jueves, 5 de marzo de 2009

AUTO DE GARZÓN DE INHIBICIÓN EN FAVOR DEL TSJ DE VALENCIA. CASO GURTEL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5
MADRID


DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 275 /2008 V


AUTO

En MADRID, a cinco de marzo de dos mil nueve.


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.— Estas diligencias se incoaron en fecha seis de agosto de dos mil ocho.

SEGUNDO.— La investigación se inició en virtud de denuncia presentada ante la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos y Anticorrupción por BLANQUEO DE DINERO, DEFRAUDACION FISCAL, TRAFICO DE INFLUENCIAS, COHECHO, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, OFICIAL Y MERCANTIL, DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS, DELITO DE PREVARICACIÓN, DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, aportando en ese momento un conjunto de documentos y grabaciones de presuntos delitos que hacían referencia a Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris, Antoine Sánchez, Álvaro Pérez y otros, que aparecen imputados en esta causa y que constan en el auto de fecha 09.02.09

TERCERO.— El día 30.01.09 se informó por la UDEF que de las observaciones telefónicas acordadas podría inferirse la comisión de algún delito en el que podría aparecer relacionado con el mismo una Autoridad de la Administración valenciana.

Ante tal información se dictó auto de fecha 03.02.09, ampliando la investigación, aportando la Fiscalía Anticorrupción las diligencias informativas que sobre esos hechos tramitaba, el día 10.02.09.

CUARTO.— El día 03.02.09 la UDEF presentó un informe en el que tal como se refleja en el auto de prisión contra los imputados, los Sres. Correa, Crespo y Sánchez, de fecha 12.02.09, existía riesgo inminente de que el principal implicado, Francisco Correa, saliera de España por lo que, previo informe del Ministerio Fiscal de fecha 06.02.09, el Juzgado, atendiendo a la petición policial y de la Fiscalía, autorizó la práctica de los registros y detenciones policiales reclamadas.

QUINTO.— En fecha 12.02.09 se acordó la prisión provisional incondicional de Francisco CORREA SÁNCHEZ, Pablo CRESPO SABARIS y Antoine SÁNCHEZ con base a los hechos que constituyen el núcleo de la investigación.

SEXTO.— Las declaraciones de los diferentes detenidos e imputados más trascendentes: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO, CARMEN LUIS CEREZO, FELISA ISABEL JORDAN GONCET, JACOBO GORDON LEVENFELD, JOSE RAMON BLANCO BALIN, JOSE LUIS IZQUIERDO LOPEZ, ALVARO PEREZ ALONSO, CANDIDO HERRERO MARTINEZ, ANTOINE SANCHEZ, PABLO CRESPO SABARIS, FRANCISCO CORREA SANCHEZ y JOSE TOMAS GARCIA, concluyeron el día 19.02.09 con la del detenido ANDRÉS BERNABÉ NIETO.

SEPTIMO.— Con fecha 12.02.09, el Juzgado dio traslado al Ministerio Fiscal, para que, ante las primeras referencias que iban apareciendo a personas que podían estar aforadas, informara sobre la procedencia de librar testimonios correspondientes a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, respectivamente, para que continuaran las investigaciones a que hubiere lugar.

Mientras tanto la UDEF continuó practicando las primeras diligencias y análisis de la documentación intervenida que no han concluido en este momento, hallándose en un estado embrionario la investigación en bastantes ámbitos del proceso, en función de los datos y documentos que, en cualquier momento puedan aparecer, y, de hecho así sucede y que deben ser evaluados, analizados, resueltos o investigados con urgencia si no se quiere perjudicar gravemente la propia investigación (art. 13 de la LECRim.)

OCTAVO.— Con fecha 18.02.09 y hora de las 13:00, el Ministerio Fiscal presentó informe en el que interesaba, dando cumplimiento al traslado ordenado por este Juzgado con fecha 12.02.09, que «se remitiera exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a fin de que por dicho Tribunal se pronuncie sobre la admisión de su competencia para conocer de la presente causa» e «idéntica remisión procede al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación con la Pieza Separada a Francisco Camps».

NOVENO.— Con fecha 18.02.09 se dictó providencia en la que literalmente se decía:

«El anterior informe del Ministerio Fiscal, únase a los autos de su razón y quede en la mesa de S.Sª para resolver lo procedente.

Dese traslado urgente al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre si las diligencias judiciales acordadas, y que se encuentran señaladas, y aquellas otras que procedan al amparo del artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben practicarse. Asimismo, dese traslado respecto de Ricardo Costa Climent, para que si, a la vista de la declaración policial y judicial de José Tomás García, procede también la inhibición al TSJ de Valencia, dado su posible carácter de aforado».

DÉCIMO.— Con fecha 19.02.09 se dictó providencia que dice:

«Dada cuenta; y habiéndose concluido en el día de la fecha la declaración del último detenido, remítase oficio a la UDEF para que, con carácter de urgencia, elaboren informe sobre los extremos a los que se refiere el escrito del Ministerio Fiscal de fecha 18 de febrero de 2009, al objeto de resolver sobre la solicitud de inhibición planteada».

DÉCIMO PRIMERO.— Con fecha 20.02.09 se dictó providencia que dice:

«Dada cuenta, estando este Juzgado Central de Instrucción en funciones de Guardia y declaradas Secretas las actuaciones, líbrese con carácter urgente oficio al Servicio de Reprografía a fin de que efectúen 3 juegos de copias de las actuaciones y queden las mismas en poder del proveyente para resolver lo oportuno sobre la inhibición, una vez el Ministerio Fiscal de cumplimiento a los dos oficios cursados, uno de fecha 18 de febrero y otro del siguiente día 19, en relación con las personas aforadas y que guardan relación con la inhibición planteada».

DÉCIMO SEGUNDO.- El día 23.02.09, el Ministerio Fiscal informó que por el momento no había elementos suficientes para ampliar la remisión de exposiciones razonadas respecto de los señores Gerardo Galeote, diputado del Parlamento Europeo y respecto del diputado autonómico en Valencia D. Ricardo Costa.

DÉCIMO TERCERO.- El día 24.02.09, a las 15.30 horas, la UDEF presentó el informe referido a la investigación de las personas aforadas.

DECIMO CUARTO.- El mismo día se dio traslado al Ministerio Fiscal para que a la vista del contenido de aquel informe, en plazo no superior a 48 horas emitiera su dictamen, si a su derecho convenía. El día 27 de febrero se presentó escrito por dicho ministerio indicando que no acordara sobre la competencia hasta que no emitiera su informe. El juzgado en la misma fecha, y, tratándose de causa con preso, en aras del impulso de oficio, acordó que quedaran los autos sobre la mesa para dictar la resolución sobre la Exposición Razonada sobre competencia. El día 04.03.09, el Ministerio Fiscal en lo relativo a esta parte de la causa en su dictamen conforma su informe anterior y además extiende la petición respecto al aforado D. Ricardo COSTA CLIMENT.

HECHOS

PRIMERO.- Tal como consta en el Auto de prisión de 12 de febrero de 2009, Francisco CORREA SÁNCHEZ, lideraba un grupo organizado de personas y empresas del que formaba parte en inmediata relación de jerarquía respecto del mismo PABLO CRESPO SABARIS, ANTOINE SÁNCHEZ y otros imputados en esta causa cuya principal finalidad, a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, fue, hasta el día de la fecha realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende de fondos, en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia, principalmente, a través de un conglomerado empresarial integrado por las siguientes empresas:

-Parque Logístico Montalvo SL.
-Intermedia Eja Comunicaciones Integrales S.L.
-Easy Concept Comunicación S.L.
-FCS Formación Comunicación y Servicios S.A. (sin actividad).
-Orange Market S.L.
-Good and Better.
-Diseño Asimétrico.
-Servi Madrid.
-Pasadena Viajes.
-Special Events.
-Osiris Patrimonial S.L.
-Cresva S.L.
-Caroki S.L.
-Proyectos Financieros Fillmores S.L
-Inversiones Kintamani S.L.
-Hator Consulting S.L.
-Odisea Servicios 2001 S.L.
-Rialgrenn S.L.
-TCM S.L.
-Forever Travel Group S.L.
-Estudios Vesubio S.L.
-Welldone S.L.
-Castaño Corporate S.L.

Estas sociedades son de inversión especulativa cuyo objetivo es la búsqueda de la rentabilidad en operaciones inmobiliarias, sociedades patrimoniales que gestionan el patrimonio personal de Francisco CORREA y empresas de gestión que prestan apoyo al resto de carácter administrativo o de organización de viajes. Sobre esta estructura nacional se superpuso una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda que participan en el capital de las sociedades patrimoniales constituidas en España. Dichas sociedades ubicadas en el exterior están participadas por entidades creadas en paraísos fiscales o territorios no cooperantes. De tal forma que este conglomerado permitía a la organización incorporar fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en España mediante las aportaciones de las sociedades radicadas en Inglaterra y Holanda enmascarándolo como ampliaciones de capital de aquéllas, si bien en realidad los fondos procedían de las sociedades matrices que se encuentran en las Antillas Holandesas, Islas del Canal u otros territorios offshore.

El diseño de la estrategia de ocultación que le permitió llevar el control de este entramado societario sin que él figurara, consistió en la constitución sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal, especializados en las creación de estructuras fiduciarias opacas y con relaciones con territorios no cooperantes en materia de transparencia financiera, con actuación sistemática de personas interpuestas tanto para la gestión empresarial como para la gestión de su patrimonio personal. Francisco CORREA colocó al frente de sus empresas en España a una persona de su confianza, Pablo CRESPO SABARIS, mientras que él, de forma prioritaria se dedicó a la valoración de posibles negocios en distintos sectores económicos fundamentalmente el inmobiliario, si bien ante la situación del sector buscó nuevas opciones en cualquier lugar del mundo y en sectores que le generaran alta rentabilidad y le permitieran la inversión directa. Su actuación consistió en negociar de forma directa un proyecto de negocio y en supervisar su ejecución, en países tales como China, Azerbaiyán y Miami; en esta última capital invirtió en la construcción de tres edificios por valor de unos 4 millones de euros, aproximadamente, obtenidos del fondo inmobiliario que creó en España, y que habría perdido porque no los han escriturado.
Así mismo ha adquirido cuatro apartamentos en un edificio colonial en el casco histórico de Cartagena de Indias (Colombia) y ha negociado la posibilidad de entrar en explotaciones petroleras, como socio capitalista, desarrollando otros negocios en Panamá en donde trató de abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa con la que iba a trabajar en ese proyecto y que actúa en Miami, y, obtener la residencia en forma fraudulenta.

Francisco CORREA daba instrucciones al resto de los integrantes de la organización; llevaba a cabo una supervisión directa de las actuaciones de la organización (ordenaba transferencias de dinero en Miami para que remitir fondos desde sus posiciones bancarias a Colombia o bien desde Suiza a Senegal); controlaba las cuentas que dispone en Suiza; y, ordenaba la contratación de productos financieros o la obtención de moneda extranjera.

Francisco CORREA decidió directamente sobre los bienes que integran su patrimonio personal.
Francisco CORREA da instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirigía o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectaban a su patrimonio.

Francisco CORREA definió la estrategia de defensa utilizando a Antoine SÁNCHEZ como instrumento. Para conseguir desvincular sus sociedades del procedimiento judicial y proteger su estructura patrimonial diseñó la colocación de su primo Antoine SÁNCHEZ al frente de dichas sociedades y le dio instrucciones a Antoine para la obtención del pasaporte y de la residencia en Senegal.

Francisco CORREA, recibía los reportes de las adjudicaciones de contratos públicos de otras personas de la organización.

Francisco CORREA, a través de sus sociedades patrimoniales, ha llegado a reunir un patrimonio inmobiliario en España que tiene un valor muy elevado considerando el lugar sonde están ubicados y las características intrínsecas de los bienes, y así posee inmuebles en Las Rozas (Madrid), Sotogrande (San Roque-Cádiz), Ibiza, Tarifa, y, atraques de barco en Puerto Marina (San Roque), entre otras.
Francisco CORREA ha adquirido una finca en Ibiza situada en el municipio de Sant Joan de Labritja, con referencia catastral: “8961904CD7286S0001ZW”, de uso residencial, con una superficie de 4000 m2 de los cuales 406 m2 están construidos, edificados en el año 1992, siendo la propiedad al 100% de la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL SA, CIF.:A84377902.

Pablo CRESPO SABARIS es el segundo de la organización actuando como gerente de las empresas y a tal fin:
Llevaba la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos,. Es el Consejero Delegado de las empresas; recibía las ofertas de proyectos económicos, concertaba las reuniones preparatorias y organizaba las reuniones de otros miembros del grupo, a la vez que supervisaba la gestión financiera.

Pablo CRESPO ere el responsable de la gestión del patrimonio personal de Francisco CORREA SÁNCHEZ, y co-diseñaba con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo.

Pablo CRESPO ejecutaba las órdenes de Francisco CORREA con el fin de desvincular las actuaciones tanto de su persona como de las sociedades de su conglomerado empresarial, y así utilizaban como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de los que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen. La organización disponía de un piso de seguridad donde además de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas guardaban documentos sensibles que habían sacado de las sede de Serrano 40-4º Izquierda de Madrid, y que se ubica en la calle Martínez Campos 32, 7º puerta sexta de Madrid; utilizaba a personas interpuestas para realizar determinadas actuaciones como la titularidad de los teléfonos; realizaba gestiones en nombre de las empresas del conglomerado; trasladaba documentos sensibles, y dinero en efectivo; creó empresas ad hoc para dar cobertura a sus actuaciones, tal como es el caso de PASADENA VIAJES SL que gestiona los desplazamientos de las personas de la organización y otras vinculadas, o Easy Concept o Orange Market, entre otras.

Concertó y participó en la reunión entre Antoine y personas de Holanda para realizar el cambio de accionariado de OSIRIS PATRIMONIAL; gestionó la obtención de la residencia de CORREA en Panamá; realizó los cambios de administradores de las sociedades; negoció la nueva gestión de las empresas por la sociedad “ODISEA SERVICIOS 2001 SL y la venta de las sociedades; a la vez que diseñaba la estrategia para que los negocios de las sociedades no se vean afectados por el procedimiento.
Hacía ejecutar las directrices de Francisco CORREA, para la realización de transferencias internacionales; remitía fondos a Brasil a través de la cuenta que tienen en Suiza, da órdenes a otro de los imputados para que hagan transferencias de dinero a favor de CORREA o entregas en efectivo a Antoine.

Pablo CRESPO daba instrucciones al resto de los integrantes de la organización; autorizaba el libramiento de fondos de la tesorería del grupo tanto en España como en Suiza; establecía la forma de facturación; y, concertaba reuniones con los responsables financieros del grupo.

Pablo CRESPO impartía instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo.

Pablo CRESPO posee una sociedad patrimonial personal denominada CRESVA SL que es titular de diferentes bienes inmobiliarios en Sotogrande y de una embarcación deportiva.

Por último, es integrante de los órganos de administración de alguna de las sociedades del grupo: PASADENA VIAJES SL, RIALGREEN SL, SPECIAL EVENTS SL, TCM SL, FOREVER TRAVEL GROUP SL, HATOR CONSULTING SL, STUDIOS VESUBIO SL, WELLDONE SL, CASTAÑO CORPORATE SL, PROYECTOS FINANCIEROS FILLMORE SL, INVERSIONES KINTAMANI SL, CAROKI SL, OSIRIS PATRIMONIAL SL, CRESVA SL.

Antoine SÁNCHEZ, es pieza clave en la estrategia de desvinculación de CORREA de las sociedades gestionadas desde el despacho de uno de los imputados. Su participación es de carácter puramente instrumental y se concreta en su posición como:

-Miembro de los órganos de administración de las sociedades KINTAMANI SL y OSIRIS PATRIMONIAL SL.

-Titular de un porcentaje del capital de las sociedades patrimoniales domiciliadas en España dividido en acciones, si bien realmente CORREA tiene el control de las mismas.

-Titular de las acciones al portador de las sociedades ubicadas en paraísos fiscales o territorios no cooperantes (offshore).

Francisco CORREA sufragó todos los gastos generados por Antoine por: consumo telefónico, viajes, estancia en hotel, manutención, regalos, etc., y le ha ofertado hacerse cargo de algún negocio (actividad turística en Colombia, fibra óptica en Cuba).
Para tratar de formalizar la posición de Antoine SÁNCHEZ, éste ha realizado diversos documentos de carácter mercantil como contrato de fiducia, poder general y diversos negocios jurídicos elevados a escritura pública ante notario, sin que hayan nacido de su voluntad sino de la aceptación de realizar este papel a cambio de la promesa de bienes y un trabajo. Dicha estrategia y la posterior materialización de la misma mediante la realización de los documentos mercantiles o privados con los que se trata de demostrar la propiedad de Antoine SÁNCHEZ sobre las sociedades patrimoniales y de eventos del conglomerado empresarial de Francisco CORREA, fue diseñada y puesta en práctica por éste con la aquiescencia de aquél.
El objetivo perseguido es que fuera el responsable de las sociedades hacia el exterior desvinculando las actuaciones de dichas entidades del verdadero propietario de las mismas que resulta ser Francisco CORREA SÁNCHEZ.
De esta forma Antoine SÁNCHEZ se convirtió en un elemento decisivo dentro de la estrategia de ocultación de la estructura societaria creada por Francisco CORREA SÁNCHEZ, para servir al objetivo de blanquear los fondos obtenidos de procedencia ilícita.

SEGUNDO.- El conglomerado de empresas, creado y dirigido por Francisco Correa, centraba su actividad en el sector de la publicidad, organización de eventos, asesoramiento y diseño de campañas de promoción y sus principales clientes eran entes públicos pertenecientes a las Administraciones Públicas (locales, autonómica o estatal). Para la obtención de dichos contratos públicos utilizaba las relaciones personales con las personas que ocupan puestos de responsabilidad en dichos órganos de tal forma que conseguía, sin que existiera una libre concurrencia, las adjudicaciones.

En contraprestación a la obtención de los contratos para sus empresas entregaba a los responsables políticos compensaciones de naturaleza económica en la forma y en el lugar que le solicitaran.

Por otra parte el grupo procuraba obtener negocio con adjudicaciones de suelo, construcción de inmuebles u obra pública, negociando previamente su concesión por parte de las Administraciones Públicas a la empresa avalada, para lo que presentaban a los concursos a empresarios afines a los que ofrecían dichos negocios previo ofrecimiento y entrega de una compensación económica.

Así mismo, las sociedades integradas en el grupo realizaban operaciones financieras ficticias (emisión de facturas falsas) con objeto de acreditar una actividad con la que disimular los ingresos ilícitos obtenidos.

El Sr. Correa, habría acudido a especialistas que le diseñaron una estructura de Blanqueo de Capitales, mediante la utilización de paraísos fiscales, la constitución de sociedades patrimoniales participadas por sociedades domiciliadas en el exterior que a su vez son propiedad de entidades domiciliadas en territorios no cooperantes, que le han permitido disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo.

La organización dirigida y creada por Francisco CORREA, se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho Partido sita en la C/ Génova de Madrid y que convirtieron a su empresa SPECIAL EVENTS SL en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política.
Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Francisco CORREA desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del Partido o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Francisco CORREA en la Administración que gobernaban.

Para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos. De esta forma consiguió crear una relación estable con dichas personas ganando su confianza a la vez que favorecía la obtención de negocio para sus empresas.
Así, una vez que el responsable político alcanza un cargo dentro de una Administración (local o autonómica) comenzaba a introducir personas de su confianza en puestos clave dentro de la organización administrativa con el fin de controlar tanto la concesión de contratos públicos como el posterior pago de los servicios realizados.
Los cambios (2004-2005) dentro de la dirección del Partido Político provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas de Francisco CORREA, si bien ésta se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia, con un responsable, Álvaro PÉREZ ALONSO, forjado en la organización de los eventos para el Partido a nivel nacional a través de la entidad SPECIAL EVENTS, y con buenas relaciones con las personas que ocupan cargos de responsabilidad en el Partido y en los órganos de gobierno de la Generalitat Valenciana. Ésta iniciativa abrió nuevas perspectivas a la organización permitiéndole mantener un nivel de negocio que se concretó, tanto en eventos del Partido como en adjudicaciones de contratos públicos. De tal forma que, se produjo una identificación entre ORANGE MARKET y la organización de actos para el Partido en la Comunidad Valenciana. Así una sociedad sin experiencia en esas actuaciones concursó y obtuvo la realización de los stands de la Comunidad Valenciana para cuatro ferias de turismo. Fue Felisa Isabel JORDÁN desde Madrid la encargada de preparar el proyecto técnico y de diseño que posteriormente presentaría ORANGE MARKET como propio. Los tres años siguientes también obtuvo la adjudicación de ese mismo contrato.
La organización ha evolucionado alcanzando un elevado nivel de especialización, basado en un reparto de tareas en cascada de tal forma que sólo el que se encuentra a la cabeza tiene una visión del conjunto de la realidad y amplitud de los hechos.
En la documentación intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO figuran un conjunto de hojas donde consta la recepción de dinero y la distribución del mismo a través de su dispositivo en cajas de seguridad que son nutridas por la Caja B de la C/ Serrano 40, así como presupuestos de obra pública con las empresas adjudicatarias y en las que aparecen anotaciones manuscritas con cálculos de porcentajes.
Del estudio de esos datos se puede inferir el circuito que seguían los fondos, y las comisiones pagadas por las empresas adjudicatarias, que eran entregadas al propio Francisco CORREA quién decidía la distribución entre los partícipes en el negocio. La parte que correspondía a la organización se distribuía en distintos conceptos incluyendo las aportaciones a la cajas de seguridad, desde donde se nutría la caja B que se utilizaba como dinero ajeno al sistema financiero para hacer frente a todo tipo de gastos y pagos a distintas personas que ostentan cargos públicos.
Las aportaciones a la caja B de las oficinas de Serrano se producen desde EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL en Pozuelo de Alarcón y ORANGE MARKET SL en Valencia, y, la obtención de dinero ajena al sistema financiero proveniente de comisiones se genera desde todas las empresas vía elaboración de facturas falsas o ingresos por comisiones.


TERCERO.- José Luis IZQUIERDO LÓPEZ empleado de la empresa TCM SL, y empleado de confianza de Pablo CRESPO SABARIS y Francisco CORREA SÁNCHEZ era la persona que, dentro de las oficinas principales del conglomerado empresarial sitas en la calle Serrano 40-4º Izquierda de Madrid, ejercía como responsable del control del dinero existente en la caja B del grupo, así como de la contabilización de las operaciones de salida y entrada de fondos que se realizan con la misma, y, por orden de Pablo CRESPO llevaba un control de las cuentas de personas físicas y jurídicas así como de otros eventos. Para ello diseñó un sistema de archivos de hojas de excell personalizadas y a su vez otro archivo general enlazado con los anteriores que incluía los cambios efectuados en las cuentas particulares, de tal forma que es posible realizar consultas de la situación de los fondos de la caja B en un momento temporal determinado, sin mayor dificultad que la determinada por estar estos datos en una memoria externa de ordenador (pen drive) en poder del contable.

El sistema de archivo de los apuntes contables consistía en la apertura por parte del Sr. Izquierdo de una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable; una cuenta de tesorería y las cuentas de las distintas cajas, y la cuenta general de la caja B donde se volcaban todos los apuntes de las distintas cuentas con el fin de obtener el saldo de las operaciones realizadas con la caja B y poder disponer de una visión de conjunto.

Ese sistema de anotación de apuntes correspondía a pagos realizados con el dinero de la caja “B” existente en las oficinas de la calle Serrano 40-4º Izquierda de Madrid, centro de decisión del conglomerado empresarial investigado.

Los datos de los apuntes a realizar eran facilitados directamente por Pablo CRESPO SABARIS ya fuera en forma verbal por teléfono o en su propio despacho. José Luís IZQUIERDO los anotaba en un papel para posteriormente traspasarlos a las cuentas destruyendo el papel con la anotación, seguidamente.

La forma de alimentar la caja “B” era o bien mediante entrega en efectivo en la propia oficina por diversas personas, el propio Pablo CRESPO, Javier NOMBELA de la empresa EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL, Álvaro PÉREZ ALONSO de la empresa ORANGE MARKET SL o bien mediante la recogida de efectivo existente en cajas de seguridad de las que directa o indirectamente tenía capacidad de disposición José Luis IZQUIERDO LÓPEZ.
Este conjunto de elementos acreditaría la existencia de un sistema de contabilización de operaciones con fondos de una caja paralela, que se aumentaba con dinero en efectivo de origen desconocido, si bien, en el momento actual de la investigación, según la policía judicial, podría proceder de las comisiones por la adjudicación de obras urbanísticas y la consecución de un elevado número de adjudicaciones públicas irregulares.

La estructura de la cuenta se articulaba con carácter general en base a una serie de columnas que describen:
- Fecha, el momento en el que se realiza la operación
- Concepto, donde se describe la persona que realiza la operación y el motivo de la misma/ número de factura.
- Debe, que incluye las partidas de gastos realizadas como por ejemplo facturas pagadas o salidas de dinero.
- Haber, donde se ubican las partidas de ingresos o aportaciones realizadas
- Saldo, que se refiere a la diferencia entre el debe y el haber en un momento temporal determinado.

En ocasiones las columnas son: Fecha, documento (número de factura), concepto (descripción de la factura o de la operación), importe (valor en pesetas, euros, u otra moneda), suma (adición de las cantidades).
CUARTO.- El día 24 de febrero de 2009 a las 15.30, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presentó un exhaustivo informe en el que aparecen relacionadas diversas personas que, por su cargo actual, estarían aforadas a diferentes niveles, por lo que se precisa exponer los datos y elementos que existen, a efectos de elevar la correspondiente Exposición Razonada ante el órgano Judicial que corresponda, y, personas no aforadas, respecto de las que también debe valorarse los indicios, a efectos de su imputación en esta causa.

En la causa existen datos y elementos que se relacionan con diferentes personas que tienen la condición de aforados de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía la Comunitat Valenciana y respecto de los cuales este juzgado, una vez que se han recogido los indicios indispensables, sólo valora para poder formular la Exposición Razonada ante el órgano judicial competente:

1.- D. FRANCISCO ENRIQUE CAMPS ORTÍZ, Presidente de la Generalitat Valenciana, desde mayo de 2003 y Presidente Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana desde abril de 2004.

a) Sin perjuicio de los datos que la Fiscalía Anticorrupción acumuló en sus diligencias de investigación 13/08, una vez producidas las declaraciones de José Tomas e Isabel Jordán y analizadas las facturas y documentos presentados por la entidad Forever Young, así como las anotaciones contables intervenidas en la sede central del Entramado y documentación de Orange Market, se puede afirmar que se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al Sr. Camps, haciendo aparecer en las mismas, como se dirá, conceptos falsos.

Así, en lo que, según Isabel Jordán, era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura “entradas y salidas de milan”, que se referiría a las compras hechas en la empresa Milano. Así mismo aparecieron sendas facturas núms. 1012 de fecha 15/12/2005, la factura 1013 de 11/10/05 y la 1014 de 8/10/2005, emitidas por Milano Difusión, en las dependencias de la entidad Easy Concept Comunicación, aparentemente falsas.

b) Compra de trajes en la tienda “MILANO”

En la relación de pagos a cuenta constan dos pedidos a nombre de D. Francisco Camps, uno de fecha 24/01/´06 por un importe de 3.300 euros no localizado por la firma, y otro de fecha 26/01/´06 por un importe de 1.400 euros que se corresponde con 2 trajes a medida. Éste último pedido fue abonado mediante cheque librado por la entidad ORANGE MARKET SL, desconociendo hasta este momento la forma de abono del primer importe. Asimismo consta un pedido de 4 trajes por Francisco CAMPS, que al parecer fueron devueltos.
c) Compra de trajes en la tienda “FOR EVER YOUNG”.-
El nombre del Sr. Camps figura en la relación de detalle de personas que aparecen en Documento número 71, facilitado por la entidad Forever Young, con una cantidad de 5.393,50 Euros. Su nombre también figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en las Hojas con número de pedido 54416, 54417, 54418 (fecha pedido 14-11-2006, fecha entrega 27-11-2006), y el 54468 (fecha pedido 04-01-2007, fecha entrega 16-01-2007). En total, dichas hojas de pedido hacen mención a 4 trajes. (Americana Pantalón).
Se hace constar de que todas las cantidades que figuran en el Listado de personas que figuran en el Documento 71, encabezado por la frase A./ATT. PABLO CRESPO (COMUNIDAD VALENCIANA), por un importe total conjunto de 30.678,90 Euros, se pagan en su totalidad, según los datos facilitados por la Empresa Forever Young, con Transferencias Bancarias y Cheques de las Empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, entre el 28-06-2007 y 24-07-2007, cuyos documentos adjuntan.
Igualmente, según declaraciones de José TOMAS, el SR. CAMPS es destinatario de otras compras efectuadas a lo largo del 2.008, cuyo pago se efectuó mediante transferencia de 4.040 Euros, de la empresa Orange Market (Documento 31), a cuyo nombre también se realizo la Factura (Documento 30). Las compras que corresponderían a D. Francisco CAMPS, según las declaraciones y recibos de ventas, obrantes en autos son: 5 Pantalones, 1 Cinturón Piel, 1 Deportiva, 1 Chaqueta Austriaca, 1 Americana Sport, 1 Deportiva Barbour y 1 Chaqueta Fantasía, las cuales suman, según los recibos de venta, un importe total conjunto de 2.689,5 Euros. Así mismo Álvaro Pérez Alonso encargó para el Sr. Camps un smoking confeccionado para ir a Nueva York, y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano, dentro de un pedido que incluía prendas de Álvaro PÉREZ ALONSO y, al parecer satisfecho por éste.
De esta información se puede concluir que:

1.- Francisco CAMPS ocupa un cargo de responsabilidad dentro del organigrama de la Generalitat Valenciana, concretamente es el presidente de dicha institución autonómica.
Francisco CORREA a través de la empresa ORANGE MARKET SL en Valencia concurre desde el año 2005 a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo (FITUR, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur), habiendo obtenido la adjudicación desde 2006 a 2009, por valor de 1.083.925 euros en 2006, 1.089.600 euros en 2007, 1.059.250 euros en 2008 y 915.820 euros en 2009.

2.- Este responsable político acude a las tiendas de ropa de Madrid “MILANO” y “FOREVER YOUNG” a instancias de Álvaro PÉREZ ALONSO, administrador de ORANGE MARKET SL, con el fin que adquieran ropa ya que allí trabaja José TOMÁS, persona de su confianza. En ese momento se realiza el encargo generándose un “a cuenta”, que posteriormente se entrega al cliente y que la organización se encarga de abonar mediante transferencia o cheque contra la cuenta de una de las sociedades del grupo o en ocasiones en efectivo, y posteriormente de solicitar la emisión de una factura ad hoc de acuerdo a los requerimientos de Pablo CRESPO o de Álvaro PÉREZ alterando el concepto de la misma con el fin de ocultar a los verdaderos titulares.

3.- En el caso de la ropa adquirida en MILANO cuyo coste acreditado hasta este momento asciende a 4.700 euros (3.300 una y 1.400 Euros otra), la compra correspondiente al importe de 1.400 Euros fue abonado mediante cheque bancario por la empresa ORANGE MARKET SL, no pudiendo acreditarse hasta la fecha el pago del pedido correspondiente a los 3.300 Euros, como se ha dicho antes. Por el contrario en el caso de la ropa adquirida en FOREVER YOUNG cuyo coste acreditado hasta este momento asciende a 8.083 euros, el pago se ha efectuado mediante cheque y/o transferencia bancaria desde las empresas DISEÑO ASIMÉTRICO SL , SERVIMADRID INTEGRAL SL., y ORANGE MARKET SL.

4.-La ropa encargada es a medida requiriendo por tanto la toma de medidas de patronaje y la elaboración de la subsiguiente ficha para la empresa confeccionadora.

5.- Las empresas DISEÑO ASIMÉTRICO SL, SERVIMADRID INTEGRAL SL y ORANGE MARKET SL pertenecen a Francisco CORREA SÁNCHEZ y son objeto de investigación en este procedimiento.

6.- La elaboración de las facturas se realiza con conceptos que la tienda de FOR EVER YOUNG no comercializa como metros de tela, seda natural, seda rojo, batista suiza azul, oxford algodón, etc., y por cuantías que no se corresponden con los pagos ya que agregan diferentes pedidos a cuenta de ropa. Es decir la elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización y así es ésta a través de Pablo CRESPO, Álvaro PÉREZ o Cándido MARTÍNEZ la que da las instrucciones del contenido de las facturas.
7.- Existe una persistencia en este tipo de actuación como se pone de manifiesto en el hecho que ha acudido tanto a la tienda de la marca “MILANO” en la calle serrano 29 de Madrid como a donde posteriormente se ha trasladado José TOMÁS a trabajar en la tienda de la marca “FOR EVER YOUNG” en el Paseo de la Castellana, 140 de Madrid.

8.- Señalar que durante la toma de declaración José Tomás en sede policial el día 9 de febrero de 2009 recibió a su número de teléfono móvil varias llamadas procedentes del Sr. Camps que no atendió, señalando que había hablado con él y le había dicho que Álvaro era un bocazas.

9.- A lo largo de las intervenciones telefónicas se ha puesto de manifiesto que Álvaro Pérez realiza labores de intermediación para Francisco CAMPS como por ejemplo cuando trata de conseguir una entrevista con un candidato a ocupar un puesto en el gobierno americano, y, con ello obtener una ventaja.

2.- D. RICARDO COSTA CLIMENT, ocupa el cargo de Diputado de las Cortes Valencianas y el de Secretario General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Hasta la fecha y después del análisis hecho por la policía judicial de la documentación intervenida, puede afirmarse, al menos provisionalmente que, en lo que, según Isabel Jordán, era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura “entradas y salidas de Milán”.
Consta así mismo acreditado por la declaración de aquella que Álvaro PÉREZ se trasladó a Valencia porque allí tenía a su amigo Ricardo COSTA, que ocupaba un cargo dentro del organigrama del partido. Una vez en Orange Market, a Álvaro le encargaron en la Generalitat la realización del proyecto de stand para FITUR con el fin de presentarlo al concurso, que resulta adjudicado.
Respecto a la compra de ropa en la tienda “MILANO”, en la relación de pagos a cuenta consta un pedido de fecha 26/01/06 por un importe de 2.400 euros a nombre del Sr. Costa que se corresponde con 3 trajes a medida. Se abonan junto con otros pedidos mediante dos talones de 10.672 y 16.936 euros declarados por la tienda el día 15/09/06 e ingresado en el BARCLAYS el día 20/09/06 con cargo a ORANGE MARKET.
En cuanto a la compra de trajes en la tienda “FOR EVER YOUNG”, figura su nombre en la relación de detalle de personas que figuran en Documento número 71, con una cantidad de 4.925 Euros. Su nombre figura en varias hojas de listado de Encargos de sastrería donde constan las medidas de esta persona, de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en la Hoja con número de pedido 54464, que está asociada a más pedidos de fecha 25-05-2007. En total, dichas Hojas de pedido hacen mención a 1 Traje (Americana Pantalón), y a 2 Pantalones, así como a otros pedidos de prendas desconociendo el desglose de las mismas pero si su importe total.
Se hace constar de que todas las cantidades que figuran en el Listado de personas que figuran en el Documento 71, encabezado por la frase A./ATT. PABLO CRESPO (COMUNIDAD VALENCIANA), por un importe total conjunto de 30.678,90 Euros, se pagan en su totalidad, según los datos facilitados por la Empresa Forever Young, con Transferencias Bancarias y Cheques de las Empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, entre el 28-06-2007 y 24-07-2007, cuyos documentos adjuntan.

De lo anterior se desprende que:
1. Ricardo COSTA ocupa puestos de responsabilidad dentro del organigrama de Partido Popular de la Comunitat Valenciana y es Diputado.
2. Ricardo Costa, recibió la visita, a instancia de Álvaro Pérez Alonso, de José TOMÁS, responsable de la tienda de ropa “MILANO” de Madrid y persona de su confianza, en su despacho en la sede del partido popular, donde según la declaración de José TOMÁS obtuvo los datos precisos para el “patronaje” (medidas). En ese momento se realizó el encargo desde la tienda de Madrid, que posteriormente se entregó al cliente, y la organización se encargó de efectuar el pago mediante transferencia o cheque contra la cuenta de una de las sociedades del grupo o en ocasiones en efectivo, y posteriormente de solicitar la emisión de una factura ad hoc de acuerdo a los requerimientos de Pablo CRESPO y Álvaro PÉREZ.
3. Concretamente el montante que al menos Ricardo COSTA ha gastado en dichas tiendas asciende a 7.325 euros desglosado de la siguiente forma 2.400 euros en la tienda “MILANO” y 4.925 en la tienda “FOR EVER YOUNG”. Dicha cantidad ha sido pagada con fondos procedentes de las empresas de Francisco CORREA: SERVIMADRID INTEGRAL SL, DISEÑO ASIMÉTRICO u ORANGE MARKET SL. Existen otros a cuenta con la denominación Comunidad Valenciana que no están individualizados, y que ascienden a 8.188 euros.
4. La elaboración de las facturas se realiza con conceptos que la tienda de FOR EVER YOUNG no comercializa como metros de tela, de seda natural, seda rojo, algodón gabardina amarilla, etc. y por cuantías que no se corresponden con los pagos ya que agregan diferentes pedidos a cuenta de ropa. Es decir la elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización y así es ésta a través de Pablo CRESPO, Álvaro PÉREZ o Cándido MARTÍNEZ la que da las instrucciones del contenido de las facturas. En el caso de MILANO la empresa no elabora facturas y éstas se realizaban artesanalmente con una plantilla existente en un ordenador de la tienda con las mismas características ya expuestas.

A lo largo de las intervenciones telefónicas entre Álvaro PÉREZ y Pablo CRESPO se ha puesto de manifiesto que aquél realiza labores de intermediación para Ricardo COSTA como por ejemplo cuando se encargan de la venta del vehículo que utiliza Ricardo y de la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles.

Además de las personas aforadas, aparecen otras relacionadas con los mismos hechos, respecto de las cuales, pese a no ser aforados, no se ha tomado iniciativa alguna hasta tanto se pronuncie el Tribunal que corresponda sobre aquellos.

En concreto, en esta situación aparecen:

1.- D. JOSÉ VICTOR CAMPOS GUINOT, que fue Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y Consejero de Justicia y Administraciones Públicas. Dimitió en el año 2007.

En lo que según, Isabel Jordán era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura “entradas y salidas de milan”.

En la relación de pagos a cuenta en la empresa MILANO, consta un pedido de fecha 28/01/06 por un importe de 4.850 euros a su nombre que se corresponde con 3 trajes, 5 pantalones y 2 americanas todo ello a medida. Se abonan junto con otros pedidos mediante dos talones de 10.672 y 16.936 euros declarados por la tienda el día 15/09/06 e ingresado en el BARCLAYS el día 20/09/06 con cargo a ORANGE MARKET.
De esta información se puede concluir, según la investigación que:
1. Víctor CAMPOS ocupó puestos de responsabilidad dentro del organigrama de la Generalitat Valenciana, (Vicepresidente y Consejero de Justicia y Administraciones Públicas) cuando ocurrieron los hechos.
2. Francisco CORREA, a través de la empresa ORANGE MARKET SL, en Valencia, concurre desde el año 2005 a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo(FITUR, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur), habiendo obtenido la adjudicación desde 2006 a 2009.
3. Esta persona en el momento que ostentaba cargos de responsabilidad política recibe la visita a instancia de Álvaro PÉREZ ALONSO de José TOMÁS, responsable de la tienda de ropa “MILANO” de Madrid y persona de su confianza, en su despacho en la Generalitat Valenciana. En ese momento se realiza el encargo desde la tienda de Madrid, que posteriormente se entregó al cliente, y la organización se encargó de realizar el pago mediante transferencia o cheque contra la cuenta de una de las sociedades del grupo o en ocasiones en efectivo, y posteriormente de solicitar la emisión de una factura ad hoc de acuerdo a los requerimientos de Pablo CRESPO de Álvaro PÉREZ.
4. La ropa encargada fue a medida requiriendo por tanto la toma de medidas de patronaje y la elaboración de la subsiguiente ficha para la empresa confeccionadora.
5. Concretamente el montante que al menos Víctor CAMPOS ha gastado en dicha tienda asciende a 4.850 euros. Dicha cantidad ha sido pagada con fondos procedentes de la empresa de Francisco CORREA, ORANGE MARKET SL. Existen otros a cuenta con la denominación Comunidad Valenciana que no están individualizados, y que ascienden a 8.188 euros.

2.- D. RAFAEL BETORET PARREÑO, Jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana hasta el 27/07/´07, y, por tanto cuando acontecieron los hechos.

En autos aparece que Rafael BETORET, cuando era jefe de gabinete de la Consejería de Turismo habría recibido regalos, consistentes en prendas de vestir (trajes)del establecimiento MILANO de Madrid a donde iba con Álvaro.
En la relación de pagos a cuenta consta un pedido de fecha 24/01/06 por un importe de 3.250 euros a su nombre que se corresponde con tres trajes, una americana y un pantalón todo ello a medida. Se abonaron junto con otros pedidos mediante dos talones de 10.672 y 16.936 euros declarados por la tienda el día 15/09/06 e ingresado en el BARCLAYS el día 20/09/06 con cargo a ORANGE MARKET.
Por otra parte, figura su nombre en la relación de detalle de personas que figuran en Documento número 71 aportado por la empresa Forever Young, con una cantidad de 6.700 Euros. Su nombre también figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería, en concreto en las Hojas con número de pedido 54477, 54489, 54464, 54490, 54461, 54488, 54491 (El único que le consta alguna fecha es 54477, con el 20 Feb.). En total, dichas hojas de pedido hacen mención a 5 trajes (Americana Pantalón), 1 Americana y 1 Abrigo.
Se hace constar de que todas las cantidades que figuran en el Listado de personas que figuran en el Documento 71, encabezado por la frase A./ATT. PABLO CRESPO (COMUNIDAD VALENCIANA), por un importe total conjunto de 30.678,90 Euros, se pagan en su totalidad, según los datos facilitados por la Empresa Forever Young, con Transferencias Bancarias y Cheques de las Empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, entre el 28-06-2007 y 24-07-2007.
De esta información se puede concluir, según la investigación, que:

1. Rafael BETORET ocupó puesto de responsabilidad dentro del organigrama de la Generalitat Valenciana, concretamente en la Consejería de Turismo, en el momento en que ocurrieron los hechos.
2. Francisco CORREA a través de la empresa ORANGE MARKET SL en Valencia concurre desde el año 2005 a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo.
3. ORANGE MARKET SL ha obtenido desde 2006 la adjudicación del paquete de cuatro de ferias de turismo que incluye a FITUR, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur, con el importe ya citado anteriormente.
4. José TOMÁS, persona de confianza de Álvaro PÉREZ ALONSO y responsable de la tienda MILANO en la calle serrano 29 de Madrid, recibió el encargo de éste de viajar hasta Valencia para tomar medidas y enseñar tejidos a diferentes personas a las que debía confeccionar prendas de vestir a medida, entre ellas se encontraba Rafael BETORET, hecho que tiene lugar en el “mesón 5 jotas”. En ese momento se realizó el encargo desde la tienda de Madrid, que posteriormente se entregó al cliente, y la organización se encargó de realizar el pago mediante transferencia o cheque contra la cuenta de una de las sociedades del grupo o en ocasiones en efectivo, y posteriormente de solicitar la emisión de una factura ad hoc de acuerdo a los requerimientos de Pablo CRESPO de Álvaro PÉREZ.
5. La ropa encargada fue a medida requiriendo por tanto la toma de medidas de patronaje y la elaboración de la subsiguiente ficha para la empresa confeccionadora.
6. Concretamente el montante que al menos Rafael BETORET ha gastado en dichas tiendas asciende a 9.950 euros desglosado de la siguiente forma 3.250 euros en la tienda “MILANO” y 6.700 en la tienda “FOR EVER YOUNG”. Dicha cantidad ha sido pagada con fondos procedentes de las empresas de Francisco CORREA, SERVIMADRID INTEGRAL SL, DISEÑO ASIMÉTRICO y ORANGE MARKET SL.

3.- En la Contabilidad B de Serrano, aparece una Hoja de ingresos y su distribución, con un apunte de fecha 18/12/2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 € sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece “PP VLC”, con una cantidad asociada de 420.000 €.
El dinero recibido, 420.700 euros, se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia.
A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que:
1. Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el Partido Popular de Valencia.
2. No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco CORREA se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.
3. Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco CORREA. Este extremo está pendiente de investigación.

En el Archivo, CAJA B ORANGE, de la memoria externa intervenida al contable de la organización y con la Clave “bruja”, aparecen entradas y salidas de la caja B. Se nutren con dinero con origen de distintas procedencias entre ellas consta el apunte: 31/08/2005 recibido de Pablo CRESPO entrada del PP de Valencia, 15.000 euros. Es decir, Pablo CRESPO le da 15.000 euros procedentes del PP de Valencia. Apunte: 23/01/07 entrega a Pablo CRESPO para pago MILANO 4.821 euros.
Conclusión: Figura un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de ORANGE MARKET.

4.- En el pen drive intervenido al contable, imputado en esta causa, Sr. Izquierdo, aparece un ARCHIVO con el nombre de “Congreso regional de Valencia”, Desde septiembre de 2002 a enero de 2003, conteniendo los siguientes apuntes:

En fecha 10/12/2002 cobro en “A” por valor de 90.181.82€ y cuatro cobros en “B” en efectivo por importe total de 150.421€
Es decir, figura un valor del congreso por 240.582,77 euros que se desglosa en facturación en dinero A por 90.151,82 euros, y en facturación por dinero B por 150.430,95 euros. Los cobros que constan son en A 90.151,82 euros, y en B por 150.421 euros recibidos en efectivo.
El Congreso al que se refiere es el X congreso regional del PP que se celebró en Valencia el 28/09/02.
Conclusión: El pago por los gastos de la organización del congreso del Partido Popular en Valencia facturados por ORANGE MARKET SL y abonados por el PPV se realizó, aparentemente, con dinero de procedencia A y B, entiendo por dinero B fuera del control fiscal y en efectivo.

QUINTO.- A modo de resumen se reproduce el cuadro elaborado por la UDEF que recoge los pagos presuntamente hechos, sin perjuicio de que estos puedan incrementarse una vez avance la investigación:

PERSONA CANTIDAD EUROS OBSERVACIONES
Francisco CAMPS ORTIZ 12.783 En especie
Ricardo COSTA CLIMENT 7.325 En especie
José Víctor CAMPOS GUINOT 4.850 En especie
Rafael BETORET PARREÑO 9.950 En especie


RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- En el momento actual de la investigación y después de haber tenido entrada en este Juzgado, el día 24 de febrero, el informe de la UDEF, que constituye la base de esta resolución es procedente, cumplido el trámite que el mismo día se dio traslado al Ministerio Fiscal que ha presentado su informe el 04.03.09 resolver sobre la elevación de exposición razonada al órgano judicial competente, para que pueda valorar lo instruido y los indicios acumulados para a su vista, decidir, asumir la competencia o lo que corresponda en Derecho.
A la luz de los datos, documentos, declaraciones policiales y judiciales e investigaciones de la policía, Diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, grabaciones y observaciones telefónicas, en los que se apoyan o de donde se extraen los indicios que relacionan las personas aforadas que se citan y a otras, que no lo son, con los hechos, la elevación de la Exposición Razonada debe ser, en este caso, al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
1) En la presente causa y, sin entrar en otras valoraciones constan documentos, testimonios e información policial suficientes que señalan en forma clara y contundente, aunque de manera provisional, y, con tal carácter se acogen por el Instructor, para plantear, a afectos de determinación de la competencia, la correspondiente Exposición Razonada.

Así mismo, se plantea dicha Exposición a favor del T.S.J. de Valencia respecto de los aforados D. FRANCISCO CAMPS ORTIZ, Presidente de la Generalitat Valenciana y D. RICARDO COSTA CLIMENT, Diputado de las Corts Valencianas.

2) Los hechos que se investigan en esta causa responde, desde su inicio, aproximadamente en 1996, hasta la fecha, a una sola dinámica delictiva diseñada por Francisco Correa y posteriormente por éste y otros, al amparo o nutriéndose de la obtención de eventos, concesiones y contratos con el Partido Popular a nivel nacional y luego, en forma principal, en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia y a nivel local con los Ayuntamientos de Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón de Madrid, o, también en la Comunidad de Castilla León.

3) Para garantizar ese desarrollo y obtención de beneficios, el entramado criminal investigado, desarrolló a través de Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabaris, principalmente, toda una red de presuntos sobornos, entrega de dinero con fines desconocidos o para provecho personal y en todo caso para obtener los contratos o eventos, en los ámbitos de competencia que, respectivamente, ocupaban los beneficiarios de las dádivas.

4) La dinámica presuntamente delictiva ha sido ordenada y ejecutada, principalmente, desde Madrid en donde se encontraba el núcleo director del entramado a cuya cabeza, como ya se ha dicho, están Francisco Correo Sánchez y Pablo Crespo Sabaris.

SEGUNDO.- De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, entre otros, en el Auto de fecha 15.10.04, Recurso 79/04 el Instructor tiene el deber <>. El carácter excepcional de la competencia por razón de aforamiento <>.
En la causa, los indicios de responsabilidad son suficientes contra las personas aforadas, especialmente tras la remisión del informe policial de 24.2.09 por la UDEF y del análisis de la documentación intervenida. El paso siguiente en la investigación tendría que ser indagar sobre la presunta participación concreta en la dinámica delictiva de la organización de aquellas personas y ello no puede hacerse al ser personas aforadas, ni tampoco se pueden acordar medidas cautelares reales o personales, ni decidir la práctica de diligencias que son o pueden ser esenciales, además del perjuicio que se puede producir a la instrucción si no se actúa con agilidad, teniendo en cuenta que se trata de causa con preso.


TERCERO.- Los hechos relacionados con las conductas de D. Francisco CAMPS ORTIZ y Ricardo COSTA CLIMENT se apoyan en los mismos elementos, datos e indicios (facturas, lista de clientes, patronajes, declaraciones policiales y judiciales) y, si bien es cierto que la valoración de las entregas presuntamente recibidas en especie no son elevadas al haber aparecido, después de las Diligencias de Investigación iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción, y, en esta causa aquellos indicios, no puede eludirse la investigación penal en aras al cumplimiento del principio de legalidad.

En relación a estos hechos, que también afectan a otros personas no aforadas y que se relacionan en la resolución, los preceptos del Código penal que se valoran son los contenidos en los artículos 426 del Código Penal en cuanto al cohecho; el artículo 428 en cuanto al tráfico de influencias, y, el artículo 390 en relación con el 392 del mismo cuerpo legal, en cuanto a la falsedad de las facturas.

En el caso presente, la dádiva en especie fue entregada en Madrid, según se desprende de las facturas intervenidas y testimonios obtenidos en la causa, y los importes con los que se pagaron las prendas entregadas, habrían sido satisfechos con cargo al grupo de empresas investigado incluida Orange Market (4.040,40 €), que pasó parte de las facturas a Valencia. Si bien en lo relativo a los pagos en Caja B y, de hecho, es controlada por los responsables del grupo, Francisco Correa y Pablo Crespo, siendo este último el que efectuó los pagos con los que se adquirieron las prendas y objetos, disimulados en otros pedidos ajenos a las prendas obtenidas y en algún supuesto, en facturas por gastos de stand de Fitur, cuya concesión se había producido por decisión de la Consejería de Comercio de la Generalitat. Todas estas circunstancias avalan que la competencia podría corresponder a la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

En concreto, las partidas que se imputan con cargo a Cuenta B y pagadas por o con autorización de Crespo Sabaris son:
a) En Milano, a favor de Francisco Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Pedro García; y

b) En Forever Young y The Taylor, nombre comercial con el que actúa en el tráfico mercantil la mercantil la sociedad Castellana Inmuebles y Locales SA, a favor de los mismos.

Por todo ello y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23.3º 2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana que dice, <

QUINTO.- Los hechos relatados podrían ser constitutivos, respecto de las demás personas citadas en esta resolución, y, no aforadas, José Víctor CAMPOS GUINOT y Rafael BETORET PARREÑO de posibles delitos de cohecho del art. 426 del Código Penal y/o tráfico de influencias del art. 428 del Código Penal, según los casos; y, en su caso, de un delito de falsedad de los art. 390 y 392 del Código Penal.

Todo ello sin perjuicio de lo que disponga el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

A los efectos de garantizar todos los derechos de las partes y teniendo en cuenta que los datos en los que se apoyan las imputaciones que dan base a esta resolución constan documentalmente acreditados y no de dependen de otros nuevos, procede alzar parcialmente el secreto de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los efectos de la notificación de esta resolución a las partes personadas.

Vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación,

DISPONGO

1) REMITIR atenta Exposición al EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, a los efectos de que decidan sobre la asunción de competencia respecto de los aforados D. Francisco CAMPS ORTIZ y D. Ricardo COSTA CLIMENT y las demás personas no aforadas. A tal efecto, acompáñese copia testimoniada de la presente causa.

2) DECLARAR IMPUTADOS en esta causa a D. José Víctor CAMPOS GUINOT y D. Rafael BETORET PARREÑO.

3) ALZAR PARCIALMENTE EL SECRETO a los efectos de notificación de esta resolución a las partes y personas afectadas.

Líbrense los oportunos despachos.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reforma en el término de tres días ante este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma D. BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de MADRID .- Doy fe.











DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.

FACTURAS FALSAS DE SEVILLA: CUATRO AÑOS PARA EL SOCIALISTA JOSÉ MARÍN


POR COBRAR OBRAS NO REALIZADAS

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión al ex secretario del Distrito Macarena José Marín y a tres años y nueve meses al contratista José Pardo como responsables de sendos delitos de malversación y falsedad documental.

L D (Pedro de Tena) Según la Audiencia, los condenados se beneficiaron del cobro de obras no ejecutadas. Asimismo, los acusados deberán indemnizar de manera solidaria al Ayuntamiento con 5.901 euros. En la sentencia hecha pública hoy, consultada por Europa Press, el magistrado Francisco Gutiérrez comienza su fallo absolviendo al ex colaborador del distrito Manuel Portela del delito de malversación de caudales públicos en calidad de cómplice, después de que el juez decidiera retirar la acusación antes del veredicto del jurado al no ver "ninguna prueba", ya que su silencio ante actividades delictivas "no puede identificarse con colaboración, sino con desconocimiento". Lea la sentencia completa aquí.

OIGA LA RUMBA DE LAS FACTURAS FALSAS QUE CIRCULÓ HACE DOS AÑOS POR SEVILLA Y ANDALUCÍA PULSANDO AQUÍ.

Asimismo, la Sala ha impuesto a Marín tres años de prisión y seis de inhabilitación por un delito de malversación y un año y tres meses de cárcel más una multa de 2.400 euros --ocho meses con una cuota diaria de diez euros, pagaderos en ocho mensualidades máximo-- por un delito de falsedad en documento oficial.

Del mismo modo, ha condenado a José Pardo a dos años de cárcel y a cuatro de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, en calidad de cooperador necesario, y a un año y nueve meses de prisión, así como al pago de una multa de 2.160 euros --nueve meses con una cuota diaria de ocho euros, pagaderos en nueve mensualidades máximo-- por un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los condenados, por otra parte, sufrirán una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y deberán pagar, cada uno, las dos quintas partes de las costas procesales.

La sentencia --que será recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por parte de ambos condenados-- se ha dado a conocer una semana después de que un jurado popular declarase a los dos acusados culpables de los delitos expuestos, ya que, a su entender, Pardo presentó facturas para cobrar varias obras previstas en el Distrito Macarena, a pesar de que tales trabajos no se habían llevado a cabo en su totalidad.

Además, el tribunal popular estimó que la culpabilidad de Marín radicaba en que permitió que el contratista Pardo cobrara "indebidamente" obras que no llegaron a realizarse como fue la no demolición de dos módulos de la barriada de San Diego, así como otras cuatro obras menores en distintas calles de La Macarena que sólo fueron parcialmente ejecutadas.

Las defensas, después de este veredicto, consideraron que si el jurado reconoce que trabajadores y maquinaria de Pardo estuvieron en dos ocasiones en San Diego para derribar módulos --sin que ello pudiera finalmente llevarse a cabo por causas ajenas a su voluntad--, se reconoce, por tanto, que hubo un gasto, por lo que, a juicio del letrado, el supuesto beneficio de los acusados no hubiera superado los 4.000 euros.

Con esta justificación, Del Nido indicó que no sería posible condenar a su defendido y, por ende, al otro acusado, a más de seis meses de prisión por cada delito, ya que el Código Penal establece que para estos delitos la pena oscila entre seis meses y tres años cuando el beneficio de los acusados no es superior a 4.000 euros.

No obstante, el magistrado dice que no puede hacer minoración alguna de la cantidad indebidamente cobrada, puesto que el jurado no ha tenido en cuenta esa alternativa pese a tener expreso conocimiento de ello.

"ELUDIR CONTROLES DE LA ADMINISTRACIÓN"

En su calificación de hechos probados, considera que Pardo presentó facturas para el cobro de algunas obras "pese a conocer que éstas no se habían ejecutado, o lo habían sido sólo parcialmente", con el objetivo de obtener "más dinero del que le correspondería por las obras realmente realizadas". El contratista, según Gutiérrez, habría actuado "aparentando" que lo hacía por cuenta de la empresa Contratas y Obras Sevilla (COS), con facturas que no se correspondían con las del ente, pese a saber que la empresa ya había finalizado su actividad.

Por su parte, Marín, a juicio del magistrado, permitió de manera consciente que Pardo cobrara obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas pese a conocer este hecho y que el empresario no podía actuar en nombre de COS, siendo la cuantía superior a 4.000 euros. En las facturas, asimismo, habría añadido el nombre de Pardo para "eludir los controles de la administración".

Aunque la persona que se beneficiase no fuera el propio funcionario, la Audiencia Provincial recuerda que "el tipo penal también prevé que la acción del funcionario consista en no hacer, en permitir que un particular sustraiga incumpliendo la obligación de custodia y buen uso de los caudales públicos".

En cuanto a la falsedad, la acción de Pardo no puede, expone en la sentencia, considerarse "inocua", porque con la simulación de los documentos perseguía que no pudiesen descubrir que no tenía capacidad de representación, gestión y cobro en nombre de COS. En lo que respecta al ex secretario del distrito, cuando éste añadió el nombre de Pardo en los cheques "lo hace no ya como funcionario, sino como particular, porque no entra dentro de sus funciones expedir el cheque y firmarlo".

El juez, por otra parte, constata la "directa" relación entre la instauración del proceder "sin control ni intervención" de los funcionarios del Ayuntamiento en ninguna de las fases previas al pago con la aparición de los comportamientos ilícitos enjuiciados.

LIBERTAD DIGITAL

Sentencia sobre las facturas falsas

GARZÓN INTENTA LLEGAR A UNA FILESA DEL PP A TRAVÉS DEL SASTRE DE CAMPS

INSINÚA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

Según el juez, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, compró favores millonarios a Camps por 12.783 euros en trajes.
Por menos –7.325 euros– también obtuvo los de Ricardo Costa.
El juez insinúa que hay financiación ilegal.
De 37 imputados del PP por Garzón, 34 están en libertad.

Auto de Garzón inhibiéndose a favor del TSJV

* Libertad para 34 de los 37 imputados
* La Fiscalía estudia la querella del PP contra Garzón
* Vídeo: "La actitud prevaricadora de Garzón, inútil ya"

(Libertad Digital) En un auto con profusión de detalles textiles, el juez Garzón establece los indicios de delito contra Francisco Camps: cobró en especie a cambio de hacer concesiones millonarias.

En números, la ecuación de Garzón es la siguiente: Correa recibe favores por valor de 4.148.595 euros (casi 700 millones de pesetas) y Camps recibe a cambio trajes valorados en 12.783 euros (algo más de 2 millones de pesetas). 700 millones de pesetas a cambio dos millones en ropa. En el caso de Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano y también aforado, la suma del valor de los trajes es todavía menor: 7.325 euros. Algo falla en la instrucción.

Por estos "indicios" el juez y ex diputado del PSOE remite sus diligencias previas al Tribunal Superior de Justicia de Valencia al ser los dos sospechosos aforados autonómicos. Lo que no consigue demostrar con nombres propios es la supuesta trama de financiación ilegal del PP valenciano. Pero la apunta.

Insinuaciones de financiación ilegal

Como es habitual en las instrucciones del juez Baltasar Garzón la lectura del auto arroja contrastes dignos de mención. Es capaz de descender al detalle del género con el que están confeccionados los trajes, chalecos, americanas, cinturones o gabardinas y, sin embargo, dejar una insinuación de financiación ilegal sin apenas construcción jurídica. Según el auto:

* En la Contabilidad B de Serrano, aparece una Hoja de ingresos y su distribución, con un apunte de fecha 18/12/2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 € sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece “PP VLC”, con una cantidad asociada de 420.000 €. El dinero recibido, 420.700 euros, se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia.

Así, el juez deduce la llegada de dinero de origen desconocido al PP de Valencia insinuando que lo ilógico de la operación estaría en el campo de la financiación ilegal

* A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que
1. Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el Partido Popular de Valencia
2. No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco CORREA se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.
3. Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco CORREA. Este extremo está pendiente de investigación.

El juez se inhibió de una parte de la investigación sobre el 'caso Gúrtel' al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) al encontrar indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del de PP de Valencia y diputado autonómico, Ricardo Costa. Poco después hizo lo propio para el caso de aforados en Madrid remitiendo las diligencias al Tribunal Superior de dicha comunidad.

El ex diputado socialista y juez Baltasar Garzón imputa también al ex secretario de Organización del PP de Valencia José Víctor Campos Guinot y al jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret Parreño.

Garzón inició el pasado 9 de febrero la ronda de declaraciones del caso Cacería con los interrogatorios del presunto líder de la trama, Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. Los tres son los únicos de los 37 imputados que han sido enviados a prisión.

Garzón acusa a Camps de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa de Francisco Correa, Orange Market, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad por valor de unos cuatro millones de euros. En concreto, 4.148.595 euros

Francisco Correa, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo, desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos", detalla la resolución judicial. De esta forma, Correa consiguió crear "una relación estable" con los dirigentes del PP "ganando su confianza a la vez que favorecía la obtención de negocio para sus empresas". Según Garzón, "una vez que el responsable político alcanzaba un cargo dentro de una administración local o autonómica comenzaba a introducir personas de su confianza en puestos clave dentro de la organización administrativa con el fin de controlar tanto la concesión de contratos públicos como el posterior pago de los servicios realizados".

No obstante, según el ex diputado del PSOE, enemigo declarado de Aznar, los "cambios" que se produjeron en la dirección del PP nacional a partir de 2004 -cuando Rajoy se hizo con la presidencia del partido- provocarían, según Garzón, "un cambio en la tendencia seguida hasta entonces", de forma que la organización política a nivel nacional "se desvinculó" de las empresas de Correa, "si bien se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia", en referencia a Orange Market y su presidente, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

Asimismo, afirma que el presidente de Orange Market pagó trajes al presidente Francisco Camps. El magistrado afirma que "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa de Correa".

Las tiendas Milano y Forever Young y el sastre José Tomás

Según el auto, Camps acudió a las tiendas de Madrid Milano y Forever Young a instancias del presidente de Orange Market con el fin de "adquirir ropa", ya que en estos establecimientos trabajaba el sastre José Tomás, que era una "persona de su confianza". Las conclusiones de Garzón se basan en las declaraciones de Felisa Isabel Jordán, empleada de Orange Market –una de las "sociedades de inversión especulativa " de Francisco Correa a través de la cual fueron abonados los trajes- y de José Tomás.

En la tienda For Ever Young, Camps compró en 2008:

5 pantalones, 1 cinturón de piel, 1 deportiva, 1 chaqueta Austriaca, 1 Americana Sport, 1 deporitva Barbour y 1 Chaqueta fantasía, las suman un importe total de 2.689,5 euros. Además, Álvaro Pérez Alonso "el bigotes" encargó para Camps un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en le Vaticano.

En Milano compró ropa por valor de 4.700 euros (de los que sólo se ha podido acreditar que pagara Orange Market 1.700).

Ricardo Costa se compró en Milano en 2006 por un importe de 2.400 euros 3 trajes a medida. En For Ever Young, adquirió trajes por un total de 4.925 euros. Se compró un Americana Pantalón y otros 2 pantalones.

Garzón destaca además que durante la toma de declaración al empleado de las tiendas de ropa este recibió a su número de teléfono móvil varias llamadas de Camps que no atendió, aunque aseguró que "había hablado con él y le había dicho que Álvaro era un bocazas".

LIBERTADDIGITAL.COM

miércoles, 4 de marzo de 2009

SE ESTRECHA EL CERCO SOBRE MICHAVILA

José María Michavila,
Eius Abogados,
Boadilla del Monte

@F. Martín/ A. Mendoza.-

El cerco en torno al diputado del PP José María Michavila se estrecha. Las sospechas sobre si compatibiliza de forma legal sus actividades privadas con su escaño de diputado aumentaron ayer, después de que el Congreso anunciara que investigará a dos letrados de las Cortes con quienes comparte el bufete Eius Abogados. Precisamente, este despacho puede convertirse en otro foco de problemas para Michavila, ya que posee una notable presencia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, municipio madrileño epicentro del ‘caso Gürtel’.

La dimisión como alcalde del imputado Arturo González Panero, el Albondiguilla, con quien Eius mantenía una relación privilegiada, no ha enfriado el vínculo de este despacho con Boadilla. De hecho, la primera decisión que tomó el sucesor de Panero, el alcalde accidental Juan Siguero, fue confirmar en su cargo de director jurídico a Carlos Ruiz Cabrera, ex abogado de Eius, donde prestaba asesoramiento en materias de protección de datos y propiedad intelectual, según documentos municipales a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Se da la circunstancia de que Ruiz Cabrera había sido precedido en su puesto por otro hombre de Michavila, Francisco Javier González Sánchez, alias Farruquito. González Sánchez había sido nombrado en junio de 2007 por Panero, el mismo día que el ex alcalde designó a César Tomás Martín Morales, amigo de Francisco Correa, director general del Ayuntamiento.

Así, pese al cambio de alcalde, el poder dentro del Ayuntamiento de Boadilla apenas se ha movido de manos, y el despacho de Michavila ha logrado conservar su influencia. Buena prueba de este inmovilismo es que el nuevo alcalde también volvió a nombrar a otros cargos de confianza de Panero, como Laura Samaniego -prima de la mujer de el Albondiguilla-, y a Elena Cerezo -esposa de David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid-.

"Esto es una agencia de colocación de militantes y familiares de cargos del PP con unos sueldos escandalosos. Esperanza Aguirre no es tan liberal como dice porque tiene a familiares de medio partido cobrando de las instituciones públicas, una auténtica vergüenza" declaró Ángel Galindo, Portavoz de Alternativa por Boadilla. Según fuentes municipales, Panero sigue muy de cerca todo lo que acontece en el consistorio, hasta el punto de que “se ha montado un despacho frente a la puerta de la Alcaldía, desde donde vigila como el ‘ojo de Sauron’ lo que entra y lo que sale”.

Los negocios de Eius en Boadilla

Pese contar con abogados en nómina, el Ayuntamiento de Boadilla no dudó en contratar en distintas ocasiones los servicios de Eius Abogados. En el contencioso por el polémico ‘regalo’ a la SGAE del Palacio del Infante don Luis, fueron dos abogados de este despacho, Alberto Dorrego -director del bufete- y Alfredo Dagnino, quienes defendieron a la sociedad de autores y al Ayuntamiento en la demanda interpuesta por Alternativa por Boadilla.

Por otra parte, Dorrego también colabora con otro imputado en ‘Gürtel’, el tycoon mesetario de los ladrillos y los medios, José Luis Ulibarri, a su vez beneficiado por Panero con la adjudicación de la construcción de 139 viviendas en Boadilla. Dorrego es secretario de Mediamed Comunicación Digital, brazo mediático de Ulibarri, adjudicatario de 13 licencias de TDT por la Generalitat valenciana, donde la hermana de Michavila ejerce como jefa de gabinete del presidente Francisco Camps. Según el diario Levante, el despacho de Michavila cobró al menos 150.000 euros a Mediamed antes de la adjudicación de TDT. Asimismo, el bufete Eius asesoró en el PAI del golf de Xilxes en el que participa Ulibarri.

Michavila habría participado también como mediador en una operación urbanística en Boadilla. De acuerdo con El Mundo, el ex ministro pidió seis millones para ejercer como intermediario entre el Ayuntamiento y Global Health –su empresa cliente, que fue administrada por Dorrego- en la malograda ciudad sanitaria que la Mutua Madrileña pretendía levantar en esta localidad. Este diario trató de ponerse en contacto ayer sin éxito con Michavila y con la sede de Eius Abogados, cuya página web ha sido bloqueada en las últimas horas.

Investigación del Congreso de los Diputados

Ahora, Dorrego y su colega de despacho Andrés Jiménez deberán justificar en el Congreso de los Diputados, donde trabajan como letrados, que sus actividades privadas no violan el Estatuto del Personal de la Cortes. El secretario general del Congreso anunció ayer a la Mesa de la Cámara que investigará si los trabajos en Eius de Dorrego y Jiménez son compatibles con su función en el Parlamento.

El propio Michavila podría ser el próximo en tener que dar explicaciones sobre sus actividades, ya que, como diputado, está sujeto al Régimen Electoral General (LOREG), cuyo Capítulo II incluye como incompatibilidades el desempeño de cualquier otro puesto público o privado retribuidos. En particular, es en todo caso incompatible la actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local.

Fuentes del entorno de Michavila expusieron la dificultad que supone para el ex ministro separar sus contactos personales, labrados durante años de servicio en la Administración, y los clientes que se acercan a su despacho por el prestigio profesional de sus abogados. El diputado del PP conjuga su escaño con el trabajo en Eius, y con labores más conocidas como la representación de artistas como Shakira y Alejandro Sanz. Esta variedad de actividades le ha valido en dos ocasiones (2004 y 2006) el ‘premio’ anual “desconocido del Parlamento” que otorga la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

ELCONFIDENCIAL.COM

EL JUEZ DEL CASO "MALAYA" INCLUYE A 16 PERSONAS MÁS COMO PROCESADAS

TRIBUNALES | Superan el centenar

* Además, se han añadido delitos a quince de los ya procesados
* A los nuevos imputados se les tomará declaración el próximo lunes

Europa Press | Málaga

El juez instructor del caso 'Malaya' contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Óscar Pérez, ha ampliado el auto de procesamiento incluyendo a otras 16 personas, con lo que el número de procesados en la causa que investiga una trama de presunta corrupción en Marbella supera el centenar.

Según han informado fuentes judiciales, además de estas personas, se añaden delitos a algunos de los ya procesados por el anterior instructor, Miguel Ángel Torres.

Las fuentes precisaron que a los nuevos procesados se les tomará declaración indagatoria en el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, encargado del caso, a partir del próximo 16 de marzo y señalaron que ocurriría lo mismo con los procesados antes, a quienes, inicialmente, se les tendría que notificar esta resolución y volver a tomarles declaración indagatoria.

Entre los nuevos procesados se encuentran constructores y abogados, así como economistas y asesores fiscales que podrían haber actuado como testaferros del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y principal imputado en el caso, Juan Antonio Roca. Los empresarios Javier Arteche y Máximo Filipa y los abogados Antonio y Eduardo Abril Cumpián se encuentran entre los procesados.

El juez imputa a doce de los dieciséis nuevos encausados un delito de blanqueo de capitales, a uno de los imputados tráfico de influencias y a otro de los procesados, ambos delitos.

Los otros dos nuevos procesados son el empresario Javier Arteche, al que el juez le imputa los delitos de cohecho, cooperación al fraude y cooperación a la prevaricación, y el tasador José Mora, a quien el instructor le imputa un delito de falsedad documental.

En el auto, Pérez imputa además nuevos delitos a quince personas que ya estaban encausadas en el caso 'Malaya' como Roca, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y varios ex concejales del GIL.

El juez imputa al ex asesor urbanístico los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, inducción a falsedad documental, cohecho, fraude y prevaricación, así como un delito fiscal, y procesa a Julián Muñoz por los delitos de fraude, cohecho y prevaricación.

Al ex primer teniente de alcalde Pedro Román le imputa cinco delitos fiscales, dos al ex comisario Florencio San Agapito y uno al abogado Juan Germán Hoffman.

Por un delito de fraude también han sido procesados los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta y los ex ediles Tomás Reñones, Javier Lendínez, José Luis Fernández Garrosa, Rafael González y Marisa Alcalá.

Por último, el juez imputa al ex secretario del Ayuntamiento de Marbella Leopoldo Barrantes un delito de falsedad documental, mientras que al ex jefe de la Policía Local Rafael del Pozo le procesa por un delito de tenencia ilícita de armas, al unir a la causa principal la pieza separada en la que se investigaban estos hechos.

Además
* Las fianzas suman 28 millones

ELMUNDO.ES

QUIEN ES QUIEN EN EL "CASO MACARENA"

FACTURAS FALSAS | Los acusados en el juicio


José Pardo García
Militante socialista implicado en el 'caso Guerra'. Empresario. Es el contratista de las obras pagadas con las facturas falsas, emitidas anombre de la empresa Cos. Antes de estallar el escándalo había trabajado al servicio del PSOE, como responsable de la seguridad del alcalde de Sevilla, durante la campaña electoral del año 2003. El fiscal pedía para él cuatro años y tres meses de cárcel, 1.350 euros de multa y cuatro años de inhabilitación, como autor de delitos continuados de falsedad en documento mercantil y oficial y cooperador necesario de la supuesta malversación.

José Marín
Ex director de área del Ayuntamiento de Sevilla. En el momento de estallar el escándalo, era secretario del distrito Macarena. Era quien autorizaba el pago de las facturas emitidas por José Pardo en nombre de la empresa Cos. Dimitió, junto con el concejal José Antonio García, después de haber mantenido que las obras se ejecutaron, cuando un vecino del distrito desveló que había sido él quien realizó la demolición de unas instalaciones y que no había cobrado nada por ello. Modificó los cheques emitidos a nombre de COS, una vez firmados por el concejal, añadiéndole el nombre de José Pardo García, para que éste pudiera cobrarlos. El fiscal pedía cuatro años y seis meses de prisión, 900 euros de multa y ocho años de inhabilitación. Lo considera autor de delitos de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

José Antonio García
Ex concejal del distrito Macarena. Socialista. Dimitió al mismo tiempo que su director de área, cuando no pudo defender por más tiempo que las obras se habían realizado. Empeñó su palabra en que el Ayuntamiento había pagado por la demolición de unas instalaciones... pero un vecino lo desenmascaró al asegurar que quien echó abajo el tinglado fue él. Y además no cobró por ello. "Fuimos inducidos al error", se justificó cuando presentó su dimisión en marzo de 2005. Con su dimisión, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, pretendió dar por cerrado el caso. Estuvo imputado durante toda la instrucción y llegó a estar procesado hasta justo antes de iniciarse el juicio en la Audiencia. La Fiscalía retiró su acusación.

Manuel Portela
Funcionario del distrito Macarena. El juez lo absolvió antes de que el jurado se pronunciara al considerar que no existían pruebas de cargo que lo incriminaran. En palabras de su abogada, su «error» fue coger el teléfono cuando Pardo llamó para decir que no podía demoler los módulos y «transmitir esa información».


ELMUNDO.ES

martes, 3 de marzo de 2009

ARCOS, DECRETAN PRISIÓN SIN FIANZA PARA EL ALCALDE DE ALCAUCÍN Y PARA EL ARQUITECTO


VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA). (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga (Málaga), Irene Urbón, que investiga el denominado caso 'Arcos', decretó esta noche prisión sin fianza para el hasta ahora alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y para el arquitecto José Mora Lampérez, según informaron fuentes judiciales.

Al alcalde, que fue detenido el pasado viernes junto con otras 12 personas en el marco de esta operación contra corrupción urbanística, se le imputan los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad documental, según precisaron a Europa Press las mismas fuentes.

Martín Alba, que llegó para declarar ante la instructora del caso sobre las 16.00 horas entre aplausos de una treintena de vecinos que se encontraban en las puertas de las dependencias judiciales, firmó su renuncia al acta de concejal, que será presentada mañana en el Registro del Ayuntamiento, según indicaron fuentes socialistas.

Por su parte, la jueza decretó también prisión para uno de los jefes de servicio del Área de Arquitectura de la Diputación, José Mora, que declaró por la mañana y al que se le imputan inicialmente los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística.

Tanto el alcalde como el arquitecto abandonaron los juzgados sobre las 22.30 horas cada uno en un coche de la Guardia Civil. Unas 80 personas esperaban la salida y gritaron frases de ánimo para ambos. Desde la defensa del arquitecto aseguraron que "no hay motivos" para la medida tomada, que es "absolutamente innecesaria", por lo que recurrirán la resolución; al tiempo que añadieron que los hechos "no revisten la gravedad de lo que puede deducirse".

Asimismo, también comparecieron hoy el aparejador municipal F.L., quien quedó en libertad sin fianza, imputado por el delito de prevaricación urbanística. Respecto al asesor P.J.G., que también compareció esta mañana, la instructora decretó libertad provisional sin fianza y prohibición de salir de España, estando imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

La jueza que investiga el caso 'Arcos' dejó ayer en libertad a las seis personas a las que tomó declaración. Dos de ellas quedaron sin medidas cautelares, pero imputadas, en concreto por blanqueo en el caso de una de las hijas del alcalde y por cohecho, blanqueo y contra la ordenación del territorio, en el caso de V.LL., hija de uno de los empresarios.

Los otros cuatro detenidos tuvieron que comparecer hoy de nuevo para que les fuera comunicado el importe de la fianza, aunque ayer quedaron en libertad provisional. De esta forma, la jueza impuso fianzas de 120.000 euros para los empresarios F.Ll.O., J.M.R.A. y M.T.T., y de 30.000 euros para L.E.C.M. Los cuatro, sobre los que la jueza acordó la medida cautelar de prohibición de salir de España, tienen 10 días hábiles para abonar la fianza.

Por otro lado, la otra hija del alcalde, la hija de uno de los de los empresarios detenidos y la secretaria del arquitecto ya fueron puestas en libertad con cargos durante el fin de semana por la Guardia Civil, que desarrolló el pasado viernes esta operación con la participación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la de Medio Ambiente y Urbanismo, que se saldó con 13 personas arrestadas.

INVESTIGACION

La investigación ha contado con la activa colaboración del SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga y ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía, según informaron desde el Ministerio del Interior en un comunicado.

Los empresarios dedicados a esta actividad presuntamente pagaban compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades, indicaron. Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

En estas diligencias se investigan, entre otros, los delitos de cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa. El alcalde guardaba 160.000 euros en efectivo distribuidos en varias bolsas bajo un colchón de una cama de su casa. El dinero fue encontrado en uno de los registros efectuados por la Guardia Civil el pasado viernes.

EUROPAPRESS.ES

SILENCIO DE LOS CONSELLERS DE CAMPS ANTE LOS CONTRATOS DE LA GENERALITAT CON EMPRESAS DE LA OPERACIÓN GÜRTEL


Sigue el ejemplo de transparencia de Aguirre y evita explicaciones sobre corrupción

Las promesas de transparencia del presidente valenciano, Francisco Camps, en relación con su implicación en el marco de la Operación Gürtel han quedado en nada después del pleno que se celebró ayer en las Cortes regionales en las que supuestamente se iban a dar explicaciones de los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama corrupta. La oposición calificó de “tomadura de pelo” y “cachondeo” la comparecencia de los tres vicepresidentes y dos consejeros que se limitaron a hablar de la crisis, alegando que esta información, y no la relativa a la corrupción, es la que de verdad interesa a los ciudadanos.

Si en la Comunidad de Madrid la comisión de investigación por el escándalo del espionaje en el seno del PP no está dejando para nada satisfecha a la oposición por la escasez de explicaciones que está dando el Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre, parece que el presidente valenciano, Francisco Camps, ha decidido adoptar la misma actitud con respecto a la trama de corrupción destapada en Boadilla del Monte y que salpica de lleno a la Comunidad Valenciana –incluso el propio Camps apareció como uno de los implicados por la Fiscalía Anticorrupción.

Gestión y crisis
Dos consellers de su Ejecutivo y sus tres vicepresidentes tenían previsto informar ayer en las Cortes sobre los contratos de la Generalitat con las empresas propiedad de Francisco Correa, el principal imputado en la operación. Sin embargo, según informó Levante, los dirigentes emplearon su tiempo en hablar sobre su gestión en sus diferentes áreas y sobre la crisis y las medidas para salir de ella, olvidándose del compromiso de transparencia que había anunciado Camps.

El compromiso de "transparencia" de Camps
El president, al conocerse que la Fiscalía lo implicaba en el caso, había anunciado en la sesión de control que todos los miembros de su Gobierno comparecerían en la Cámara para “explicar con tranquilidad, con transparencia y con sentido de la lealtad y responsabilidad todo aquello” que la oposición preguntase. Sin embargo, a la hora de la verdad, los consellers se limitaron ha defender la transparencia de los contratos del consistorio sin responder a ninguna de las preguntas que el resto de partidos les tenían preparadas.

Lo que "no interesa a nadie"
“No nos perdamos en aquello que no interesa a nadie”, argumentó el vicepresidente económico, Gerardo Camps, marcando la tónica general de las comparecencias. Al igual que sus compañeros de Gobierno, se centró en hablar de la crisis, a su juicio, el tema “fundamental” por encima de las explicaciones sobre un “sumario judicial secreto”. Preguntado por la socialista Cristina Montero sobre el contratado de la Copa del América, Camps se limitó a proclamar que la mayoría del dinero contratado en su área se ha hecho por concurso público.

"La brújula orientada"
La misma línea siguió el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, que no aclaró si dará los expedientes de contratación con Orange Market tal como había reclamado el grupo socialista, y se limitó a asegurar que el Ejecutivo de Camps tiene “la brújula bien orientada, el timón cogido con firmeza y el horizonte definido”. Rambla no dudó en exigir a la oposición que “aparque su exigencia de transparencia” y que no quiera “embarullar” al Consell con asuntos sobre los que ha recibido “cumplida información”.

Sin coste para la Administración
Como única explicación, Rambla se refirió a la organización de la fiesta de salida de la Volvo Ocean’s Race por parte de Orange Market. El vicepresidente aseguró que este contrato, por valor de 445.000 euros más IVA, no le costó nada a la Administración, ya que el gasto fue financiado por los patrocinadores del evento.

"Representación burlesca"
La oposición, muy defraudada con el transcurso de la sesión que calificaron de “representación burlesca”, “tomadura de pelo” y “cachondeo”. Los socialistas entregaron en mano a Gerardo Camps un listado con 36 empresas –algunas implicadas en la operación Gürtel y otras calificadas de “sospechosas” para el PSPV- sobre las que quieren que la Generalitat de explicaciones sobre sus contratos. Camps no aclaró si darán esas explicaciones, y se limitó a criticar al grupo por montar el “numerito”.

ELPLURAL.COM

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domingo, 1 de marzo de 2009

UN JUEZ VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN EN LA EX ALCALDESA DE JEREZ

Al ser parlamentaria, y por tanto, aforada, el magistrado se inhibe en favor del TSJA

El auto recoge que existen indicios racionales de criminalidad en la persona de María José García Pelayo. Estos hechos se refieren al tiempo en que la "popular" fue alcaldesa y presidenta del órgano gesto del urbanismo jerezano. Se le acusa de requerir el desalojo de los parcelistas sin haber tramitado el expediente con la intención de facilitar el suelo a la constructora "Xera Promociones".

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o Ya están en poder de Garzón los contratos investigados de Jerez
o La ex alcaldesa contrató a dedo a dos de las empresas de la trama corrupta
o ¿Recibió también Arenas regalos de Correa?

Un juez de Jerez recoge en el auto, la presunta comisión de un delito de prevaricación de la ex alcaldesa y actual concejal María José García Pelayo, del PP, en el caso Huertos de Ocio, que investiga el desalojo de unos 30 parcelistas asentados en unos terrenos transmitidos a una promotora para que edificara decenas de viviendas. El auto aprecia "indicios racionales de criminalidad" en el desalojo.

Tribunal Superior de Justicia
El magistrado Antonio-Jesús Jiménez Álvarez hace constar en la resolución, firmada el 25 de febrero, que de las actuaciones practicadas en el procedimiento "parecen indicios racionales de criminalidad" imputables, entre otros, a la también parlamentaria y vicepresidenta 2ª del Parlamento andaluz, y por tanto como aforada, se inhibe a favor del TSJA. Se le acusa, entre otras cosas, de haber requerido el desalojo de los parcelistas sin tramitar el pertinente expediente con la intención de facilitar el suelo a la constructora Xera Promociones.

Caso Gürtel y Fitur
Como informamos desde este medio, el equipo de gobierno de Jerez ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, junto al expediente escrito, un soporte informático con más documentación sobre las adjudicaciones que firmó García Pelayo -foto con Arenas- sobre la presencia de Jerez en Fitur 2004 a Special Events y Down Town, dos de las empresas investigadas por el magistrado.

Contratos de Fitur
Como informó El Plural, el ayuntamiento de Jerez, en la época en la que gobernaba el PP, contrató con empresas vinculadas a Francisco Correa. La ex alcaldesa adjudicó en 2004 a dos de las empresas investigadas por Garzón, Easy Concept y Special Events, un contrato para la participación de la ciudad en Fitur. Lo hizo por el procedimiento de urgencia, saltándose el concurso público.

Manipulación de expedientes
El rotativo sevillano afirma que el actual equipo de gobierno sospecha que desde el Instituto de Promoción de la Ciudad, que presidía en ese año la dirigente popular, se escribieron documentos que reflejan trámites de los expedientes de contratación mencionados con fechas posteriores a las adjudicaciones.

andalucia@elplural.com

EL PRINCIPAL EMPRESARIO IMPUTADO POR EL JUEZ GARZÓN CONSTRUYE 2.000 VIVIENDAS FUERA DE LA LEY


El gobierno del PP en Ponferrada cedió de forma irregular parcelas para 2.000 pisos a José Luis Ulibarri, imputado del 'caso Gürtel'.
El pago fue el 20% del precio de mercado


PERE RUSIÑOL - MADRID

El Ayuntamiento de Ponferrada (Castilla y León), que gobierna el PP con mayoría absoluta, concedió en 2002 de forma irregular parcelas para construir 2.000 viviendas al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa y que operaba en feudos del PP. La concesión ha sido anulada por dos sentencias firmes por falta de publicidad y concurrencia, así como por recalificación improcedente del suelo, pero nunca se han ejecutado. La empresa de Ulibarri amasó en el proceso opaco de principio a fin 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pagó un precio hasta cinco veces por debajo de los que establecía el mercado en aquel momento.

Ponferrada es la base desde la que se expandió el Grupo Begar, el conglomerado que dirige Ulibarri con intereses en la construcción, servicios de limpieza y medios de comunicación. La empresa opera en toda España, pero sobre todo en Castilla y León, Madrid y Valencia y su facturación alcanzó los 614 millones de euros en 2006.

Dos sentencias firmes anulan todo el proceso, pero no se ejecutan

El Ayuntamiento de Ponferrada ha declinado responder a las preguntas de Público. Por su parte, un portavoz de Ulibarri dijo que su grupo empresarial no haría ningún comentario a la prensa hasta que el empresario declare ante el juez Baltasar Garzón, cita prevista en principio para el día 4.

Las casi 2.000 parcelas concedidas directa o indirectamente a Ulibarri de forma irregular en Ponferrada forman parte del proyecto La Rosaleda, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa se gestó con el alcalde Ismael Álvarez Rodríguez, que en junio de 2002 se vio obligado a renunciar tras ser condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. Pero lo heredó su sucesor, Carlos López Riesco, que culminó las adjudicaciones en septiembre de 2002.

El proyecto está trufado de irregularidades desde sus orígenes y así lo han certificado los tribunales. Para diseñarlo, se modificó el Plan General de Ordenación Urbana, pero los cambios fueron anulados de forma firme, por ilegales, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2007. Ya en 2005 había fallado en contra, pero la urbanización siguió construyéndose a todo tren, sin que la sentencia tuviera efectos prácticos.

La reforma del plan general recibió el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que el PP también controla con mayoría absoluta, el 26 de julio de 2001. La sentencia del TSJ certifica que se aumentó la densidad para viviendas de forma desproporcionada de 30 a 70 por hectárea, se multiplicó por cuatro el terreno destinado a vivienda y además se suprimió el 10% previsto para equipamientos generales.

La segunda gran irregularidad puesta de manifiesto por otra sentencia distinta fue el pliego de condiciones de reparto de las parcelas establecido por la Sociedad Municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), una empresa municipal creada en 2000. Las concesiones han sido también anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en otra sentencia firme del 11 de abril de 2008.

Falta de publicidad

El tribunal considera que no se respetó el principio de publicidad y de concurrencia. "Se anulan [las concesiones] por disconformidad con el ordenamiento jurídico", señala en el auto de 2008, que ratifica otro de 2007. Pero el Ayuntamiento no se ha dado por enterado.

Las polémicas concesiones tuvieron como máximo beneficiario a Ulibarri, aunque en distintos tiempos: en el primer acuerdo, de febrero de 2002, sus empresas aparecen camufladas en un mar de concesiones: se le asignaron 539 parcelas sobre un total de casi 5.000. Pero en otra acta de Pongesur, en septiembre del mismo año, Ulibarri acumula ya directamente 1.604 parcelas y la cifra se eleva hasta 2.016 si se incluyen las adjudicadas a Leocasa, de la que Ulibarri tiene el 50%.

En este momento septiembre de 2002 ya no son 5.000 las parecelas adjudicadas a manos privadas, sino sólo 3.700 porque Pongesur se ha quedado 1.269. Por tanto, Ulibarri amasa al final casi el 60% del total de adjudicaciones privadas.

En el reparto inicial cuando Ulibarri aparece simplemente como uno más se beneficia a empresas que ni siquiera tienen en su objeto social nada relacionado con la construcción, como Pizarras Franvisa o Fernández de la Mata, dedicada a las instalaciones eléctricas. En el acta de septiembre, ambas empresas, así como Cymotsa, desaparecen del listado y sus parcelas pasan a constar directamente ya para Ulibarri.

Empresas ajenas al sector recibieron licencias y las cedieron a Ulibarri

Para esta operación Ulibarri utilizó a la promotora UFC, la misma que empleó para ganar en 2006 la concesión de Boadilla Park 169 viviendas en el municipio madrileño epicentro del caso Gürtel, en el punto de mira de Baltasar Garzón. El juez investiga si en la operación de Boadilla Ulibarri pagó tres millones de comisión a la trama. UFC era una empresa instrumental: pese al volumen de sus operaciones, en 2006 todavía no tenía empleados dados de alta en la Seguridad Social.

La operación de La Rosaleda supuso un negocio redondo para Ulibarri, que pagó por las parcelas un precio muy por debajo del precio de mercado: desembolsó 12,1 millones de euros para 185.045 metros cuadrados. Apenas 65 euros el metro cuadrado cuando en aquel momento en la localidad y en la provincia la media superaba los 300.

Las condiciones se estipulan en un documento notarial firmado el 27 de septiembre de 2002, tres días después de que el consejo de Administración de Pongesur limpiara las concesiones inciales y otorgara ya a UFC parcelas para 1.604 viviendas. El documento tiene aspectos extraños a las contrataciones de la Administración pública al establecer el monto total a pagar en 28,8 millones de euros y luego desmenuzarlo en tres partes de muy distinta naturaleza.

La primera incluye 3,025 millones, que la parte vendedora "confiesa haber recibido de la parte compradora con anterioridad a este acto". No se especifica ni cómo ni dónde se produjo el pago. Tampoco el momento, cuando la aprobación formal de las adjudicaciones había sido apenas tres días antes.

La segunda parte es el único desembolso real de dinero a la que se comprometía Ulibarri en el momento de la firma: los 12,1 millones de euros que le sirvieron para lograr los 185.045 metros cuadrados edificables. La última parte corresponde a 13,26 millones de euros "en especies" a cuenta de futuras obras de urbanización en La Rosaleda. Sin presupuesto concreto. Ni controles. Ni plazos. Además, se hace constar que obras por valor de 2,99 millones ya se han realizado en el momento de la firma.

Una vez en posesión de los terrenos, las empresas de Ulibarri no sólo han hecho negocio vendiendo sus pisos, sino también con la construcción de edificios en parcelas que ellos mismos vendieron a terceros, como la Torre de la Rosaleda, que con 28 plantas y 100 metros de altura es el edificio más alto de la comunidad.

En junio de 2004, UFC había revendido casi la mitad de las parcelas conseguidas en condiciones tan ventajosas y se reservaba para sí el espacio para construir 800 pisos.

PÚBLICO.ES

INVESTIGAN LAS RELACIONES DEL DIPUTADO POPULAR MARI OLANO Y EL EMPRESARIO ULIBARRI EN UN PROYECTO URBANÍSTICO EN CASTELLÓN

Nuevas sospechas en torno al bufete del ex ministro Michavila

CECILIA GUZMÁN

El diputado autonómico del PP en Valencia y abogado José Marí Olano ha sido citado a declarar en la Comisión de Investigación creada por el Ayuntamiento de Xilxes, en Castellón, que indagará sobre la tramitación del PAI de golf, en cuyo proyecto participa el empresario José Luis Ulibarri, imputado por Garzón en la operación Gürtel. Las coincidencias van más allá, ya que este diputado trabaja también en el despacho de abogados del ex ministro José María Michavila, un bufete que ayudó al magnate castellano leonés a conseguir 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana y además ha venido prestando asesoría jurídica al Ayuntamiento madrileño de Boadilla, epicentro de la trama corrupta.

El portavoz de Economía y miembro de la dirección del PP en las Corts, José Marí Olano, asesora jurídicamente al constructor Andrés Selma en algunos de sus negocios, como el PAI de Xilxes, proyecto urbanístico en la cual participa también su socio José Luis Ulibarri, quien entró en el proyecto a mediados de 2006 con la sociedad UFC. El magnate castellanoleonés es uno de los imputados por el juez Garzón en la presunta trama de corrupción urbanística que investiga, vinculada con el PP.

3 millones de euros
Según se desprende de las grabaciones que investiga el juez Garzón, Ulibarri había pagado 3 millones de euros al cerebro de la red, Francisco Correa por la concesión de una promoción de viviendas en Boadilla del Monte. Presuntamente este dinero se repartió entre Correa y el entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero, también imputado en la causa.

Lista de comparecientes
Tanto Ulibarri como Andrés Selma aparecen en la lista de los 11 comparecientes solicitados por la Comisión de Investigación de Xilxes, además de José Marí Olano y tres altos cargos de la Conselleria de Medio Ambiente: la secretaria autonómica María Ángeles Ureña, el director general Jorge Traver y la jefa del servicio de evaluación ambiental, Esperanza Colomé.

Olano trabaja en el mismo bufete que Michavila
Olano, que es portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas y ex letrado de la Generalitat, además de atender a sus responsabilidades políticas, trabaja como abogado en el bufete Eius, en el que también está José María Michavila, ex ministro y hermano de la jefa de gabinete del presidente de la Generalidad valenciana, Francisco Camps.

La sombra de Michavila y su despacho
El despacho de Michavila ayudó a Ulibarri a conseguir 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana, se trató en cualquier caso de una concesión bajo sospecha y en la que pudo intervenir el secretario de Comunicación Popular, Esteban González Pons. Pero las oscuras coincidencias van más allá. El despacho de Michavila ha llevado la defensa jurídica del alcalde de Boadilla al menos en 12 pleitos municipales. Además, Panero contrató como asesor jurídico a uno de los miembros de este despacho.

Director jurídico de la Generalitat
Marí Olano era director del gabinete jurídico de la Generalitat cuando en diciembre de 2005 se adjudicaron 42 licencias de TDT locales y dos autonómicas, siendo conseller de Presidencia Esteban González Pons. En ese proceso, la principal adjudicataria fue Mediamed Comunicación Digital, empresa de la que es presidente José Luis Ulibarri y vicepresidente Andrés Selma, los dos socios en el PAI de Xilxes y en otros proyectos, según publica el diario Levante.

"No intervine personalmente..."
El diputado popular Marí Olano declaró a Levante que en el proceso de adjudicaciones de TDT "no intervine personalmente, no sé si lo hizo el servicio jurídico porque no tengo en la cabeza los 4.000 asuntos que lleva la Generalitat, pero yo no intervine en el expediente". En todo caso, añade, "es absolutamente legal el asesoramiento a Selma" ya que dice, "no estoy sujeto a régimen de incompatibilidad, porque las incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat no están reguladas".

Elius asesoró a Mediamed
De acuerdo con la misma publicación, el despacho Eius del que forma parte Marí Olano cobró al menos 150.000 euros a Mediamed como minuta de asesoramiento antes de la concesión de las TDT. La empresa de Ulibarri y Selma logró acaparar licencias en 13 de las 14 demarcaciones y adquirió el 80% de las acciones de Ondas 13, compañía que logró la gestión de la Televisión Municipal de Valencia (TMV).

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ELPLURAL.COM

EL ALCALDE DE ALCAUCÍN ESCONDÍA 160.000 EUROS DEBAJO DEL COLCHÓN

La Guardia Civil ha incautado 160.000 euros en los registros de la casa de José Manuel Martín. El alcalde socialista de Alcaucín los escondía bajo el colchón de su propia casa.
En conjunto, los agentes se han hecho con más de 250.000 euros en los sucesivos registros de la "operación Arcos".


José Manuel Martín, detenido. Archivo.

* Arenas pide responsabilidades a Chaves



L D (EFE) El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), detenido por la Guardia Civil por presunta corrupción urbanística, guardaba 160.000 euros en efectivo distribuidos en varias bolsas bajo un colchón de una cama de su casa, según publica el diario SUR de Málaga. Javier Arenas ya ha pedido responsabilidades políticas a la Junta de Manuel Chaves.

El dinero supuestamente fue hallado en uno de los registros efectuados por la Guardia Civil en el marco de la "operación Arcos", que ha destapado una trama que construía viviendas en suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía y en la que también fueron detenidas las dos hijas del alcalde y otras diez personas.

El inmueble fue inspeccionado varias horas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil y, cuando éstos descubrieron el dinero, Martín manifestó que los 160.000 euros eran "los ahorros de toda una vida", según el periódico, que cita fuentes consultadas por el periódico sin precisar cuáles son.

En total, los agentes se habrían incautado de más de 250.000 euros en los once registros llevados a cabo en la operación, que también ha salpicado a la Diputación de Málaga con la detención de un responsable del Servicio de Arquitectura y de su secretaria.

Esta última quedó en libertad tras ser interrogada por los agentes que investigan el caso, añade el diario.

LIBERTADDIGITAL.COM

sábado, 28 de febrero de 2009

LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE PAGOS POR MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS A CORREA

Los contratos fueron para financiar actos constitucionales de Esperanza Aguirre

El Gobierno de Madrid pagó 3.229.302 euros a las empresas de la trama de Francisco Correa de 2004 a 2009. La inmensa mayoría de los alrededor de 300 contratos fueron aprobados por el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, que trabajó hasta con cuatro sociedades diferentes de la red del empresario encarcelado, para no ser descubierto.

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Según revela hoy el diario El Mundo, la información en manos del Juez Baltazar Garzón, a partir de documentos recopilados por la propia Comunidad de Madrid, casi todos los contratos, que tenían como objeto realizar actos institucionales de la presidenta, Esperanza Aguirre, fueron cedidos a las empresas Easy Concept, Servimadrid, Good and Better y Diseño Asimétrico, todas propiedad de Francisco Correa.

Cuatro nombres diferentes de empresas, único dueño
Para no levantar sospechas, López Viejo trabajó con hasta cuatro empresas diferentes, herederas de Special Events, una de las primeras sociedades de la red, y fue cambiando el grueso de la inversión de unas a otras a lo largo de los años para que nadie pudiera acusarle de elegir siempre a la misma.

El dinero
En 2004 el Ejecutivo regional pagó 341.426,33 euros a una sola empresa de la trama: Easy Concept. Un año después, la cantidad facturada ascendió a 788.570 euros, sin embargo ya no fue una sola compañía la elegida. Easy Concept se llevó 238.357 euros, un 30% del total, pero fueron beneficiadas, además, dos nuevas sociedades: Servimadrid, que cobró un 56% de lo facturado, y Good and Better (un 13,5%).

Los negocios entre López Viejo y Correa duraron hasta este año
Las arducias societarias continuaron en 2006 con pagos de hasta 846.192 euros, que fueron a parar de nuevo a Servimadrid. Ese año, aparece en la contabilidad una nueva sociedad: Diseño Asimétrico, que en los ejercicios siguientes: 2007, 2008 y 2009, se convierte en la principal beneficiada de los contratos de López Viejo: un 54% de los mismos el primer año, un 57% el segundo y un 93% el tercero.

ELPLURAL.COM

LA GUARDIA CIVIL DETIENE AL ALCALDE SOCIALISTA DE ALCAUCÍN POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Dos hijas del regidor se encuentran entre los doce arrestados en el municipio malagueño

SANTI SOUVIRON | MÁLAGA

El alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, detenido por la Guardia Civil, saluda ante los aplausos de los vecinos.

La Guardia Civil detuvo ayer a trece personas en la denominada operación Arco contra una trama de corrupción urbanística en Málaga. Entre los arrestados destaca el alcalde socialista del municipio malagueño de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, dos de sus hijas y el aparejador municipal. Junto a ellos, el adjunto al jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, dos funcionarios de ese organismo y varios administradores, apoderados de empresas y gestores inmobiliarios.

La Fiscalía Anticorrupción les imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, delito urbanístico y actividades prohibidas a los funcionarios. Según los primeros datos, la red se dedicaba a encubrir la construcción desde viviendas unifamiliares a urbanizaciones en parcelaciones ilegales realizadas en suelo rústico de la comarca malagueña de la Axarquía. Además de las detenciones, agentes de la Guardia Civil registraron bajo supervisión municipal numerosas dependencias municipales en Alcaucín, viviendas particulares de los arrestados y distintos despachos del área del Servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña.

Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia civil el que inició las pesquisas a impulso de varias organizaciones ecologistas que desde hace años denuncian el aumento de las construcciones ilegales en la sierra de la Axarquía, de alto valor medioambiental. Al descubrir los primeros indicios de una posible trama corrupta, el caso pasó a la Fiscalía de Málaga, que a su vez lo derivó a la de Anticorrupción.

Las pesquisas detectaron la trama de parcelación irregular y construcción en suelo rústico, promovida al parecer desde el Ayuntamiento de Alcaucín, que habría contado para ello con los informes favorables emitidos por la diputación malagueña. La Guardia Civil investiga si este actuar fraudulento se extendió al vecino municipio de La Viñuela, cuyo alcalde, también del PSOE, es un habitual de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por delitos urbanísticos.

El PSOE lo expulsará
La Diputación de Málaga, gobernada por PSOE e IU, se desvinculó de la actividad de la presunta trama de corrupción. El vicepresidente del ente, el socialista Francisco Fernández España, aseguró que los hechos investigados forman parte de "la actividad privada de los presuntos implicados y en ningún caso están relacionados con la que desarrollan para la institución".

En Alcaucín, la operación de la Guardia Civil dejó boquiabierta a la población. José Manuel Martín Alba, nacido en 1953, es albañil y un conocido cantaor flamenco. Entró en política hace dos décadas, y ha ganado por mayoría absoluta las cinco últimas elecciones municipales. Numerosos vecinos se concentraron a las puertas de su domicilio mientras era registrado, y le dedicaron gritos de ánimo y apoyo durante su traslado hacia el ayuntamiento, donde presenció la inspección de varias dependencias municipales. Alcaucín es un primoroso pueblo serrano de apenas 2.500 habitantes.

Sin embargo, según las incesantes denuncias de los grupos ecologistas en los últimos años, en su extenso término municipal se han construido unas 20.000 viviendas de todo tipo. Según las investigaciones fiscales, se erigieron en suelo rústico, aunque desde el ayuntamiento y la diputación se disimuló esa circunstancia.

Por su parte, el PSOE anunció ayer que expulsará a todos los militantes que sean imputados en el caso del Ayuntamiento de Alcaucín. La comisión ejecutiva de Málaga y la regional de Andalucía aseguraron que los socialistas mantendrán "tolerancia cero" ante la corrupción. El vicepresidente del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, anunció ayer el envío de un escrito a los órganos de garantía del partido para tramitar la expulsión de José Martín Alba y de todos aquellos afiliados que estén relacionados con los posibles delitos por los que han sido detenidos. Pizarro subrayó el respeto y respaldo de su formación al trabajo de jueces y fuerzas de seguridad contra la corrupción, y apostilló que el partido "va a asumir responsabilidades y no se va a querellar con el juez instructor", en referencia al PP y su acusación a Baltasar Garzón. Desde el PP señalaron a la Junta de Andalucía como máximo responsable, por acción u omisión, de lo ocurrido al ostentar las competencias en control y disciplina urbanística. A juicio del secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, el caso de Alcaucín confirma la "extensa mancha de corrupción" del PSOE en la comunidad autónoma.

LASPROVINCIAS.ES

viernes, 27 de febrero de 2009

EL YA EX ALCALDE PANERO NOMBRÓ DIRECTOR JURÍDICO DE BOADILLA A UN SOCIO DEL BUFETE

Connivencias, incompatibilidades y sospechas en el despacho de Michavila

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Según ha podido saber El Plural, Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte forzado a dimitir por su presunta vinculación con la trama corrupta investigada por el juez Baltasar Garzón, ha contratado hasta en 10 ocasiones al despacho EIUS Abogados, en el que trabaja el ex ministro de Justicia y diputado del Partido Popular, José María Michavila.

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El despacho EIUS Abogados (fundado por Alberto Borrego, antiguo subordinado de Michavila cuando era ministro en el Ejecutivo de Aznar), habría recibido 120.000 euros del Ayuntamiento de Boadilla. (12.000 euros por pleito).

Socio y empleado
Además, uno de los socios de este bufete de abogados, Francisco Javier González Sánchez, fue contratado como “personal eventual” del consistorio de Boadilla. Su nombramiento como “director técnico jurídico” se recogió en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M) el 25 de julio de 2007. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Boadilla fijó en 45.053 euros la retribución anual que percibiría González Sánchez como director técnico jurídico.

Posibles incompatibilidades
Desde que se destapó la supuesta trama de corrupción vinculada al Partido Popular, EIUS Abogados y el diputado popular José María Michavila están bajo sospecha. Incluso, el Partido Popular podría estar trabajando en un informe jurídico sobre las posibles incompatibilidades del trabajo como abogado de Michavila al ser este diputado y mantener contratos con diferentes administraciones públicas.

José María Michavila, Alberto Dorrego, Alfredo Dagnino y Andrés Jiménez Días, miembros de EIUS, en las fotos de la web del bufete

Más sospechas
El hecho de que Michavila se reuniera con Francisco Camps el 21 de febrero, justo el mismo día que el presidente valenciano (uno de los posibles imputados en la Operación Gürtel) se vio también con el número dos del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, no ha hecho sino aumentar las sospechas. Tal y como ya informó este periódico, además de para defender al Ayuntamiento de Boadilla, su bufete se encargó del asesoramiento jurídico de la empresa de Ulibarri para conseguir las licencias de televisión en Valencia.

Vinculaciones
Lo cierto y verdad es que en los últimos días, no han cesado las noticias que vinculan a este despacho de abogados con varios imputados en la Operación Gürtel que investiga el juez Baltasar Garzón. Poco a poco, se ha desvelado que dos abogados del despacho en el que trabaja Michavila son también letrados de las cortes: Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz.

Un hombre de Michavila
Alberto Dorrego es el socio director de EIUS, despacho que fundó en 2004, cuando el PP perdió las elecciones. Hasta ese momento, Dorrego había sido director general para la Modernización de la Administración de Justicia a las órdenes de Michavila, que llegó a concederle la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. En la actualidad, Dorrego asesora a la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.

Abogado y congresista
Por su parte, Andrés Jiménez Díaz compagina su trabajo en EIUS Abogados con su puesto en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja y en la Comisión Mixta de Control de la Corporación de Radio Televisión Española (RTVE). En el pasado, Jiménez Díaz incluso llegó a ser interventor del Congreso de los Diputados.

¿Incompatibilidad de los letrados de Cortes?
En este punto, cabe precisar que, según el Estatuto de las Cortes, a los letrados de las cámaras les está prohibido terminantemente desempeñar cualquier actividad pública o privada que pueda “comprometer su imparcialidad o independencia”.

Católico y consejero de la COPE
Otro de los nombres que han aparecidos vinculados al despacho de EIUS Abogados es Alfredo Dagnino, consejero de la cadena COPE, y presidente de la Asociación Católica de Propaganda y por ende, de la Fundación San Pabla CEU. Al igual que Michavila, Dagnino, que hace unos meses comparó al Gobierno socialista con los nazis, también ha trabajado con este bufete.

jmgarrido@elplural.com

YA ESTÁN EN PODER DE GARZÓN LOS CONTRATOS INVESTIGADOS DE JEREZ

"Por su naturaleza, pueden arrojar luz sobre las presuntas irregularidades"

Como ayer informamos desde El Plural, la trama de corrupción vinculada a instituciones gobernadas por el PP que investiga Baltasar Garzón, se amplia en Andalucía. Desde ayer el juez de la Audencia Nacional tiene otro expediente de supuestas contrataciones irregulares sobre la mesa. En este caso corresponde al importante ayuntamiento gaditano de Jerez.

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El Ayuntamiento jerezano y su alcaldesa, Pilar Sánchez -foto-, se puso ayer a disposición de la Audiencia Nacional para el esclarecimiento de los asuntos que son investigados y que incumban a las actuaciones realizadas en el pasado el consistorio. Por ello ha remitido, por propia voluntad al juez Baltasar Garzón, "todo el expediente" relativo a la contratación con varias empresas investigadas en el "caso Gürtel".

En 2004 con alcaldesa del PP
Dichas contrataciones están fechadas en 2004 y se realizaron para la presencia del ayuntamiento en Fitur. La documentación remitida consta de todo el expediente de contratación con las empresas 'Special Events', 'Teleanuncio' y 'Down Town Consulting'. También se han remitido soportes informáticos cuya naturaleza, origen, fechas, destinatarios y remitentes "pueden arrojar luz sobre las presuntas irregularidades que están siendo objeto de investigación judicial".

Pide colaborar con la Justicia
La alcaldesa ha invitado a todos los grupos políticos de la Corporación municipal, y muy particularmente al PP, a colaborar con la Justicia y "no realizar declaraciones que puedan entorpecer el total esclarecimiento de los hechos y el trabajo de la Justicia, y que pretendan desviar la atención sobre el asunto principal".

Consulta con la Audiencia Nacional
El ayuntamiento, y a tenor de las declaraciones del PP, consideró necesario aclarar que fue el Ayuntamiento el que contactó con la Audiencia Nacional a primera hora de la mañana para consultar qué debía hacer con el mencionado expediente, toda vez que en él figuran empresas y personas que están siendo objeto de investigación judicial. En esa primera comunicación fue imposible contactar con ningún portavoz autorizado del juzgado, por lo que se dejó razón con el ruego de que devolvieran la llamada.

Llamada de la Audiencia
Posteriormente, y en el transcurso del pleno municipal celebrado esta mañana, personal del juzgado del magistrado Baltasar Garzón telefoneó al Ayuntamiento, lo que obviamente obligó a la alcaldesa a ausentarse momentáneamente de la sesión para atender dicha llamada.

Acceso documentación al PP
Por ello no fue posible facilitar al grupo municipal del PP el expediente, lo que si se hizo cuando la Audiencia informó que no había impedimento . Los concejales del PP han podido consultarlo en su totalidad posteriormente.

Advertencia al PP
El equipo de gobierno socialista ha reiterado la plena disposición a colaborar con la Justicia, y ha lamentado "que las personas que en el pasado realizaran actos cuya naturaleza sea objeto de controversia, pongan en duda la honorabilidad del Ayuntamiento al que pertenecen.

andalucía@elplural.com

DETIENEN AL ALCALDE SOCIALISTA DE ALCAUCÍN, EN MÁLAGA, EN UNA OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

El PSOE expulsará a los militantes que resulten imputados

La Guardia Civil ha detenido a trece personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en la localidad malagueña de Alcaucín, cuyo alcalde socialista, José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados. El PSOE de Málaga ha advertido que expulsará a los militantes que resulten imputados dentro de su política de tolerancia cero con la corrupción.

En un comunicado el PSOE ha dicho que la dirección política provincial respeta las acciones judiciales y policiales emprendidas, "sin menoscabo del respeto de la presunción de inocencia de los detenidos". Los socialistas aseguran que la posición del partido ante las imputaciones de sus militantes por delitos de corrupción "es la tolerancia cero, tal y como se ha demostrado en situaciones anteriores".

Dos hijas del regidor, entre los detenidos
Además entre los detenidos están dos hijas del alcalde, el jefe del servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, promotores inmobiliarios y gestores. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil están practicando desde primera hora de la mañana registros en el Ayuntamiento de Alcaucín y en el servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en el marco de esta operación.

El Fiscal de "Astapa" y "Malaya" presente en el registro
El Fiscal Anticorrupción, López Caballero que dirigió los casos "Malaya" y "Astapa" en Marbella y Estepona respectivamente, está supervisando el desarrollo del registro en el departamento de Arquitectura de la Diputación malagueña. Alli, están siendo investigados proyectos urbanísticos y mucha documentación de ese departamento.

Denunciado en Marzo
Según ha podido conocer El Plural, en Marzo de 2008, la Fiscalía de Málaga denunció al alcalde de Alcaucín, Juan Manuel Martín (PSOE), por la presunta concesión de licencias para viviendas ilegales en el municipio. Fuentes cercanas al caso indicaron en aquellas fechas, que en la denuncia se apuntabaa un supuesto delito de prevaricación urbanística cometido entre 2004 y 2006.

Licencias para reforma
Al parecer, el alcalde habría autorizado una decena de licencias para reforma de viviendas, cuando en realidad se trataba de permisos para nuevas construcciones unifamiliares. Estas nuevas edificaciones se ubicarían en suelo no urbanizable, por lo que se considerarían ilegales. Las fuentes explican que la legislación permite la concesión de permisos para reforma de viviendas antiguas, independientemente del tipo de suelo donde se ubiquen. De esta forma se pretendía avalar la legalidad de la licencia, pero realmente el permiso servía para levantar una casa nueva.

Arquitecto denunciado
El arquitecto municipal de Alcaucín también ha sido denunciado ya que, según las fuentes, sin comprobación alguna habría emitido informes favorables a las actuaciones. La Fiscalía pidio al juzgado competente de Vélez Málaga que abriese diligencias de investigación por si estos hechos constituían un delito contra la ordenación del territorio.

También en Huelva
Así mismo, la Guardia Civil ha informado de la detención de un empresario, cuya identidad se desconoce y que tiene su residencia en la costa de Huelva. La benemérita no descarta nuevas detenciones en esta operación a la que han bautizado con el nombre de operación "Arcos"

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andalucia@elplural.com