cohecho y tráfico de influencias. El empresario admitió ante el juez, Alejandro Morán, que tenía apiladas toneladas de aglomerado asfáltico en la parcela forestal de Cabanas, pero negó que las 400.000 toneladas de áridos que todavía se amontonan en el puerto exterior de Ferrol fueran suyas y apuntó a la firma alicantina Holding Transmediterránea de Construcciones.

La mercancía viajaba de Holanda al puerto de Caneliñas con los certificados europeos expedidos por Eerland Certification, que supuestamente acreditaban que el producto era reciclado y válido para obra civil, aunque en realidad contamina y no ha sido tratado. El juzgado ferrolano se ha dirigido a la Autoridad Portuaria de Ferrol para que informe sobre los áridos que descarga la consignataria COP Galicia. También ha reclamado a Aguas de Galicia y a la Consellería de Medio Ambiente todos los expedientes sobre Manmer, SL, cuyo producto está siendo analizado.


EL EXALCALDE DE EL CAMPELLO, AL JUZGADO POR PREVARICACIÓN

S. N. - Alicante

La Fiscalía de Alicante ha presentado en el juzgado una querella contra José Ramón Varó, exalcalde de El Campello y actual diputado provincial, del PP, por presunta prevaricación. La iniciativa del ministerio público, según confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, se produce a raíz del informe de la Sindicatura de Comptes que observa irregularidades en tres adjudicaciones del Consistorio por un importe de 158.00 euros.

Según el informe de la Sindicatura, las adjudicaciones correspondientes al ejercicio de 2008, con Varó en la alcaldía de El Campello, se acordaron pese a los informes en contra de los técnicos municipales, en concreto del departamento de Intervención. Las adjudicaciones que acordó Varó y que, en opinión de la fiscalía, podrían ser constitutivas de un delito de prevaricación, son dos contratos relacionados con los espectáculos de fuegos artificiales y un tercero para la iluminación con motivo de las fiestas de la localidad.

elpaís.com

"CASO BRUGAL"; EL INTERMEDIARIO DE LA TRAMA DE LA BASURA EN CALP ALEGA MOTIVOS DE SALUD PARA NO ACUDIR A DECLARAR

El juez rechaza la alegación por el informe del forense y conmina al empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil del PP Juan Roselló, a que comparezca en el juzgado

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil del PP Juan Roselló, e intermediario clave, según la investigación, en el "caso Brugal" relativo a un soborno en la contrata de la basura de Calp, ha alegado motivos de motivos de salud para no acudir esta mañana a declarar como imputado ante el juez que instruye la causa.

El magistrado, titular del Juzgado número 1 de Dénia, en base al informe del forense, ha rechazado el argumento del empresario y lo ha conminado a presentarse en el juzgado en "breve". En caso contrario, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado adoptará el lunes las medidas legales contra el imputado, es decir, una orden de búsqueda y captura. Es la segunda vez que Artacho desoye la citación judicial.

Junto Artacho, el juez había citado esta esta mañana al industrial Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal, y adjudicatario de la planta de basura de este municipio en 1998. Fenoll sí ha comparecido ante el magistrado pero, una vez más, se ha negado a declarar.

La policía y el Fiscal Anticorrupción sostienen que Fenoll se hizo con la planta de basuras de Calp merced a un soborno de 600.000 euros a políticos y técnicos del Ayuntamiento, en esa fecha gobernado por el PP. La investigación cree probado que Artacho era el intermediario del que se valió la trama para consumar el cohecho.

En este sumario hay un total de 11 imputados. Al margen de Fenoll y Artacho, el principal acusado es Javier Morató, exalcalde de Calp, del PP, cuando se adjudicó la contrata y actual edil por la formación Alternativa Popular de Calpe. La lista de imputados por el juez en esta causa se completa con los siguientes nombres: José Perles, Fernando Penella y Juan Roselló, los tres exconcejales del PP; María Teresa Molines, propietaria de la finca donde se ubica la planta de basura; Francisco Antonio Perles Crespo, marido de la anterior y encargado de la firma Acciona encargada del servicio de limpieza del municipio; Antonio Ángel Fenoll, hijo del empresario Fenoll; José Luis Faubel y Juan Cervantes Panella, ingeniero de caminos e ingeniero técnico del Ayuntamiento, respectivamente.

El sumario se abrió por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

El Ayuntamiento de Calp, bajo la presidencia del popular Javier Morató, adjudicó en 1998 la contrata de la basura del municipio a la firma Colsur, SL, propiedad del industrial Ángel Fenoll. Era una de las primeras contratas que ganaba el polémico empresario fuera de la comarca de La Vega Baja, donde monopoliza este negocio. La primera irregularidad detectada en el contrato fue que el adjudicatario no dispuso de un vertedero autorizado hasta un año después.

elpaís.com

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; BLANCO PIDE PERSONARSE EN LA CAUSA EN EL SUPREMO PARA PODER DEFENDERSE

* Presenta un escrito para conocer la documentación remitida por la juez de Lugo
* Según la defensa, la causa no tiene por qué permanecer secreta en el TS
* Parece poco probable que el tribunal decida sobre el tema en época electoral
* Blanco insiste en que las acusaciones contra él 'son una pura falsedad'

Europa Press | Madrid | Santiago

La defensa del ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, que ejerce el letrado Gonzalo Martínez Fresneda, ha presentado este viernes en el Tribunal Supremo un escrito solicitando su personación en la causa que remitió el jueves la juez de Lugo Estela San José en relación con la denominada 'Operación Campeón'.

Fuentes de la defensa han señalado que el escrito se ha presentado con el objetivo de poder conocer el contenido y alcance de la documentación remitida por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, sobre la que hasta ahora pesa el secreto de sumario, y poder de este modo diseñar una estrategia de defensa contra las acusaciones que el escrito supuestamente contiene.

Las mismas fuentes señalan que, aunque la causa permanece secreta en Galicia, no tiene por qué mantener la misma condición en el alto tribunal, de ahí el interés en que se les permita ser parte en las actuaciones.

En el marco de la 'Operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario lucense Jorge Dorribo y dos directivos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.

Según las informaciones publicadas por el diario EL MUNDO, Dorribo habría acusado a Blanco de cobrar comisiones a través de un primo político a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.
 
Comienzo del trámite
Por el momento, el escrito de San José tiene que llegar a la Sala de admisiones de lo Penal del Tribunal Supremo, que es la competente para admitir la causa y comenzar a tramitarla. No obstante, antes se pedirá informe a la Fiscalía, para que opine sobre la admisión del procedimiento en este momento concreto de la investigación.

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que es muy poco probable que el alto tribunal realice ningún movimiento en época electoral, por lo que la remisión a la Fiscalía podría quedar suspendida hasta al menos el 20 de noviembre.
 
Dos opciones
Tras conocer el dictamen del fiscal, el alto tribunal podría optar por admitir la causa y nombrar instructor de la misma o bien por pedir a la juez de Lugo que continúe con sus indagaciones y concrete las imputaciones al ministro antes de abrir formalmente un procedimiento contra él.

De momento, la jueza instructora ha ampliado el secreto de sumario de la 'Operación Campeón' hasta mediados de noviembre, cuando la magistrada decidirá si se levanta esta medida o la prorroga nuevamente en vista de la evolución de las investigaciones.

Dorribo, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la jueza que instruye el caso.

Según publicó EL MUNDO, en esta declaración Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al ministro de Fomento, José Blanco; y a los ex diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Los dos últimos renunciaron a su acta tras la publicación de estas informaciones.
 
Blanco: Todo es 'una pura falsedad'
Por su parte, el ministro de Fomento ha manifestado de forma reiterada que es "falso" que el empresario Dorribo pagase 200.000 euros a un primo suyo para poder reunirse con él y ha insistido en que confía "plenamente" en la "acción de la Justicia".

Hoy, tras el Consejo de Ministros, Blanco ha insistido en que tales acusaciones son "una pura falsedad" y ha destacado, como "dato objetivo que no es interpetable" el hecho de que la remisión al Supremo de parte de la causa "haya coincidido con el inicio de la campaña electoral".

Además
elmundo.es

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ INVESTIGA LA RELACIÓN LABORAL DEL HERMANO DE CASTEDO Y LA GENERALITAT VALENCIANA

Solicita también informes sobre el PGOU de Alicante

* Tejada justifica la petición para el 'adecuado esclarecimiento de los hechos'

Europa Press | Alicante

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha pedido a la Generalitat los detalles sobre la relación laboral con José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de la ciudad y que trabajó en la Dirección Territorial de Urbanismo, y ha preguntado también sobre el estado de tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En una providencia, el juez pide nueva documentación a la Generalitat, al Ayuntamiento de Alicante, a la Agencia Tributaria y al Registro Mercantil de Alicante para continuar con la instrucción de la causa y para el "adecuado esclarecimiento de los hechos". Esta resolución no es firme y frente a ella cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días.

Así, el juez pide a la Generalitat valenciana que le remita un informe en el que indiquen la "fecha de inicio y finalización de la relación laboral o funcionarial de José Luis Castedo Ramos con dicha administración", así como los "puestos y cargos ocupados" y las "funciones y facultades, decisorias o no, ejercidas en cada puesto".
 
Estado de tramitación del PGOU
Además, demanda a la administración autonómica que informe sobre "el estado de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbano revisado del término municipal de Alicante, cuya segunda aprobación provisional se realizó por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alicante de 31 de mayo de 2010 y que debió ser remitido a la Conselleria con competencias en materia de urbanismo, tal y como consta en el acuerdo sexto del punto I-2.1. del acuerdo plenario".

Igualmente, ha pedido al Ayuntamiento de Alicante que envíe en formato digital "la totalidad de los documentos que comprenden el Plan General de Ordenación Urbana revisado, aprobado en Acuerdo Plenario de 31 de mayo de 2010 y remitido a la Generalitat valenciana".

A la Agencia Tributaria, el juez la requiere para que envíe los datos relacionados con las operaciones con terceras personas mantenidas entre 2007 y 2010 por las empresas Laboratorios y Proyectos -adjudicataria de la redacción del PGOU-, Gutiérrez y Miguélez Gestión de Suelo SL, y Serenne Gestión Urbanística SL, así como de Salvetti Abogados y Consultores -despacho del hermano de la alcaldesa Sonia Castedo y del exconcejal socialista, Javier Gutiérrez-.


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"CASO PALMA ARENA"; EL EL BANCO DE VALENCIA QUIERE SACAR YA EL PALACETE DE MATAS A SUBASTA

Ha dejado de pagar

* Ha presentado un escrito solicitando fecha para la subasta de tres fincas
* EL ex presidente pagó con este crédito una fianza de tres millones

María J. García | E. Colom | Palma

El Banco de Valencia ha presentado un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma solicitando que se señale una fecha para la celebración de la subasta pública de las tres fincas con las que el ex president del Govern Jaume Matas garantizó un préstamo de la entidad bancaria para abonar la fianza de tres millones impuesta a raíz del caso Palma Arena y que no está pagando.

La subasta, una vez se haya comprobado que se han seguido los trámites legales oportunos, será fijada según el turno de entrada que le corresponda que a fecha de hoy sería apartir del 15 de enero de 2012.

El Banco de Valencia presentó en mayo una demanda de ejecución hipotecaria contra los citados bienes del ex president, por impago de las cuotas pactadas. El Juzgado requirió en su día, como corresponde en este tipo de procedimientos, el pago de la cantidad adeudada, sin obtener una respuesta positiva.

Además
    * Archivan el delito de cohecho

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"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ ARCHIVA EL DELITO DE COHECHO POR LA CONTRATACIÓN DE LA MUJER DE MATAS

No accede a sobreseer el resto de imputaciones

* Considera que el supuesto delito contra Matas y Areal ha prescrito
* Mantiene la imputación por el supuesto 'blanqueo de capitales'
* No facilitará la documentación sobre la investigación del patrimonio en USA

Carla Arrieta | Palma

El juez de instrucción del Juzgado número 3 de palma ha decidio archivar la pieza separada del llamado caso 'Palma Arena' referida a un supuesto cohecho competido por parte del ex presidente balear para conseguir que su mujer obtuviese una serie de contratos laborales, y sus respectivos sueldos e indemnizaciones, amparándose en su puesto y posición.

El magistrado José Castro, sostiene en un amplio auto que aborda varios recursos interpuestos por la defensa de Matas, que el citado delito de cohecho habría prescrito y califica de 'menos graves' las acusaciones por estos hechos.

Según las acusaciones, la mujer de Matas, Maite Areal, fue contratada por parte de la sociedad Centro de Cálculo Balear -luego pasó a llamarse Martorell Asesores- entre 2005 y 2006 para labores de asesoría, por lo que le pagó 37.092 euros. Unos meses después, entre enero y diciembre de 2007, el Hotel Valparaíso contrató a Areal para llevar a cabo labores de relaciones públicas. Por este supuesto trabajo la mujer de Matas cobró otros 60.000 euros, sostiene el juez.

Su contratador, Miguel Ramis Martorell, afirmó en declaraciones ante la Guardia Civil que Areal finalizó la relación con la empresa ya que su colaboración fue "un fracaso empresarial, puesto que no aportó ningún cliente a su empresa". Explicó además que cuando la señora de Matas le pidió trabajo se vio "muy comprometido siendo quien era y le ofreció el trabajo por compromiso".

Asimismo, Martorell manifestó en su testimonio que Areal no tienía horario ni se formalizó ningún contrato, aunque sí estaba asegurada pero no estaba "obligada a rendir cuentas" de su labor.

Por otra parte, Castro se ha negado a aceptar el sobreseimiento sobre otras piezas relacionadas con un presunto blanqueo de capitales, correspondiente a las pieza 24 del caso, ni por la pieza 10 referida a la adjudicación de unas naves. Se niega además a aceptar las peticiones de archivo de las piezas relacionadas con la contratación de Antonio Palerm Mestre y de facilitar la documentación relativa a la investigación del patrimonio de la famila Matas en EEUU.

Se pronuncia asimismo sobre la petición de la defensa de Matas de que Castro se abstenga de seguir instruyendo el caso después de que haya recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por parte de la Policía, ya que, según sostenía el abogado, aparecía "ante la opinión pública como un claro intento de condicionar e incluso premiar la actuación del juez".

A este respecto, el juez cita las palabras de la Fiscalía Anticorrupción denegando la posible imparcialidad del juez, cuando dice que los argumentos de Matas son "carentes de toda lógica y fundamento" y construyen "toda una teoría de la conspiración sobre su imputación".

"Ante la falta de consistencia y lo peregrino de las argumentaciones, no haremos ninguna consideración más", indicaba el fiscal en un petición de rechazo de la abstención.


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"CASO TROYA"; DOS EMPRESARIOS NIEGAN HABER PAGADO DE MÁS PARA OBTENER LICENCIAS URBANÍSTICAS

En Alhaurín el Grande

* Han asegurado que sólo abonaron las tasas correspondientes

Europa Press | Málaga

Dos empresarios han declarado como testigos este viernes en el juicio del caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, y han asegurado que sólo pagaron las tasas correspondientes por licencias urbanísticas y han apuntado que no se les exigió más dinero por parte del Ayuntamiento.

El primero de los empresarios ha señalado que él no tramitó la licencia sino que fue el arquitecto técnico y ha recordado que la denegaron "porque no cumplía" los requisitos, se realizó una modificación y "nos la concedieron". Ha indicado que por parte del Ayuntamiento no se pidió dinero alguno para la obtención de ese permiso.

La segunda testigo ha precisado que tampoco hizo las gestiones para la licencia y ha explicado que la obra se paralizó por unas pérgolas en las terrazas, pero ha dicho que no tuvo conocimiento de que a consecuencia de dichas dificultades alguien del Ayuntamiento le solicitara algún tipo de contraprestación.

El ministerio público sostiene inicialmente, en su escrito de conclusiones provisionales, que el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra, acusado en esta causa, concedió estas licencias "con infracción de la normativa urbanística de aplicación, favoreciendo a los empresarios, respecto a los que sin embargo no consta que efectuaran pago para ello".

Asimismo, también ha comparecido un empresario dedicado a festejos taurinos y ha señalado que en 2005 le llamaron porque "había unos señores interesados en patrocinar un festival en beneficio de una asociación de Alzheimer" y ha indicado que le pagaron a través de una empresa. Ha precisado que en festejos de otros años le pagó el Ayuntamiento "con otros patrocinadores".


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jueves, 3 de noviembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA DESCUBRE PAGOS DE CORREA A CARGOS DE AENA EN LA ETAPA DE CASCOS

La entrega de dádivas coincide con la adjudicación de contratos por 2,4 millones

MARÍA FABRA - Castellón

La red corrupta Gürtel obtuvo de la sociedad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) la firma de contratos por un total de 2,4 millones de euros. Ahora, la policía ha desvelado cómo dos directivos de este organismo público estatal recibieron, según la contabilidad incautada a la trama, dádivas en forma de viajes, obras particulares y dinero en efectivo. Estos pagos coinciden en el tiempo con la firma de los contratos en los que, según la policía, participaron dichos empleados. Las operaciones se realizaron entre 2001 y 2002, cuando el ahora presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, era ministro de Fomento y el máximo responsable de AENA.

Uno de los directivos niega haber percibido regalos de la trama

La organización de eventos para el Partido Popular posibilitó a la red corrupta Gürtel "establecer un conjunto de relaciones" con responsables del "aparato del partido" que le permitieron "obtener negocio en aquellas Administraciones públicas gobernadas por personas pertenecientes a dicha formación política". Así de claro explica el informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la policía cómo llegó el cabecilla de la trama hasta AENA, un organismo dependiente del Gobierno que entonces presidía José María Aznar.

La policía ha destapado el pago de comisiones, por un valor total de más de 85.000 euros, en un documento, realizado a partir de la contabilidad de las sociedades de la red Gürtel.

Sin embargo, fue el propio Correa quien, en su declaración ante el juez Baltasar Garzón, en 2009, admitió su relación con Cascos y con AENA. "Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional de Turismo] y se hacían un montón de eventos", dijo Correa ante el juez. Desde entonces, no se había realizado ninguna pesquisa sobre la relación de la trama con este organismo del Gobierno.

Álvarez-Cascos, que en su día negó haber favorecido al jefe de la trama Gürtel, rechazó ayer hacer cualquier tipo de valoración sobre el informe de la policía.

El documento entregado por la policía al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, sostiene que uno de los receptores de las comisiones, el director de Comunicación del ente, Ángel López de la Mota, participó en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas que rigieron la contratación de las empresas de Correa para la realización de los expositores de AENA en las ferias de Fitur de 2001 y 2002.

El informe indica que las dádivas a los empleados "responderían a contraprestaciones por el favorecimiento a las empresas". Y marca la ilegalidad de su actuación en la "elaboración de pliegos, donde se establece un sesgo que permite ya sea establecer más baremo a cuestiones subjetivas (...) ya sea modificar las ponderaciones de la valoración económica ad hoc de la oferta de la empresa patrocinada".

Ángel López de la Mota admitió ayer que fue él quien firmó tanto los pliegos de condiciones como la conformidad de las adjudicaciones, pero que "ni yo redacté los pliegos, ni adjudiqué los contratos". El directivo, que aseguró que jamás recibió indicaciones de Fomento sobre a quién debía contratar, explicó que los viajes corresponden a servicios turísticos que contrató con una de las empresas de Correa pero que, tal como afirma "los pagué todos", aunque no guarda dichas facturas. Aún así, admite que recurrió a esta empresa porque la conocía de su trabajo anterior, en el PP, partido para el que trabajó durante 10 años. "Esperaba alguna deferencia, algún descuento, pero cuando vi lo que me facturaban, dejé de contratarles", señaló. López de la Mota, que manifestó su extrañeza sobre la existencia tanto de estas facturas en la contabilidad de la trama como de las anotaciones sobre la reforma de su casa, que "yo contraté directamente y yo pagué", dijo.

El informe destaca el intento de la trama por ocultar las facturas y sostiene que la organización, "consciente de que los documentos reflejan el pago de las obras de carácter particular y son al menos comprometedores", dio instrucciones "para que se guardaran en una carpeta dentro de una caja fuerte".

Las facturas y documentos de la carpeta 'Embolados'
La información de las supuestas comisiones pagadas por la trama Gürtel al entonces director de comunicación de AENA, Ángel López de la Mota, figura en documentos y archivos, tanto en soporte papel como informático, hallados entre la documentación y contabilidad incautada a las sociedades de la trama Gürtel durante los registros efectuados en sus sedes. Los documentos, según figura en el informe remitido por la policía al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, se encontraban en una carpeta en la que figuraba como título "Embolados".

En soporte de papel, la policía hace mención a documentos sobre el supuesto pago de las reformas de la casa de López de la Mota, que él asegura haber pagado directamente. Sin embargo, la documentación incautada a la trama incluye varias facturas de empresas de albañilería y decoración sobre las que existen otras tantas anotaciones en las que se puede leer "Casa Ángel López de la Mota", "Pagos casa A. López de la Mota" o "Resumen obra Ángel López de la Mota".

El desglose efectuado por la policía también indica que la red de Correa pagó otros gastos a Mota, hasta un total de 54.702,43 euros. Así, bajo el epígrafe "Detalle gastos personales AENA" figuran un viaje de la familia Mota a Eurodisney en abril de 2001; un viaje a Menorca en agosto de ese año (5.462,40 euros); el alquiler de un vehículo en La Palma, en septiembre de 2001; la estancia en el hotel Blanca de Navarra en febrero de 2002; la estancia en el Hotel Iberostar Palace-Fuerteventura; tres billetes de avión Madrid-Fuerteventura y el alquiler de un vehículo allí (2.627,04 euros); la estancia en el Hotel Playa la Barrosa, en Chiclana, en julio de 2002 (3.294, 40 euros) y un billete de avión Madrid-Dublín (Irlanda) en agosto de 2002.

El otro trabajador de AENA que percibió dádivas de la red corrupta es José María Gavari, quien, según la policía, trabajaba en el mismo departamento que López de la Mota. En el mismo cuadro, la contabilidad de la trama sumó 10 entregas de dinero en efectivo por un total de 9916,70 euros entre febrero y diciembre de 2001; cuatro billetes de avión Tenerife-Madrid y el alquiler de un vehículo en la isla; un viaje de la familia Gavari a Eurodisney en abril de 2001; otro viaje a Menorca en abril de 2001 (5.462.40 euros); el alquiler de una furgoneta en mayo de 2002 y billetes de avión Madrid-Tenerife de cinco personas en agosto de 2002 (1.504,36 euros), entre otros.
 
Eterna instrucción
- El grueso del caso Gürtel todavía está en fase de instrucción, es decir, de investigación. La policía aún tiene pendientes de analizar cerca de 200.000 folios.

- La competencia sobre la instrucción se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque volverá a la Audiencia Nacional, porque ya no hay aforados entre los imputados.

- Los Tribunales Superiores de Valencia y de Castilla y León tampoco han concluido sus investigaciones, excepto en el caso de los trajes, sobre la ramificación del caso en ambas comunidades.

- Hasta que finalice la investigación, los jueces no fijarán los nombres de quiénes serán juzgados.


elpaís.com

"CASO OSSIFAR"; LA BANDA DE UM INFLÓ HASTA EN 100.000 EUROS CADA CAMIÓN DE BASURA COMPRADO POR EMAYA

Eduardo Colom | María J. García | Palma

Al menos 100.000 euros de sobreprecio en cada camión de basura nuevo destinado a la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma, Emaya, mientras Unió Mallorquina tenía el control absoluto de la empresa pública. Esa es la cifra de dinero supuestamente desviada en cada adquisición a tenor de la investigación que todavía permanece abierta en torno a Emaya.

Y es que durante los registros practicados en el marco del llamado caso Ossifar, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, los investigadores se han incautado de documentación que, a falta de ser analizada a fondo a lo largo del procedimiento judicial, se considera indiciaria de que los precios eran sistemáticamente inflados.

Esas pruebas documentales indican que los proveedores predilectos de la Emaya de UM, entre los que destaca la sociedad Seguridad y Limpiezas SL, presupuestaban por una parte el precio de mercado real de los bastidores adquiridos y por otra el precio que luego iban a cobrar a la sociedad dedicada a la limpieza de Palma. La diferencia entre una cantidad y otra supera en algunos casos los 100.000 euros, elevando el precio de uno de esos camiones hasta casi los 300.000 euros. Un precio considerado excesivo por los expertos consultados por este diario.

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"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LA JUEZA DE LUGO ELEVA AL SUPREMO LAS ACUSACIONES CONTRA EL MINISTRO BLANCO

* Podría tratarse de una exposición para que el tribunal asuma el procedimiento
* El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno tiene la condición de aforado
* El empresario Dorribo le acusa de haber cobrado 400.000 euros por una ayuda

María Peral | Madrid

El Tribunal Supremo ha registrado la entrada de un escrito remitido por la juez de Lugo que investiga la 'operación Campeón', Estela San José, caso en el que el ministro de Fomento, José Blanco, ha sido acusado de recibir pagos irregulares por el empresario Jorge Dorribo.

Aunque no se conoce el contenido del documento, podría tratarse de una exposición motivada para que el Alto Tribunal se haga cargo del procedimiento dado el carácter de aforado de Blanco.

San José es la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que instruye la causa que investiga una trama para defraudar subvenciones públicas. Jorge Dorribo, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la juez.

Según publicó EL MUNDO, en esta declaración Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones a José Blanco y a los ya ex diputados gallegos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), que dimitieron a raíz de estas acusaciones.
 
Declaración en los juzgados
El pasado octubre, tras permanecer Dorribo más de cinco horas en los juzgados de Lugo, la juez instructora se desplazó a la sede de Laboratorios Nupel e intervino más documentación relacionada con el caso.

La juez instructora decidió el 13 de octubre la ampliación del secreto de sumario de la 'operación Campeón' hasta mediados de noviembre, cuando Estela San José decidirá si se levanta esta medida o la prorroga nuevamente en vista de la evolución de las investigaciones.

Cita en una gasolinera
Tal y como publicó EL MUNDO, Dorribo declaró que Blanco y él, a instancias del primo del ministro Manuel Bran, se citaron en una gasolinera, concretamente en la estación de servicio de Guitiriz, en Lugo, para tratar en el coche oficial del ministro de las ayudas a la empresa de Dorribo.

Según declaró el empresario ante la juez, el ministro le dijo: "Si te portas bien conmigo, yo me portaré bien contigo".

El ministro admitió el encuentro y destacó que Dorribo le pidió entonces que hiciera gestiones ante el Ministerio de Sanidad, pero sostuvo que luego no las hizo.

Supuestos pagos al primo de Blanco
El pasado día 31 de octubre, EL MUNDO publicó que Dorribo pagó 200.000 euros al primo de Blanco a escasos metros del coche del ministro. Esa entrega de dinero era, según el empresario la condición para poder subirse al coche oficial y pedir favores al titular de Fomento.

Tras conocer esta última acusación, el ministro aseguró que "es una falsedad y quedará probado que es falso".

Además
* ¿Qué es la 'operación Campeón'?
* ¿Quién es quién en el caso?

elmundo.es

miércoles, 2 de noviembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA ACREDITA PAGOS DE COMISIONES DE CORREA A AENA ENTRE 2000 Y 2002

Certifica con facturas el pago de servicios turísticos, obras de reforma en el domicilio particular del empresario o entregas de dinero en metálico

ep / madrid

Un informe policial que obra en manos del magistrado Antonio Pedreira ha acreditado el pago de comisiones por parte de las empresas de Francisco Correa a empleados de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) entre 2000 y 2002, periodo en el que la red "Gürtel" consiguió diversos contratos con el ente público por un importe total de 2,4 millones de euros, como el montaje de los Stand de AENA en las ferias de Fitur. Así consta en un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), con fecha del pasado 25 de octubre, al que tuvo acceso Europa Press.

En el escrito, se solicita la declaración en calidad de imputados del entonces director de Comunicación del ente, Ángel L.M., y de José María G., también vinculado al ente público. El documento recoge que durante el tiempo en que Ángel L.M. ostentaba el puesto de director de Comunicación de AENA se produjo "la entrada de las empresas de Correa como prestadoras de servicios de dicho organismo, siendo adjudicataria varias de sus empresas para diversos contratos".
Servicios turísticos

Conforme a la documentación analizada, incautada en los diversos registros practicados, la Policía certifica el pago de servicios turísticos, obras de reforma en domicilio particular o entregas de dinero en metálico a dos personas vinculadas al ente público, como son Ángel Luis L.M. y José María G. durante 2000 y 2002.

El informe policial incluye diversos justificantes de dichas prestaciones consistentes en distintas facturas, documentos y archivos electrónicos en los que se acredita la realización de los mismos. El texto especifica que estos favores se realizaban a personas "con capacidad para participar en la concesión de contratos y autorizar el pago de las distintas facturas generadas en dicho organismo público". Ello, según el informe, les "generaba un provecho directo que respondería a contraprestaciones por el favorecimiento a las empresas de Correa". De este modo, relata que en determinados proyectos "se podrían haber ejecutado actos para que las empresas adjudicatarias de los contratos sean las sociedades de Francisco Correa".

"Dichas actuaciones se realizarían en la etapa de elaboración de los pliegos de condiciones técnicas y económicas, donde se establece un sesgo que permite establecer más baremos a las cuestiones subjetivas dentro de los elementos a valorar de las distintas ofertas, ya sea modificar las ponderaciones de la valoración económica de las mismas 'ad hoc' de la oferta patrocinada", recalca la UDEF. Añade que la organización de Correa, a través de sus empresas, durante el periodo comprendido entre 2000 y 2002 "consiguió diversos contratos del ente público por un importe total de 2.411.752, 31 euros,c omo en el caso de los montajes del stand de AENA en las ferias de Fitur DE 2001 y 2002".

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CORREA PAGÓ COMISIONES A AENA CUANDO CASCOS ERA MINISTRO DE FOMENTO

La policía ha descubierto que dos trabajadores de este organismo público percibieron 85.000 euros, en forma de viajes, en efectivo y a través del pago de obras particulares

Redacción Estrella Digital,

La rama política de la 'trama Gürtel' podría no estar solo confeccionada con nombres locales o regionales. Según publica este miércoles el diario El País los tentáculos de Francisco Correa llegaron hasta el Gobierno. Tal y como relata la cabecera de Prisa, los hechos se sucedieron entre 2000 y 2002, cuando Francisco Álvarez Cascos, hoy presidente de Asturias, era responsable de Fomento. Por aquel entonces, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) adjudicó a las empresas de la red contratos por un valor de 2,4 millones de euros. "Según la documentación intervenida en los registros de las sociedades del líder de la trama dos trabajadores de este organismo público percibieron comisiones, en forma de viajes, en efectivo y a través del pago de obras particulares por un valor de más de 85.000 euros", explica la periodista María Fabra en el diario.

La relación del exministro con Correa no era ningún secreto. De hecho, fue el propio líder de la trama quien, en su declaración ante el juez Baltasar Garzón, en 2009, admitió su relación con Cascos y su trabajo para Aena. “Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA [organismo dependiente del Ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur -Feria Internacional de Turismo- y se hacían un montón de eventos”, dijo Correa ante el juez.

Lo que sí parecía ser un secreto eran las comisiones que este miércoles relata El País. El informe elaborado por la policía sostiene que uno de los receptores de las comisiones, el director de Comunicación del ente, Ángel López de la Mota, participó en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas por las que se rigió la contratación de las empresas de Correa para la realización de los expositores de Aena en la feria de Fitur de 2001 y 2002. E indica que las comisiones a trabajadores de una empresa pública con capacidad para participar en la concesión de contratos y para autorizar el pago de las distintas facturas les “genera a estos un provecho directo y responderían a contraprestaciones, por el favorecimiento de los mismos a las empresas”.

estrelladigital.es

"OPERACIÓN ARENA"; EL EMPRESARIO DUARTE PREVEÍA REPARTIR DOS MILLONES DE LA XUNTA CON ESCRIBANO

Escribano, el pasado marzo en un acto de Nuevas Generaciones. / G. T.
“Le ofrecí el oro y el moro para ver si soluciona rápido”, recogen las escuchas

José Precedo 
Santiago de Compostela.

Los teléfonos del empresario Fermín Duarte y del exdiputado en el Parlamento gallego Javier Escribano echaban humo durante los meses de mayo, junio y julio para solaz de la policía que los tenía pinchados para investigarlos. Esas horas de conversaciones destaparon los manejos del empresario y el diputado que este verano estaban ansiosos por contactar con los conselleiros de Medio Ambiente, Agustín Hernández y de Industria, Javier Guerra.

La policía sospecha que su plan pasaba por amenazar a la Xunta de Galicia con denunciarla ante la Unión Europea por impedirle vender su zahorra, amparándose en un certificado de Holanda.

En una de las llamadas, del 27 de junio, el industrial cuenta a un familiar cercano que pretende recibir “dos milloncejos” de euros de la Administración y que Escribano le está ayudando en las gestiones. “Le he ofrecido el oro y el moro para ver si soluciona rápido”, cuenta el empresario, quien se muestra satisfecho con la ayuda del entonces parlamentario del PP. En la charla que fue interceptada por la policía, el industrial dice de él mismo: “Dos milloncejos para Fermín y Fermín desaparece”. Y aclara que una parte de ese dinero es para el diputado popular.

Estas frases hacen concluir a la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que ambos pactaron comisiones ilegales a cambio de las influencias de Escribano en el Gobierno gallego. Este intenta contactar con Hernández y con el director general de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, al que llega a enviar una carta a través de la Cámara de Comercio de Ferrol. El departamento de Guerra recibió en octubre de 2010 una denuncia de la Asociación Gallega de Áridos contra Manmer, la firma de Duarte. Oficialmente sigue tramitando el expediente desde la subdirección general de Administración Industrial. La policía ha constatado que su responsable recibió a Duarte el pasado mes de agosto.
 
"A ver si hay suerte"
En su propósito de influir en las Consellerías de Medio Ambiente e Industria del Gobierno gallego siempre a favor de la empresa Manmer SL, el entonces diputado del PP, Javier Escribano y el gerente de la firma, Fermín Duarte, tocaron tocas las teclas que tenían a mano. Así consta en el sumario de la Operación Arena que motivó la imputación del dirigente popular por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le acusa de cohecho y tráfico de influencias.

Para que la sala del tribunal llegase a esa conclusión fue fundamental el trabajo de la Brigada especializada en delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía. Tras intervenir el teléfono del industrial los agentes constataron la intensa relación entre ambos. Así lo constata el tráfico de llamadas de Duarte a Escribano y viceversa durante los meses de mayo, junio y julio. Los pinchazos telefónicos dejan entrever la desesperación de ambos por reunirse con los conselleiros de Medio Ambiente, Agustín Hernández, el departamento responsable de autorizar el uso de la zahorra de Manmer —importada de Holanda con residuos potencialmente contaminante— en obras, y el de Industria, Javier Guerra, que desde hace un año mantiene un expediente abierto contra la empresa de Duarte, tras otra denuncia de la Asociación Gallega de Áridos.

Duarte logró una reunión con un cargo de Industria sobre Manmer

Político y empresario utilizaron sus contactos en la Cámara de Comercio de Ferrol para solicitar una entrevista con el director general de Industria, Ángel Bernardo Tahonces, y llegaron a enviar desde esta institución un escrito a la Consellería. En una de las conversaciones intervenidas, del pasado 18 de julio, Escribano llama a Duarte y le advierte que ha remitido la carta desde la Cámara de Comercio de Ferrol a la atención de Tahoces. El empresario le contesta que durante la última semana de julio va a ver a los dos conselleiros [Hernández y Tahoces, aunque matiza: “Igual es preferible que vaya por procedimiento reglamentario, primero el director general [Tahoces] que es un tío con un par de huevos y manda más que el conselleiro”.

En ese diálogo, Escribano se lamenta de que ambos sigan sin tener noticias del director general de Avaliación e Calidade Ambiental del departamento de Medio Ambiente, Justo de Benito. Y propone pasar a la acción con Tahoces. “Yo a estas alturas ya no andaría con contemplaciones, si le metes ya el misil, se lo metes y punto, porque yo sigo esperando a que me llame Justo, ¿porque a ti tampoco te ha llamado, no?”. En esas conversaciones, el diputado del PP presume de formar parte de la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo y asegura que va a aprovechar una comparecencia de Guerra para abordarlo y tratar el tema de la empresa.

La policía ha constatado que las gestiones de Escribano y Duarte dieron sus frutos puesto que el empresario logró tener una reunión a mediados de agosto con un cargo del equipo de Tahoces, el subdirector general de Administración Industrial, Tomás Nogueira.

La consellería de Industria aseguró el martes a este periódico que no tiene constancia de que Escribano se dirigiera a su departamento, ni a través del titular, Javier Guerra, ni al director general Ángel Bernardo Tahoces. Admitió sin embargo que el expediente abierto a Manmer a raíz de una denuncia de la Asociación Gallega de Áridos en octubre de 2010 continúa un año después en fase de tramitación, precisamente en el departamento que dirige Tomás Nogueira.

El exparlamentario dice que se interesó por “un problema de una persona”

Los investigadores relacionan esa sucesión de llamadas con una conversación anterior de Duarte con un familiar suyo, el 27 de junio, en la que le cuenta una reunión que ha mantenido con Escribano. Aluden a un plan que habían trazado entre ambos para exigir una indemnización a la Xunta por impedirle vender los residuos, que según Manmer están homologados en Holanda. De lo contario, amenazarían con denunciar la prohibición ante las autoridades comunitarias. Su idea es pedir dos millones de euros a la Xunta, de los que una parte, según los investigadores, serían para Escribano. “Dos milloncejos para Fermín y Fermín desaparece”, cuenta Duarte a su familiar. Cuando se le pregunta qué pasa con Escribano, responde que “una parte se la lleva él”. En otra parte de la conversación, el empresario sostiene que Escribano se está portando bien y añade: “A ver si hay suerte, yo le he ofrecido el oro y el moro por si soluciona rápido”. Estas frases hacen concluir a los agentes que el diputado y el empresario han pactado comisiones ilegales a cambio de que el político del PP tirase de sus contactos en el Gobierno gallego para favorecer a la empresa de materiales de construcción.

En una entrevista publicada ayer en La Voz de Galicia, Escribano no negó que hubiera realizado gestiones a favor del industrial eumés. “Lo que hice fue interesarme por un problema de una persona que se dirigió a mí para exponerme su situación y lo hice como lo he hecho a lo largo de dos años que llevo como diputado con decenas de colectivos y personas...”.

La policía sospecha que en septiembre Escribano recibió un soplo de que se le estaba investigando, lo que frustró el avance de sus investigaciones. En una conversación grabada, el exdiputado contó a una amiga que el alcalde de A Coruña y presidente provincial del PP, Carlos Negreira, le había advertido de que tenía el teléfono pinchado. A partir de ese momento su actitud cambió y dejó de hablar por el móvil.
 
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elpaís.com

IMPUTAN POR PREVARICACIÓN AL ALCALDE DE ALARÓ Y ALTO CARGO DE LA COSELLERÍA DE AGRICULTURA

Por favorecer a un constructor

El juez admite a trámite una querella contra el primer edil, Joan Simonet, el exalcalde Miguel Deyá, el aparejador municipal y un constructor

Europa Press | Palma

El alcalde de Alaró, Joan Simonet, actual alto cargo de la Conselleria de Agricultura -es el director gerente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba)- y quien también estuvo al frente de la empresa pública Servicios de Mejora Agraria (Semilla) en el anterior Govern de Jaume Matas, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación al favorecer, junto a otros responsables municipales, a un constructor que, tras solicitar licencia de obras para demoler y erigir una edificación, acabó invadiendo suelo público sin que fuera sancionado por ello.

Es más, en contra de lo establecido en el ordenamiento jurídico, desde el Consistorio de Alaró se cambió el uso del terreno ocupado para dárselo al constructor sin ni tan siquiera modificar, como exige la ley, el planeamiento urbanístico de la localidad mallorquina, tal y como consta en la querella recientemente interpuesta por un empresario y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Inca.

En concreto, la querella se dirige contra Simonet -concejal de Obras cuando sucedieron los hechos-, el entonces alcalde Miguel Deyà (PSIB), el aparejador municipal Joan Josep Torrens y el constructor y contratista Mateo Pizà, quien presuntamente resultó beneficiado "de un incumplimiento flagrante y persistente amparado por el comportamiento de los responsables y técnicos municipales", según el escrito.

El querellante, asistido por el letrado Fernando Mateas, denuncia que, iniciadas las obras en 2002, el aparejador municipal detectó que las alineaciones de los muros se excedían e invadían la calle, lo que provocó la paralización de la obra, si bien "sorprendentemente" y tan sólo tres días después volvió a emitir, por orden de Simonet, un nuevo informe en el que indicaba que el error había sido enmendado, según relata el escrito del letrado. De esta forma, la paralización decretada quedaba finalmente sin efecto.

Sin embargo, a juicio del empresario, "deviene palmario que nos encontramos ante una clara simulación, pues el expediente se resuelve en tres días, agilidad que repugna con el normal proceder de la Administración", lo que además "de nada sirvió" pues las alineaciones mantenidas continuaban incumpliendo lo establecido en la licencia concedida, invadiendo de esta forma el espacio público. La querella añade además cómo el segundo informe de tres días posteriores a la paralización carecía de membrete del Ayuntamiento de Alaró o de fecha de entrada, lo que aún ponía más en duda su veracidad.

Así las cosas, el querellante decidió en junio de 2005 denunciar los hechos al constatar que la obra había supuesto una invasión de vial público, lo que conllevó un nuevo informe del aparejador municipal Josep Torrens en el que, a pesar de su anterior informe, concluía que efectivamente se había producido una invasión total de 11,70 metros cuadrados de terreno de titularidad municipal. Y una vez conocido ese informe, el constructor Pizà solicitó la modificación del proyecto básico y de ejecución, lo que le fue concedido en el mismo pleno en el que "de forma grosera y arbitraria" se aprobó la desafectación -cambio de uso- del terreno "injustamente invadido y apropiado" por el constructor querellado.
 
Desafectación para 'favorecer los intereses del constructor'
La querella precisa, sin embargo, que cuando se trata de suelo cuyo uso tiene un destino urbanístico contemplado en el planeamiento "no es posible que a través de la desafectación se pueda cambiar el destino de ese suelo como ha pretendido el Ayuntamiento a fin de favorecer únicamente los intereses del constructor". Al respecto, la querella abunda en que "no puede un bien con destino urbanístico asignado tener una naturaleza distinta al que el planeamiento le reconoce y atribuye".

Una actuación que, a juicio del empresario querellante, "viene reforzada por la agilidad de la corporación a la hora de levantar la suspensión de las obras", "la pasividad después a la hora de controlar la ejecución" de los trabajos y la aparición del informe "supuestamente emitido por el aparejador, confeccionado a instancia y por orden del hoy alcalde, y que aflora en el expediente casi tres años después de su emisión" -cabe indicar que fue presentado por el constructor querellado una vez interpuesta la denuncia del año 2005-.


elmundo.es

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; BLANCO, ACORRALADO: LAS CONVERSACIONES CON SU PRIMO FUERON "PINCHADAS" POR LA JUEZA

El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco. (Efe)
BRAN LLAMÓ AL MINISTRO ANTES DE LA CITA EN LA GASOLINERA

José L. Lobo - Sígueme en  Twitter 
 
Manuel Bran, primo político de José Blanco, hizo una llamada desde su móvil al ministro de Fomento el pasado 5 de febrero para comunicarle que estaba reunido con el empresario Jorge Dorribo en la gasolinera Galp de Guitiriz (Lugo). Poco después, el portavoz del Gobierno y número dos del PSOE llegó a la estación de servicio y recogió en su vehículo oficial al industrial gallego. La juez Estela San José, que tiene en el punto de mira a Blanco, conoció ese y otros detalles no sólo por el testimonio de Dorribo, principal imputado en la Operación Campeón contra el fraude en la concesión de ayudas públicas en Galicia, sino también a través de las conversaciones telefónicas intervenidas a Bran, que ella mismo ordenó.

Fuentes cercanas a la investigación que dirige la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo han asegurado a El Confidencial que San José decidió pinchar el móvil de Bran tras descubrir que éste y Dorribo -que también tenía el teléfono intervenido- mantuvieron varias conversaciones en las que el primo de Blanco se ofreció al empresario como conseguidor de ayudas para su laboratorio farmacéutico, que se encontraba al borde de la bancarrota. Ante la insistencia de Dorribo, Bran se comprometió a ponerle en contacto con el ministro de Fomento a cambio de contratos para su propia empresa, Electricidad Espiñeira y Bran, que también atravesaba dificultades económicas.

Gracias a la intervención del móvil de Bran, San José pudo conocer las gestiones que éste hizo ante Blanco en favor de Dorribo mucho antes de que el empresario farmacéutico le contara a la juez todos los detalles, el pasado mes de agosto, y saliera de la cárcel en libertad provisional. Los dos primos, según las fuentes consultadas, jamás hablaron por teléfono de la mordida que Dorribo estaba dispuesto a pagar a cambio del rescate de su laboratorio, pero sí dejaron al descubierto en sus conversaciones serios indicios del presunto tráfico de influencias cometido por el actual portavoz del Gobierno.

Llamada registrada
La llamada que Bran hizo al ministro de Fomento el pasado 5 de febrero para advertirle de su llegada a la gasolinera de Guitiriz quedó registrada y consta en el sumario que instruye San José, que permanece secreto. Y seis meses más tarde, en agosto de este año, Dorribo declaró a la juez que en ese encuentro clandestino en la estación de servicio había pagado 200.000 euros en metálico a Blanco, a través de su primo, y más tarde otros 200.000 euros a éste mediante contratos inflados para su empresa, Electricidad Espiñeira y Bran.

Según reveló el pasado lunes el diario El Mundo, Bran se reunió con Dorribo en la gasolinera y éste le entregó los 200.000 euros en efectivo, tal y como ambos, con el conocimiento de Blanco, habían pactado previamente. Media hora más tarde, el ministro de Fomento llegó a la estación de servicio y recogió al empresario en su vehículo oficial, momento que Dorribo aprovechó para pedir a su interlocutor que intercediera ante los ministerios de Economía y Sanidad para salvar su negocio farmacéutico.

Blanco ha negado hasta ahora todas las acusaciones, incluida la del presunto soborno que le pagó Dorribo. Pero la situación del ministro de Fomento es cada vez más comprometida políticamente. El número dos del PSOE, que encabeza la candidatura socialista por Lugo para el 20-N, está maniobrando a la desesperada en las últimas semanas para evitar que la juez eleve el caso al Tribunal Supremo -dada su condición de aforado- antes de la cita electoral. El fiscal, Javier Rey -amigo de Blanco y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido- ha pedido a San José que antes de dar ese paso ordene nuevas pruebas, pero ésta parece dispuesta a trasladar cuanto antes al alto tribunal la parte del sumario que afecta al portavoz del Gobierno.     


EL REDACTOR RECOMIENDA

martes, 1 de noviembre de 2011

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADAS A OTRAS SIETE PERSONAS

La fiscalía considera que se aprovecharon supuestamente de información privilegiada del plan general urbano de Alicante durante su tramitación

EFE / EL PAÍS - Alicante

El juez instructor de la pieza del caso Brugal que se centra en las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha citado a declarar como imputadas a otras siete personas que, a juicio del fiscal, son supuestamente responsables de delitos de aprovechamiento de información privilegiada y/o de participación en cohecho.

A través de un auto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, recuerda un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se hace constar una serie de delitos investigados en relación al PGOU y personas "supuestamente responsables" de los mismos. Entre estas, al margen de otras que ya han declarado, figuran siete personas, dos de ellas por supuestos delitos de participación en cohecho y aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y las restantes solo por este último delito.

Las dos primeras son el empresario Aurelio González (administrador mancomunado de Enrique Ortiz en algunas empresas) y el consejero de una mercantil de este último, Vicente Pérez, de quien el sumario Brugal recoge varias conversaciones telefónicas con Ortiz. Las otras cinco son José Gregorio Bernabé, relacionado con la empresa Aligestión y empleado de Ortiz; el promotor Ramón Salvador, los empresarios Juan José Climent y José Francisco Javier León, y el exdirector general adjunto de Bancaja Juan Zurita. Los citados aparecen en las conversaciones recogidas por la Policía e incorporadas al caso.

El juez ha acordado la citación de José Gregorio Bernabé, Aurelio González y Ramón Salvador para el próximo 14 de noviembre, y el resto declarará siete días después.

La del planeamiento urbanístico de Alicante es una de la veintena de piezas separadas surgidas a raíz de la investigación inicial, que se centró en las supuestas irregularidades en la concesión del servicio de basuras de Orihuela y a partir de la que también después se descubrieron supuestas ilegalidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.

El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación Brugal del PGOU por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque esta siempre ha negado las acusaciones de trato de favor. El escrito de la acusación pública apunta a que Castedo facilitó "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo PGOU, producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes". Se refiere a "apaños" en las zonas urbanísticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y el estadio "Rico Pérez", y también a que la alcaldesa recibió "dádivas" del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra, un viaje en yate a Ibiza, la compra de un coche Mini Cooper y la aceptación de empleo a personas de confianza de Castedo.

En esta causa, el fiscal también considera implicado a su antecesor en el cargo al frente del consistorio alicantino, Luis Díaz Alperi, por supuestamente haber dado trato de favor a Ortiz. No obstante por su condición de diputados autonómicos en las Cortes Valencianas, Castedo y Díaz Alperi, ambos del PP, están aforados y, en principio, sólo podrían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia.

Ya han declarado en este juzgado como imputados Ortiz -a quien los investigadores consideran el principal beneficiado-; su esposa, María Manuela Carratalá; el arquitecto Jesús Quesada, el empresario Bernardo Campos, los exdirectivos de Caja Mediterráneo y Bancaixa Daniel Gil y José Cortina, respectivamente, y los abogados José Luis Castedo -hermano de la alcaldesa-, Jorge Yacobi y Javier Gutiérrez.
  

lunes, 31 de octubre de 2011

"CASO ARENA"; EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO

Vista aérea del puerto interior de Ferrol. | Autoridad Portuaria
El TSXG devuelve el caso a Ferrol

* El Puerto remite al juzgado informes de los materiales empleados por Manmer
* Pide que la justicia diga a qué lugar trasladar los áridos contaminantes
* Aseguran que las obras realizadas con los áridos han seguido el procedimiento

Raúl Salgado | Ferrol

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol ha levantado este lunes el secreto de sumario sobre la parte del 'caso Arena' cuya instrucción permanece en la urbe naval. El anuncio se produce después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmase en esta misma jornada que devolverá a ese juzgado la totalidad de la causa, que hasta ahora instruía en parte el alto tribunal gallego por la condición de aforado de uno de los implicados, el ya ex diputado autonómico por el PP Javier Escribano.

En Ferrol, el juez Alejandro Morán Llordén mantiene abierto un procedimiento contra el empresario Fermín Duarte, natural de Pontedeume, por un presunto delito medioambiental. Duarte, titular de la firma Manmer, fue detenido el pasado jueves y puesto en libertad apenas 24 horas después. La empresa no sólo cuenta con instalaciones en la comarca ferrolana, sino que, además, recibía materiales para su actividad cotidiana a través del puerto exterior de Caneliñas.

Una parte de la causa abierta inicialmente en el Palacio de Justicia de Ferrol fue desgajada a favor del TSXG, ante la condición de aforado de una de las personas cuyo nombre salió a relucir durante la investigación: Javier Escribano. Se considera que la conducta del dirigente del PP en A Coruña podría corresponderse con sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Fuentes de la investigación han indicado a ELMUNDO.es que, además de una posible nueva toma de declaración a Escribano, también habrá que aguardar por los resultados que se puedan extraer de las muestras de acopios recogidas del material supuestamente contaminante que habría empleado Manmer.

El juzgado ferrolano procedió, tras la denuncia ahora en curso, a la intervención del teléfono de Duarte. Durante las llamadas recogidas, el empresario acordó con Javier Escribano que el ahora ex diputado mediase ante administraciones afines con el fin de que su mercancía pudiese ser adquirida por las adjudicatarias de obras públicas.

El informe que obra en manos de la investigación indica que Fermín Duarte regaló un vehículo de alta gama al parlamentario, que vendería poco después. En esas mismas llamadas, ambos pactaron la entrega de dinero en metálico a modo de comisiones ilegales a cambio de lograr lo prometido.
Precedentes

La causa que ahora se instruye no es la primera que puso a Fermín Duarte en el punto de mira. La Fiscalía de Medio Ambiente archivó una primera denuncia presentada por la Asociación Galega de Áridos en el 2009, que lo acusaba de vender residuos potencialmente peligrosos a compañías del sector de la construcción. El fiscal, Álvaro García Ortiz, se limitó a recomendar, en abril del 2010, que esos materiales no se usasen y que fuesen sometidos a análisis.

Tras la denuncia inicial, la Consellería de Medio Ambiente decretó la paralización cautelar del uso de los áridos en obras, pero Manmer recurrió la decisión. Estimaba que únicamente se basaba "en sospechas" y que podía derivar en "daños y perjuicios". Deducía, además, un intento de boicot hacia su actividad por parte de las asociaciones gallega y nacional de empresas del sector al cursar dicha denuncia y reiteraba que los materiales eran "inocuos".

Y es que, de modo paralelo a la queja de la confederación gallega, la Xunta ya había abierto un expediente a la compañía por apilar materiales en las proximidades de un cauce fluvial en el municipio coruñés de Mugardos. Varios años antes, el Gobierno gallego ya había involucrado a la compañía, junto a otras dos, en hechos semejantes.

Aunque optó por mantenerse al margen, en aquel arranque del 2010 el Puerto de Ferrol se limitó a matizar que la mercancía que Manmer desembarcaba en la dársena exterior cumplía con "los requisitos exigibles". En el verano de ese mismo año, Duarte responsabilizaba a la Administración autonómica del posible cierre de la firma de la que era titular.
 
Puerto
El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se ha pronunciado este lunes en torno a la actividad en la dársena ferrolana de Manmer. Ángel del Real ha recordado que la Fiscalía no dedujo delito en las acciones de la empresa tras la primera denuncia cursada en su contra por la Asociación Galega de Áridos, aunque sí reclamó la ejecución de análisis de los materiales empleados.

Del Real ha detallado que la empresa presentó en todo momento certificados europeos que acreditarían el carácter no contaminante de los materiales. El Puerto ferrolano remitió a la Fiscalía –"al enterarnos del problema", según su presidente- informes sobre todas las obras ejecutadas en zona portuaria con los áridos presuntamente contaminados que Manmer importaba desde Holanda.

El presidente del puerto ferrolano ha dicho estar "a la espera" de que la justicia avance en la investigación del caso y pueda llegar a requerir más información al organismo que dirige. Sobre los materiales actualmente acopiados en el puerto exterior de Caneliñas, se ha limitado a avanzar que "no pueden quedarse allí" y que será el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que tendrá que decir "a dónde hay que llevarlos". No en vano, Del Real asumió que el presunto contenido contaminante de los áridos obligaría a que su traslado tuviese como destino un gestor autorizado y concreto de este tipo de residuos.

Son unas 350.000 las toneladas que actualmente mantiene la empresa Manmer en la dársena ferrolana, aunque, tal y como ha concretado el presidente de la Autoridad Portuaria, no habría riesgo de contaminación, al permanecer "en una zona de decantación". "Eran áridos no contaminantes procedentes de Holanda, pero ahora parece que sí lo son", ha dicho Ángel del Real, que ha dejado claro que las obras ejecutadas con materiales de esta compañía han seguido los requerimientos legales, con el empleo de "plásticos y de una capa de riego asfáltico por encima".

Apelando a la presunción de inocencia, el presidente portuario no se ha pronunciado en profundidad sobre el caso, aunque sí ha declarado que "cuando algo está en el Juzgado, hay que esperar".




elmundo.es

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL TSXG SE INHIBE POR "FALTA DE COMPETENCIA"

Fernado Blanco (izq.) y Pablo Cobián (dcha.), ex parlamentarios dimitidos. | EL MUNDO
Por la pérdida de la condición de aforados de Cobián y Blanco

* La causa de los dos ex parlamentarios regresará al Juzgado nº3 de Lugo
* El levantamiento del secreto de sumario está previsto para el 12 de noviembre

Europa Press | Santiago de Compostela

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado inhibirse en la 'Operación Campeón' y devolver al Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo la causa relativa a los ex parlamentarios Fernando Blanco, del BNG, y Pablo Cobián, del PP.

Según han informado fuentes judiciales, la Sala de lo Civil y Penal "ha declarado falta de competencia" por la "pérdida de condición de aforados" de Fernando Blanco y Pablo Cobián, quienes renunciaron a sus actas en el parlamento tras conocerse su imputación en esta causa.

Las mismas fuentes judiciales han precisado que, en concreto, la decisión de inhibirse en la causa vinculada con Fernando Blanco fue adoptada el pasado 24 de octubre y notificada a las partes.

Por su parte, este lunes se ha adoptado la decisión relativa al auto del ex parlamentario Pablo Cobián, que será notificada a las partes en próximos días.

De este modo, la causa relativa a los dos ex parlamentarios regresará al Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, que dirige Estela San José, quien coordina la 'Operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones.

En el marco de esta operación habían sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario lucense Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.

La juez instructora ha ampliado el secreto de sumario de la 'Operación Campeón' hasta mediados de noviembre, cuando la magistrada decidirá si se levanta esta medida o la prorroga nuevamente en vista de la evolución de las investigaciones.


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"OPERACIÓN OSSIFAR"; "LE LLAMAMOS DE EMAYA, VOTE A UM"

* Una ex secretaria del partido en Cort entregó un listado de móviles públicos que el partido 'usó para captar votos en las elecciones'

Eduardo Colom | María J. García | Palma

La exhaustiva investigación a tres bandas puesta en marcha por la Fiscalía Anticorrupción, el Grupo de Delincuencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil va dejando al descubierto el complejo engranaje que, según las numerosas delaciones que han recabado los investigadores, UM había instalado en las tripas de Emaya para retroalimentar su estructura con cargo al erario público. No sólo montando una oficina fantasma de colocación en la mismísima sede de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma. Sino llegando incluso a utilizar sus líneas telefónicas pagadas por el presupuesto municipal para hacer proselitismo y llamadas al voto a favor de la formación en épocas electorales.

Utilizando palabras del auto judicial que dio pie a la primera gran operación contra esta trama, dictado por el titular del Juzgado de Instrucción 8 Antoni Rotger, los dirigentes de UM en Palma se dedicaron así "a destinar ingentes cantidades de dinero público para desarrollar actividades que en nada revertían al interés público".

Entre esos testimonios con los que ha contado la Fiscalía Anticorrupción para actuar contra la red de desvío de fondos figura el de una ex secretaria del área de Medio Ambiente de Cort en la era UM que relató las prácticas que supuestamente le imponían para desviar fondos en favor de las siglas. Según este testimonio, al que ha tenido acceso este diario, "para las elecciones europeas se utilizaron teléfonos móviles de Emaya, del Ayuntamiento y teléfonos fijos desde los que se llamaba a los simpatizantes de UM para instarles a que fuesen a votar y a que llevasen gente·.

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"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL EMPRESARIO DORRIBO PAGÓ 200.000 EUROS AL PRIMO DE BLANCO AL LADO DEL COCHE DEL MINISTRO

La entrega del dinero en la gasolinera de servicio era la condición para poder subirse al coche oficial
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Aduanas ha comprobado que el dinero se transfirió desde Andorra y se sacó en metálico
 
Dorribo anotó esos 200.000 en su libro como 'IEB': Incentivos Europeos Bran-Blanco
 
Ese 5 de febrero de 2011, en la gasolinera de Guitiriz (Lugo), pasaron muchas cosas. Y ninguna es buena para el ministro José Blanco, portavoz del Gobierno y pieza clave en la campaña electoral de Rubalcaba.

Revela este 31 de octubre de 2011 el diario 'El Mundo' que Manuel Bran, el primo del ministro José Blanco, se encontró en esa estación de servicio con el empresario Jorge Dorribo media hora antes de que llegase el portavoz del Gobierno en su coche oficial. Y, allí mismo, Dorribo le habría entregado 200.000 euros en metálico a Bran.

Esa cantidad, según declaró Dorribo a la juez, era la condición que le impusieron a cambio de que Blanco le permitiera subir en el coche oficial y pedirle favores.

Los agentes de Aduanas han comprobado que, efectivamente, Dorribo transfirió 200.000 euros desde una sociedad de Andorra -Salud Innovació 12- a una de sus empresas de Lugo, y que después sacó ese dinero del banco en metálico.

Según explica Casimiro García Abadillo en 'El Mundo', el empresario reflejo en libro donde llevaba la contabilidad B de sus empresas ese 'soborno' como IEB: Incentivos Europeos Bran-Blanco.

Los datos son apabullantes y dejan al ministro socialista, antigua azote de la 'Gürtell', al pie de los caballos.

Cabe la posibilidad, como alega desesperadamente el PSOE que lo que dice Dorribo sea falso, pero no se entiende por qué habría de mentir con una autoimputación en la que reconoce que ha cometido un grave delito de cohecho.

El Servicio de Vigilancia de Aduanas, al que la juez ha encomendado la investigación para evitar filtraciones ya que probablemente no se fía de la Policía Nacional, ha comprobado que la versión de Dorribo tiene una base sólida. Éste transfirió 200.000 euros desde una empresa de Andorra a otra suya en Lugo. Luego sacó el dinero en efectivo. Y posteriormente él reflejó esa operación en su contabilidad como un pago a «IEB». Según el código de Dorribo, esas siglas significan Incentivos Europeos Bran-Blanco, los apellidos del primo y del ministro.

Las fechas y las siglas encajan, aunque alguien podría argumentar que todo apuntaba también a la culpabilidad de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, dado que en las cuentas de la trama de Gürtel aparecían las anotaciones «Luis el Cabrón» y «L. B.», pero ello no fue suficiente para seguir con una acusación que fue archivada.

En este asunto, dado que el propio Blanco reconoce que su primo estuvo en la gasolinera, no hay más que dos hipótesis. La primera es que, aun suponiendo que Blanco dijera la verdad y no haya cobrado ni un solo euro, estaríamos ante un caso de tráfico de influencias y nepotismo.

El ministro sería culpable de haber hecho un favor a un familiar.

La segunda de las hipótesis es que Dorribo estuviera diciendo la verdad y la responsabilidad sería, por tanto, penal. No somos quien para determinar cual de las dos explicaciones se ajusta a lo sucedido. De momento, Blanco tiene a su favor la presunción de inocencia. Pero todo indica que la juez va a remitir el caso al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si hay indicios suficientes para abrir una investigación sobre la conducta del ministro.

Por el contrario, resulta casi seguro que el fiscal se va a oponer a enviar este asunto al Supremo.

Sería inaudito que con todos estos elementos de juicio el ministerio fiscal se manifestara en contra de que el Alto Tribunal decida si hay que investigar, máxime teniendo en cuenta que sí lo apoyó en el asunto de Bárcenas.

A nadie se le escapa la amistad personal entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el propio Blanco, al igual que la sospechosa actuación del fiscal jefe de Lugo, que sustituyó al fiscal del caso.

A la espera de que se dilucide si el ministro tiene que responder ante la Justicia, lo que sí está ya muy claro son sus responsabilidades políticas.

Haberse citado en una gasolinera con un empresario es, como poco, muy imprudente. Y que el primo del ministro estuviera allí agrava el asunto, porque todo apesta a favor a un familiar.

Blanco se ha negado a dar explicaciones. Rehuyó comparecer en sede parlamentaria y ha rechazado en varias ocasiones responder ante los medios.

Pero si se aplica la lógica que el PSOE ha impuesto sin piedad a sus rivales del PP en casos mucho menos serios, el ministro tiene que dimitir o ser cesado por el presidente y, además, no debe ir en las listas socialistas a las próximas elecciones.

Los indicios que recaen sobre él son mucho más graves que los que había sobre Bárcenas, que dimitió como senador, sobre Fernández Bermejo, que dejó de ser ministro por no tener una licencia válida de caza, sobre Pla, que renunció a su cargo en el partido porque le habían pagado unas obras en su casa, sobre Camps, que dejo la Generalitat por unos trajes de los que no se sabe ni el color o sobre el ex alcalde de León, que se ha retirado de la política por un crédito.