EL PP CREE QUE LO PEOR DEL "CASO GÜRTEL" HA PASADO

La investigación de la trama corrupta

CARLOS E. CUÉ - Madrid

El caso Gürtel y sus múltiples derivadas políticas entran en la fase clave para el PP, afectado por el mayor escándalo de corrupción desde 1989, cuando estalló el caso Naseiro. El mes de enero estará con seguridad plagado de noticias judiciales y políticas sobre el asunto. Los populares se preparan para las noticias con preocupación, puesto que el asunto es delicado, pero también optimistas. La dirección cree que ha pasado lo peor. Además asegura en privado que las encuestas favorables prueban que el asunto no tiene un coste político real.

Lo que más preocupa es la situación de Francisco Camps. Los estrategas populares que siguen más de cerca el caso están convencidos de que el Supremo admitirá a trámite el recurso de la fiscalía para que Camps se siente en el banquillo por recibir 12.000 euros en trajes, pero creen firmemente ?y tienen fuentes en el Supremo que lo avalan? que el tribunal rechazará finalmente el recurso y el presidente valenciano se salvará de ser enjuiciado.

También preocupa, desde el punto de vista mediático, el levantamiento del secreto del sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en el Supremo. En el PP se apuesta a que ambas cosas sucederán este mes. La última apertura parcial del sumario generó un enorme revuelo por las polémicas conversaciones transcritas. Para enfrentarse a esta oleada, el PP ha aprobado un nuevo código ético que el lunes será aprobado por la Junta Directiva Nacional.

También en este mes debe resolverse una derivada de Gürtel: la suspensión de militancia de Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano. La dirección tiene dos semanas para explicar a Costa por escrito de qué se le acusa.

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Caso Gürtel
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"CASO MATSA"; EL SUPREMO PARTIDARIO DE ADMITIR LA QUERELLA CONTRA CHAVES

J. Y. - Madrid -

La Sala Segunda del Tribunal Supremo es partidaria de admitir a trámite la querella presentada por el PP contra el vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, según confirmaron ayer fuentes del citado tribunal.

El Partido Popular presentó en julio pasado una querella por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra el político andaluz, a raíz de la concesión, cuando era presidente de la Junta de Andalucía, de una subvención a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que su hija Paula trabaja como letrada.

El consejero de Innovación del Ejecutivo andaluz, Manuel Soler, compareció en el Parlamento autonómico donde explicó que el incentivo de 10.093.472,70 euros a la multinacional canadiense Matsa fue concedido antes de que la hija de Chaves lo representara.

El Supremo ya archivó una querella por estos mismos hechos presentada por el pseudosindicato Manos Limpias por no encontrar indicios de tráfico de influencias ni prevaricación.

Sin embargo, ahora, una sala integrada por Juan Saavedra (presidente), Andrés Martínez Arrieta (ponente), Miguel Colmenero, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar es partidaria de admitir a trámite la querella del PP, aunque reconocen que es muy deficiente.

Manuel Chaves González
A FONDO

Nacimiento:
07-07-1945

Lugar:
Ceuta

elpaís.com

SOLICITAN UN INFORME PARA ACLARAR POSIBLES IRREGULARIDADES DE UNA EDIL

MUNICIPIOS | Ayuntamiento de Marbella

Efe | Málaga

IU ha pedido al Ayuntamiento de Marbella un informe jurídico para aclarar "posibles irregularidades" en las que podría incurrir la edil del gobierno local (PP) Alicia Jiménez "al percibir del Consistorio una mensualidad de más de 2.400 euros por el arrendamiento de una propiedad de su titularidad".

El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento, Enrique Monterroso, ha apuntado en un comunicado que en la Junta de Gobierno Local del 22 de diciembre se aprobó un listado de facturas incluida la del alquiler de noviembre del local propiedad de la concejala y el interventor indicó en un informe que la continuidad de ese contrato "podía suponer una incompatibilidad".

Según Monterroso, en el mismo informe el interventor "se desentendía" de la cuestión aludiendo a que su labor "se dedicaba únicamente al control de la actividad económica del Ayuntamiento".

El edil de IU ha explicado que dicho contrato de alquiler, que data de 1996, tiene que ser renovado en este enero, "lo que supondría que el nuevo acto se firmaría siendo su propietaria concejal y parte interesada de forma simultánea".

En este sentido, Monterroso ha señalado que esa situación "no puede tolerarse en democracia, y menos en nuestro municipio, en el que la confusión y la fusión de lo público con lo privado ha sido una práctica habitual y muy perniciosa durante los años del gilismo" y ha añadido que es necesario "un informe jurídico imparcial y objetivo de forma urgente".

Además, el edil ha apelado "a la ética y conciencia moral de la concejala, que debe elegir entre su sillón en el Consistorio o el cobro de alquileres".

Además
* El PSOE impugnará contratos de ediles con el Ayuntamiento

elmundo.es

APERTURA DE JUICIO ORAL CONTRA DOS ALCALDES DEL PSOE POR PREVARICACIÓN

GRANADA | En el juzgado de Primera Instancia de Loja

Efe | Granada

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Loja ha acordado la apertura de juicio oral contra los alcaldes pedáneos de Játar y Fornes, núcleos urbanos de Arenas del Rey, por presunta prevaricación al ocupar cargos incompatibles.

En el auto, dado a conocer hoy por el PP, el juez declara a un Juzgado de lo Penal de Granada como órgano competente para el conocimiento de la causa contra ambos alcaldes, del PSOE.

Fue el PP de Arenas del Rey el que puso en conocimiento de la Fiscalía la posible comisión de un delito de prevaricación por parte de los alcaldes pedáneos de Játar y Fornes, Francisco José Martín y Salustiano Pérez, respectivamente, al tomar posesión como miembros de la Mancomunidad de Municipios de Alhama en su condición de concejales del Ayuntamiento de Arenas del Rey cuando ya no lo eran.

El fiscal solicitó entonces la apertura de juicio oral contra los acusados, para los que pidió dos años de suspensión de empleo o cargo público y multa de 2.400 euros por un delito de prevaricación.

Los acusados presentaron un recurso de reforma contra el auto que acordó la continuación de las diligencias, que ha sido desestimado por el juez, que ha decretado a su vez la apertura de juicio oral.

En su escrito de acusación, el fiscal mantiene que ambos tomaron posesión como concejales del Ayuntamiento de Arenas del Rey cuando mantenían la condición de alcaldes pedáneos de Játar y Fornes.

Cuatro meses después, y tras varias advertencias del PP y un informe de la Delegación de la Junta en el que se rechazaba esa compatibilidad, los ediles dimitieron de ese cargo en un pleno extraordinario celebrado en octubre de 2007.

Según el fiscal, ese mismo día, "una hora y siete minutos después de dimitir como concejales", ambos se presentaron en la sesión extraordinaria de la Junta General de la Comunidad de Municipios de Alhama de Granada y tomaron posesión como miembros de la mancomunidad en su condición de concejales de Arenas del Rey, cargo del que habían sido cesados una hora antes.

Según el PP, en ese mismo pleno ambos dirigentes fueron advertidos de esa irregularidad por el vocal de la mancomunidad, mientras que a la alcaldesa de Arenas del Rey, Francisca García, se le recordó su obligación de celebrar un pleno para tratar la incompatibilidad de los concejales.

elmundo.es

EL PP DENUNCIARÁ LA NUEVA NEGATIVA DE LA JUNTA A INFORMAR DEL "CASO MATSA"

POLÉMICA | Ayuda a la empresa apoderada por Paula Chaves

J. Caro Romero | Sevilla

El Partido Popular acudirá a los tribunales si el Gobierno de la Junta persiste en negarle toda la información relativa a las visitas a las dependencias de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa durante el tiempo en que se tramitó el expediente relativo a la subvención millonaria en favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), firma de la que es apoderada la hija de Manuel Chaves, quien, todavía como presidente de la Junta, firmó la aprobación de aquel incentivo.

Tal y como publicó ayer EL MUNDO de Andalucía, la Junta ha negado sistemáticamente al PP esta información. Primero, rechazó taxativamente la existencia de libros de visitas donde pudiera constar la posible presencia de la hija de Chaves en las dependencias de la Consejería de Innovación en relación con este expediente de subvención, lo cual –en caso de que se demostrase esa presencia– probaría su participación directa en la consecución de aquella ayuda y reforzaría el presunto incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades en que habría incurrido el ex presidente de la Junta, ahora ministro de Zapatero, al firmar el incentivo con su hija de por medio.

Ahora, ante la insistencia del PP por contar con ese registro de visitas, la Consejería de Innovación, que dirige Martín Soler, acaba de responder al PP que no puede facilitar esa información amparándose en la Ley de Protección de Datos y alegando, además, que el acceso de las visitas se recoge en un registro utilizado exclusivamente por la empresa de seguridad y que el mismo, así como las imágenes de vigilancia captadas, se destruye periódicamente.

Tras recibir esta respuesta por parte de la Junta, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunció ayer que su formación acudirá a los tribunales ante esta actitud «lamentable» que demuestra, a su juicio, que el Gobierno de Griñán no tiene el más mínimo deseo de esclarecer este asunto».

Además
* La Junta dice que no puede revelar si Paula Chaves fue a negociar
* 'Evidentemente se ha trabajado con Paula Chaves'
* El PP reprocha a la Fiscalía que se niegue a investigar

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS FICHA AL MAYOR EXPERTO EN DERECHOS HUMANOS

CASO MATAS | Las novedades

* El ex president refuerza su defensa con el letrado Manuel Ollé
* Está especializado en delitos de lesa humanidad

Esteban Urreiztieta | Palma

El ex president del Govern ha decidido reforzar su defensa al comprobar que su situación procesal se complica por momentos. Jaume Matas acaba de alcanzar un acuerdo con el letrado Manuel Ollé Sesé, considerado en estos momentos como uno de los mayores especialistas en derecho internacional y uno de los abogados más prestigiosos del panorama nacional.

Natural de Barbastro (Huesca), doctor en Derecho y director de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, Ollé fue el elegido para presidir la Asociación Pro Derechos Humanos sustituyendo a destacadas figuras como el magistrador José Antonio Martín Pallín, el sociólogo José Antonio Gimbernat o el teólogo José Tamayo.

Ollé ha conseguido durante su carrera convertirse en uno de los letrados más reconocidos internacionalmente en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad. Entre otras causas, lideró el enfrentamiento jurídico contra el dictador chileno Augusto Pinochet o contra el genocida argentino Ricardo Cavallo. Asimismo cuenta en su haber con la defensa de José Ignacio López de Arriortúa, alias Superlópez, antiguo dirigente de General Motors y de Volskswagen.

Ahora se convierte en el nuevo letrado de Matas a escasos tres meses de su primera declaración como imputado en el caso Palma Arena y cuando ya han declarado ante el juez José Castro la mayoría de proveedores de su palacete de Palma y del piso que utiliza su familia en Madrid. Un cúmulo de testimonios que han deparado el pago tanto por su parte como por la de su mujer Maite Areal de ingentes cantidad de dinero en efectivo y en negro tanto en mobiliario y decoración como en joyas y relojes. En total, la cantidad que ha aflorado hasta el momento ronda los 400.000 euros y el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma la considera más que suficiente para atribuirle ya junto a su mujer la comisión de al menos nueve delitos castigados con más de 30 años de cárcel.

Entre ellos los de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias o delito electoral y fiscal. Matas mantendrá, no obstante, al letrado Rafael Perera, que le ha defendido desde que la Fiscalía Anticorrupción comenzara a investigar su espectacular incremento patrimonial. Perera acaba reiterar que su cliente acudirá a su cita con la Justicia el próximo mes de marzo y que en ningún momento ha barajado eludir su citación como imputado.

elmundo.es

"CASO SCALA"; EL TSJIB ASUME LAS INVESTIGACIONES Y PIDE LA CAUSA

CORRUPCIÓN | Justicia

* La decisión se produce en respuesta a la exposición de la juez Piedad Marín
* El diputado del PP, Josep Joan Cardona, está imputado en el caso

Europa Press | Palma

La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado asumir las competencias para instruir el caso Scala, en el que se investiga la presunta malversación de fondos públicos a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) y ha solicitado al juzgado de instrucción número 4, encargado de las investigaciones, que le remita la compleja causa sobre las supuesta trama de corrupción urdida en torno a la empresa pública durante la pasada legislatura.

Así lo ha decidido la Sala en respuesta a la exposición razonada que el pasado 10 de diciembre elevó la titular del juzgado, Piedad Marín, para pedir que asuma las investigaciones, y en la que la jueza determinó la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el diputado del PP Josep Juan Cardona, uno de los principales imputados en este procedimiento, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, atribuidos por la Fiscalía.

En la extensa exposición que la jueza trasladó a la máxima instancia judicial de las islas, la magistrada apoya sus razonamientos en que durante el pasado mandato el entonces conseller de Comercio, Industria y Energía, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".

Cabe recordar que el procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una querella para investigar las presuntas irregularidades cometidas desde el CDEIB y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de más de cinco millones de euros. El Ministerio público abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del consorcio.

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"CORRUPCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS"; EL FISCAL SE QUERELLA CONTRA UN EX ALCALDE DE CIU POR MALVERSACIÓN DE FONDOS

CORRUPCIÓN | En Aiguablava, Girona

* Se basa en informes del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes
* Han detectado diversas irregularidades por importe de 47.000 euros
* Los hechos denunciados por la fiscalía habrían ocurrido entre 1999 y 2002
* En la actualidad es concejal en la oposición por el Canvi Progrés Municipal

Efe | Girona

El fiscal ha presentado una querella contra el ex alcalde de Aiguaviva (Girona) Ramón Martínez (CiU) por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Según ha informado Catalunya Ràdio, el fiscal se ha basado en el resultado de los informes del Tribunal de Cuentas del Estado y de la Sindicatura de Cuentas, que al parecer detectaron diversas irregularidades por importe de 47.000 euros en las cuentas municipales cuando gobernaba Ramón Martínez.

El actual alcalde de Aiguaviva, Joaquim Mateu (PIA), ha indicado que espera una resolución rápida de este incidente por parte de la justicia.

"Yo creo que quien la ha presentado sus motivos tendrá. No sé los indicios que han visto pero es un tema que tampoco conozco. Prefiero no hacer ninguna declaración al respecto; es la justicia la que debe trabajar, hacer su labor y creo que todos queremos que se esclarezca cuanto antes un asunto que ojalá no hubiera llegado donde ha llegado", ha manifestado Mateu a la citada radio.

Los hechos denunciados por la fiscalía habrían ocurrido entre los años 1999 y 2002, mientras Ramón Martínez, que en la actualidad es concejal en la oposición por el Canvi Progrés Municipal, ocupaba la alcaldía por CiU.

Una auditoría y las investigaciones de los tribunales de cuentas detectaron diversas irregularidades, como gastos municipales que cobraba el ex alcalde como compensación del trabajo que hacía en los fines de semana para recaudar tributos municipales.

En el periodo en que indicó hacer este trabajo, el Ayuntamiento tenía transferido el cobro de tributos a otra administración.

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"CASO GÜRTEL"; EL PSOE DE POZUELO PIDE LA DESTITUCIÓN DE LA CONCEJALA IMPUTADA

Europa Press | Madrid

El PSOE de Pozuelo exigió al alcalde de la localidad, Gonzalo Aguado, la "inmediata destitución" de la quinta teniente de Alcaldía y concejal de Mujer y Presidencia, Yolanda Estrada, tras ser imputada en la trama Gürtel.

La portavoz socialista, Eva Izquierdo, afirmó que Estrada es "mano derecha" del alcalde y que "es una falta de respeto" hacia los ciudadanos que la edil siga desempeñando sus funciones en el Ayuntamiento.

"Es una falta de respeto hacia los ciudadanos de Pozuelo el que una concejala, que es teniente de alcalde y está imputada, siga un minuto más en ese cargo. La protección que está recibiendo del alcalde es más que sorprendente, quizás por haber sido su jefe directo durante los años anteriores y tener en ella la máxima confianza. Cada minuto que pasa sin que Yolanda Estrada cese en sus cargos, es un motivo más desconfianza sobre el actual Alcalde de Pozuelo de Alarcón", aseveró.

Izquierdo indicó que su formación política también ha solicitado a Estrada que dimita de su cargo ya que "de acuerdo con los datos del sumario", Yolanda Estrada "era la persona de contacto" del grupo de Correa en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

"Dado su cargo de concejala de Obras, y persona de la máxima confianza del anterior alcalde, hoy dimitido, Jesús Sepúlveda, también imputado en este sumario. Esta Concejalía de Obras se encontraba bajo la dependencia y supervisión directa del actual alcalde, Gonzalo Aguado, quien era el concejal de Urbanismo de la ciudad", añadió.

La edil manifestó su "preocupación" por la situación de "continuo desgobierno que sufre" la ciudad desde que estalló el Caso Gürtel. "Ya van dos alcaldes, dos remodelaciones del equipo de gobierno en pocos, caos organizativo, desmotivación generalizada de los empleados municipales, diferencias entre los propios miembros del Grupo Popular. Por eso, esta ciudad necesita un cambio urgente y radical, que traiga serenidad, orden, transparencia, y un poco de aire fresco a un Ayuntamiento que va a la deriva", concluyó.

Además
* Imputada una concejal de Pozuelo

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EL TSJIB ASUME EL "CASO SCALA"

La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado asumir las competencias para instruir el caso Scala, en el que se investiga la presunta malversación de fondos públicos a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) y ha solicitado al juzgado de instrucción número 4, encargado de las investigaciones, que le remita la compleja causa sobre las supuesta trama de corrupción urdida en torno a la empresa pública durante la pasada legislatura.

Así lo decidió la Sala en respuesta a la exposición razonada que el pasado 10 de diciembre elevó la titular del juzgado, Piedad Marín, para pedir que asuma las investigaciones, y en la que la jueza determinó la existencia de “numerosos datos incriminatorios” contra el diputado del PP Josep Juan Cardona, uno de los principales imputados en este procedimiento, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, atribuidos por la Fiscalía.

En la extensa exposición que la jueza trasladó a la máxima instancia judicial de las islas, la magistrada apoya sus razonamientos en que durante el pasado mandato el entonces conseller de Comercio, Industria y Energía, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público “puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro”.

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3. Disuelto el Consorcio para el Desarrollo Económico de les Illes Balears (CDEIB) El Consell de Govern ha aprobado la disolución y liquidación del Consorcio para el Desarrollo Económico de les Illes Balears (CDEIB). La medida, se toma con la intención de lograr...

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"CASO GÜRTEL"; LA FISCALÍA PIDE AL JUEZ QUE RECLAME LAS CUENTAS DEL PP DE VALENCIA

Anticorrupción recurre al tribunal madrileño para reactivar la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido, destapada por la policía

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ | Madrid

La Fiscalía Anticorrupción intenta reactivar la investigación judicial sobre la posible financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana. Los fiscales han pedido por escrito al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame la contabilidad del PP de Valencia para tratar de comprobar los índicIos que avalarían la supuesta financiación ilegal del partido y que fueron destapados por la unidad policial contra el Blanqueo de Capitales.

La investigación policial apuntaba que la cúpula de partido en Valencia había amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación durante los últimos años. En concreto, señalaba al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y al destituido secretario regional del PP, Ricardo Costa, entre otros, como supuestos partícipes de una trama que habría permitido que empresas adjudicatarias de contratos del Gobierno regional entregaran dinero a la red Gürtel para financiar actos del partido.

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Luis Bárcenas Gutiérrez
A FONDO

Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

elpaís.com

"CASO MATSA"; LA JUNTA DICE AHORA QUE NO PUEDE REVELAR SI PAULA CHAVES FUE A NEGOCIAR POR LA EMPRESA

Alega que la ley le impide 'ceder a terceros' los datos

Manuel Chaves, en el centro, el día de la inauguración de la empresa. | A. Luis Delgado

* Cualquier hipotético acceso de Paula Chaves tuvo que dejar rastro
* La Consejería negó inicialmente la existencia de libros de visita

Manuel M. Becerro | Sevilla

La Junta de Andalucía apela ahora a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal para negarse a facilitar al PP la relación de visitantes a las dependencias de la Consejería de Innovación en los tiempos en que se tramitó el polémico incentivo multimillonario a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en cuya aprobación participó el ex presidente andaluz Manuel Chaves aun cuando su hija es apoderada de la compañía y tuvo participación material directa en el expediente.

Tras negar primero -con carácter expreso- la existencia de libros de visitas donde pudiera constar la posible presencia e intercesión de Paula Chaves Iborra (la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Cooperación Territorial) a lo largo del procedimiento de petición de la subvención a Matsa, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, acaba de responder a la oposición que «no es posible» la «cesión a terceros» de la información que se ha vuelto a solicitar.

«El acceso de las visitas a los servicios centrales de la Consejería, a efectos internos de control y por motivos de seguridad, se recoge en un registro de visitantes electrónico utilizado, exclusivamente, por el personal de la empresa de seguridad contratada», señala el consejero en respuesta al diputado popular José Luis Rodríguez. En ese registro «quedan anotados», según Martín Soler el nombre del visitante, su DNI y la empresa o entidad a la que represente.

Así las cosas, parece claro que cualquier hipotético acceso de Paula Chaves necesariamente tuvo que dejar rastro. Sin embargo, la Junta deniega la posibilidad de realizar toda comprobación a la oposición andaluza, argumentando que «estos ficheros son eliminados periódicamente y no es posible su cesión a terceros».

También se descarta la opción de facilitar al PP las imágenes captadas a través del sistema de vídeo vigilancia, precisando que en este caso las imágenes captadas «se destruyen semanalmente», aparte de regir la Ley de Protección de Datos.

Además
* 'Evidentemente se ha trabajado con Paula Chaves'
* El PP reprocha a la Fiscalía que se niegue a investigar

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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; ACUSAN A MUNAR DE PAGAR A LOS TESTAFERROS ANTES DE QUE LE DIERAN LA FACTURA

Denuncia de la Policía y Hacienda

* Ordenó el ingreso de 264.000 € un mes antes de que presentaran los recibos
* La Policía considera que 'es de imposible comprensión'

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria cazan ahora a Maria Antònia Munar ordenando pagos desde el Consell de Mallorca a los testaferros de Unió Mallorquina (UM) un mes antes de que le presentaran las preceptivas facturas.

En un nuevo informe conjunto, los investigadores denuncian que la actual presidenta del Parlament balear "se anticipa al futuro" al haber dispuesto el 7 de enero de 2001 un pago por valor de "43.932.500 pesetas" a la sociedad Studio Media Comunicació, S.L., mediante el que le adjudicaba la radio pública de la institución insular que presidió durante doce años.

Esta sociedad, que se hizo con la adjudicación mediante un concurso amañado, es propiedad de Alfredo Conde, que se encuentra en estos momentos en libertad bajo fianza de 200.000 euros en el marco de la denominada Operación Maquillaje. Conde, que continúa como directivo de IB3 Televisión pese a las medidas cautelares que pesan sobre él, es íntimo amigo del también imputado en esta causa Bartomeu Vicens y cobró en su nombre las comisiones del 15% por la recalificación del polígono industrial de Son Oms.

Tal y como recalcan los agentes e inspectores dirigidos por el comisario Antonio Cerdá y el delegado especial de Hacienda en Baleares Raúl Burillo, Munar ordenó personalmente el pago a Conde "días antes de la fecha de la factura, es decir, antes de que se realizara la factura". Un extremo que, añade, es "de imposible comprensión".

"Pero es más", prosiguen en el informe que han remitido al Juzgado de Instrucción número dos de Palma que investiga los pagos con dinero público a los testaferros que cobraron las comisiones de la histórica cúpula de UM, "la factura antes de ser creada es conformada por el director del Contrato –en referencia al actual conseller de Medio Ambiente del Govern Miquel Ángel Grimalt–, anticipándose también al futuro".

Además
* Opinión: Munar 'se anticipa al futuro'

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; MUNAR COMPARECERÁ EL PRÓXIMO 22 DE ENERO COMO IMPUTADA ANTE EL JUEZ

Declaraciones de su abogado

* Se negó a prestar declaración en diciembre por su condición de aforada
* Le acusan de desviar fondos públicos a productoras de tv y radio
* Ni el juez ni la Fiscalía han tipificado aún los delitos que se le imputan

Europa Press | Palma

La defensa de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, confirmó que comparecerá el próximo 22 de enero como imputada dentro de la pieza separada del caso Son Oms conocida como Operación Maquillaje, en la que será la segunda ocasión en que ha sido citada a declarar por el juez que instruye el procedimiento, Juan Ignacio Lope Sola, después de que el pasado 18 de diciembre no acudiese al Juzgado alegando su condición de aforada para no comparecer.

Su letrado, Gabriel Garcías, ha manifestado que su patrocinada estará presente ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, aunque puntualiza que el hecho de que se acoja o no a su derecho constitucional de no declarar dependerá de la decisión que adopte la propia Munar.

Tal y como ha explicado de forma generalizada y pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) "no hace mucha referencia", si un imputado no acude a declarar pese a ser citado por segunda vez, en el tercer llamamiento debe ser conducido "por la fuerza pública", aunque asevera que no será éste el caso de la presidenta de la Cámara autonómica ya que "estará presente el día 22".

La también ex presidenta del Consell de Mallorca no compareció en el primer llamamiento del juez pese a que éste mantenía en pie su citación, después de que Garcías presentase un escrito ante el Juzgado para comunicar que su clienta no acudiría, a la espera de poder deponer una vez el caso sea asumido por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). No obstante, Lope Sola dictó posteriormente una providencia para citar por segunda vez a la presidenta de la Cámara autonómica.

En concreto, las investigaciones de la operación Maquillaje, que giran en torno al presunto desvío de caudales públicos desde el Consell de Mallorca hacia productoras audiovisuales de forma supuestamente ilícita durante la pasada legislatura, apuntan a que la también presidenta de honor de UM habría autorizado varios pagos de manera irregular a favor de la empresa Bahía Difusión, fusionada con Vídeo U -vinculada al ex vicepresidente de la Institución insular y productora a través de la cual se pusieron en marcha programas presuntamente inexistentes en Televisió de Mallorca encomendados desde el Consell-.

Imputada en el caso Can Domenge
Cabe recordar que Munar está inculpada también en el caso que investiga los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración cometidos en 2005 durante el proceso de enajenación del solar de Can Domenge, adjudicado por la Corporación supramunicipal por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la empresa querellante en la causa Núñez y Navarro.

Por la Operación Maquillaje ya han desfilado por los Juzgados el ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, para quien el juez ordenó la retirada del pasaporte; el de Medio Ambiente, Miquel Àngel Grimalt; el ex diputado Bartomeu Vicens, en libertad bajo fianza de 100.000 euros por este mismo procedimiento; el ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, a quien también le fue retirado el pasaporte, y el presunto testaferro de Vicens, Alfredo Conde, quien eludió ingresar en prisión bajo fianza de 200.000 euros, entre otros encausados.

La Operación Maquillaje, iniciada el pasado 21 de octubre con los registros llevados a cabo ese día en organismos oficiales como el Consell y en distintas empresas audiovisuales, fue abierta en el marco del caso Son Oms, que investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono palmesano se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a suelo urbanizable.

elmundo.es

EL TSJB CALIFICA DE "DESORBITANTE" LA TASACIÓN A LA BAJA DE CAN DOMENGE

CORRUPCIÓN | La investigación

* Los peritajes del Colegio de Arquitectos y Hacienda duplican los 30 millones
* Sacresa se quedó con el solar cuando Núñez y Navarro ofreció el doble

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares se pronuncia por primera vez desde que se hizo cargo de la causa sobre el precio de venta de Can Domenge. La Sala de lo Civil y de lo Penal de la máxima instancia judicial de las Islas, que instruye en estos momentos por prevaricación, malversación y fraude el proceso en el que se encuentra imputada la presidenta del Parlament balear Maria Antònia Munar, tilda ya de "desorbitante" la diferencia que media entre los 29,3 millones de euros en los que fue tasado el solar público por el Consell de Mallorca gobernado por Unió Mallorquina (UM) y "las otras valoraciones practicadas en la causa".

Para justificar la desproporción entre el precio fijado por la institución insular para su venta y el valor real del terreno, los magistrados Antonio Terrasa, Felisa Vidal y Antonio Capó destacan los peritajes elaborados por el Colegio de Arquitectos y Hacienda, que duplican los 30 millones por los que finalmente fue vendido el terreno a la promotora catalana Sacresa. Asimismo presentan como prueba definitiva del bajo precio por el que fue enajenada la parcela, el peritaje que solicitó el propio Consell de Mallorca en su defensa al profesor Roca Cladera, que cuantifica su valor en el momento de la operación, en 2006, en "34.231.757 euros". "Cantidad también superior a la de 29.326.755 euros", subrayan.

'El puntal de la causa'
Precisamente al comprobar la cifra en la que fue tasado el terreno de 52.000 metros cuadrados situado entre el Camí de Jesús y la calle General Riera de Palma para su venta, la Sala de lo Civil y de lo Penal acaba de imputar de nuevo, tal y como adelantó ayer EL MUNDO/El Día de Baleares, al jefe de los Servicios Técnicos de "autor del informe de valoración de la finca Can Domenge de 16 de mayo de 2005". "Dicho informe", recuerda el órgano que instruye en estos momentos el escándalo por la venta del solar a Sacresa pese a que otro de los concursantes, Núñez Navarro ofreció más del doble, "sirvió de base para la fijación del precio de salida de la enajenación de la finca de Can Domenge".

Además
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"CASO GÜRTEL"; IMPUTADA UNA CONCEJAL DE POZUELO

CORRUPCIÓN | Citada a declarar el 12 de enero

* Yolanda Estrada es concejal de Mujer y mano derecha del actual alcalde
* Hacía presuntamente de enlace entre la trama de Correa y Jesús Sepúlveda

Efe | Europa Press | Madrid

La concejala de Pozuelo, Yolanda Estrada.

El juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar como imputada el próximo martes a la concejal de Mujer y Presidencia del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Yolanda Estrada, y mano derecha del actual alcalde, Gonzalo Aguado.

Yolanda Estrada, ex concejal de Obras Públicas en la citada localidad, era la persona que, según el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibió en favor del TSJ de Madrid, hacía de enlace entre la presunta trama de corrupción dirigida por Francisco Correa y el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepulveda, también imputado en la causa.

Según informa en una nota el TSJM, además de citar como imputada el próximo día 12 a Yolanda Estrada, el magistrado Antonio Pedreira ha citado también a declarar como testigos ese mismo día a partir de las 10:00 horas a Rafael De Valle Iturriaga Miranda, Miguel Ángel Vara, Raúl Heras Planel y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard Remon.

La concejal del PSOE en el Consistorio de Pozuelo, Eva Izquierdo, mostró su extrañeza por que el juez haya tardado tanto tiempo en citar como imputada a Estrada, ya que cuando tuvieron lugar los hechos era edil de Obras y Servicios. Además, ha exigido su dimisión de forma inmediata y ha pedido explicaciones al actual alcalde de la localidad madrileña.

El juez investiga el destino del dinero
Casi un año después de que estallara el caso, el magistrado está centrando su investigación en averiguar el paradero del dinero desviado por la 'red Gürtel' al exterior, que podría elevarse a 40 millones de euros. Por ello, trata de desmarañar la estructura financiera y mercantil montada en el extranjero, que alcanza a 15 países.

Desde el pasado agosto, los jueces Garzón y Pedreira han enviado un total de 24 comisiones rogatorias a cerca de 15 países, en su mayoría paraísos fiscales. En ellas, se solicita el auxilio judicial para que se remitan datos sobre cuentas bancarias o empresas pantalla vinculadas a la red encabezada por Francisco Correa.

El contenido de las comisiones rogatorias está incluido en los dos tercios del sumario que aún permanecen secretos. El pasado 29 de septiembre, se destapó el contenido de cerca de 17.000 folios, un tercio de la causa. La mayor parte de los folios contenían conversaciones interceptadas a los miembros de la trama por orden del juez Garzón.

El PSOE exige la dimisión de Estrada, mano derecha del actual alcalde de Pozuelo

Aunque la instrucción va lenta por su complejidad, empieza a dar los primeros pasos. El juez ya ha comenzado el proceso de embargo de los bienes de los imputados sobre los que pesa una fianza, alcanzando al ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, al ex diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, al ex concejal popular José Galeote y al ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero.

El escándalo que supuso el 'caso Gürtel' ha forzado la dimisión de más de una decena de cargos del PP madrileño. López Viejo dejó la Consejería de Deportes; y los ex alcaldes Arturo González Panero, Ginés López y Jesús Sepúlveda, las alcaldías de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón.

El ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega abandonó la Gerencia del Mercado Puerta de Toledo de Madrid; el ex director general de Boadilla Tomás Martín, la vicepresidencia de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte, y Benjamín Martín Vasco, la portavocía adjunta del PP en la Asamblea de Madrid. Otro de los cesados fue José Javier Nombela, asesor de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid.

Los principales imputados en la causa son Francisco Correa, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, el primo de Correa, Antonio Sánchez, y Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigote'. Tanto a ellos como al resto de los 60 imputados se les acusa de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y fraude fiscal.

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; NUEVAS FOTOS DE EL BIGOTES CON CAMPS Y COSTA AVERGÜENZAN AL PARTIDO POPULAR

El poder de influencia de Pérez en el PP Valenciano, desde otra perspectiva

JOSÉ MARÍA GARRIDO

A lo largo del 2009, Álvaro Pérez -alias El Bigotes- pasó de ser un completo desconocido a tener presencia en las portadas de todos los medios de comunicación españoles. Sin embargo, es muy probable que este comercial aventajado hubiera preferido seguir en el anonimato y trabajando mano a mano con Francisco Correa y altos dirigentes del Partido Popular en toda la red de empresas Gürtel, antes que convertirse en uno de los personajes más detestados del panorama político español.

Hasta su ex mujer, Esther del Prado, posó desnuda el pasado mes de diciembre en Interviú para contar sus ansias de “vivir por encima de sus posibilidades” y relatar como le instaba a prostituirse con un político de derechas.

Las fotografías
Meses antes, cuando apareció en todos los informativos de televisión como uno de los principales imputados en el gigantesco escándalo de corrupción, no tuvo más remedio que ver como la cúpula valenciana del Partido Popular se avergonzaba de las fotos en las que aparecían con él.

Otra perspectiva

El Plural desvela hoy nuevas instantáneas en las que se observa, desde otra perspectiva, como El Bigotes tenía mucho que decir en los Congresos que organizaba el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y es que Pérez tenía vía directa con Ricardo Costa, Carlos Frabra o Francisco Camps.

Confianza

Así, no es de extrañar que, tal y como informó El Plural en su día, el PP confiara en su persona para organizar un mitin de Mariano Rajoy en Elche en la campaña para las generales del 9-M.

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jmgarrido@elplural.com

"CASO PALMA ARENA"; "MATAS NO SE PLANTEA ELUDIR DECLARAR EN PALMA Y PEDIR AMPARO EN EEUU"

CASO MATAS | Declaraciones del su abogado

Efe | Palma

Rafael Perera, abogado de Jaume Matas, ha dicho que el ex presidente del Govern balear no se plantea eludir con la petición de amparo en Estados Unidos su declaración ante el juez, prevista para el 23 de marzo, en la instrucción del caso de presunta corrupción Palma Arena.

"Jaume Matas en modo alguno se ha planteado, ni me ha planteado, la posibilidad de eludir la declaración prevista para el próximo día 23 de marzo, en Palma", ha asegurado Perera mediante un comunicado.

Perera ha desmentido una información publicada este martes en la prensa balear, señalando que Matas se plantea pedir amparo en Estados Unidos para no declarar en Palma.

El abogado ha recordado que, desde que la Fiscalía inició la tramitación de las diligencias del llamado caso Palma Arena, puso en conocimiento la "plena disponibilidad del ex presidente para personarse en Palma y aclarar cuantas cuestiones fueren pertinentes".

Según Perera, posteriormente ha reiterado al juez instructor José Castro, en nombre de su cliente, dicha propuesta de Matas de comparecer y prestar declaración. "Al efecto tengo designado el domicilio de mi despacho para facilitar su citación", ha detallado el abogado en la nota.

El abogado ha recordado también que ha hecho constar al juez "la contrariedad del ex presidente por la lejanía de la fecha señalada para su declaración".

Perera añade que la información publicada sobre la voluntad de Matas de eludir declarar ante el juez "perjudica gravemente la imagen del ex presidente y crea, maliciosamente, un caldo de cultivo adverso al mismo en los medios judiciales", razón por la que se reserva adoptar "las acciones legales correspondientes".

Matas ha sido citado a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que investiga una presunta trama de corrupción en torno a la construcción del Palma Arena, así como presuntas irregularidades en el incremento patrimonial del ex presidente.

Castro ha imputado a Matas por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral.

En la causa también está imputada la esposa del ex presidente, Maria Teresa Areal, por presuntos delitos fiscales, apropiación indebida, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

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elmundo.es

"CASO LLÍBER"; DOS ENCARCELADOS Y 14 IMPUTADOS

La trama urbanística por la construcción de 300 chalés en suelo rústico en Llíber arroja un balance judicial de 16 imputados. De ellos, la juez del caso envió a prisión a tres personas: el ex alcalde del PP, José Mas, el aparejador municipal y el cabecilla de la red, el promotor Miguel Montaner. Este último está ahora en libertad provisional tras depositar una fianza de 100.000 euros. El resto de imputados está en libertad con cargos. La magistrada instructora ha abierto una causa por los supuestos delitos de cohecho, estafa, prevariación y contra la ordenación del territorio.

Aparte de los dos encarcelados, la lista de imputados se completa con cinco promotores, un notario, dos abogados, la ex secretaria del Ayuntamiento, el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus, y otros cuatro ediles. La implicación de estos cinco concejales, que aún no han comparecido ante la juez, está motivada por su participación en los plenos en los que el ex regidor Mas autorizó las licencias irregulares.

Por su parte, el ex alcalde Mas está procesado ya por un delito de prevariación derivado de la concesión de 24 licencias para construir chalés en suelo rústico. El fiscal le pide un año y medio de cárcel. Este caso, pendiente de juicio oral, fue anterior a la investigación que motivó su encarcelamiento el pasado mes de diciembre por avalar otros 300 chalés ilegales a cambio de regalos y dinero.

elpaís.com

EL EX ALCALDE DE LLÍBER RECIBIÓ SOBORNOS A CAMBIO DE LICENCIAS

Un promotor de Xàbia entregaba el dinero en metálico a José Mas

ARTURO RUIZ - Dénia

Sobornos, poderes notariales que resultaron ser falsos, reuniones discretas en un club de alterne. El levantamiento del secreto sumario del caso Llíber, por el que el Ayuntamiento de este municipio permitió entre 1999 y 2003 la construcción de 300 chalés en suelo rústico, ha desvelado nuevos aspectos de una trama en la que desempeñó un papel protagonista el constructor de Xàbia Miguel Montaner. El empresario fue el primer implicado encarcelado, el pasado diciembre. Su declaración ante la juez fue vital para que también acabaran en prisión apenas unas horas después el alcalde de Llíber durante aquel periodo, el popular José Mas, y su ex aparejador municipal.

Montaner, ahora en libertad tras pagar una fianza de cien mil euros, aseguró en su declaración que había efectuado sobornos "directamente" al alcalde y al ex técnico del Consistorio para que sancionaran esta práctica urbanística, autorizando la construcción de viviendas con permisos para la rehabilitación de ruinas o la instalación de almacenes. Y todo ante la pasividad del Consell.

El constructor añadió que aunque la mayor parte de las dádivas fueron en metálico también regaló un Mercedes al alcalde. En su declaración, Mas negó esta última aseveración y dijo que fue él quien pagó el automóvil, si bien admitió que Montaner le puso en contacto con el vendedor en Alemania.

Montaner fue el epicentro de una telaraña urbanística en la que hay 16 imputados. Aunque también se dedicó a edificar, el principal papel de Montaner según consta en el sumario judicial, fue el de intermediario: obtenía poderes de los propietarios de suelo rústico de este paradisíaco municipio del interior, quienes se beneficiaron de poder vender sus terrenos agrícolas al ventajoso precio de suelo urbano, y después contactaba con agencias inglesas y alemanas que, a su vez, atraían a clientes de esos países para comprar el suelo ignorando su calificación real.

El siguiente paso era contactar con los constructores que iban a edificar los chalés. La Guardia Civil ha constatado en este sentido que algunos encuentros se realizaron en un club de alterne en situación irregular que Montaner tiene en Xàbia. Los agentes de la investigación realizaron escuchas telefónicas posteriores a 2003, cuando el principal interés de los implicados en la presunta trama era la legalización de las casas.

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elpaís.com

"CASO MILLET"; NUEVA BARBA, VIEJOS DELITOS

Millet 'ficha' en el juzgado para demostrar que no ha huido

PERE RÍOS - Barcelona

Felis Millet, con barba, acompañado del abogado Jordi Pina - CARMEN SECANELLA

Sin corbata, con barba y unos kilos menos. Con una estampa que incitaba a la compasión acudió Fèlix Millet ayer al juzgado. Esta vez lo hizo para fichar ante la justicia y certificar que no ha huido, el mismo trámite por el que pasan todos los delincuentes que están en libertad provisional y las personas que están imputadas en algún proceso judicial y a la espera de juicio.

Esa obligación de comparecencia, que en el caso de Millet y su mano derecha, Jordi Montull, es de una vez al mes, fue acordada por la Audiencia de Barcelona, que no por el juez Juli Solaz, quien les dejó en libertad y sin fianza el pasado septiembre. "Los que se llenaban la boca diciendo que Montull y Millet se fugarían del país se tendrán que callar", aseguró ayer con vehemencia el abogado defensor Jordi Pina. Mientras tanto, continúa la tramitación de la causa, a la espera de que los dos peritos de la Agencia Tributaria designados por el juzgado emitan su informe sobre el saqueo del Palau.

Félix Millet I Tusell
A FONDO

Nacimiento:
08-12-1935

Lugar:
Barcelona

elpaís.com

LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE MATARÓ POR CONSTRUIR EN UN EDIFICIO PROTEGIDO

La antigua fábrica de Can Fábregas, declarada Bien Cultural, está siendo trasladada, pieza a pieza a otro solar

EFE - Barcelona

La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra el Ayuntamiento de Mataró por autorizar la construcción de un centro comercial en los terrenos de la antigua fábrica de Can Fàbregas, declarada Bien Cultural de Interés Local y que está siendo trasladada, pieza a pieza, a otro solar.

La querella, que ahora el juez debe decidir si admite a trámite, acusa al alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron (PSC), y a la abogada del servicio de Urbanismo del consistorio de dos supuestos delitos sobre la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico, han informado fuentes judiciales.

El fiscal ha pedido tomar como medidas cautelares la paralización del almacenamiento de la fábrica, que está siendo desmontada pieza a pieza y guardada en los terrenos de Valldeix.

Por su parte, el consistorio afirma en un comunicado que los acuerdos del traslado de Can Fábregas para construir en su lugar un centro de El Corte Inglés se tomaron "siguiendo la legalidad vigente y que el Ayuntaiento defenderá esta línea argumental ante las interpretaciones realizadas por el fiscal en su escrito".

El consistorio recuerda que la construcción del centro comercial se aprobó teniendo en cuenta el interés general para la localidad y la creación de más puestos de trabajo y atractivo comercial en Mataró.

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EL JUEZ CIERRA LA INSTRUCCIÓN DEL "CASO MINUTAS" DE MARBELLA

El fiscal pide 14 años de prisión para José María del Nido

EL PAÍS / AGENCIAS - Málaga

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga), Ricardo Puyol, ha dado por concluida la instrucción del llamado caso Minutas, sobre la contratación supuestamente irregular del letrado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido por el Ayuntamiento de Marbella. Del Nido llegó a facturar al consistorio 6,7 millones de euros entre 1999 y 2003 pese a que, según la Fiscalía Anticorrupción, "aceptó servir a la persona del fallecido alcalde Jesús Gil por encima de los intereses municipales". La Fiscalía, que pide para Del Nido 14 años de prisión, afirma también que gran parte de las minutas giradas por Del Nido corresponden "a servicios tan alejados de los intereses públicos de la corporación como innecesarios, o cuya facturación no se compadecía con el trabajo efectivamente desempeñado por el letrado".

El letrado facturó 6,7 millones al Ayuntamiento en sólo cuatro años

Después de que el 4 de julio el juez Puyol ordenara la apertura del juicio oral, el magistrado remitió ayer el sumario de la causa a la Audiencia Provincial de Málaga, según fuentes judiciales. Éste es el paso previo a que se fije la fecha para la vista oral.

La causa se inició en julio de 2006 tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que se resaltaba que Del Nido y el ex alcalde Julián Muñoz -para el que se piden 16 años de prisión- se concertaron para enriquecer al letrado a costa del erario municipal. En su escrito de acusación, presentado en julio de 2009, el fiscal Juan Carlos López Caballero, identificó minutas por valor de 1,6 millones de euros que Del Nido supuestamente cobró de más. Según el fiscal, Gil, Muñoz, Del Nido y otros personajes próximos al Ayuntamiento planearon "una maquinación defraudatoria estable y progresiva" que causó un "grave perjuicio" a las arcas municipales.

Los trabajos cobrados al consistorio marbellí durante los años del gilismo suponían el 70% de la facturación del bufete del presidente sevillista, según el fiscal. Entre las minutas irregulares, Del Nido percibió 348.587 euros por realizar un escrito de alegaciones a un informe del Tribunal de Cuentas muy crítico con la gestión de Marbella. El escrito, de 758 páginas, salió a unos 600 euros por folio. Sin embargo, afirma el fiscal, el letrado, que además cobraba un sueldo mensual de 48.080 euros, se limitó a ordenar documentos que habían redactado el secretario, el interventor y el tesorero municipales.

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EL JUEZ ACTIVA UNO DE LOS SUMARIOS DEL "CASO ORIHUELA"

S. N. - Alicante

La investigación judicial del caso Orihuela (denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante al Ayuntamiento por 16 supuestos casos delictivos relacionados con la gestión urbanística y contable) se activará a finales de este mes. El día 27, el titular del Juzgado de Instrucción número 4, que dirige una de las investigaciones por supuestas ilegalidades en las subvenciones del Consistorio a la entidad Moros y Cristianos, tomará declaración a los testigos, entre ellos el ex interventor municipal José Manuel Espinosa y el ex concejal Francisco García Ortuño.

El juzgado indaga irregularidades en las subvenciones (600.000 euros en 10 años) del Ayuntamiento al colectivo. En el caso están imputados el ex edil del PP Antonio Franco y el presidente de la entidad.

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"CASO MINUTAS"; EL FISCAL PIDE 14 AÑOS PARA DEL NIDO POR MALVERSACIÓN

TRIBUNALES | Por irregularidades en los encargos hechos al abogado

El fiscal del caso 'Minutas', en el que se investigan las presuntas irregularidades en los encargos hechos a José María del Nido por parte del Ayuntamiento marbellí, solicitó inicialmente para el abogado 12 años y medio de prisión, inhabilitación para ejercer como abogado durante cuatro años, además de inhabilitación especial para el desempeño de cargos de administración o representación de sociedades durante siete años y para empleo o cargo público durante 17 años. La pena de cárcel solicitada ha aumentado ahora hasta los 14 años.

Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha dado por concluida la fase de instrucción del caso. El juez ha remitido el sumario a la Audiencia Provincial de Málaga. En el auto de conclusión de la instrucción se especifica que Del Nido, junto con el ex alcalde marbellí Julián Muñoz "formó una organización criminal para saquear las arcas municipales".

El instructor acordó a principios del pasado mes de junio proseguir la causa, convirtiendo las diligencias previas en un procedimiento abreviado. El procedimiento judicial se había iniciado a raíz de la querella interpuesta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción, tras analizar varios informes de fiscalización del Consistorio de Marbella realizados por el Tribunal de Cuentas.

El pasado mes de julio el titular del citado juzgado ordenó la apertura del juicio oral contra Muñoz, Del Nido y otras 15 personas por este caso. A través del auto dictado entonces, el juez que ha instruido la causa declaró a la Audiencia Provincial de Málaga como órgano competente para el conocimiento y enjuiciamiento, en virtud de las penas solicitadas. Además, requirió a los acusados para que en un plazo de 30 días prestaran fianza para asegurar las responsabilidades, tanto pecuniarias como civiles.

El juez no acordó la apertura de juicio oral contra el ex edil Francisco Javier Lendínez, sobre el que existen órdenes de detención y personación, puesto que se encuentra en ignorado paradero. Este auto se dictó después de haber formulado escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento de Marbella, personado como acusación particular.

En el caso de Julián Muñoz, el fiscal pidió inicialmente 14 años de prisión y 48 años de inhabilitación, tanto absoluta como para el desempeño de empleo o cargo público. Sin embargo, el juez le indicó en otra resolución que no se había concretado la pena por los delitos societarios, por lo que la petición de pena de cárcel es ahora superior, y llega a los 16 años.

En función de las conclusiones provisionales presentadas por las acusaciones, el juez ha acordado en sus resoluciones que se celebre juicio contra Julián Muñoz por siete delitos, como son asociación ilícita, prevaricación de forma continuada, fraude, malversación continuada, delitos societarios, dos de ellos por administración desleal; y malversación de uso de bienes muebles o inmuebles.

En lo que respecta a Del Nido, los delitos son asociación ilícita, como autor, prevaricación de forma continuada, fraude, malversación, delitos societarios, malversación de uso, falsedad documental y de documento privado y deslealtad profesional, algunos de ellos como cooperador necesario.

En el caso de Juan Antonio Roca, también encausado, se ordena apertura de juicio oral por fraude; y en el de los ex ediles Rafael González y Marisa Alcalá, por prevaricación cometida por miembro de órgano colegiado y por malversación. Para los ex ediles José Luis Fernández Garrosa y Alberto García Muñoz, el juicio se abrirá por el mismo delito de prevaricación que los anteriores.

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