El magistrado que instruye el caso Gürtel detecta "numerosos indicios" de criminalidad en la actuación de Elena Villarroya
Tono Calleja Madrid
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel acordó ayer jueves imponer una fianza de un millón de euros a Elena Villarroya Samaniego, exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, al detectar "numerosos indicios sobre la participación de Villarroya en la trama delictiva". El magistrado resalta en un auto que la exmujer de el albondiguilla, alias con el que identificaba el cerebro de la red, Francisco Correa, al exregidor boadillense, declaró como imputada "por existir suficientes indicios racionales de criminalidad en relación con su participación en los hechos que inicialmente se imputaron a su cónyuge".
La fianza de un millón de euros se impone, según el magistrado, basándose exclusivamente en los presuntos delitos contra la Hacienda Pública cometidos: "Téngase en cuenta, además, la presunta existencia de otros graves delitos, imputados tanto a Elena Villarroya como a su cónyuge".
Asimismo, Ruz relata que en el caso Gürtel aparecen numerosos indicios de criminalidad, apoyados en las evidencias recogidas en las entradas y registros, en las escuchas telefónicas, así como en los informes realizados tanto por la Policía Nacional como por la Intervención General del Estado y la inspección de Hacienda. El magistrado concede únicamente un día para que Villarroya preste la fianza, que si no abona en el plazo previsto acabaría con un embargo de sus bienes.
Por su parte, el ex alcalde de Boadilla del Monte considera que la fianza de un millón de euros “es desproporcionada” al delito del que se le acusa a su exmujer, que es contra la Hacienda Pública. Los investigadores del caso Gürtel descubrieron que González Panero y su exesposa tenían una sociedad en Suiza, Longgridge Internacional, con una cuenta en el Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC-Private Bank Suisse), no declarada al fisco español. La apoderada de la sociedad era la exmujer y el albondiguilla figuraba como gestor. El juez atribuye a González Panero un delito contra la Hacienda pública, pero también otros de tráfico de influencias y cohecho. Pedreira impuso en 2009 a González Panero una fianza de 1,8 millones de euros para afrontar futuras garantías económicas. Según Panero, la investigación de esta empresa se inició tras el robo de documentación de un empleado francés de una entidad financiera que facilitó información confidencial de los clientes: “Y la Agencia Tributaria denunció por unas cantidades muy bajas, por lo que un millón de euros es algo exagerado para un delito muy discutible”, relata González Panero.
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