* También comparecerá el empresario que implicó al diputado del PP
Europa Press | Palma
El diputado del PP en el Parlament, Josep Juan Cardona, está citado a declarar el próximo miércoles en calidad de imputado ante el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), Antonio Capó, en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), procedimiento conocido como caso Scala.
Junto al parlamentario está previsto que comparezca, también como encausado, el empresario y ex concejal del PP en Lloseta, Felipe Ferré, quien alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar y confesar los hechos que se investigan en este caso, de cara a lograr futuras atenuantes. Mientras tanto, también está citada el miércoles, aunque en calidad de testigo, la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal y abogada de la Comunidad Autónoma durante la pasada legislatura, Felisa Vidal.
La declaración de Cardona tendrá lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La jueza, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el imputado, para quien podrían decretarse medidas cautelares en caso de que así lo solicite la Fiscalía.
Precisamente, el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, asistido por el letrado Josep Zaforteza, fue citado a declarar el pasado 23 de septiembre por Marín aunque pidió no comparecer al alegar que por el fuero que pesa sobre él su interrogatorio debía tener lugar ante el TSJIB. Hasta ese momento, Cardona ya había prestado declaración en dos ocasiones ante el Juzgado por ser órgano competente para encargarse de las primeras diligencias.
En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.
Sobre ello, en la exposición que Marín trasladó al TSJIB, la magistrada determinaba que durante la pasada legislatura, Cardona -entonces conseller de Comercio-, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y Ordinas se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".
El papel 'dominante' de Cardona
La jueza postulaba que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, según Marín.
Para determinar estos hechos, las declaraciones tanto de Ordinas como de Felipe Ferré, socio de las mercantiles Comarca Global Consulting y Gourmet & Boutique Islands -adjudicatarias de contratos del CDEIB- contribuyeron a las investigaciones. Y es que el ex concejal implicó, entre otros ex altos cargos, a Cardona, a Viaene e incluso al ex presidente del Govern, Jaume Matas -quien se encuentra en libertad bajo fianza de tres millones de euros en el marco del caso Palma Arena-, pese a que Cardona negó las acusaciones vertidas contra él.
Cabe recordar que la Sala de lo Civil y Penal designó ponente de la causa al magistrado Francisco Javier Muñoz, mientras que como instructora había sido designada inicialmente la jueza Felisa Vidal, que propuso a la Sala su abstención al considerar que concurrían sobre su persona motivos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que finalmente fue nombrado instructor el magistrado Antonio Capó. El procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una querella para investigar las presuntas irregularidades cometidas desde el CDEIB y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de más de cinco millones de euros. El Ministerio público abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del consorcio.
elmundo.es
Junto al parlamentario está previsto que comparezca, también como encausado, el empresario y ex concejal del PP en Lloseta, Felipe Ferré, quien alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar y confesar los hechos que se investigan en este caso, de cara a lograr futuras atenuantes. Mientras tanto, también está citada el miércoles, aunque en calidad de testigo, la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal y abogada de la Comunidad Autónoma durante la pasada legislatura, Felisa Vidal.
La declaración de Cardona tendrá lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La jueza, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el imputado, para quien podrían decretarse medidas cautelares en caso de que así lo solicite la Fiscalía.
Precisamente, el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, asistido por el letrado Josep Zaforteza, fue citado a declarar el pasado 23 de septiembre por Marín aunque pidió no comparecer al alegar que por el fuero que pesa sobre él su interrogatorio debía tener lugar ante el TSJIB. Hasta ese momento, Cardona ya había prestado declaración en dos ocasiones ante el Juzgado por ser órgano competente para encargarse de las primeras diligencias.
En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.
Sobre ello, en la exposición que Marín trasladó al TSJIB, la magistrada determinaba que durante la pasada legislatura, Cardona -entonces conseller de Comercio-, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y Ordinas se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".
El papel 'dominante' de Cardona
La jueza postulaba que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, según Marín.
Para determinar estos hechos, las declaraciones tanto de Ordinas como de Felipe Ferré, socio de las mercantiles Comarca Global Consulting y Gourmet & Boutique Islands -adjudicatarias de contratos del CDEIB- contribuyeron a las investigaciones. Y es que el ex concejal implicó, entre otros ex altos cargos, a Cardona, a Viaene e incluso al ex presidente del Govern, Jaume Matas -quien se encuentra en libertad bajo fianza de tres millones de euros en el marco del caso Palma Arena-, pese a que Cardona negó las acusaciones vertidas contra él.
Cabe recordar que la Sala de lo Civil y Penal designó ponente de la causa al magistrado Francisco Javier Muñoz, mientras que como instructora había sido designada inicialmente la jueza Felisa Vidal, que propuso a la Sala su abstención al considerar que concurrían sobre su persona motivos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que finalmente fue nombrado instructor el magistrado Antonio Capó. El procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una querella para investigar las presuntas irregularidades cometidas desde el CDEIB y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de más de cinco millones de euros. El Ministerio público abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del consorcio.
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