* La decisión se produce en respuesta a la exposición de la juez Piedad Marín
* El diputado del PP, Josep Joan Cardona, está imputado en el caso
* El diputado del PP, Josep Joan Cardona, está imputado en el caso
Europa Press | Palma
La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado asumir las competencias para instruir el caso Scala, en el que se investiga la presunta malversación de fondos públicos a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) y ha solicitado al juzgado de instrucción número 4, encargado de las investigaciones, que le remita la compleja causa sobre las supuesta trama de corrupción urdida en torno a la empresa pública durante la pasada legislatura.
Así lo ha decidido la Sala en respuesta a la exposición razonada que el pasado 10 de diciembre elevó la titular del juzgado, Piedad Marín, para pedir que asuma las investigaciones, y en la que la jueza determinó la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el diputado del PP Josep Juan Cardona, uno de los principales imputados en este procedimiento, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, atribuidos por la Fiscalía.
En la extensa exposición que la jueza trasladó a la máxima instancia judicial de las islas, la magistrada apoya sus razonamientos en que durante el pasado mandato el entonces conseller de Comercio, Industria y Energía, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".
Cabe recordar que el procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una querella para investigar las presuntas irregularidades cometidas desde el CDEIB y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de más de cinco millones de euros. El Ministerio público abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del consorcio.
elmundo.es
Así lo ha decidido la Sala en respuesta a la exposición razonada que el pasado 10 de diciembre elevó la titular del juzgado, Piedad Marín, para pedir que asuma las investigaciones, y en la que la jueza determinó la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el diputado del PP Josep Juan Cardona, uno de los principales imputados en este procedimiento, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, atribuidos por la Fiscalía.
En la extensa exposición que la jueza trasladó a la máxima instancia judicial de las islas, la magistrada apoya sus razonamientos en que durante el pasado mandato el entonces conseller de Comercio, Industria y Energía, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".
Cabe recordar que el procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una querella para investigar las presuntas irregularidades cometidas desde el CDEIB y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de más de cinco millones de euros. El Ministerio público abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del consorcio.
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