Investigación bajo secreto de sumario
Marta Rodríguez Font | Girona
elmundo.es
Marta Rodríguez Font | Girona
La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) investiga varias adjudicaciones de obra de la Diputación de Girona dentro de la trama de concesión irregular en que está involucrado un alto cargo de la empresa constructora de la Generalitat, GISA.
La Diputación y el Ayuntamiento de Girona han confirmado que meses atrás la oficina Antifraude les solicitó información relacionada con varias adjudicaciones de obra pública en la provincia. Desde las dos instituciones han mantenido que sin saber para qué era en ese momento, les remitieron toda la información solicitada.
Con el objetivo de averiguar si desde la Diputación o del Ayuntamiento de Girona se podía haber favorecido a determinadas empresas de la demarcación con la adjudicación de obras públicas en carreteras, la oficina Antifraude les solicitó la información referente a qué empresas habían sido adjudicadas determinadas obras públicas en un periodo de unos 2 años.
Ante las informaciones aparecidas los últimos días que apuntan al fraude y soborno en la adjudicación de obras públicas a determinado grupo de empresas de la provincia de Girona, la Junta de Portavoces de la Diputación, se ha reunido este mediodía con carácter extraordinario, y ha emitido un comunicado en el que han explicado que a finales del pasado diciembre, este ente supra-municipal recibió un requerimiento informativo de la Oficina Antifraude en relación con diversas adjudicaciones de obra.
La Diputación remitió de inmediato toda la información requerida y que este organismo, "está dispuesto a colaborar de manera estrecha y rigurosa con las entidades policiales y judiciales" que investigan la trama de un grupo de empresas que supuestamente pactaban los precios para presentarse a los concursos de obra pública que adjudicaba la empresa pública GISA. A pesar de ello, desde la Diputación también ha solicitado que se respete el principio de presunción de inocencia.
Por su parte desde el Ayuntamiento gerundense también se ha confirmado que hace meses la oficina Antifraude se puso en contacto con ellos y les solicitó los expedientes de contratación de 14 obras hechas entre los años 2009 y 2010 llevadas a cabo por algunas de las empresas que están siendo investigadas.
La alcaldesa de Girona Anna Pagans, ha manifestado que "es una labor de oficina de secretaria, que cuando la Institución, en este caso la oficina anti-fraude solicita información, se la damos, no sabíamos para qué era, es lógico, ellos no lo deben decir porqué es su trabajo, por lo que se considera un trámite más".
El pasado viernes el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Barcelona decretó la libertad provisional con cargos para los dos detenidos hasta el momento por la Guardia Civil, el gerente de Gisa, Jordi Vergé y un alto cargo de la empresa de Verges, Rubau Tarrés, Juan Mozo, que siguen imputados por un delito de soborno y alteración de precios de concursos y subastas públicas.
La investigación policial considera que decenas de empresas del sector de las comarcas gerundenses habrían tejido un entramado para formar un monopolio que les permitía repartirse casi la totalidad de las adjudicaciones de obra pública de la provincia. La investigación policial sigue abierta y el juez mantiene las diligencias bajo secreto de sumario.
La Diputación y el Ayuntamiento de Girona han confirmado que meses atrás la oficina Antifraude les solicitó información relacionada con varias adjudicaciones de obra pública en la provincia. Desde las dos instituciones han mantenido que sin saber para qué era en ese momento, les remitieron toda la información solicitada.
Con el objetivo de averiguar si desde la Diputación o del Ayuntamiento de Girona se podía haber favorecido a determinadas empresas de la demarcación con la adjudicación de obras públicas en carreteras, la oficina Antifraude les solicitó la información referente a qué empresas habían sido adjudicadas determinadas obras públicas en un periodo de unos 2 años.
Ante las informaciones aparecidas los últimos días que apuntan al fraude y soborno en la adjudicación de obras públicas a determinado grupo de empresas de la provincia de Girona, la Junta de Portavoces de la Diputación, se ha reunido este mediodía con carácter extraordinario, y ha emitido un comunicado en el que han explicado que a finales del pasado diciembre, este ente supra-municipal recibió un requerimiento informativo de la Oficina Antifraude en relación con diversas adjudicaciones de obra.
La Diputación remitió de inmediato toda la información requerida y que este organismo, "está dispuesto a colaborar de manera estrecha y rigurosa con las entidades policiales y judiciales" que investigan la trama de un grupo de empresas que supuestamente pactaban los precios para presentarse a los concursos de obra pública que adjudicaba la empresa pública GISA. A pesar de ello, desde la Diputación también ha solicitado que se respete el principio de presunción de inocencia.
Por su parte desde el Ayuntamiento gerundense también se ha confirmado que hace meses la oficina Antifraude se puso en contacto con ellos y les solicitó los expedientes de contratación de 14 obras hechas entre los años 2009 y 2010 llevadas a cabo por algunas de las empresas que están siendo investigadas.
La alcaldesa de Girona Anna Pagans, ha manifestado que "es una labor de oficina de secretaria, que cuando la Institución, en este caso la oficina anti-fraude solicita información, se la damos, no sabíamos para qué era, es lógico, ellos no lo deben decir porqué es su trabajo, por lo que se considera un trámite más".
El pasado viernes el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Barcelona decretó la libertad provisional con cargos para los dos detenidos hasta el momento por la Guardia Civil, el gerente de Gisa, Jordi Vergé y un alto cargo de la empresa de Verges, Rubau Tarrés, Juan Mozo, que siguen imputados por un delito de soborno y alteración de precios de concursos y subastas públicas.
La investigación policial considera que decenas de empresas del sector de las comarcas gerundenses habrían tejido un entramado para formar un monopolio que les permitía repartirse casi la totalidad de las adjudicaciones de obra pública de la provincia. La investigación policial sigue abierta y el juez mantiene las diligencias bajo secreto de sumario.
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