Efe | Málaga
IU ha pedido al Ayuntamiento de Marbella un informe jurídico para aclarar "posibles irregularidades" en las que podría incurrir la edil del gobierno local (PP) Alicia Jiménez "al percibir del Consistorio una mensualidad de más de 2.400 euros por el arrendamiento de una propiedad de su titularidad".
El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento, Enrique Monterroso, ha apuntado en un comunicado que en la Junta de Gobierno Local del 22 de diciembre se aprobó un listado de facturas incluida la del alquiler de noviembre del local propiedad de la concejala y el interventor indicó en un informe que la continuidad de ese contrato "podía suponer una incompatibilidad".
Según Monterroso, en el mismo informe el interventor "se desentendía" de la cuestión aludiendo a que su labor "se dedicaba únicamente al control de la actividad económica del Ayuntamiento".
El edil de IU ha explicado que dicho contrato de alquiler, que data de 1996, tiene que ser renovado en este enero, "lo que supondría que el nuevo acto se firmaría siendo su propietaria concejal y parte interesada de forma simultánea".
En este sentido, Monterroso ha señalado que esa situación "no puede tolerarse en democracia, y menos en nuestro municipio, en el que la confusión y la fusión de lo público con lo privado ha sido una práctica habitual y muy perniciosa durante los años del gilismo" y ha añadido que es necesario "un informe jurídico imparcial y objetivo de forma urgente".
Además, el edil ha apelado "a la ética y conciencia moral de la concejala, que debe elegir entre su sillón en el Consistorio o el cobro de alquileres".
Además
* El PSOE impugnará contratos de ediles con el Ayuntamiento
elmundo.es
El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento, Enrique Monterroso, ha apuntado en un comunicado que en la Junta de Gobierno Local del 22 de diciembre se aprobó un listado de facturas incluida la del alquiler de noviembre del local propiedad de la concejala y el interventor indicó en un informe que la continuidad de ese contrato "podía suponer una incompatibilidad".
Según Monterroso, en el mismo informe el interventor "se desentendía" de la cuestión aludiendo a que su labor "se dedicaba únicamente al control de la actividad económica del Ayuntamiento".
El edil de IU ha explicado que dicho contrato de alquiler, que data de 1996, tiene que ser renovado en este enero, "lo que supondría que el nuevo acto se firmaría siendo su propietaria concejal y parte interesada de forma simultánea".
En este sentido, Monterroso ha señalado que esa situación "no puede tolerarse en democracia, y menos en nuestro municipio, en el que la confusión y la fusión de lo público con lo privado ha sido una práctica habitual y muy perniciosa durante los años del gilismo" y ha añadido que es necesario "un informe jurídico imparcial y objetivo de forma urgente".
Además, el edil ha apelado "a la ética y conciencia moral de la concejala, que debe elegir entre su sillón en el Consistorio o el cobro de alquileres".
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