Por una supuesta adjudicación irregular
Europa Press | Madrid
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La concejala de Obras de Getafe, Cristina González, ha sido citada a declarar el próximo 2 de marzo ante el Juzgado número 7 de la localidad en calidad de imputada para aclarar si adjudicó la construcción de un aparcamiento a la empresa de su marido, José Miguel Vieito.
Junto a ella, deberá prestar declaración su esposo y presidente de la cooperativa Jilguero, según establece una providencia fechada el 18 de febrero.
El PP denunció en julio de 2009 que la concejala de Obras vulneró la ley al votar en una Junta de Gobierno local la adjudicación del aparcamiento a la cooperativa presidida por su marido y en la que el padre y la madre figuraban como secretario y tesorera.
Junto con la concejala de Obras, los populares acusaron al alcalde de Getafe, Pedro Castro, y al concejal de Hacienda, David Castro, de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por la presunta irregularidad en la adjudicación de otros cuatro aparcamientos para beneficiar supuestamente a empresarios afines al PSOE.
Pese a que en abril de 2010 la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso, un mes después el PP volvió a llevarlo a los juzgados al entender que el representante del Ministerio Público no profundizó en el asunto.
El 14 de septiembre de 2010 la Fiscalía del Área de Getafe emitió un escrito en el que ponía de manifiesto que los hechos podrían ser "constitutivos de delito", por lo que pedía la apertura de diligencias para esclarecer los hechos. Poco menos de un año después, el juez ha citado a González y a su marido como imputados, si bien en su providencia no precisa de qué delito se les acusa.
La denuncia se interpuso después de que el Ayuntamiento de Getafe adjudicase la construcción de un aparcamiento ubicado en la calle Jilguero que iba a estar dotado de 461 plazas a la empresa 'Jilguero 2005, Sociedad Cooperativa Madrileña', cuyo presidente es el marido de González.
A pesar de que el plazo de explotación iba a ser de 40 años, poco después de modificó el pliego y el plazo de construcción y de explotación se amplió a 60 años. Los 'populares' recuerdan que tanto en el concurso de 2007 como en el cambio del contrato la concejala voto a favor.
Antes de que el magistrado citara a la concejala y a su marido, la representante legal del alcalde de Getafe, Pedro Castro, señala en un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Mesa de Contratación propuso la adjudicación del aparcamiento a la Cooperativa Jilguero "actuando con imparcialidad y publicidad".
Tras recordar que "en algún momento" han formado parte del Consejo Rector de la cooperativa el marido, el padre y la madre de González, destaca que "en la actualidad no ocupan cargo alguno" en la misma y subraya que la edil "no participa en la adopción de ningún acuerdo ni sus competencias tienen relación alguna con el asunto", ya que por aquel entonces se ocupaba de los asuntos de Juventud y Mujer.
Finalmente, defiende que el contrato celebrado con la sociedad cooperativa Jilguero 2005 "resulta en todo ajustado a Derecho" y que "la decisión política del Plan de Aparcamiento 2005-2008 se ha llevado con toda transparencia y publicidad". "Por lo tanto, no ha habido trato de favor alguno hacia esta cooperativa ni nada que se acerque a la irregularidad", resume.
Junto a ella, deberá prestar declaración su esposo y presidente de la cooperativa Jilguero, según establece una providencia fechada el 18 de febrero.
El PP denunció en julio de 2009 que la concejala de Obras vulneró la ley al votar en una Junta de Gobierno local la adjudicación del aparcamiento a la cooperativa presidida por su marido y en la que el padre y la madre figuraban como secretario y tesorera.
Junto con la concejala de Obras, los populares acusaron al alcalde de Getafe, Pedro Castro, y al concejal de Hacienda, David Castro, de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por la presunta irregularidad en la adjudicación de otros cuatro aparcamientos para beneficiar supuestamente a empresarios afines al PSOE.
Pese a que en abril de 2010 la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso, un mes después el PP volvió a llevarlo a los juzgados al entender que el representante del Ministerio Público no profundizó en el asunto.
El 14 de septiembre de 2010 la Fiscalía del Área de Getafe emitió un escrito en el que ponía de manifiesto que los hechos podrían ser "constitutivos de delito", por lo que pedía la apertura de diligencias para esclarecer los hechos. Poco menos de un año después, el juez ha citado a González y a su marido como imputados, si bien en su providencia no precisa de qué delito se les acusa.
La denuncia se interpuso después de que el Ayuntamiento de Getafe adjudicase la construcción de un aparcamiento ubicado en la calle Jilguero que iba a estar dotado de 461 plazas a la empresa 'Jilguero 2005, Sociedad Cooperativa Madrileña', cuyo presidente es el marido de González.
A pesar de que el plazo de explotación iba a ser de 40 años, poco después de modificó el pliego y el plazo de construcción y de explotación se amplió a 60 años. Los 'populares' recuerdan que tanto en el concurso de 2007 como en el cambio del contrato la concejala voto a favor.
Antes de que el magistrado citara a la concejala y a su marido, la representante legal del alcalde de Getafe, Pedro Castro, señala en un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Mesa de Contratación propuso la adjudicación del aparcamiento a la Cooperativa Jilguero "actuando con imparcialidad y publicidad".
Tras recordar que "en algún momento" han formado parte del Consejo Rector de la cooperativa el marido, el padre y la madre de González, destaca que "en la actualidad no ocupan cargo alguno" en la misma y subraya que la edil "no participa en la adopción de ningún acuerdo ni sus competencias tienen relación alguna con el asunto", ya que por aquel entonces se ocupaba de los asuntos de Juventud y Mujer.
Finalmente, defiende que el contrato celebrado con la sociedad cooperativa Jilguero 2005 "resulta en todo ajustado a Derecho" y que "la decisión política del Plan de Aparcamiento 2005-2008 se ha llevado con toda transparencia y publicidad". "Por lo tanto, no ha habido trato de favor alguno hacia esta cooperativa ni nada que se acerque a la irregularidad", resume.
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