GRANADA | Por prevaricación, malversación y falsificación
La investigación dice que se duplicaron facturas para favorecer a empresarios
Un imputado es el ex vicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo, de IU
José A. Cano | Granada
La Fiscalía Provincial ha interpuesto denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantil contra los al menos 13 implicados en el llamado 'caso Mercamed', por el que la Diputación de Granada emitió facturas dobles durante una feria empresarial en Marruecos en mayo de 2011. El principal imputado es el ex vicepresidente de la institución provincial, Julio Bernardo, de IU.
La Fiscalía atribuye a los imputados los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil. Entre los que tendrán que dar cuenta de sus actuaciones ante el juez encargado del caso, además de Bernardo como responsable del programa Poctefex dentro del cual se llevó a cabo el citado evento de Tetuán, se encuentra Jorge López López, entonces director del Área de Cultura, Juventud y Cooperación Local, quien asumiera de manera directa y personal la dirección y coordinación de todos los proyectos Poctefex, conocido por la célebre factura de la bolsa de Doritos.
En el decreto de incoación de diligencias, la fiscal Emilia Rancaño ya consideraba que podrían ser responsables de delitos de prevaricación continuada, de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento mercantil.
La investigación se produjo después de que la Fiscalía Superior de Andalucía diera traslado el pasado 26 de marzo de un informe de la Policía Judicial que ponía de manifiesto "suficientes indicios para suponer" que, dentro del proyecto conocido como Mercamed, algunos responsables de la Diputación favorecieron con sus actuaciones que las sociedades del empresario Antonio Roldán Maroto pudieran realizar trabajos para el organismo provincial pese a tener deudas con la Seguridad Social.
El ex vicepresidente, según la Policía, buscó la manera de "amparar" dichos pagos haciendo constar la contratación formal con otras empresas "que se limitaban a solicitar la adjudicación, facturar y previamente subcontratar" con las empresas de Roldán, "dando una apariencia de legalidad a los expedientes administrativos que fueron incoados para autorizar los pagos" por los servicios desarrollados con ocasión de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán los días 26, 27 y 28 de mayo de 2011.
Entiende la Policía Judicial que en este caso existieron "dos tramas". Con la primera, según consta en el decreto fiscal, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que Roldán realizara el trabajo "cuando legalmente no podía hacerlo", y con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, "llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados".
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