miércoles, 2 de marzo de 2011

"CASO MALAYA"; ROCA: "CON 12.000 EUROS AL MES YO VIVÍA MUY BIEN"

Bloque dedicado a la presunta red de blanqueo

* Reconoce haber amasado 210 millones en patrimonio desde 1992 a 2003

José Carlos Villanueva | Málaga

El considerado cerebro de la trama de presunta corrupción municipal en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha reconocido este martes, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, haber amasado un patrimonio de 210 millones de euros desde su llegada al Consistorio, en 1992, hasta el año 2003. Se trata del periodo reflejado en los archivos contables que aporta en su escrito de acusación el Ministerio Público.

"Con unos ingresos de 12.000 euros al mes (netos) en el Ayuntamiento de Marbella yo vivía muy bien", ha expuesto en su declaración, que ha abierto este segundo bloque, en el juicio del caso 'Malaya'. Se juzga, además de a Roca, a otras 15 personas consideradas testaferros del principal acusado en la llamada "organización criminal" dedicada al blanqueo de capitales, tal y como sostiene el fiscal.

En el Consistorio marbellí Roca percibía desde 1992 un sueldo anual de más 200.000 euros, incluida "una gratificación", proveniente de su actividad como "director" de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L., encargada de elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En 2003 dichos emolumentos anuales se redujeron a la mitad, cuando la citada mercantil fue absorbida por Gerencia de Obras, también de carácter público.

"¿Como rentas a partir del 92, al margen de su actividad en Planeamiento, tenía rentas declaradas?". Ante esta pregunta del fiscal, Roca ha respondido que "no". López Caballero cifra en 240 millones de euros el dinero lavado por la trama, proveniente de actividades delictivas, principalmente el cohecho, a modo de comisiones ilegales percibidas por el ex asesor urbanístico desde su llegada a la dirección de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L.

Roca sostiene que se dedicaba a la "actividad inmobiliaria" desde los 25 años en Murcia, antes de llegar a Marbella, así como que disponía de 500 millones de las antiguas pesetas, en activos, a nombre de la sociedad Marbella Inversiones.

No ha tenido reparos en reconocer que no declaraba al fisco los beneficios de las más de 70 sociedades que él mismo controlaba. De hecho, ha hablado de "fondos opacos" a Hacienda en el caso concreto de la sociedad Marbella Inversiones.

"El alcalde, don Jesús Gil, me nombró a dedo", ha aclarado para referirse a cómo fue su designación al frente de dicha entidad municipal. También ha expuesto que compaginó su actividad pública con la privada cuando el fiscal se ha interesado en conocer si era así.

"¿Su jornada laboral le permitía atender sus negocios de forma habitual?", ha inquirido la acusación pública. El principal acusado ha respondido que "en un primer momento no. No tenía a nadie. Primero se incorporó uno de los imputados, Oscar Benavente, y luego yo me dedicaba por las tardes". Roca ha llegado a concretar que desde la moción de censura contra el entonces alcalde Julián Muñoz, en agosto de 2003, hasta su detención en 2006, "yo iba al Ayuntamiento lunes y martes y el resto de los días los dedicaba a mis empresas". Todo ello -ha acotado- "por autorización expresa de la alcaldesa", en alusión a Marisol Yagüe.
 
Patrimonio
De los 210 millones en que ha cifrado su patrimonio el ex brazo derecho de Jesús Gil "90 millones de euros corresponden al activo" de todas sus sociedades, una vez descontado el pasivo. A este respecto se ha ceñido- de acuerdo con ellas- a las cifras aportadas por el administrador judicial de sus empresas, nombrado por el ex instructor del caso, Miguel Ángel Torres.

Se ha reconocido "propietario" de distintas embarcaciones de lujo, así como "propietario parcial" de aeronaves. Su sociedad Heliponto Marbella S.L. participaba con un 25% en la sociedad Marbella Airways a la hora de adquirir un avión tipo Cesna y un helicóptero.

El fiscal tabién le ha preguntado por "bienes suntuarios" como un vehículo Mercedes, modelo "alas de gaviota", valorado en 200.000 euros. Roca le ha respondido que "toda la colección de coches se vendió en 4000.000 euros", por lo que no está de acuerdo con dicha valoración.

Entre dichos bienes López Caballero ha incluido también cuadros y una colección de carruajes valorada en 3 millones de euros: "¿Todo esto lo compraba usted con fondos no declarados a Hacienda?". Roca le ha respondido que "con fondos no declarados y en parte con fondos de sociedades. No me atribuya la compra a mí porque no es cierto".

Así pues, el principal encausado ha jugado en todo momento, en el marco de su defensa, con la distinción entre él como persona física y las personas jurídicas que representaban las sociedades en las que participaba, con distintos porcentajes de acciones.

Además, ha presumido de que "de mis 20 sociedades sólo dos han tenido que ir a concurso de acreedores, porque las demás se mantienen". La mayor parte del asunto que se dirime desde este martes gira en torno al gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Zurita, seis de cuyos letrados se sientan en el banquillo. De todos ellos informó EL MUNDO en abril de 2003 cuando desveló su participación en el entramado societario de Juan Antonio Roca, a la hora de ocultar la titularidad del patrimonio.

Este periódico también puso al descubierto en 2003 el nombre de Salvador Gardoqui como contable de Roca en la sociedad Maras Asesores. Se trata de la empresa que gestionaba la contabilidad interna de numerosas empresas del ex asesor urbanístico, así como la llamada ‘caja b’ con pagos a terceros.

Sobre dichos archivos, Roca no ha querido reconocer si la autoría de los mismos correponde a Gardoqui "hasta que él no declare", por lo que ha pedido al fiscal que no le pregunte más al respecto.

También está entre los 16 acusados la abogada madrileña Montserrat Corulla, testaferro de Roca en distintas sociedades que operaban en Madrid, dedicadas a la compra venta y recalificación de inmuebles, principalmente para uso hotelero.

Además
* Todo sobre el juicio

* Quién es quién en el caso 'Malaya'

elmundo.es

martes, 1 de marzo de 2011

EL JUEZ DEL "CASO BRUGAL" CITA A TRES EDILES DEL PP DE ORIHUELA

Están imputados en el supuesto amaño del contrato de la basura

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El juez instructor del caso Brugal (trama corrupta relacionada con el negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) sigue adelante con la instrucción de una de las piezas clave del sumario: el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela. El magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, ha citado a declarar a tres ediles del PP oriolano y a tres empresarios más imputados en la causa. Los seis fueron arrestados con motivo de la operación policial ordenada por el juez el 6 de julio de 2010.

Los tres concejales del PP oriolano que tendrán que declarar ante San Martín a lo largo de este mes son Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez. Los tres mantienen sus cargos. El juez les imputa los delitos de cohecho y tráfico de influencias por su supuesta implicación en el amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento, adjudicada en octubre de 2008 a una UTE, integrada por la firma Sufi y las empresas Gobancast y Liasur. La investigación sostiene que estas dos últimas empresas son falsas y son la tapadera que permitieron al industrial Ángel Fenoll acceder a la concesión.

Junto a los ediles del PP, el magistrado también interrogará por estos hechos a los empresarios Luis Bracho (gerente de Sufi), Rafael Gregori, intermediario clave de la trama Brugal, y el asesor fiscal Jorge Sanz por su supuesta colaboración con Fenoll para falsificar las empresas de la UTE. Ángel Fenoll, empresario afín al PP, está considerado por la investigación como el cabecilla de la trama corrupta, cuya investigación se remonta a marzo de 2007.

El detonante del caso Brugal fue una conversación grabada entre Fenoll y el exconcejal del Centro Liberal de Orihuela Jesús Ferrández. En esa grabación, el edil confesó al empresario que una firma aspirante al concurso ofrecía un millón de euros a los concejales a cambio del contrato. Fenoll difundió la cinta y el entonces alcalde, José Manuel Medina, del PP, aparcó el concurso, que retomó su sucesora, Mónica Lorente, con la adjudicación del contrato en octubre de 2008.La Fiscalía Anticorrupción de Alicante rechaza la petición de las defensas del caso Brugal para que se anulen las actuaciones, y en concreto la piedra angular de las diligencias: las escuchas telefónicas. "Todo lo actuado se ajusta a Derecho", puntualizaron ayer fuentes de este destacamento del ministerio público, que dirige Felipe Briones.

Briones ha presentado ante el instructor, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, su escrito a los 150 recursos planteados los abogados de las 17 partes, hasta ahora, personadas en el sumario. En el sumario hay un total de 17 imputados. Los tres acusados de mayor calado son el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. El juez imputa a los tres, entre otros, el delito de cohecho.

El fiscal ha respondido, uno a uno, a los recursos de las partes. En total, el escrito del ministerio público ocupa 1.000 folios, que se suman a los cerca de 20.000 del sumario general, distribuidos en 40 tomos. En sus escritos, Briones defiende la legalidad de las actuaciones practicadas y rechaza la tesis de las defensas sobre una supuesta vulneración de los derechos de los acusados y falta de seguridad jurídica. Este último aspecto, según las defensas, está relacionado con el auto del instructor, firmado el 12 de abril de 2007, que autorizó las primeras escuchas.

Las defensas sostienen que ese auto y los que autorizaron las sucesivas prórrogas de las escuchas, en diferentes lapsos a lo largo de tres años, vulneran el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Si el magistrado rechaza los recursos, las defensas podrán apelar a la Audiencia de Alicante.

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elpaís.com

LA AUDIENCIA DE ALICANTE EXCULPA A LOS DOS EDILES DEL PP IMPUTADOS EN EL "CASO MERCALICANTE"

La investigación arrancó en 2002 por un supuesto desfalco de seis millones de euros en la empresa pública

S. N. - Alicante 

Los políticos han quedado exonerados de posibles responsabilidades penales en el supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la contabilidad de la empresa pública Mercalicante, cuya investigación se remonta a septiembre de 2002. La Audiencia de Alicante ha exculpado al concejal Juan Zaragoza y el exedil José María Rodríguez Galant, ambos del PP, que fueron imputados en la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Con anterioridad, en febrero de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ya exculpó al exalcalde y actual diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi.

La resolución de la sección primera de la Audiencia de Alicante favorable a los dos ediles populares y que también archiva el caso para dos consejeros de la firma estatal Mercasa se produce a raíz de sendos recursos del fiscal sobre el auto de archivo para esos dos imputados que decretó el juzgado instructor en 2009.

La instrucción del caso Mercalicante se ha relevado como una de las más lentas de los últimos años en Alicante. El retraso en la practica de las diligencias provocó que el pasado febrero el TSJCV amonestara al instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante. Tras la intervención del alto tribunal, el juzgado aceleró las diligencias con el envío a la Audiencias de los recursos de apelación de las partes al archivo de la causa en lo que afectaba a los cargos del PP. La Audiencia ha resuelto los recursos en apenas dos semanas.

Tras la exculpación de los políticos, el principal imputado en el sumario es el exgerente de la empresa agroalimentaria José Emilio Clavero.
   

"CASO MALAYA"; ROCA RECONOCE QUE DABA LAS ÓRDENES EN SU ENTRAMADO SOCIETARIO

El ex asesor urbanístico marbellí cifra en 210 millones de euros su patrimonio antes de la Operación Malaya

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga 

El supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha reconocido esta mañana en el juicio sobre la gran trama de corrupción en Marbella que él "controlaba" y "daba las órdenes" a los supuestos testaferros que había situado al frente de entramado societario bajo el cual se gestionaba su patrimonio, que ha cifrado en "35.000 millones de pesetas" (aproximadamente 210 millones de euros), incluyendo el pasivo y el activo. Roca ha admitido también que, como persona física, no declaró a la Agencia Tributaria los beneficios que le reportaban sus empresas, dedicadas a distintos sectores, desde el inmobiliario al hotelero pasando por las ganaderías.

A preguntas del fiscal Juan Carlos López Caballero, el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella entre 1992 y 2006 ha reconocido como suyas "total o parcialmente" las sociedades que se gestionaban desde la oficina de Maras Asesores y desde el despacho de abogados Sánchez Zubizarreta, en Madrid.

Sin embargo, Roca, que en algunos momentos del interrogatorio se ha mostrado jactancioso, aunque siempre correcto, ha rechazado de plano la contabilidad de su patrimonio que maneja la Policía. En el caso del análisis de los apuntes hallados en las oficinas de Roca en Maras Asesores, en Marbella, Roca ha manifestado que cuando la Policía "comete un error" al sostener que se han gastado 30 millones de euros. "No quiere decir que se hayan gastado 30 millones, sino que se han movido 30 millones, la policía maneja solo las salidas y no las entradas de dinero. Es un error frecuente", ha afirmado.

El ex asesor ha señalado que por su labor como asesor urbanístico al frente de las empresas municipales Planeamiento 2000 y Gerencia de Obras percibía 12.000 euros mensuales, todos declarados a Hacienda. "Con ese dinero después de impuestos se puede vivir muy bien, llevar a los niños a un buen colegio, permitirse algún viaje", ha asegurado al tribunal.
   
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* Personaje: Juan Antonio Roca
* Tema: Operación Malaya


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"CASO GÜRTEL"; LA FISCALÍA PIDE JUZGAR A CAMPS JUNTO A CORREA Y EL BIGOTES

IGNACIO ZAFRA - Valencia

La Fiscalía Anticorrupción quiere sentar a los cabecillas de la trama Gürtel en el mismo banquillo que al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa por cohecho que se sigue contra él y otros tres altos cargos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. No tiene sentido, argumenta Anticorrupción, juzgar por separado a quienes supuestamente aceptaron trajes y otros regalos y a quienes supuestamente pagaron esos sobornos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.

El juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, se ha inhibido dos veces (en 2009 y el año pasado) a favor del TSJ valenciano: para que juzgue a los sobornadores, y para que investigue el resto de delitos que afectan a la cúpula del Gobierno valenciano. El PP recurrió ambas inhibiciones, que debe resolver la Sala Civil y Penal del TSJ madrileño. La fiscalía pide ahora a la sala que respalde a Pedreira.
    
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    * Personaje: Francisco Camps Ortiz
    * Personaje: Francisco Correa
    * Tema: Caso Gürtel

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"OPERACIÓN PICNIC"; PRISIÓN CON FIANZA PARA LA EXCONCEJAL DE PALMA RELACIONADA CON LA RED DE COMPRA DE VOTOS

El magistrado ordena también el ingreso en la cárcel de la número dos en la Concejalía de Medio Ambiente

EL PAÍS - Madrid

El juez Francisco Pérez ha dictado esta noche prisión provisional eludible con una fianza de 300.000 euros para la exconcejal de Unió Mallorquina (UM) del Ayuntamiento de Palma Cristina Cerdó y de 100.000 euros para su "número 2" en la Concejalía de Medio Ambiente, Paula Cortés.

En ambos casos, el magistrado al frente del juzgado de instrucción número 12 de Palma, hoy en funciones de guardia, ha fijado las medidas cautelares que había pedido la Fiscalía Anticorrupción tras una larga jornada de declaraciones.

Además, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Angel Subirán han pedido una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros a UM en el marco de la "operación Picnic" , sobre la que el juez no se ha pronunciado y que no se decidirá hoy, según han informado fuentes judiciales.

En esta causa se investiga una trama que contrataba a informadores medioambientales a través de entidades del Ayuntamiento de Palma y que presuntamente trabajaban en realidad para UM en lacaptación de votos y afiliados.

El presidente de UM, Josep Melià, y el secretario general de la formación, Joan Monjo, han acudido a los Juzgados a las 23.00 horas tras haber sido citados por el juez para notificarles la petición de fianza por las posibles responsabilidades patrimoniales que deriven de esta causa.

Melià y Monjo acababan de ofrecer una rueda de prensa en la que habían anunciado la disolución de UM y su constitución como un nuevo partido denominado "Convergència per les Illes Balears".

El juez Pérez ha tomado declaración esta mañana durante dos horas a la exconcejala y expresidenta de Emaya. Poco después, el juez ha citado también a declarar al exconseller de Deportes y Juventud de UM y coordinador de campaña de la formación en Palma en las elecciones de 2007, Mateu Cañellas, que ha sido detenido en su domicilio y esta noche ha sido puesto en libertad con cargos, pero sin medidas cautelares.

También ha prestado declaración la coordinadora de área en la Concejalía de Medio Ambiente de Palma y segunda de Cerdó, Paula Cortés, quien ha defendido en su comparecencia la legalidad de las contrataciones llevadas a cabo, según han informado fuentes jurídicas.

Cerdó, Cañellas y Cortés ocupaban, en ese orden, los puestos segundo, tercero y cuarto de la lista con la que UM concurrió a las últimas elecciones municipales en Palma, una candidatura que encabezó Miquel Nadal, exconcejal y exconseller de Turismo imputado en los casos Voltor y Maquillaje.

El juez ha llamado también a declarar esta tarde en condición de imputados a dos funcionarios del Ayuntamiento de Palma y a un empresario, que no han llegado a ser detenidos y cuya imputación ha sido sobreseida tras su comparecencia. Los tres continúan en la causa como testigos.

También ha declarado otra funcionaria en calidad de testigo. Los cuatro han sido citados para preguntarles por cuestiones relativas a las declaraciones de Cerdó y Cortés y han empezado a declarar pasadas las 20.30 horas.

Con las nuevas imputaciones, son catorce las personas presuntamente implicadas en el caso de supuesta malversación de fondos municipales en beneficio de UM que está investigando la Justicia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y cuya fase operativa empezó el viernes con un registro en la sede de UM.

UM fue partido clave de la política y el poder en Baleares -ayudando alternativamente al PP o a la izquierda- desde 1983 hasta febrero de 2011, cuando el PSOE expulsó a sus políticos de los pactos de Gobierno por la multiplicación de sus escándalos de supuesta corrupción. La formación nacionalista logró 28.178 sufragios entre 700.000 electores, un 6,9%, en 2007. Con esta fuerza de palanca UM ejerció de nuevo de bisagra y mandó a la oposición a un PP que había obtenido el 47% de los votos, dando al PSOE las presidencias de Baleares, Mallorca y Palma. Sin este apoyo, la izquierda habría quedado en la oposición en la inmensa mayoría de instituciones de las islas.
   
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lunes, 28 de febrero de 2011

EL EX CONCEJAL QUE DESTAPÓ EL "CASO BRUGAL" ACUSA AL LÍDER DE LA TRAMA DE EXTORSIÓN

Jesús Ferrández declara ante el juez que el industrial Fenoll manipuló la grabación del supuesto soborno de la basura de Orihuela

SANTIAGO NAVARRO - Orihuela

Jesús Ferrández, exconcejal del Centro Liberal de Orihuela y primer imputado en el sumario del caso Brugal, ha declarado este mañana ante el juez instructor que el empresario Ángel Fenoll, al que se considera uno de los cabecillas principales de la trama corrupta en torno al negocio de la basura, manipuló la grabación que dio pie a la investigación, y le extorsionó con ella. "He reiterado al juez que todo fue una encerrona y que Fenoll manipuló la cinta para extorsionarme", ha afirmado Fernández a la salida del juzgado.

La investigación comenzó en marzo de 2007 a raíz de una conversación entre Ferrández y Fenoll que grabó este último. En esa cinta el entonces concejal aseguraba que una de las empresas aspirantes a adjudicarse el servicio de basuras de Orihuela, Urbaser, estaba dispuesta supuestamente a ofrecer 100 millones de las antiguas pesetas por quedarse con la concesión. Fenoll, que también aspiraba al contrato, difundió en los medios de comunicación esta grabación y la llevó a la Fiscalía Anticorrupción, que ha tirado de ese hilo hasta lanzar una segunda fase del caso Brugal en la que se ha imputado al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y al empresario Enrique Ortiz, entre otros, también por contratos ligados a la basura y al urbanismo de Alicante.

Según ha reiterado esta mañana Ferrández, el objetivo de Fenoll era extorsionarle. "En aquellos momentos estaba claro que yo sobraba en la política y fue a por mí", ha afirmado. El exconcejal asegura que Fenoll manipuló el contenido de la grabación para presionarle en relación con la adjudicación.

El Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP,declaró el concurso desierto tras divulgarse la grabación. En octubre de 2008, tras plantear de nuevo el concurso, el servicio se adjudicó a una UTE liderada por Sufi. La investigación del caso Brugal sostiene que las otras dos firmas de la UTE son empresas tapadera de Fenoll.
  
Más información:
* El juez retoma la investigación de la trama Brugal
* El oscuro negocio de las basuras

CUATRO CAJAS SECRETAS PRUEBAN LA COMPRA DE POLÍTICOS DEL PP POR LA TRAMA GÜRTEL

La policía detalla al juez en un informe el dinero hallado en distintos bancos - La firma beneficiada por el Gobierno valenciano dio dos millones en 'caja b'

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

Consulta las 35 conversaciones claves de la trama

Un informe policial remitido al juez Antonio Pedreira hace varias semanas sobre el contenido de cuatro cajas de seguridad que la red Gürtel tenía en varios bancos revelan que Orange Market, la filial de la trama corrupta en Valencia, es una de las que más dinero negro proporcionó para, entre otras cosas, el pago de comisiones ilegales a políticos del PP por favorecer los negocios de Francisco Correa.

En solo dos años, entre abril de 2006 y septiembre de 2008, Orange Market suministró 1.950.000 euros a la caja b de la red. Ese dinero fue a parar a su vez a un depósito de seguridad desde el que se pagaban las comisiones ilegales a los políticos del PP. Esta firma había logrado hasta 2008 contratos, muchos de ellos concedidos a dedo, por seis millones de euros de la Administración gobernada por Francisco Camps (imputado por supuesto cohecho al recibir regalos de la trama). Además, Orange Market se encargaba en exclusiva de los actos electorales del PP valenciano e intermedió en un contrato multimillonario adjudicado por la televisión autonómica, cuyo director general también recibía regalos, para la visita del Papa a Valencia.

El viaje de Benedicto XVI en 2006 permitió al jefe de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, llevarse en comisiones la mitad de los 6,3 millones de euros que costó el evento a las arcas públicas. El dinero de la escenografía salió de la televisión valenciana, cuyo ex director general se saltó todas las normas, según la policía, para adjudicar las labores de acústica e imagen del acto a una empresa que la trama puso de pantalla, la constructora Teconsa. Con parte del botín, la red compró coches y casas.

También aparecen pagos a políticos en el citado informe policial, que analiza el contenido de las cajas de seguridad y lo enlaza con los apuntes que el contable de la trama, José Luis Izquierdo, ocultó en una memoria USB por orden del exsecretario de Organización del PP de Galicia y lugarteniente de la red, Pablo Crespo. La investigación refleja una entrega de 300.000 euros al exalcalde de la localidad de Arganda del Rey, Ginés López, uno de los cuatro alcaldes de grandes poblaciones de Madrid que han tenido que dejar el cargo tras ser imputados por aceptar suculentos sobornos de Correa a cambio de amañar contratos de sus ayuntamientos. También ilustra otro soborno de 25.000 euros (en el sumario constan más entregas) al exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo. Este logró que todos los actos de Aguirre fueran organizados por la trama corrupta, bien directamente o a través de empresas pantalla. Por cada acto, Correa cobraba de las arcas públicas madrileñas casi el doble de lo que realmente costaban. De estas cajas secretas salieron los 600.000 euros entregados a Jacobo Gordón, otro de los imputados y exsocio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, para que adquiriese una finca en el municipio de La Nucia, Alicante. Y de ahí también salieron otros 30.000 euros para Cesar Tomas Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte, municipio madrileño en el que han dimitido los dos últimos alcaldes, del PP, por su implicación en la red.

El 'pen drive' delator
Lo hallado en las cajas de seguridad conecta con el contenido de la memoria USB (pen drive) del contable. En su declaración a la policía, Izquierdo dijo ignorar el origen del dinero opaco de las cajas de seguridad, si bien subrayó que en alguna ocasión el número dos de la red, Pablo Crespo, le comentó que procedía de Orange Market y de personas y empresas cuya identidad le ocultaban.

El archivo llamado caja b actual.xls contiene, por ejemplo, anotaciones y dinero procedente de la actividad desplegada en Valencia por Orange Market, que también canalizó dinero de las grandes empresas valencianas que abonaban a la trama parte de las facturas que le debía el PP por organizarle sus actos. En ese archivo "constan comisiones" procedentes de la denominada por la organización Caja B Orange.xls, sobre el "sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

La instrucción ha destapado delitos electorales del PP valenciano y ha descubierto en sus cuentas 2,5 millones de dinero no declarado al fisco. En ese archivo informático de Izquierdo figura, por ejemplo, la referencia "OPA", que se refiere al dinero percibido por la organización con motivo de la adjudicación a Teconsa del contrato de sonido e imagen del viaje papal.

La policía concluye en su informe sobre el dinero opaco hallado en las cajas secretas: "Hubo una masiva utilización de medios de pago de alta liquidez, como es el dinero en efectivo, sistema que se sitúa en el inicio del proceso de blanqueo de capitales". La trama movió muchos billetes de 500 euros, lo que favoreció "el transporte y ocultación" del dinero "procedente de actividades ilícitas, y en el caso de Correa de la recepción de comisiones por intermediación en la adjudicación de obras públicas".

El dinero negro de las cajas de seguridad, zanja el informe policial, lo movían los cabecillas y el personal de confianza de la red, de tal forma que se nutrían entre sí y a la vez alimentaban la caja b de la sede central de la organización en un piso de la madrileña calle de Serrano, con el que se pagan, entre otras cosas, "las comisiones a los políticos implicados".

Dinero negro

- La investigación del caso Gürtel acredita el cobro de dinero negro (no declarado a Hacienda) por las empresas de Francisco Correa.

- En Valencia, los ingresos opacos, según la contabilidad de la red en esa comunidad, Orange Market, procedían:

- De actos electorales del PP, que la trama corrupta cobraba en dinero b.

- De comisiones por su intermediación para que la constructora Teconsa lograra un contrato de la televisión pública valenciana por casi siete millones de euros por la visita del Papa a Valencia.

UN IMPUTADO EN BRUGAL ASEGURA ANTE EL JUEZ QUE LAS GRABACIONES FUERON "MANIPULADAS"

El exedil del Centro Liberal Renovador

Efe | Orihuela (Alicante)

El exconcejal del Centro Liberal Renovador (CLR) de Orihuela Jesús Ferrández, que este lunes ha sido interrogado por un juez de la ciudad por supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso de basuras de la ciudad, ha afirmado que la grabación que le relaciona con la causa está "manipulada".

El titular del juzgado número tres de Orihuela, Carlos San Martín, ha tomado declaración a Ferrández en relación a una de las piezas del 'caso Brugal' centrada en supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso de basuras de la ciudad de Orihuela.

El Ministerio Fiscal investiga el contenido de las grabaciones de las conversaciones mantenidas por el empresario Ángel Fenoll -imputado por el 'caso Brugal'- y Ferrández sobre la adjudicación de la contrata de basuras en la localidad de la Vega Baja.

A su salida del juzgado, Ferrández, que ha comparecido por espacio de unos treinta minutos aproximadamente, ha señalado a los periodistas que la causa por la que este lunes se le ha citado a declarar ante el juez "es una manipulación" que se le hizo, a él mismo, "en su momento", y ha añadido que "así" lo ha manifestado ante el magistrado.

"Vamos a demostrar a lo largo del procedimiento que ha habido manipulación porque hay un informe que así lo acredita", ha subrayado el exconcejal de CLR.

Ferrández ha incidido en que existe "una extorsión directa" hacia su persona porque en el momento en que salieron a la luz las grabaciones que, presuntamente, le relacionaban con Fenoll y la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, había que "quitarle -a Ferrández- de en medio".

Según ha recordado el antiguo edil, el 24 de abril de 2007 él mismo declaró que las cintas que le implicaban en la mencionada pieza desgajada del 'caso Brugal' "estaban manipuladas", un testimonio que este lunes ha ratificado ante el juez San Martín, a pesar de que ha confesado su intención inicial de "no declarar".

"El primero que fui a la Fiscalía a presentar una denuncia por manipulación fui yo, lo que pasa es que la gente se olvida de las cosas", ha insistido.

Así, ha criticado que "los medios de comunicación" le "han puesto como el artificiero de todo lo que ha sucedido".

Ferrández ha sentenciado que va a "demostrar que esa manipulación ha existido".


elmundo.es

RECUPERAN MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS DE LA TRAMA URBANÍSTICA DE LLÍBER

Los fondos fueron desviados a Andorra

* La operación 'Ruinas' se saldó con la detención de 18 personas en 2008
* La trama consistió en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable
* El valor de las estafas podría haber alcanzado los 90.000.000 euros

Europa Press | Alicante

Agentes de la Guardia Civil de Alicante han recuperado 2.410.747 euros desviados a Andorra por la trama urbanística de Llíber (Alicante) consistente en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, operación que se ha saldado con la detención de 18 personas de diferentes edades y nacionalidad, según ha informado en un comunicado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

La operación, denominada 'Ruinas', comenzó durante el mes diciembre de 2008, cuando el instituto armado tuvo conocimiento de que en el término municipal de Llíber se construían viviendas en terrenos calificados como no urbanizables y en parcelas que carecían de las dimensiones legales suficientes para poder llevarse a cabo las mismas, ya que todas ellas eran inferiores a los 10.000 metros cuadrados exigidos por la Ley.

La Guardia Civil estima que la trama urbanística habría llegado a construir unas 300 viviendas, con precios que oscilaban entre los 250.000 y 665.000 euros cada una. Para la concesión de la licencia de construcción, el instituto armado ha apuntado que había que entregar siempre por adelantado, en efectivo y sobre cerrado, sin percibir factura alguna, una importante suma de dinero para hacerla llegar supuestamente al arquitecto técnico municipal de Llíber.

Todas las detenciones se han llevado a cabo por supuestas irregularidades urbanísticas cometidas entre los años 2000 y 2003 y el valor de las estafas podría alcanzar los 90.000.000 euros.

El grupo de personas implicadas llegaba a controlar todas las operaciones y transacciones, desde la petición de las licencias hasta la captación de clientes, asesoramiento legal y venta, por lo que se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, falsedad documental, cohecho, estafa, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.
 
Colaboración internacional
El análisis de la documentación bancaria sobre entidades ubicadas en el Principado de Andorra halladas en dos registros domiciliarios en el marco de la operación hizo sospechar a los agentes que el dinero en efectivo percibido supuestamente por las licencia de construcción, pudiera haberse desviado e ese país.

En este sentido, en enero de 2010, se solicitó a través del juzgado de Denia (Alicante), una Comisión Rogatoria Internacional al Principado de Andorra con la finalidad de localizar el dinero entregado por los perjudicados.

Así, una de las medidas tomadas fue el bloqueo preventivo y control de movimientos de las cuentas, así como el control de cualquier bien o derecho existente en el Principado a nombre de los investigados.

En diligencias incoadas por la Administración de Justicia del Principado de Andorra se confirmó a la Guardia Civil en febrero de 2011, que el arquitecto técnico municipal de Llíber y su esposa poseían tres cuentas bancarias, utilizada una de ellas como cuenta nodriza que recibía siempre imposiciones en efectivo.

En concreto, los movimientos registrados entre agosto de 2002 y septiembre de 2009 sumaron un valor de 2.410.747 euros, de los cuales 2.300.000 fueron ingresados entre agosto de 2002 y febrero de 2003, coincidiendo con el período investigado de mayores irregularidades urbanísticas.


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ANTIFRAUDE INVESTIGA A LA DIPUTACIÓN DE GIRONA EN EL MARCO DE LA TRAMA DE GISA

Investigación bajo secreto de sumario

Marta Rodríguez Font | Girona

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) investiga varias adjudicaciones de obra de la Diputación de Girona dentro de la trama de concesión irregular en que está involucrado un alto cargo de la empresa constructora de la Generalitat, GISA.

La Diputación y el Ayuntamiento de Girona han confirmado que meses atrás la oficina Antifraude les solicitó información relacionada con varias adjudicaciones de obra pública en la provincia. Desde las dos instituciones han mantenido que sin saber para qué era en ese momento, les remitieron toda la información solicitada.

Con el objetivo de averiguar si desde la Diputación o del Ayuntamiento de Girona se podía haber favorecido a determinadas empresas de la demarcación con la adjudicación de obras públicas en carreteras, la oficina Antifraude les solicitó la información referente a qué empresas habían sido adjudicadas determinadas obras públicas en un periodo de unos 2 años.

Ante las informaciones aparecidas los últimos días que apuntan al fraude y soborno en la adjudicación de obras públicas a determinado grupo de empresas de la provincia de Girona, la Junta de Portavoces de la Diputación, se ha reunido este mediodía con carácter extraordinario, y ha emitido un comunicado en el que han explicado que a finales del pasado diciembre, este ente supra-municipal recibió un requerimiento informativo de la Oficina Antifraude en relación con diversas adjudicaciones de obra.

La Diputación remitió de inmediato toda la información requerida y que este organismo, "está dispuesto a colaborar de manera estrecha y rigurosa con las entidades policiales y judiciales" que investigan la trama de un grupo de empresas que supuestamente pactaban los precios para presentarse a los concursos de obra pública que adjudicaba la empresa pública GISA. A pesar de ello, desde la Diputación también ha solicitado que se respete el principio de presunción de inocencia.

Por su parte desde el Ayuntamiento gerundense también se ha confirmado que hace meses la oficina Antifraude se puso en contacto con ellos y les solicitó los expedientes de contratación de 14 obras hechas entre los años 2009 y 2010 llevadas a cabo por algunas de las empresas que están siendo investigadas.

La alcaldesa de Girona Anna Pagans, ha manifestado que "es una labor de oficina de secretaria, que cuando la Institución, en este caso la oficina anti-fraude solicita información, se la damos, no sabíamos para qué era, es lógico, ellos no lo deben decir porqué es su trabajo, por lo que se considera un trámite más".

El pasado viernes el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Barcelona decretó la libertad provisional con cargos para los dos detenidos hasta el momento por la Guardia Civil, el gerente de Gisa, Jordi Vergé y un alto cargo de la empresa de Verges, Rubau Tarrés, Juan Mozo, que siguen imputados por un delito de soborno y alteración de precios de concursos y subastas públicas.

La investigación policial considera que decenas de empresas del sector de las comarcas gerundenses habrían tejido un entramado para formar un monopolio que les permitía repartirse casi la totalidad de las adjudicaciones de obra pública de la provincia. La investigación policial sigue abierta y el juez mantiene las diligencias bajo secreto de sumario.


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"OPERACIÓN PICNIC"; PASA A DISPOSICIÓN JUDICIAL LA EX PRESIDENTA DE EMAYA CRISTINA CERDÓ

Cristina Cerdó (izquierda), y Paula Cortés llegan a los juzgados. | Pep Vicens
También ex regidora de Medio Ambiente en Cort

* Fue detenida ayer noche en el marco de la operación que investiga la utilización de fondos públicos para captar votos para Unió Mallorquina

Europa Press | Palma

La ex regidora de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Palma y ex presidenta de Emaya, Cristina Cerdó, ha pasado a las 9.00 horas de esta mañana a disposición judicial tras haber sido detenida la pasada noche en el marco de la operación Pinic que investiga la supuesta trama de corrupción consistente en la utilización de fondos públicos para captar votos para UM.

Asimismo, junto a Cerdó ha pasado a disposición judicial la ex responsable de Medio Ambiente y número 4 de UM en Palma, Paula Cortés, después de que se haya agotado el plazo de 72 horas en el cual una persona puede permanecer detenida por la Policía tras su arresto el pasado viernes.

Ambas serán interrogadas por el juez titular del Juzgado de instrucción número 12 de Palma, Francisco José Pérez.

Por su parte, la Policía Nacional puso en libertad con cargos a cuatro de los cinco detenidos que aún permanecían en los calabozos en el marco de la Operación Picnic, a excepción de Cortés.

Posteriormente, agentes de la Policía procedieron por la noche al arresto de quien fuera número 2 de UM en el Consistorio de Palma. Concretamente, tras ser interrogados por los agentes y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán se imputa un delito de malversación de fondos públicos a las seis personas que han quedado en libertad (cuatro de ellas el domingo, una el sábado y otra el jueves), así como a Cerdó y Cortés.

De este modo, este domingo fue puesto en libertad el coordinador del área de Medio Ambiente del Consistorio, Salvador Maimó (detenido el viernes); el ex director general de Formación Enric Molina; una militante de UM que fue contratada para realizar actividades en la Regiduría de Medio Ambiente A.S.M. y otra ex trabajadora de la misma Regiduría M.M.C, todos ellos arrestados el sábado.

Durante la operación, también fue detenida el pasado jueves la ex gerente del Imfof, Catalina Payeras, si bien, posteriormente, fue puesta en libertad, mientras que este sábado también fue arrestado un hombre M.N., aunque también fue puesto en libertad.

Las investigaciones que se están desarrollando en el marco de la nueva operación de presunta corrupción, bautizada como 'Picnic' e iniciada este viernes por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a que Unió Mallorquina (UM) contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido.

De este modo, las pesquisas se centran en si pudieron cometerse delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública, a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.

Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente, de acuerdo a las pesquisas, a la captación de afiliados para UM. De hecho, otra de las arrestadas en el marco de esta operación policial, Paula Cortés, quien fuera número 2 de la ex concejala de Medio Ambiente Cristina Cerdó, ya fue interrogada por el juez instructor del caso Maquillaje sobre el programa de mejora del entorno denominado Agenda Local 21, cuyos informadores iban puerta por puerta presuntamente para atraer simpatizantes.

Además
    * Bloc: 'Pactar con UM es imposible'
    * El PP pide a Calvo que asuma su responsabilidad

elmundo.es

"OPERACIÓN PICNIC"; DETIENEN AL EX CONSELLER DE DEPORTES DE UNIÓ MALLORQUINA MATEU CAÑELLAS

Eduardo Colom | Esteban Urreitztieta | Palma

La Policía Nacional ha detenido al ex conseller de Deportes de Unió Mallorquina Mateu Cañellas por su presunta implicación en la Operación Picnic. Cañellas permanece en estos momentos en dependencias policiales.

La operación Picnic investiga la captación irregular de afiliados de UM con dinero público y la contrataciones 'fantasma' a empleados que no ejercían ninguna labor.

Cañellas ha llegado flanqueado por varios agentes de la Policía Nacional, visiblemente afectado, si bien no estaba esposado, según informa Europa Press. El ex conseller ha hecho aparición ante los numerosos medios de comunicación que esperan a que finalice la contratación de la ex responsable de Medio Ambiente y ex número 4 de UM en Palma, Paula Cortés, quien está siendo interrogada después de lo que fuera la ex regidora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Cristina Cerdó, quien fue detenida la pasada noche.

La pasada noche también fue detenida la ex gerente de Emaya Cristina Cerdó, que comparece ante el juez junto a Paula Cortés, quien fuera la primera detenida tras los registros efectuados en la sede de UM.

Además
    * Calvo no cree que UM se haya regenerado

elmundo.es

IMPUTADA LA ALCALDESA SOCIALISTA DE GRAZALEMA POR EL COBRO DE COMISIONES

CÁDIZ | En las obras de desvío del río Guadalete

* La juez cree que pudo incurrir en cohecho y prevaricación, entre otros delitos
* La alcaldesa cobró presuntamente comisiones en las obras de desvío del río

Andros Lozano | Jerez

La alcaldesa de la localidad gaditana de Grazalema, la socialista María José Lara Mateos, está imputada por cinco delitos en el caso judicial que provocó el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de la población serrana. La juez le involucra en el supuesto cobro de comisiones que puso al descubierto la 'operación Pinsapar' en 2006.

Lara fue quien en un principio puso una denuncia contra diversos promotores y constructores del edificio de viviendas que empezó a levantarse en la plaza de la Asamblea de la localidad, sobre el antiguo cauce del Guadalete tras desviarlo, porque le habían dicho que el entonces arquitecto municipal, Juan Prieto, "pedía comisiones".

La posterior investigación llevó a la cárcel al arquitecto y al contratista de la obra, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros. Sin embargo, ambos lograron eludir la prisión al pagar una fianza de 50.000 euros.

Meses más tarde, el juzgado de Ubrique inició diligencias y a las seis personas que estaban imputadas se les sumó el ex alcalde de Grazalema y tío de la actual regidora, Antonio Mateos, al que el juez entonces imputó un supuesto delito de prevaricación. Fue entonces cuando la alcaldesa declaró como testigo.

Durante más de dos años el asunto estuvo parado hasta que, con la llegada de una nueva jueza a principios de 2010, el caso se reactivó. La magistrada citó para declarar como imputada a la alcaldesa, a la que le imputa un total de cinco delitos: cohecho, prevaricación, falsedad, actuación contra la ordenación del territorio y denuncia falsa.


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LA CONCEJALA DE OBRAS DE PEDRO CASTRO DECLARA COMO IMPUTADA EL 11 DE MARZO

Por una supuesta adjudicación irregular

Europa Press | Madrid

La concejala de Obras de Getafe, Cristina González, ha sido citada a declarar el próximo 2 de marzo ante el Juzgado número 7 de la localidad en calidad de imputada para aclarar si adjudicó la construcción de un aparcamiento a la empresa de su marido, José Miguel Vieito.

Junto a ella, deberá prestar declaración su esposo y presidente de la cooperativa Jilguero, según establece una providencia fechada el 18 de febrero.

El PP denunció en julio de 2009 que la concejala de Obras vulneró la ley al votar en una Junta de Gobierno local la adjudicación del aparcamiento a la cooperativa presidida por su marido y en la que el padre y la madre figuraban como secretario y tesorera.

Junto con la concejala de Obras, los populares acusaron al alcalde de Getafe, Pedro Castro, y al concejal de Hacienda, David Castro, de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por la presunta irregularidad en la adjudicación de otros cuatro aparcamientos para beneficiar supuestamente a empresarios afines al PSOE.

Pese a que en abril de 2010 la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso, un mes después el PP volvió a llevarlo a los juzgados al entender que el representante del Ministerio Público no profundizó en el asunto.

El 14 de septiembre de 2010 la Fiscalía del Área de Getafe emitió un escrito en el que ponía de manifiesto que los hechos podrían ser "constitutivos de delito", por lo que pedía la apertura de diligencias para esclarecer los hechos. Poco menos de un año después, el juez ha citado a González y a su marido como imputados, si bien en su providencia no precisa de qué delito se les acusa.

La denuncia se interpuso después de que el Ayuntamiento de Getafe adjudicase la construcción de un aparcamiento ubicado en la calle Jilguero que iba a estar dotado de 461 plazas a la empresa 'Jilguero 2005, Sociedad Cooperativa Madrileña', cuyo presidente es el marido de González.

A pesar de que el plazo de explotación iba a ser de 40 años, poco después de modificó el pliego y el plazo de construcción y de explotación se amplió a 60 años. Los 'populares' recuerdan que tanto en el concurso de 2007 como en el cambio del contrato la concejala voto a favor.

Antes de que el magistrado citara a la concejala y a su marido, la representante legal del alcalde de Getafe, Pedro Castro, señala en un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Mesa de Contratación propuso la adjudicación del aparcamiento a la Cooperativa Jilguero "actuando con imparcialidad y publicidad".

Tras recordar que "en algún momento" han formado parte del Consejo Rector de la cooperativa el marido, el padre y la madre de González, destaca que "en la actualidad no ocupan cargo alguno" en la misma y subraya que la edil "no participa en la adopción de ningún acuerdo ni sus competencias tienen relación alguna con el asunto", ya que por aquel entonces se ocupaba de los asuntos de Juventud y Mujer.

Finalmente, defiende que el contrato celebrado con la sociedad cooperativa Jilguero 2005 "resulta en todo ajustado a Derecho" y que "la decisión política del Plan de Aparcamiento 2005-2008 se ha llevado con toda transparencia y publicidad". "Por lo tanto, no ha habido trato de favor alguno hacia esta cooperativa ni nada que se acerque a la irregularidad", resume.


elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; EL EX DELEGADO DE EMPLEO, IMPUTADO EN MERCASEVILLA, DIMITE DE SUS CARGOS EN EL PSOE

Antonio Rivas (a la derecha) llega al juzgado acompañado de su abogado. | ELMUNDO.es
Pide la suspensión temporal de militancia

* Rivas ha solicitado la suspensión temporal de militancia hasta el juicio
* La Fiscalía mantuvo su imputación por el cobro de comisiones ilegales
* Griñán considera ahora "perfecto" la dimisión del ex delegado de la Junta

Europa Press | Sevilla

El ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, imputado en el 'caso Mercasevilla', ha presentado la pasada noche su dimisión como miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE y secretario local en Camas (Sevilla) y ha solicitado también la suspensión temporal de militancia hasta que se celebre el juicio, según han confirmado fuentes socialistas.

Esta decisión se produce después de que el pasado miércoles la Fiscalía mantuviese su imputación por cohecho en relación con el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales investigado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en el mercado central de abastos de la ciudad hispalense, Mercasevilla, por el que le reclama sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses tanto a Rivas como a los otros tres acusados, el ex director general de la lonja Fernando Mellet, su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos.

Además este fin de semana ha trascendido que el secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, José Antonio García Prieto, figura como prejubilado en el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la firma textil 'Intersur S.L.' en la que no había trabajado, según informó ELMUNDO.es.

El propio García Prieto explicó este domingo a Europa Press que si bien goza de una póliza de seguro de rentas, "no conozco, ni sé dónde está o a qué se dedica" 'Intersur S.L.', una empresa en la que el secretario de Política Municipal del PSOE camero dice no haber trabajado jamás. En la citada póliza, según García Prieto, figura él mismo "como tomador y receptor" y la Administración autonómica en el papel de pagadora, por lo que "no conozco a esta empresa" ni tampoco figuraría en la documentación que obra en poder de este miembro del Comité ejecutivo del PSOE de Camas.

A este respecto, el presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, ha considerado "perfecto" que el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado por un presunto delito de cohecho en el 'caso Mercasevilla', haya "asumido su responsabilidad" presentando su dimisión de todos sus cargos orgánicos en el partido "hasta que se aclaren las cosas".

Asimismo, en una entrevista con Canal Sur Radio, Griñán ha asegurado que le parece "censurable sin ningún tipo de dudas" el caso del secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, José Antonio García Prieto, que figura como prejubilado en el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la firma textil 'Intersur S.L.' en la que no había trabajado, pero ha querido dejar claro que "hay miles de personas que se han beneficiado de ayudas por desempleo anticrisis de la empresa que las han percibido de forma legal".


domingo, 27 de febrero de 2011

"BALEARES SA": LA CORRUPCIÓN AFECTA A DECENAS DE EXDIRIGENTES DE UM, PP Y PSOE

A. M. - Palma de Mallorca

Los casos por supuesta corrupción que se investigan en los juzgados de Baleares afectan a decenas de ex cargos públicos y empresarios. Figuran, junto a los exmandatarios Jaume Matas y María Antònia Munar, personas como el decorador de él y la esteticista de ella. También el gerente de la Funeraria de Palma, empresarios de recogidas de basuras, y hasta una cantante de ópera.

- PP. Con el 43% de los votos en las islas, más de dos décadas en el poder y unos 20.000 militantes, al PP le atañen una decena de causas abiertas, desde el caso Andratx (70 piezas penales distintas) hasta el caso Palma Arena (con 25 causas separadas). Medio centenar de excargos y exmilitantes del PP están imputados, entre ellos dos expresidentes autonómicos (Jaume Matas y su mentor, el histórico Gabriel Cañellas, que cayó en 1995 por un escándalo de cobro de comisiones), así como cuatro exconsejeros: Juan Flaquer, José Juan Cardona, Francisco Fiol y Luis Ramis de Ayreflor. En la cárcel cumplen condena el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo; el exdirector del Territorio del Gobierno Matas, Jaume Massot, y el ex número dos de Palma, Rodrigo de Santos.

- PSOE. Los socialistas arrastran la imputación del presidente de Ibiza Xico Tarrés y del alcalde de Sant Josep, Josep Marí Agustinet por una causa abierta en 2007.

- Unió Mallorquina. Alrededor de UM, partido bisagra que ha decidido Gobiernos en Baleares durante dos décadas, flotan más de seis causas por supuesta corrupción que afectan a sus tres exlíderes: la expresidenta del Parlamento Maria Antònia Munar, el exconsejero balear Miquel Nadal y el exconsejero de Mallorca Miquel Àngel Flaquer. Condenado en prisión está Tomeu Vicens, ex secretario general de UM. Además están imputados los exconsejeros autonómicos Xisco Buils, Miquel Àngel Grimalt y Mateu Cañellas. También se investiga a cuatro exalcaldes, dos exconsejeros insulares y el excontable del partido.


"CASO PICNIC"; UNIÓN MALLORQUINA ABONÓ VISITAS CON DINERO PÚBLICO PARA CAPTAR MILITANTES

Detenidos tres excargos del partido 'bisagra' en el Ayuntamiento de Palma

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

Un juez de instrucción, dos fiscales anticorrupción y una decena de policías ocuparon ayer durante ocho horas la sede central de Unió Mallorquina (UM) en Palma de Mallorca para desarticular una supuesta trama de captación de militantes sufragada con fondos públicos. Unas 3.000 personas fueron invitadas a excursiones por UM como forma de comprar su apoyo, según la fiscalía.

3.000 personas fueron invitadas a excursiones, según la fiscalía

El llamado caso Picnic, que se saldó ayer con tres detenidos, supone una nueva vuelta de tuerca -a 90 días de las elecciones municipales y autonómicas- por parte de la Fiscalía Anticorrupción al partido bisagra en Baleares: entre 1983 y 2010 UM ha decidido o participado en las mayorías políticas de las islas, alternativamente con derecha e izquierda.

Unió Mallorquina se queja del "espectáculo mediático judicial" y "el sufrimiento" de sus bases, según su líder, Josep Melià, que afirmó que "la nueva UM" no tiene nada que ver con este episodio. Uno de los detenidos, Salvador Maimó, es miembro del Consejo Político Nacional y fue asesor de Medio Ambiente de Palma. Los otros arrestados son Catalina Payeras, exgerente del organismo municipal de Palma implicado en la trama (quedó en libertad horas después tras colaborar con la policía); y Paula Cortés, excoordinadora de Medio Ambiente del ayuntamiento.

Ex altos cargos y militantes de UM (que obtuvo el 6,9% de los votos en 2007) protagonizan seis casos judiciales de corrupción. Las cúpulas del partido han ido cayendo sucesivamente tras su imputación; dos decenas de exautoridades están bajo investigación penal. El ex secretario general Tomeu Vicens cumple cárcel por malversación.

El registro judicial de ayer se realizó para buscar pistas o documentos de una presunta organización delictiva de carácter clientelar integrada por militantes de UM que, cobrando nóminas públicas del Ayuntamiento, se dedicaban a captar votantes y afiliados. Tras las elecciones de 2007, al pactar UM con el PSOE-Bloc y mandar a su anterior socio, el PP, a la oposición, exigió controlar ciertas áreas de gestión de Palma, Mallorca y Baleares: los departamentos que mayores partidas manejaban y los que más empresas públicas tenían con capacidad de contratar. Desde Turismo hasta la recogida de basuras; Medio Ambiente y Deportes, Puertos o Caza, y la televisión autonómica IB3.

El PSOE rompió finalmente con UM en febrero de 2010, al ser imputada la exlíder María Antònia Munar; su sucesor, Miquel Nadal -que la delató-; los consejeros de Gobierno Xisco Buils, Miquel Ángel Grimalt y Mateu Cañellas; y altos cargos de Turismo. Las investigaciones judiciales y las confesiones de arrepentidos -empresarios y políticos- han ayudado a desentrañar el supuesto mecanismo para derivar una parte de los fondos oficiales a potenciar la red militante y a ampliar la base electoral, según consta en los sumarios.

La investigación del caso Picnic calcula que unos 3.000 vecinos de Palma fueron invitadas a excursiones por la maquinaria supuestamente corrupta de UM. La malla se extendió desde el Instituto Municipal de Ocupación y Formación (IMFOF), cuya misión oficial era dar información medioambiental casa por casa y en centros públicos.

Eberhard Grosske, concejal de Izquierda Unida que asumió el control del IMFOF tras la ruptura de UM con el PSOE hace un año, encargó una auditoria y enumeró hasta 12 empleados que operaban fuera de la institución, en una sede propia y a las órdenes de UM. El empresario Arbona Repic de Sóller ha entregado los tacógrafos de sus autobuses para documentar los cientos de viajes de merendola realizados.

De la candidatura al Ayuntamiento de Palma con la que UM concurrió en 2007, los cuatro primeros candidatos han sido luego imputados en diferentes causas.
  

EL EXDIRECTOR DE ATLAS CAPITAL COMPARECERÁ ANTE EL JUEZ POR EL "CASO BOMSAI"

Está citado el miércoles

Efe | Palma

El juez instructor del "caso Bomsai" ha citado a declarar el próximo miércoles 2 de marzo al que fue director general hasta diciembre de 2009 de la consultora Atlas Capital, Pablo Cervera, como imputado en este caso de supuesta corrupción.

Cervera ya había sido citado en febrero por el juez, pero su declaración se pospuso y se ha fijado ahora en marzo junto a la de otros dos testigos, que tendrán que declarar el día 7.

En esta causa se indaga un supuesto desvío de fondos durante la anterior legislatura del PP en la adjudicación de dos obras públicas por parte de Caib Patrimoni, y se centra en el banco de inversión y asesoramiento Atlas Capital, que realizó trabajos de asesoría técnica supuestamente innecesarios y por un procedimiento irregular por valor de 609.000 euros.

En su querella, la Fiscalía considera a los principales imputados en la causa responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho ya que la empresa pública decidió contratar a Atlas cuando se contaba con los servicios jurídicos y económicos de la Conselleria de Economía, así como con los de la Comunidad Autónoma, por lo que el gasto resultó "absolutamente innecesario".

Además, el ministerio fiscal indica que es "patente" la "indefinición del objeto" del contrato con Atlas y tilda de "disparate" el que se establecieran unos "honorarios de éxito", por lo que considera que este contrato se hizo incurriendo en el delito de prevaricación.

Entre los principales imputados figuran el exconseller de Economía y Hacienda del Govern balear Lluís Ramis de Ayreflor (PP) -en libertad bajo fianza-, y los ex directores generales de Emergencias y Tributos, Joan Pol y Jorge Sainz de Baranda, respectivamente, todos ellos miembros del consejo de administración de Caib Patrimoni.

También figura imputado el ex gerente de Caib Patrimoni Jaume Vidal, expulsado junto a Pol y Sainz de Baranda del PP a raíz de su imputación en esta causa. Ramis de Ayreflor se dio de baja en el PP tras serle impuesta la fianza


elmundo.es

"OPERACIÓN PICNIC"; EN LIBERTAD CON CARGOS TODOS LOS DETENIDOS POR MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

* Seis de los siete detenidos ya están en libertad
* Los fiscales anticorrupción continúan interrogando a Paula Cortés

Europa Press | Palma

La Policía Nacional ha puesto en libertad con cargos a cuatro de los cinco detenidos que aún permanecían en los calabozos en el marco de la Operación Picnic, a excepción de la ex responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma y ex número 4 de UM en la capital balear, Paula Cortés, quien aún continúa arrestada y en estos momentos está siendo interrogada por los agentes y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, que decidirán si la dejan en libertad o si pasa a disposición judicial mañana por la mañana.

Así lo han informado fuentes policiales, que han señalado que a las seis personas que han quedado en libertad (cuatro de ellas esta tarde, una el sábado y otra el jueves) se les imputa un delito de malversación de fondos públicos.

De este modo, este domingo fue puesto en libertad el coordinador del área de Medio Ambiente del Consistorio, Salvador Maimó (detenido el viernes); el ex director general de Formación Enric Molina; una militante de UM que fue contratada para realizar actividades en la Regiduría de Medio Ambiente A.S.M. y otra ex trabajadora de la misma Regiduría M.M.C, todos ellos arrestados el sábado.

Durante la operación, también fue detenida el pasado jueves la ex gerente del Imfof, Catalina Payeras, si bien, posteriormente, fue puesta en libertad, mientras que este sábado también fue arrestado un hombre M.N., aunque también fue puesto en libertad.

Así, Cortés y Maimó han sido los únicos que han permanecido dos noches en los calabozos y aún se desconoce si la ex responsable de Medio Ambiente del Consistorio pasará una tercera noche, a la espera de pasar a disposición judicial.

Las investigaciones que se están desarrollando en el marco de la nueva operación de presunta corrupción, bautizada como 'Picnic' e iniciada este viernes por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a que Unió Mallorquina (UM) contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido.

De este modo, las pesquisas se centran en si pudieron cometerse delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública, a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.

Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente, de acuerdo a las pesquisas, a la captación de afiliados para UM. De hecho, otra de las arrestadas en el marco de esta operación policial, Paula Cortés, quien fuera número 2 de la ex concejala de Medio Ambiente Cristina Cerdó, ya fue interrogada por el juez instructor del caso Maquillaje sobre el programa de mejora del entorno denominado Agenda Local 21, cuyos informadores iban puerta por puerta presuntamente para atraer simpatizantes.

EL FISCAL PIDE EL ARCHIVO DEL CASO DE LOS MERINOS Y EL ALCALDE SE MUESTRA "SATISFECHO"

Está acusado de prevaricación

* IU ha anunciado que recurrirá el posible archivo de la causa

Europa Press | Málaga

El alcalde de Ronda (Málaga), Antonio Marín Lara, se ha mostrado "satisfecho" tras conocer que la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa que se sigue contra él en el Juzgado número 2 del municipio por un delito de prevaricación cometido presuntamente al aprobar por decreto el proyecto de urbanización de lujo de Los Merinos-Norte.

No obstante, Marín Lara, que ha reconocido estar algo contrariado por haberse enterado de este informe a través de la prensa, ha afirmado este sábado a Europa Press que "por respeto" a la jueza que instruye la causa no se pronunciará sobre estos hechos hasta que haya una resolución.

En cuanto a las consideraciones que la Fiscalía hace en su informe acerca de que la decisión del alcalde puede ser legal, pero atenta contra principios morales y ecológicos, tal y como ha informado 'La Opinión de Málaga', Marín Lara no ha querido pronunciarse e incide en que no hay pruebas para poder acusarle de prevaricación.

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Rafael Ruiz, se ha mostrado "sorprendido" por los términos del escrito de petición de sobreseimiento de la Fiscalía. De hecho, ha anunciado que recurrirán el posible archivo de la causa y "vamos a tratar de aportar las pruebas que el fiscal cree que no tiene para poder acusar al alcalde de un delito".

Ruiz sí que ha dado importancia a "los tirones de orejas" de la Fiscalía hacia la actuación del alcalde. En este sentido, desde la coalición interpretan esta parte como la demostración de que las irregularidades que ellos denunciaron han existido, aunque el ministerio público no haya encontrado las evidencias necesarias de que fueron cometidas "a sabiendas" para que, de este modo, se pueda hablar de un delito de prevaricación.

El representante de IU ha señalado a Europa Press que espera que "todo esto no tenga nada que ver con el cambio de partido del alcalde", y es que en el momento del inicio del procedimiento, Marín Lara, ahora en el PSOE, militaba en el PA y mantenía un acuerdo de gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Ronda.

Incluso, el Gobierno andaluz llevó todo este proceso a los juzgados para pedir la paralización de las obras, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no atendió aquella petición.