Dos hijas del regidor se encuentran entre los doce arrestados en el municipio malagueñoSANTI SOUVIRON | MÁLAGA
El alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, detenido por la Guardia Civil, saluda ante los aplausos de los vecinos.
La Guardia Civil detuvo ayer a trece personas en la denominada operación Arco contra una trama de corrupción urbanística en Málaga. Entre los arrestados destaca el alcalde socialista del municipio malagueño de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, dos de sus hijas y el aparejador municipal. Junto a ellos, el adjunto al jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, dos funcionarios de ese organismo y varios administradores, apoderados de empresas y gestores inmobiliarios.
La Fiscalía Anticorrupción les imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, delito urbanístico y actividades prohibidas a los funcionarios. Según los primeros datos, la red se dedicaba a encubrir la construcción desde viviendas unifamiliares a urbanizaciones en parcelaciones ilegales realizadas en suelo rústico de la comarca malagueña de la Axarquía. Además de las detenciones, agentes de la Guardia Civil registraron bajo supervisión municipal numerosas dependencias municipales en Alcaucín, viviendas particulares de los arrestados y distintos despachos del área del Servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña.
Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia civil el que inició las pesquisas a impulso de varias organizaciones ecologistas que desde hace años denuncian el aumento de las construcciones ilegales en la sierra de la Axarquía, de alto valor medioambiental. Al descubrir los primeros indicios de una posible trama corrupta, el caso pasó a la Fiscalía de Málaga, que a su vez lo derivó a la de Anticorrupción.
Las pesquisas detectaron la trama de parcelación irregular y construcción en suelo rústico, promovida al parecer desde el Ayuntamiento de Alcaucín, que habría contado para ello con los informes favorables emitidos por la diputación malagueña. La Guardia Civil investiga si este actuar fraudulento se extendió al vecino municipio de La Viñuela, cuyo alcalde, también del PSOE, es un habitual de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por delitos urbanísticos.
El PSOE lo expulsará
La Diputación de Málaga, gobernada por PSOE e IU, se desvinculó de la actividad de la presunta trama de corrupción. El vicepresidente del ente, el socialista Francisco Fernández España, aseguró que los hechos investigados forman parte de "la actividad privada de los presuntos implicados y en ningún caso están relacionados con la que desarrollan para la institución".
En Alcaucín, la operación de la Guardia Civil dejó boquiabierta a la población. José Manuel Martín Alba, nacido en 1953, es albañil y un conocido cantaor flamenco. Entró en política hace dos décadas, y ha ganado por mayoría absoluta las cinco últimas elecciones municipales. Numerosos vecinos se concentraron a las puertas de su domicilio mientras era registrado, y le dedicaron gritos de ánimo y apoyo durante su traslado hacia el ayuntamiento, donde presenció la inspección de varias dependencias municipales. Alcaucín es un primoroso pueblo serrano de apenas 2.500 habitantes.
Sin embargo, según las incesantes denuncias de los grupos ecologistas en los últimos años, en su extenso término municipal se han construido unas 20.000 viviendas de todo tipo. Según las investigaciones fiscales, se erigieron en suelo rústico, aunque desde el ayuntamiento y la diputación se disimuló esa circunstancia.
Por su parte, el PSOE anunció ayer que expulsará a todos los militantes que sean imputados en el caso del Ayuntamiento de Alcaucín. La comisión ejecutiva de Málaga y la regional de Andalucía aseguraron que los socialistas mantendrán "tolerancia cero" ante la corrupción. El vicepresidente del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, anunció ayer el envío de un escrito a los órganos de garantía del partido para tramitar la expulsión de José Martín Alba y de todos aquellos afiliados que estén relacionados con los posibles delitos por los que han sido detenidos. Pizarro subrayó el respeto y respaldo de su formación al trabajo de jueces y fuerzas de seguridad contra la corrupción, y apostilló que el partido "va a asumir responsabilidades y no se va a querellar con el juez instructor", en referencia al PP y su acusación a Baltasar Garzón. Desde el PP señalaron a la Junta de Andalucía como máximo responsable, por acción u omisión, de lo ocurrido al ostentar las competencias en control y disciplina urbanística. A juicio del secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, el caso de Alcaucín confirma la "extensa mancha de corrupción" del PSOE en la comunidad autónoma.
LASPROVINCIAS.ES
La Fiscalía Anticorrupción les imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, delito urbanístico y actividades prohibidas a los funcionarios. Según los primeros datos, la red se dedicaba a encubrir la construcción desde viviendas unifamiliares a urbanizaciones en parcelaciones ilegales realizadas en suelo rústico de la comarca malagueña de la Axarquía. Además de las detenciones, agentes de la Guardia Civil registraron bajo supervisión municipal numerosas dependencias municipales en Alcaucín, viviendas particulares de los arrestados y distintos despachos del área del Servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña.
Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia civil el que inició las pesquisas a impulso de varias organizaciones ecologistas que desde hace años denuncian el aumento de las construcciones ilegales en la sierra de la Axarquía, de alto valor medioambiental. Al descubrir los primeros indicios de una posible trama corrupta, el caso pasó a la Fiscalía de Málaga, que a su vez lo derivó a la de Anticorrupción.
Las pesquisas detectaron la trama de parcelación irregular y construcción en suelo rústico, promovida al parecer desde el Ayuntamiento de Alcaucín, que habría contado para ello con los informes favorables emitidos por la diputación malagueña. La Guardia Civil investiga si este actuar fraudulento se extendió al vecino municipio de La Viñuela, cuyo alcalde, también del PSOE, es un habitual de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por delitos urbanísticos.
El PSOE lo expulsará
La Diputación de Málaga, gobernada por PSOE e IU, se desvinculó de la actividad de la presunta trama de corrupción. El vicepresidente del ente, el socialista Francisco Fernández España, aseguró que los hechos investigados forman parte de "la actividad privada de los presuntos implicados y en ningún caso están relacionados con la que desarrollan para la institución".
En Alcaucín, la operación de la Guardia Civil dejó boquiabierta a la población. José Manuel Martín Alba, nacido en 1953, es albañil y un conocido cantaor flamenco. Entró en política hace dos décadas, y ha ganado por mayoría absoluta las cinco últimas elecciones municipales. Numerosos vecinos se concentraron a las puertas de su domicilio mientras era registrado, y le dedicaron gritos de ánimo y apoyo durante su traslado hacia el ayuntamiento, donde presenció la inspección de varias dependencias municipales. Alcaucín es un primoroso pueblo serrano de apenas 2.500 habitantes.
Sin embargo, según las incesantes denuncias de los grupos ecologistas en los últimos años, en su extenso término municipal se han construido unas 20.000 viviendas de todo tipo. Según las investigaciones fiscales, se erigieron en suelo rústico, aunque desde el ayuntamiento y la diputación se disimuló esa circunstancia.
Por su parte, el PSOE anunció ayer que expulsará a todos los militantes que sean imputados en el caso del Ayuntamiento de Alcaucín. La comisión ejecutiva de Málaga y la regional de Andalucía aseguraron que los socialistas mantendrán "tolerancia cero" ante la corrupción. El vicepresidente del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, anunció ayer el envío de un escrito a los órganos de garantía del partido para tramitar la expulsión de José Martín Alba y de todos aquellos afiliados que estén relacionados con los posibles delitos por los que han sido detenidos. Pizarro subrayó el respeto y respaldo de su formación al trabajo de jueces y fuerzas de seguridad contra la corrupción, y apostilló que el partido "va a asumir responsabilidades y no se va a querellar con el juez instructor", en referencia al PP y su acusación a Baltasar Garzón. Desde el PP señalaron a la Junta de Andalucía como máximo responsable, por acción u omisión, de lo ocurrido al ostentar las competencias en control y disciplina urbanística. A juicio del secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, el caso de Alcaucín confirma la "extensa mancha de corrupción" del PSOE en la comunidad autónoma.
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