La Fiscalía pide 4,8 millonesCardona y su abogado abandonan el TSJIB | Pep Vicens
* La dirección del PP piensa dar de baja y pedir el acta de diputado a Cardona
* No se han solicitado medidas cauteleares penales para el ex conseller
* No se han solicitado medidas cauteleares penales para el ex conseller
Carla Arrieta | Palma
El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), Antonio Capó, se tomará el fin de semana para decidir si accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imponer una fianza civil de 4,8 millones de euros a Josep Cardona.
El ex-conseller de Industria, Comercio y Energía del Govern de Jaume Matas y actual parlamentario del PP, declaró ante el magistrado durante tres horas el pasado miércoles en calidad de imputado, ante en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), procedimiento conocido como caso Scala.
Así las cosas se pospone también la decisión del PP, del que ahora es militante y diputado, sobre la situación del ex conseller. Fuentes de EL MUNDO han podido saber que, pese a la división interna que existe en el partido y la ambigüedad de sus declaraciones ante los medios de comunicación, la dirección del partido piensa dar de baja y pedir el acta de diputado a Cardona en caso de que el juez acceda a las peticiones del Ministerio Fiscal. Con todo, la cúpula 'popular' balear confía en que el imputado presente su baja de manera voluntaria llegado el caso.
Con todo cabe destacar que la caución se limita a la responsabilidad civil del imputado ya que ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitó contra Cardona medidas cautelares penales como prisión bajo fianza, ni tampoco la retirada de pasaporte o la prohibición de abandonar el territorio nacional.
'Existen numerosos datos incriminatorios'
La declaración de Cardona tuvo lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La juez, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el imputado.
De hecho, la juez postulaba que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, según Marín.
En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.
elmundo.es
El ex-conseller de Industria, Comercio y Energía del Govern de Jaume Matas y actual parlamentario del PP, declaró ante el magistrado durante tres horas el pasado miércoles en calidad de imputado, ante en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), procedimiento conocido como caso Scala.
Así las cosas se pospone también la decisión del PP, del que ahora es militante y diputado, sobre la situación del ex conseller. Fuentes de EL MUNDO han podido saber que, pese a la división interna que existe en el partido y la ambigüedad de sus declaraciones ante los medios de comunicación, la dirección del partido piensa dar de baja y pedir el acta de diputado a Cardona en caso de que el juez acceda a las peticiones del Ministerio Fiscal. Con todo, la cúpula 'popular' balear confía en que el imputado presente su baja de manera voluntaria llegado el caso.
Con todo cabe destacar que la caución se limita a la responsabilidad civil del imputado ya que ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitó contra Cardona medidas cautelares penales como prisión bajo fianza, ni tampoco la retirada de pasaporte o la prohibición de abandonar el territorio nacional.
'Existen numerosos datos incriminatorios'
La declaración de Cardona tuvo lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La juez, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el imputado.
De hecho, la juez postulaba que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, según Marín.
En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.
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