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| Álvaro Pérez, El Bigotes; Francisco Correa, presunto jefe de la trama Gürtel, y Pedro García, ex director general de la televisión pública valenciana. / KAI FÖRSTERLING (EFE) / SANTIAGO CARREGUÍ |
LA INVESTIGACIÓN DEL MAYOR PELOTAZO DE LA RED GÜRTEL EN VALENCIA
García fue uno de los supuestos comisionistas en la visita del Papa
María Fabra Castellón
Cohecho, malversación, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude fiscal. Esos son los cinco delitos que Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Gürtel, imputa al ex director general de la televisión pública valenciana, Canal 9, Pedro García, cargo de confianza del Gobierno de Francisco Camps (PP) y amigo íntimo de la red corrupta. Pedro García fue responsable de que la cadena pública firmara con Teconsa el contrato por el que esta cobró 7,4 millones de euros por montar pantallas de televisión y altavoces en el recorrido del Papa por las calles de Valencia, en su visita en 2006.
Según la fiscalía y la Agencia Tributaria, Teconsa no fue más que una tapadera, una empresa pantalla, de la red Gürtel que, posteriormente, repartió entre varias personas el beneficio que obtuvo por este contrato, que ascendió a más de tres millones de euros, ya que el coste real de los servicios apenas alcanzó los 3,2 millones.
Uno de los beneficiarios en el reparto de esas comisiones, según consta en la propia contabilidad incautada a la trama, fue Pedro García, que al parecer percibió de la red hasta 500.000 euros. Los otros comisionistas del pelotazo de la visita del Papa fueron, según la documentación de la trama, la propia Teconsa, Francisco Correa, Álvaro Pérez, El Bigotes; Pablo Crespo y una quinta persona, “R”, que no ha podido ser todavía identificada. Teconsa recibió, según los informes, 200.000 euros; el jefe de Gürtel, Francisco Correa, 1,4 millones; el número dos de Correa, Pablo Crespo, 600.000 euros; y el delegado de Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, otros 500.000.
Al margen de esta entrega de dinero en metálico, el juez quiere investigar la “percepción reiterada de dádivas, por parte de Pedro García, procedente del entorno de Francisco Correa” y señala “prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico”. Por todo ello, Pablo Ruz ha llamado a declarar, el próximo 8 de mayo y en calidad de imputado, al ex director general de la televisión pública valenciana.
Teconsa no tenía ninguna experiencia para realizar el trabajo que se le encomendó en el contrato con Canal 9. Por eso, hubo de subcontratar todos los servicios adjudicados. Documentos hallados en las sedes de las empresas de Correa acreditan cómo se amañó el concurso y cómo la red Gürtel, y no Teconsa, se encargó de subcontratar los distintos trabajos que debían prestar a la televisión autonómica valenciana durante la visita del Papa. Así, el juez ha pedido documentación a todas las empresas que intervinieron en la sonorización y el montaje de pantallas de televisión para la visita de Benedicto XVI.
Además, cita también a declarar a un familiar de Pedro García, Vicente Torró, con el fin de averiguar si las empresas de este percibieron dos abonos que cree que corresponden a trabajos no realizados y a través de los que se pudo pagar su comisión al entonces director de la televisión valenciana.
Como base para la imputación, el juez cita hasta tres de los informes realizados por la Unidad de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía.
La documentación sobre el pelotazo con motivo de la visita de Joseph Ratzinger a Valencia se conoce desde hace dos años. Sin embargo, hasta ahora, Pedro García no había sido imputado por ningún delito.
Cuando en mayo de 2010 el magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira se inhibió de la parte valenciana del caso Gürtel a favor del Tribunal Superior de Valencia este solo admitió una parte de la causa. El tribunal valenciano descartó investigar e instruir el procedimiento relativo a la visita del Papa porque como responsable se señalaba a Pedro García, a Teconsa y a los miembros de la trama y ninguno de ellos tenía la condición de aforado, que hubiera posibilitado el traslado del caso a Valencia.
Desde que se devolvió esta parte de la causa al Tribunal Superior de Madrid, hace ocho meses, se ha librado una batalla sobre quién era el órgano competente para investigar la visita del Papa y el millonario contrato entre Canal 9 y Teconsa. Mientras, la fiscalía reclamó la imputación del exjefe de Canal 9. Finalmente, Ruz decidió sacar adelante la causa y, tras recibir varios informes que avalan los indicios que ya señaló la policía, comenzó con las imputaciones y los interrogatorios. Imputó a Ramón Blanco Balín, la persona a la que se atribuye la operativa para el blanqueo de capitales de la trama, y a Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar. Además, citó para interrogar a los responsables de Teconsa. Uno de sus directivos, Rafael Martínez Molinero, reconoció implícitamente en su comparecencia que todo estaba amañado entre Canal 9, la red Gürtel y Teconsa al admitir que hubo que subcontratar la tarea con empresas que sí tenían experiencia en este tipo de instalaciones.
Otro de los informes que Ruz ha tomado como base es el elaborado por la Agencia Tributaria, que añadió al escándalo un presunto fraude a la Hacienda pública de más de 600.000 euros en el IVA y en el impuesto de sociedades. El inspector de Hacienda que elaboró el informe advirtió del peligro de que los presuntos delitos de fraude fiscal que considera acreditados prescribieran. Pero la Audiencia Nacional ya ha actuado.
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