CÁDIZ | En las obras de desvío del río Guadalete
* La juez cree que pudo incurrir en cohecho y prevaricación, entre otros delitos
* La alcaldesa cobró presuntamente comisiones en las obras de desvío del río
* La juez cree que pudo incurrir en cohecho y prevaricación, entre otros delitos
* La alcaldesa cobró presuntamente comisiones en las obras de desvío del río
Andros Lozano | Jerez
La alcaldesa de la localidad gaditana de Grazalema, la socialista María José Lara Mateos, está imputada por cinco delitos en el caso judicial que provocó el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de la población serrana. La juez le involucra en el supuesto cobro de comisiones que puso al descubierto la 'operación Pinsapar' en 2006.
Lara fue quien en un principio puso una denuncia contra diversos promotores y constructores del edificio de viviendas que empezó a levantarse en la plaza de la Asamblea de la localidad, sobre el antiguo cauce del Guadalete tras desviarlo, porque le habían dicho que el entonces arquitecto municipal, Juan Prieto, "pedía comisiones".
La posterior investigación llevó a la cárcel al arquitecto y al contratista de la obra, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros. Sin embargo, ambos lograron eludir la prisión al pagar una fianza de 50.000 euros.
Meses más tarde, el juzgado de Ubrique inició diligencias y a las seis personas que estaban imputadas se les sumó el ex alcalde de Grazalema y tío de la actual regidora, Antonio Mateos, al que el juez entonces imputó un supuesto delito de prevaricación. Fue entonces cuando la alcaldesa declaró como testigo.
Durante más de dos años el asunto estuvo parado hasta que, con la llegada de una nueva jueza a principios de 2010, el caso se reactivó. La magistrada citó para declarar como imputada a la alcaldesa, a la que le imputa un total de cinco delitos: cohecho, prevaricación, falsedad, actuación contra la ordenación del territorio y denuncia falsa.
Lara fue quien en un principio puso una denuncia contra diversos promotores y constructores del edificio de viviendas que empezó a levantarse en la plaza de la Asamblea de la localidad, sobre el antiguo cauce del Guadalete tras desviarlo, porque le habían dicho que el entonces arquitecto municipal, Juan Prieto, "pedía comisiones".
La posterior investigación llevó a la cárcel al arquitecto y al contratista de la obra, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros. Sin embargo, ambos lograron eludir la prisión al pagar una fianza de 50.000 euros.
Meses más tarde, el juzgado de Ubrique inició diligencias y a las seis personas que estaban imputadas se les sumó el ex alcalde de Grazalema y tío de la actual regidora, Antonio Mateos, al que el juez entonces imputó un supuesto delito de prevaricación. Fue entonces cuando la alcaldesa declaró como testigo.
Durante más de dos años el asunto estuvo parado hasta que, con la llegada de una nueva jueza a principios de 2010, el caso se reactivó. La magistrada citó para declarar como imputada a la alcaldesa, a la que le imputa un total de cinco delitos: cohecho, prevaricación, falsedad, actuación contra la ordenación del territorio y denuncia falsa.
elmundo.es
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