La entrega del dinero en la gasolinera de servicio era la condición para poder subirse al coche oficial
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Aduanas ha comprobado que el dinero se transfirió desde Andorra y se sacó en metálico
Dorribo anotó esos 200.000 en su libro como 'IEB': Incentivos Europeos Bran-Blanco
Ese 5 de febrero de 2011, en la gasolinera de Guitiriz (Lugo), pasaron muchas cosas. Y ninguna es buena para el ministro José Blanco, portavoz del Gobierno y pieza clave en la campaña electoral de Rubalcaba.
Ese 5 de febrero de 2011, en la gasolinera de Guitiriz (Lugo), pasaron muchas cosas. Y ninguna es buena para el ministro José Blanco, portavoz del Gobierno y pieza clave en la campaña electoral de Rubalcaba.
Revela este 31 de octubre de 2011 el diario 'El Mundo' que Manuel Bran, el primo del ministro José Blanco, se encontró en esa estación de servicio con el empresario Jorge Dorribo media hora antes de que llegase el portavoz del Gobierno en su coche oficial. Y, allí mismo, Dorribo le habría entregado 200.000 euros en metálico a Bran.
Esa cantidad, según declaró Dorribo a la juez, era la condición que le impusieron a cambio de que Blanco le permitiera subir en el coche oficial y pedirle favores.
Los agentes de Aduanas han comprobado que, efectivamente, Dorribo transfirió 200.000 euros desde una sociedad de Andorra -Salud Innovació 12- a una de sus empresas de Lugo, y que después sacó ese dinero del banco en metálico.
Según explica Casimiro García Abadillo en 'El Mundo', el empresario reflejo en libro donde llevaba la contabilidad B de sus empresas ese 'soborno' como IEB: Incentivos Europeos Bran-Blanco.
Los datos son apabullantes y dejan al ministro socialista, antigua azote de la 'Gürtell', al pie de los caballos.
Cabe la posibilidad, como alega desesperadamente el PSOE que lo que dice Dorribo sea falso, pero no se entiende por qué habría de mentir con una autoimputación en la que reconoce que ha cometido un grave delito de cohecho.
El Servicio de Vigilancia de Aduanas, al que la juez ha encomendado la investigación para evitar filtraciones ya que probablemente no se fía de la Policía Nacional, ha comprobado que la versión de Dorribo tiene una base sólida. Éste transfirió 200.000 euros desde una empresa de Andorra a otra suya en Lugo. Luego sacó el dinero en efectivo. Y posteriormente él reflejó esa operación en su contabilidad como un pago a «IEB». Según el código de Dorribo, esas siglas significan Incentivos Europeos Bran-Blanco, los apellidos del primo y del ministro.
Las fechas y las siglas encajan, aunque alguien podría argumentar que todo apuntaba también a la culpabilidad de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, dado que en las cuentas de la trama de Gürtel aparecían las anotaciones «Luis el Cabrón» y «L. B.», pero ello no fue suficiente para seguir con una acusación que fue archivada.
En este asunto, dado que el propio Blanco reconoce que su primo estuvo en la gasolinera, no hay más que dos hipótesis. La primera es que, aun suponiendo que Blanco dijera la verdad y no haya cobrado ni un solo euro, estaríamos ante un caso de tráfico de influencias y nepotismo.
El ministro sería culpable de haber hecho un favor a un familiar.
La segunda de las hipótesis es que Dorribo estuviera diciendo la verdad y la responsabilidad sería, por tanto, penal. No somos quien para determinar cual de las dos explicaciones se ajusta a lo sucedido. De momento, Blanco tiene a su favor la presunción de inocencia. Pero todo indica que la juez va a remitir el caso al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si hay indicios suficientes para abrir una investigación sobre la conducta del ministro.
Por el contrario, resulta casi seguro que el fiscal se va a oponer a enviar este asunto al Supremo.
Sería inaudito que con todos estos elementos de juicio el ministerio fiscal se manifestara en contra de que el Alto Tribunal decida si hay que investigar, máxime teniendo en cuenta que sí lo apoyó en el asunto de Bárcenas.
A nadie se le escapa la amistad personal entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el propio Blanco, al igual que la sospechosa actuación del fiscal jefe de Lugo, que sustituyó al fiscal del caso.
A la espera de que se dilucide si el ministro tiene que responder ante la Justicia, lo que sí está ya muy claro son sus responsabilidades políticas.
Haberse citado en una gasolinera con un empresario es, como poco, muy imprudente. Y que el primo del ministro estuviera allí agrava el asunto, porque todo apesta a favor a un familiar.
Blanco se ha negado a dar explicaciones. Rehuyó comparecer en sede parlamentaria y ha rechazado en varias ocasiones responder ante los medios.
Pero si se aplica la lógica que el PSOE ha impuesto sin piedad a sus rivales del PP en casos mucho menos serios, el ministro tiene que dimitir o ser cesado por el presidente y, además, no debe ir en las listas socialistas a las próximas elecciones.
Los indicios que recaen sobre él son mucho más graves que los que había sobre Bárcenas, que dimitió como senador, sobre Fernández Bermejo, que dejó de ser ministro por no tener una licencia válida de caza, sobre Pla, que renunció a su cargo en el partido porque le habían pagado unas obras en su casa, sobre Camps, que dejo la Generalitat por unos trajes de los que no se sabe ni el color o sobre el ex alcalde de León, que se ha retirado de la política por un crédito.
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